Conflictos

Proyecto de Tendido Eléctrico en el Parque Nacional Canaima

Uno de los conflictos socio-ambientales más conocidos en las últimas décadas en el país fue el asociado a la construcción de un tendido de alta tensión para la exportación de energía eléctrica desde Venezuela hasta Brasil, cuya particularidad es que atraviesa el Parque Nacional Canaima (PNC) y la Reserva Forestal de Imataca (RFI) en el sudeste del país. Un tipo de conflicto cuya complejidad radica en que va más allá de una simple tensión entre desarrollo y conservación, ya que hace emerger tensiones históricas entre pueblos indígenas y la sociedad mayoritaria respecto a temas de identidad y al derecho a la diferencia cultural (Rodríguez, 2002). El proyecto se ejecutó desde 1997 hasta el 2001, por lo que se evidencia que atravesó dos períodos presidenciales donde se producirían importantes transformaciones políticas en el país: el segundo mandato de Rafael Caldera (1994-1998) y el primero de Hugo Chávez (a partir de 1999). La realización del proyecto generó impactos directos de deforestación y aperturas de trochas, que además de favorecer el desarrollo de la minería, causó significativas fragmentaciones de la biota y las sinergias socio-ambientales que de allí se derivan. De hecho, la manera como se abordó y se resolvió el conflicto indica serias limitaciones para el desarrollo sustentable y la justicia ambiental. Los indígenas pemón de los sectores 4 y 5, junto con organizaciones indigenistas y ambientalistas son los actores que se oponen al proyecto; varias instituciones estatales en articulación con los pemón del sector 6 actúan a favor del tendido eléctrico; todo esto, con diversas instituciones y organismos que operan como mediadores o que juegan un determinado rol en el caso. El conflicto atraviesa varias fases: una primera de ‘mínimo diálogo’, en la cual los grupos movilizados ejercen diversas acciones a la par que se van produciendo negociaciones de líderes indígenas con el Estado, y éste sigue impulsando el proyecto e incluso desarrollos mineros en los territorios en disputa. Posteriormente escala el conflicto y los pemón de los sectores 4 y 5 continúan con sus reclamos territoriales y ejercen acciones más contundentes, mientras continuaron desarrollándose negociaciones, y el Estado impulsaba operaciones de cooptación e intimidación a través de las fuerzas militares. Una siguiente fase abre el camino hacia la negociación (ya en el período presidencial de Chávez), con mesas de trabajo pero con incumplimiento de los acuerdos, lo que provoca acciones directas de los indígenas pemón y compensaciones y respuestas de criminalización del Estado. Por último, se abre una fase de reforma política y negociación final, donde continúan las contradicciones planteadas, pero el Presidente Chávez se reúne con los pemón que están a favor del proyecto y se llega a un acuerdo de negociación con la Federación Indígena del Estado Bolívar. La fase final del conflicto se produce cuando se dan cambios constitucionales en 1999, que modificaron el modelo de Estado-Nación unitario hacia uno pluricultural, agregando un capítulo sobre derechos de los pueblos indígenas, que incluye el derecho a la propiedad sobre sus hábitats tradicionales. Sin embargo, los temas sustantivos del conflicto quedaron sin resolverse. Entre los temas sustantivos del conflicto se encuentran: a) las definiciones contrapuestas de desarrollo; b) choque entre formas de gobernabilidad; y c) choque en definiciones de uso y propiedad de la tierra. Es decir, estamos ante un conflicto por choque entre dos modelos de ‘Estado-Nación’: el Estado homogéneo-unitario vs el Estado pluricultural plurilingüe. Pese a que el conflicto fue decisorio en lograr cambios constitucionales de 1999, a la larga no fue transformador en el sentido de lograr la construcción de mayor justicia ambiental, ya que se terminó imponiendo la visión de desarrollo basada en el crecimiento económico, la noción campesina de propiedad y uso de la tierra y la noción representativa de participación. A 18 años de la firma del acuerdo para la construcción del tendido eléctrico en el año 2000, los pemón siguen sin propiedad sobre sus territorios. Además de sufrir un debilitamiento institucional en regulación ambiental, a la larga el pueblo pemón se fragmentó mermando sus formas de lucha por la sobrevivencia cultural y siendo asimilado al modelo de desarrollo de crecimiento económico. El resultado final del conflicto trajo serias implicaciones al desarrollo sustentable al sur de Venezuela, ya que se creó un precedente para futuros proyectos a gran escala como por ejemplo, el Arco Minero del Orinoco y sus consecuentes conflictos. A esto se le suma que, frente a un Estado promotor de un modelo dominado por criterios de crecimiento económico y la ausencia de un pueblo indígena dispuesto a confrontar dicho modelo, se genera un contexto altamente desfavorable para la definición de desarrollo sustentable por cuanto se ha venido dando en la última década un aumento sostenido de la presión ambiental sobre áreas protegidas para actividades mineras legales e ilegales en todo el sur del Estado Bolívar.

Imagen No. 6. El tendido eléctrico en el Parque Canaima es culminado. Fuente: Iokiñe Rodríguez 

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