Conflictos

Impactos socio-ambientales a los indígenas warao por explotación petrolera en Pedernales (Delta Amacuro)

El sistema deltaico constituye un área de alta complejidad por sus características biogeográficas, ecológicas y socio-culturales. Su particularidad es tan alta como su fragilidad. Dentro de este espacio, el municipio Pedernales es una zona de muy alta circulación acuífera, ya que en ella confluyen dos de los grandes caños del delta del Orinoco (Bustamante y Scarton, 1999, en DiChiro, 1999), lo que condiciona de forma inexorable los impactos de las actividades que, con el tiempo, se han suscitado en la región, a saber: explotación maderera que conduce a la deforestación de manglares, pesca camaronera con redes de arrastre, actividad turística, navegación (lo que requiere el control fluvial mediante diques y dragado de los caños), proyectos de producción agrícola (siendo la situación más crítica la que se registró en 1966 con el cierre del caño Manamo, ocasionando terribles modificaciones ambientales y la muerte de un número importante de la población warao), extracción de especies comerciales y de fauna silvestre, urbanización de la zona, descarga de aguas servidas, introducción de especies exóticas e invasivas y explotación petrolera (Lasso et al, 2004). En este caso se abordará la cuestión petrolera debido a su mayor y más veloz incidencia de impactos en lo ambiental, socio-económico y humano. Se conoce de la existencia de yacimientos petrolíferos en Pedernales desde finales del siglo XIX (Becerra, 2013). En su espacio geográfico se encuentran uno de los yacimientos de petróleo y la reserva de gas más importante del oriente venezolano. Fue desde finales de los años 80 con Lagoven y hacia mediados de los años 90 del siglo XX cuando se magnificará la exploración en grandes proporciones (la primera concesión de la zona la hizo Pdvsa a la British Petroleum en 1994) (Bustamante y Scarton, 1999, en DiChiro, 1999); después del año 2000 hubo una concesión a Conoco Phillips para exploración y explotación del campo Corocoro, en el golfo de Paria (Lasso et al, 2004), todo lo cual generó una intensa degradación de la zona deltaica como producto de la explotación petrolera en Pedernales. Esta actividad no sólo implica la extracción de petróleo, que requiere en sí una cadena de acciones que destruyen el ecosistema, sino también otras tareas asociadas como la construcción de instalaciones, gestión de personal, y el transporte y disposición de desechos que agravan el panorama de afectaciones. El problema ambiental que se genera comprendió en un principio la contaminación de las aguas con los desechos petroleros, lo que va particularmente en detrimento de la biota marina y dulce acuícola que confluye en la zona, además del impacto que genera el requerimiento en construcción de instalaciones para la explotación y para el albergue del personal que labora en la industria y las implicaciones que tiene el transporte de la producción sobre los ecosistemas, particularmente cuando se requiere remoción del fondo marino y de los caños (Lasso et al, 2004). También la explotación petrolera trae la devastación del paisaje, al realizarse excavaciones y detonaciones que han ocasionado la desaparición de islas con sus poblaciones (Gutiérrez, 1997) al tiempo que la construcción de instalaciones modifican el paisaje y dañan los ecosistemas. Por otro lado, el problema humano, que afecta primordialmente a la población indígena warao, tiene al menos tres vertientes: de salud, al presentarse enfermedades vinculadas con la contaminación de las aguas con metales pesados, hidrocarburos, y otros desechos de la explotación, y con mayor vigencia, enfermedades que aparecen por la alta circulación humana vinculada a la industria, como es el caso del VIH –que se ha convertido en epidémico–; la vertiente cultural, que viene dada por la afectación de las tradiciones del pueblo warao, en sus formas de socialización, su relación con la naturaleza, sus tradiciones y su lengua; y la vertiente económica, que se origina por la violación de los derechos en cuanto a la tenencia ancestral de la tierra y por la alteración de las actividades económicas tradicionales de los warao. Todo esto ha llevado a una grave pauperización social, representando Pedernales una de las zonas más pobres del país, y donde ha crecido la prostitución y la trata de mujeres y niñas, vinculadas a las continuas migraciones de personas vinculadas a las industrias del petróleo y la construcción. Lo acelerado y compulsivo de este proceso, unido a indiferencia de las autoridades locales y al desconocimiento de la problemática indígena, ha ocasionado graves desajustes socioculturales en los warao, generando además un éxodo de parte de la etnia hacia ciudades del país como Maturín, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar y Caracas (Ecology and Environment, 2002). Desde la década de los años 80 se registran las primeras movilizaciones contra los impactos provocados por esta actividad extractiva. Cuando la exploración por la British Petroleum comenzó a mediados de los años 90, las comunidades warao empezaron a ver lamentablemente realizadas sus predicciones sobre los daños a los ecosistemas y para sus propias vidas. Los indígenas, agrupados en federaciones y redes, van a lograr hacer crecer sus protestas y denuncias y van construyendo alianzas con diversos grupos ambientalistas nacionales e internacionales, grupos de estudios y sectores universitarios, grupos religiosos, organizaciones en defensa de los derechos humanos y comunidades en lucha en otras partes del país. El conflicto ha pasado por diferentes etapas. Desde la movilización media, que en su momento logró la paralización de las actividades petroleras, hasta una movilización de nivel más bien bajo. La instauración de la Revolución Bolivariana, el discurso inclusivo del Presidente Chávez y la consagración de los derechos indígenas en la Constitución de 1999 hacían pensar que las demandas históricas de los indígenas serían finalmente atendidas. Sin embargo, la problemática ha persistido, con un desgastante saldo para los warao. La intensidad de las luchas y movilizaciones que se produjeron a finales de los años 90 va a ir decayendo, sea por la devastación socio-ambiental de los ecosistemas donde habitan los indígenas y la precariedad de su vida social, por su debilidad institucional, por la intervención y cooptación estatal –que penetró buena parte de sus bases organizativas–, o bien por las dificultades de las nuevas generaciones para enfrentar los enormes desafíos presentes. Se mantienen organizaciones comunitarias y diálogos institucionales pero ya hoy asociados a las consecuencias de los problemas, particularmente los problemas socio-económicos. La visibilidad del conflicto ambiental por la actividad petrolera tiene tendencia a la latencia (Prensa Coneave, 2014). En la actualidad se trata de una de las zonas y etnias más abandonadas de todo el país.

Imagen No.1. Áreas bajo régimen de administración especial (ABRAEs) del estado Delta Amacuro. Fuente: INE

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