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Contexto histórico y cultural del extractivismo en Venezuela

Vladimir Aguilar Castro

Universidad de Los Andes

Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI)

Para Observatorio de Ecologia Política de Venezuela

 

La historia de Venezuela ha sido muy particular si la comparamos al del resto del continente. A partir del proceso de independencia, la República ha transitado por situaciones y realidades que evidencian que el acceso a la tierra está determinado por el control de los recursos naturales. Es así como de ser un país cuyas principales exportaciones para finales del siglo XIX e inicios del siglo XX se basaban cacao y café, saltó a convertirse en una nación petrolera, rentista y extractivista.

Desde una perspectiva tipológica y politológica Venezuela ha tenido una historia económica en varios momentos: a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX de carácter petrolera determinada por el recurso hidrocarburífero; en los años XX de carácter rentista, cuando Venezuela se acostó siendo un país agrícola y despertó siendo un país petrolero haciendo depender toda su economía de la renta petrolera; como corolario de las dos anteriores extractivista, cuando su condición democrática[1] (y en consecuencia de vocaciones agrícolas, ambientales e interculturales entre otras) es sustituida por su condición extractiva.

El monopolio de todo lo anterior (de sus condiciones) la tiene el Estado venezolano. Por rentismo petrolero entendemos la dependencia económica, política, social y cultural en lo que se percibe como producto de la venta de petróleo. A su vez, tal como lo advierte Terán Mantovani[2], el extractivismo es “más allá del tradicional concepto económico de “modo de producción, entendido aquí no solo como un modo particular de acumulación capitalista, sino también como un sistema económico-ecológico-político que también implica un modo de territorialización, el cual se desarrolla vinculando territorios primordialmente en torno a los procesos de extracción masiva de los llamados “recursos naturales” y la distribución de los excedentes económicos obtenidos de estos. Este enfoque es útil al menos para el caso de las economías latinoamericanas, y puede ser estudiado desde el ámbito social y territorial que abarca el Estado-nación, sin menoscabo de otras escalas de análisis local, regional o, incluso, global”.

En Venezuela se produce un cambio en su estructura a principios del siglo pasado con el comienzo de la producción petrolera. Desde entonces esta empezaría a determinar la vida económica y política del país. Ya para los años 80 el monto de la renta petrolera alcanzaría la quinta parte del Producto Interno Bruto nacional. Más adelante, en el año 2012, las cifras revelaban a un país cada vez más dependiente del petróleo ya que las exportaciones del crudo venezolano representaban el 96% de todas las ventas[3].

Lo antes expuesto constituye el contexto para comprender cualquier situación nacional. En consecuencia, la condición petrolera y extractivista ya no solo determina la condición democrática sino, principalmente, la condición cultural de nuestra nación.

Desde la llegada de Hugo Chávez en el año de 1999 al poder la condición petrolera ha chocado con cualquier otra condición incluyendo la democrática. La profundización de una tensión permanente existente a lo largo y ancho de nuestra historia republicana adquiere gigantescas proporciones en estos últimos años con la Presidencia de Nicolás Maduro Moros.

Aunque los objetivos estratégicos del Plan de la Patria destacaban asegurar la soberanía y seguridad alimentaria tal como lo prevé la carta magna[4] la realidad es que Venezuela importa más de lo que produce. La dependencia foránea es prácticamente total en el consumo de alimentos. A su vez, las variables políticas y socioculturales que inciden en la economía y que a su vez intervienen en la estructura de clases son: la concentración de la riqueza y de los recursos del subsuelo entre quienes tienen el control del Estado (monopolio del poder) provocando una enorme desigualdad social entre burocracia estatal y actores campesinos, indígenas y afros entre otros; el extractivismo y la renta petrolera que se convierten en los principales financistas del resto de actividades en el país, lo cual se ha profundizado en estos últimos años produciendo una enorme dependencia petrolera.

El proceso de concentración del poder en Venezuela pasa por el control del Estado quien es el propietario del subsuelo, en consecuencia de todo lo que en él se encuentra. En estos veinte años hemos asistido a un hiperliderazgo e hiperconcentración de poder que nos lleva a definir al actual sistema político como Bonapartismo[5]. Desde esta perspectiva, la deriva extractivista conduce irremediablemente a una deriva en el poder con rasgos cada vez más marcados de autoritarismo y autocracia gubernamental.

Nuestra condición extractiva es una condición antidemocrática ya que no todos participamos en condiciones de igualdad en el reparto de la renta petrolera. En la actualidad la “distribución de las migajas” tiene expresiones alucinantes las cuales se reducen a una caja de comida y a la reventa (sin oferta y sin demanda) de productos cuyos precios ni siquiera se sostienen de un día para otro. A mayor crisis económica mayor crisis política aunque ello en Venezuela no se traduzca aún en alternativas que vayan más allá del capital.

Definitivamente el despojo del país es proporcional a la crisis que padecemos. La entrega del Arco Minero del Orinoco (AMO) constituye el último reducto de reservas minerales probadas en Venezuela. El AMO es la continuación de la explotación y entrega de la Plataforma Deltana por otros medios. El principio es el mismo: a mayor existencia de recursos mayor es su confiscación.

Este es el cuadro económico y sociopolítico ante el cual se encuentra sumido el país. La encrucijada es entre más extractivismo hasta la ruina total de sus recursos y reservas o trascender el actual modelo de acumulación basado en la renta extractiva. La sobreutilización del combustible fósil como regla de la revolución termo industrial de 1830 (y en consecuencia de las relaciones internacionales desde entonces), una revolución que no solo calentó la economía a escala global sino también el Planeta, ha llegado a límites de no retorno en Venezuela. Algunas cifras[6] indican que solo por el consumo de combustibles fósiles, la nación registra las más altas emisiones de CO2 por habitante de América Latina: 6.5 toneladas por habitante, muy superiores a las de Argentina (4.5), Méjico (3.8), Brasil (2.2), Perú (2.0), Colombia (1.6). Según la FAO, la CEPAL, el Banco Mundial y la Organización Internacional de la Madera Tropical (OIMT), entre el 2000 y el 2010 se deforestaron en Venezuela 280.000 hectáreas por año lo que contribuye más de 100 millones de toneladas adicionales de CO2 por año, elevando el promedio a más de 10 toneladas por habitante. Venezuela se coloca así entre los 20 países más contaminantes del planeta en emisiones de CO2 por habitante.

Visto lo anterior, hemos asistido en este período de gobierno a la maximización de la dependencia del combustible fósil llegando a romper las barreras impuestas en 1943-1945 fecha en que se reforma la Ley de Hidrocarburos y se construyen las principales refinerías del país; 1976 fecha de su “nacionalización”; 1990 fecha de la apertura petrolera; y 2000-2018 fechas de asociaciones estratégicas y entrega de recursos y de reservas existentes y probadas.

En conclusión, la crisis que padecemos es histórica, estructural y cultural y su desenlace tiene que ser entendido y asumido en el contexto de dicha complejidad. O nos inventamos como nación en un nuevo modelo más allá del combustible fósil o seguimos errando en el extractivismo.

 

Notas

 


 

[1] Al igual que Jean Luc Nancy (2010), asumimos la noción de democracia (a secas) como un proyecto en construcción y no como un fin en sí mismo. La democracia crea las condiciones necesarias para el desarrollo de ciertas vocaciones que en el contexto venezolano tienen que ver con lo ecológico e intercultural.

[2] Terán Mantovani, Emiliano (2017). Geografía de conflictos socio ambientales en Venezuela: Petro-Estado, crisis histórica y las nuevas fronteras de los commodities en ecología política latinoamericana. En Héctor Alimonda, Catalina Toro Pérez, Facundo Martín (coordinadores). Pensamiento crítico, diferencia latinoamericana y rearticulación epistémica. Buenos Aires, p.12.

[3] Ver http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/pdvsa/venezuela-depende-cada-vez-mas-del-petroleo.aspx. También ver Bastidas, Yohama (2018). Aproximación a un análisis de actores políticos y económicos de la zona de desarrollo estratégico Arco Minero del Orinoco. Anteproyecto de Maestría en Ciencias Políticas. Universidad de Los Andes. Venezuela, 18p.

[4] El Plan de la Patria constituye el Segundo plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019 para el desarrollo de la economía nacional. Ver http://www.agriculturaproductiva.gob.ve.

[5] El Bonapartismo vendría a serla expresión más reciente de dicho experimento. Definido como la concentración de poder en manos de una persona (el poder ejecutivo), como forma política se suma a la ya larga historia de mesianismos que han ocupado gran parte de la historia política nacional a lo largo del siglo XIX, XX y lo que va del XXI. Ver Aguilar Castro, Vladimir. “La primera rebelión popular del siglo XXI en Venezuela” o la necesidad de llamar las cosas por su nombre. En Revista Referencias Número 3 (Diciembre 2017-Marzo 2018), PROVEA, pp.21-23.

[6] Ver Julio Cesar Centeno https://www.aporrea.org/actualidad/a189644.html

Politólogo y abogado venezolano. Profesor titular a dedicación exclusiva de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes (ULA), Mérida, Venezuela. Investigador responsable del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) de la ULA. Especialización en Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Diploma de Estudios Superiores en Historia y Política Internacional en el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo (IUHEID) de Ginebra, Suiza. Doctor en Estudios del Desarrollo mención política internacional por el IUHEID.