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Comunicado del Pueblo Pemón: “NO A LAS BANDAS ARMADAS” EN LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

Publicado el

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

COORDINACIÓN DE CONSEJO DE CACIQUES GENERALES DEL PUEBLO  Y COMUNIDADES INDÍGENAS 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8

MUNICIPIO GRAN SABANA

ESTADO BOLÍVAR

 

COMUNICADO

 

En la víspera de la propuesta del gobernador a la Comunidad Indígena de Morichal hacemos público nuestro rechazo por considerarla una maniobra más con que pretende desviar la atención de la verdadera tragedia que viven los pobladores y las comunidades indígenas del El Dorado ¿Realmente creen que deseamos participar en este espectáculo mediático o ser utilizados como arma política para sus propios intereses? En presencia del comandante de la GNB, su comisionado, secretario de seguridad y otros funcionarios cercanos a usted, familiares de Oscar Meya, miembros de distintas comunidades indígenas y autoridades del Pueblo Pemón manifestaron sus legítimos reclamos mientras integrantes de la Comunidad de San Antonio como medida de Presión mantenía cerrado la troncal 10. Ustedes asumieron ciertos compromisos y nos pidieron un voto de confianza para hacernos creer que nuestras demandas habían sido escuchadas. Pidieron tiempo para dar respuestas como Estado, la delegación representada por Juan Bruno, David Colmenares y Oscar Maita, se juramentó ante las autoridades legítimas del Consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón en la Gran Sabana y declaró guerra sin tregua hasta acabar con los grupos de delincuencia organizada que azotan a la población del El Dorado. Ahora nos preguntamos ¿Qué parte de las demandas de los familiares y caciques Generales del Pueblo Pemón no entendió el Sr. Gobernador? Por si no lo ha llegado a su despacho las exigencias fueron y siguen siendo las mismas.

 

  1. APARICIÓN DE OSCAR ELIECER MEYA LAMBOS lo cual implica una investigación a fondo del lamentable hecho a fin de determinar el paradero del joven secuestrado y para dar con los responsables.
  2. ACCIÓN INMEDIATA DEL ESTADO EN MATERIA DE SEGURIDAD para combatir la delincuencia organizada y aplicación de las medidas necesarias con el fin de proteger y garantizar EL DERECHO A LA VIDA de los habitantes de las comunidades.
  3. CESE DE TODA CAMPAÑA DE CRIMINALIZACIÓN Y DESCALIFICACIÓN en contra de líderes indígenas y el movimiento indígena se encuentra luchando en defensa de los derechos humanos como dueño legítimo de estas tierras.

Hasta los momentos pese a las actuaciones de los cuerpos de seguridad intercambio de inteligencia, testimonio de testigos y algunas detenciones no hemos logrado los resultados esperados. A casi un mes desde su secuestro y desaparición aún estamos esperando respuestas. ¿Dónde está Oscar Meya? Cuando ustedes nos traen pequeños paliativos como alimento y medicamentos que fueron entregados en la Comunidad Indígenas de San Antonio de Roscio leemos sus declaraciones genéricas ofrecidas a los medios de comunicación sobre este caso y analizamos los discursos y actuaciones, no percibimos evidencias que puedan conducir a la solución de este problema, más bien levantan sospechas, desconfianza y más incertidumbre ¡BASTA YA! El pueblo Pemón NO ACEPTA más distracciones, excusas, ni justificaciones. Analicemos por ejemplo las más recientes afirmaciones infundadas o no respecto a los indígenas armados y la anunciada arremetida militar sin importar las consecuencias, la referencia que hace los militares a lo acontecido hace algunos años en La Paragua y Urimán. Esto solo demuestra cuán limitado es su conocimiento de los derechos indígenas y su total irrespeto por los valores y principios establecidos en la Constitución. Garantizarles a sus seres queridos el derecho a la vida y la suya propia no es más importante que la de cualquier habitante del El Dorado o Indígena de Pueblo Pemón. A los fines de garantizar los derechos fundamentales a todas las partes involucradas es imperativo que toda autoridad dentro del ámbito de su competencia y jurisdicción tome las decisiones que se tienen que tomar y ejecutarlas sin más demora. Los integrantes de los cuerpos de seguridad indígena cumplen una función determinada y se les permite portar armas mientras estén sujetas a las normas que dictan el consejo de Seguridad Indígenas e implementadas por los comandantes de cada puesto. Cualquier otro componente armado distinto al nuestro opera al margen de la Ley y las autoridades indígenas deberán exigirles la entrega inmediata de sus armamentos y sumisión a la jurisdicción especial indígena o la ordinaria para que sea procesado de acuerdo a la ley. El Estado tiene la obligación y las herramientas necesaria para hacer todo que está a su alcance para apoyar esta iniciativa y acabar con este clima de violencia, abusos e impunidad. Debe asegurar que hechos como estos no se repitan. Las leyes existen, políticas, normas y regulación ambientales, el verdadero reto es lograr una coordinación efectiva y permanente entre Estado y comunidades organizadas para la implementación de las mismas de la mejor manera posible ¿Tendrá el Sr. Gobernador la disposición, voluntad política y fortaleza para forjar una alianza duradera que realmente responda a las necesidades y aspiraciones de los pobladores de El Dorado? No puede seguir fingiendo ser un simple observador porque todos sabemos que detrás de todo esto hay intereses particulares. El constante movimiento de grandes cantidades de dinero, armamentos de guerra, municiones y minerales estratégicos para la nación no pasan inadvertido, estos delincuentes deben contar con suficiente apoyo en niveles más altos del gobierno para lograr semejante hazaña. La pregunta no es tanto el por qué si no ¿Hasta cuándo van a permitir que el pueblo humilde se mate entre sí mientras otros amasan grandes fortunas? ¿Cuántos muertos son necesarios para abrir nuestros ojos ante esta realidad? Hacemos un llamado a todos los habitantes del Dorado y las Comunidades Indígenas en general; Basta ya de tanta violencia. Si todavía hay dudas observemos al vecino país Colombia que hace poco optó por el camino de la paz, hay importantes lecciones que aprender ¿Es esta la manera que queremos vivir nuestras vidas? Vivir bajo constantes amenazas, acosos e intimidaciones no es vida. ¿Para qué anhelar un nuevo amanecer, para que nos sirva un futuro? Poseer las armas necesarias para acabar con “el enemigo” no sirve de nada porque tu mayor enemigo siempre será esa misma persona que ves en el espejo cada mañana. Somos producto de nuestras propias decisiones y no de las circunstancias, debemos decidir si queremos vivir en armonía y en paz o sobrevivir bajo los azotes del odio, el miedo y venganza. Si escogemos la vida, como vivimos es tan importante que por qué y cada día que pasa debe llevarnos más cerca a la verdad hasta que finalmente entendamos que ¡NO TENEMOS FUTURO EL UNO SIN EL OTRO!

Ante la situación planteada exigimos los siguientes puntos:

  1. Solicitamos la presencia del fiscal con competencia en materia indígena y un fiscal nacional con competencia en materia ambiental.
  2. Que el desarme a las bandas criminales se realice antes de las elecciones presidenciales del 2018.
  3. Esta situación de asedio no permitirá que las comunidades indígenas ejerzan su derecho al voto en las elecciones presidenciales con la libertad plena que establezca la democracia, por tal motivo las acciones que el Estado emprenda debe convertirse en una solución pacífica y política. De no ser de esa manera los pueblos indígenas tomarán las acciones y medidas que ejercieren para la defensa de sus espacios territoriales.

Conforme avalamos la publicación del comunicado de la Asamblea General extraordinario del consejo de Caciques Generales del Pueblo Pemón de la Gran Sabana, contentiva de la denuncia y desalojo de las Bandas Criminales de las comunidades indígenas del sector Cuyuní, que sufren asedio permanente.

Fecha: 15 de abril de 2018.

 

ABAJO FIRMANTES

 

Organización multipropósito que orientada a la visibilización y estudio de las desigualdades e impactos socio-ecológicos que se generan a raíz de la transformación e intervención de la naturaleza, y al apoyo y acompañamiento de luchas socio-ambientales en el país