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La verdad sobre el contrabando de gasolina, drogas y la degradación etno-ecológica de las fronteras de Venezuela con Colombia

Alejandro López-González

Para Observatorio de Ecología Política de Venezuela

Imagen de Portada: Diario Contraste


En los últimos 20 años el tema de la soberanía ha sido probablemente el más importante o nuclear, dentro del discurso político de los líderes gubernamentales de la llamada “Quinta República” venezolana. El líder hegemónico de esta fase histórica de nuestro país, Hugo Chávez, como oficial reiterado del ejército, mantenía siempre un discurso donde enfatizaba la necesidad de una fuerte capacidad de defensa territorial, militar y cívica. La progresiva militarización de las instituciones gubernamentales parecía responder a esa política de supuesta priorización de la soberanía por encima de otras necesidades nacionales de índole económica, institucional, ecológica y política. En este sentido, basándonos en el discurso del líder de la quinta república, resulta muy difícil hablar de pérdida de soberanía. Como consecuencia de las gestiones de Hugo Chávez y todo su tren ministerial, directa o indirectamente militar, bien por acción u omisión de civiles con una vocación militarista casi absoluta tendríamos que espera que, al menos, la defensa de la soberanía sobre nuestro territorio estuviese garantizada. Es decir ¿Quiénes mejor que los militares para formar un gobierno que garantice la defensa del territorio y fronteras de la república bolivariana de Venezuela?  Eso es lo que todos habríamos pensado, o podríamos deducir, del discurso reiterativo al respecto, que mantenía el expresidente Hugo Chávez y hoy replica casi textualmente el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, luego de 20 años de gestión de gobierno del continuum hegemónico del Movimiento Quinta República (MVR) y Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), la verdad es abismalmente distinta y la gravedad y peligro de pérdida absoluta de soberanía en nuestras fronteras es hoy evidente para los pueblos de Zulia, Táchira, Apure o Amazonas (por no hablar del Estado Bolívar, por el momento). Haremos una primera disección al tema, dividiéndolo en tres partes que son: 1) Contrabando de gasolina y drogas, 2) retroceso en el reconocimiento de las comunidades indígenas fronterizas y 3) la degradación moral y etno-ecológica de nuestro pueblo.

 

Relación entre el contrabando de gasolina y la producción de cocaína en Colombia y la debacle eléctrica en Venezuela

 

De acuerdo con el último informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas (OPNCD) de Estados Unidos, durante el gobierno del premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, Colombia alcanzó niveles récord en los cultivos de coca y aumentó el potencial de producción de cocaína durante el año 2017. En este sentido, las hectáreas cultivadas de hoja de coca aumentaron un 11%, pasando de 188.000 en 2016 a 209.000. La producción de cocaína presentó un incremento del 19% y Colombia llegó a las 921 toneladas métricas en 2017 frente a las 772 que se registraron en 2016, un incremento mucho mayor que el de su economía. En la figura 1, se puede ver que el incremento en la producción de cocaína en Colombia tuvo su punto de inflexión en el año 2013 (¿?) y, desde entonces, no ha hecho más que crecer exponencialmente. Curiosamente, para el año 2015, se “bachaqueaba” a Colombia 45 mil barriles diarios de gasolina, lo que constituye el 55% del consumo de combustible de ese país. El 80% de la gasolina de contrabando es distribuida por tres empresas: Vetra, Petromagdalena y Pacific Rubiales. Esta ultima empresa es controlada por la empresa O’Hara, un grupo internacional de inversores liderado por Leopoldo Alejandro Betancourt, siendo el mayor grupo de accionistas de la empresa petrolera Pacific Rubiales Energy controlando con el 19,5 % de sus acciones. Es decir, el mismo que, en apenas 14 meses, entre 2009 y 2010, consiguió sin concurso 12 contratos con PDVSA, Corpoelec y Corporación Venezolana de Guyana (CVG), concedidos inicialmente por 2.873 millones de dólares, pero que finalmente, la empresa Derwick de Leopoldo Alejandro Betancourt, facturó por 5.044 millones. Por lo tanto, el sobreprecio fue de más de 2.000 millones de dólares. Al parecer un pequeño grupo de personas se encuentra involucrado en casi todos los negocios turbios de la llamada 5ta República y guarda estrechos vínculos con la más oscura clase política delincuencial de la república de Colombia.

Figura 1 Incremento en la producción nacional anual de cocaína en Colombia entre 2008 y 2017, de acuerdo con la OPNCD de los Estados Unidos (Toneladas). Este incremento guarda relación con el aumento en el contrabando de gasolina desde Venezuela hacia el Departamento Norte de Santander en Colombia

El aumento de los cultivos ilícitos y la producción de cocaína, además, está sirviendo de financiamiento y crecimiento de nuevas estructuras armadas al servicio del narcotráfico. Particularmente, en las zonas del Catatumbo colombiano, Departamento Norte de Santander, en la frontera sur del estado Zulia y norte del estado Táchira (Venezuela). En esta zona hay 360 kilómetros de frontera selvática y de serranía de montaña tupida, donde habitan ancestralmente indígenas Barí y Yukpa. Todos estos pobladores están sufriendo conflictos y azotes protagonizados por las disidencias de las FARC y el ELN, así como con otros grupos delincuenciales que aspiran a controlar las rutas y los territorios que dominaba la supuestamente extinta guerrilla, supuestamente pacificada por el señor presidente de Colombia, el laureado, Juan Manuel Santos. En esta zona es donde el contrabando de combustible desde Venezuela es más intenso, donde operan grupos armados irregulares colombianos y donde se produce la mayor cantidad de pasta de Coca de Colombia.

¿Qué tiene que ver con el narcotráfico el contrabando de gasolina desde Venezuela? Pues, para producir 250 gramos de cocaína se requieren unos 175 litros de gasolina, es decir, más de un barril de gasolina. Por lo tanto, se requerirán unos 10 mil barriles diarios de gasolina para mantener esa inmensa tasa de producción. Es decir, una cuarta parte del contrabando de gasolina hacia Colombia podría estar derivando al negocio de la droga controlado por los grupos armados que operan en la zona y controlan todo el contrabando con bases tanto en Venezuela como en Colombia. Resulta demasiado casual que el incremento en la producción anual de cocaína se produzca simultáneamente con el incremento en el contrabando de gasolina a Colombia desde Venezuela. A partir del año 2013, se disparan el contrabando de gasolina debido a las medidas de restricción tomadas por el gobierno de Venezuela y se dispara también la producción de Cocaína colombiana, particularmente en el Norte de Santander. Son demasiadas casualidades. Existe un vínculo estrecho entre contrabando de gasolina, control de grupos armados irregulares de toda la frontera del Zulia con el Norte de Santander y la producción de cocaína, eso es evidente.

Sin pretender ahondar más en el tema, si que es importante recordar que Luisa Ortega Díaz, exfiscal general de la República, informó en 2015 que Gladys Nubia Parada, quien se desempeñaba como directora de Mercado Interno de Petróleos de Venezuela estaba involucrada en “distracción de combustible” hacia Colombia. Textualmente dijo: “Ayer fue acusada la señora Gladys Nubia Parada Mendoza, directora general de Mercado Interno de PDVSA con ocasión a la distracción de combustible líquido hacia zonas fronterizas”. Esta señora es prima-hermana del señor José Luis Parada, hoy prófugo de la justicia venezolana, presuntamente exiliado en Canadá bajo protección del exministro de Energía Petróleo y presidente de PDVSA Rafael Ramírez Carreño. Donde muchos altos funcionarios del gobierno colombiano podrían estar igualmente vinculados. Además, en todo salen a relucir siempre los señores del este de Caracas, los señores de “La Lagunita”, quienes más nadie en este país se enriqueció a partir de contratos con Corpoelec, PDVSA y CVG, pero también están vinculados en inversiones en Colombia asociadas al contrabando de combustible y probablemente algunas irregularidades más. Contrabando de combustibles, grupos armados colombianos, producción de cocaína, corrupción administrativa de altísimo nivel, desfalco al sector eléctrico y demagogia política, forman parte de este asqueroso entramado de saqueo criminal a la nación venezolana.

La degradación etno-ecológica en la frontera

De acuerdo con el profesor Victor Toledo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la etnoecología “puede definirse como un enfoque o abordaje interdisciplinario que explora las maneras como la naturaleza es visualizada por los diferentes grupos humanos (culturas), a través de un conjunto de creencias y conocimientos, y cómo en términos de esas imágenes, tales grupos utilizan y/o manejan los recursos naturales”. En este contexto es evidente que, en una zona de alta fragilidad ecológica como la Sierra de Perijá, habitada ancestralmente por Yukpas y Barí, la relación cultural del hombre con la naturaleza sufre una acelerada degradación, una inmoral degradación. La presión de grupos armados irregulares sobre comunidades indígenas para involucrarles en los ilícitos de contrabando y drogas, el uso irracional de las tierras para la siembra de coca, la relación con el combustible, que pasa de ser una fuente energética para la producción industriosa y el desarrollo económico, a convertirse en un ingrediente de una receta infernal de destrucción de mentes, de vida y de humanidad, todo dentro de una selva virgen y hermosa ancestralmente pacifica y hoy corrompida por la absoluta inacción de las fuerzas armadas del estado venezolano.

Indígenas vinculados, a fuerza, en el contrabando de alimentos, de gasolina y otros enseres, el azote de grupos armados a los productores agrarios e industriales y tantos otros males como sicariato y secuestros hacen de la tierra fronteriza venezolana, en el sur del Zulia y colombiana en el norte de Santander, una tierra etno-ecologicamente degradada, en una relación alterada entre hombre y naturaleza que deriva en desolación y tristeza patentes en una desesperanza de un gobierno que ha abandonado por completo el resguardo de la soberanía nacional en los territorios fronterizos.

Doctor en Sostenibilidad por la Universitat Politécnica de Catalunya, UPC (Barcelona, España), con postgrados en Generación Eléctrica a partir de fuentes renovables de energía (Pamplona, España) y en Ingeniería Energética (Madrid, España). Ha trabajado por más de 12 años en la industria energética venezolana (PDVSA y Ministerio de Energía Eléctrica). Actualmente es Investigador en el Instituto de Organización y Control de la UPC (Barcelona, Catalunya) y profesor invitado en el Centro Socioeconómico del Petróleo y Energías Alternativas de La Universidad del Zulia (Maracaibo, Venezuela). Milita en el Frente de Resistencia Ecologista del Zulia (FREZ).