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Detalles

Indígenas yabarana, hoti y e’ñepa afectados por minería ilegal en el municipio Manapiare

PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE ORIGINA EL CONFLICTO:

Extracción Minera

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO:

Pueblos indígenas que se encuentran en el municipio Manapiare (estado Amazonas) sufren los impactos del crecimiento de la minería ilegal en sus territorios. Importantes disputas se desarrollan en torno a este problema al tiempo que las organizaciones indígenas del Amazonas impulsan campañas para combatirlo.

IDENTIFICADOR DE CASO:

1003

FECHA APROXIMADA DE INICIO DEL CONFLICTO

01/2013

UBICACIÓN:

Municipio Manapiare, teniendo como puntos clave al norte las zonas del Bajo (río) Ventuari, el río Parucito y sus afluentes, Caño Majagua, Caño Mosquito, Caño Corobita, Serranía de Maigualida, rio Parú, Guaviarito, Moriche, Asiza, Caño Asita y Caño Marueta (Noguera, 2015).



Ubicación del proyecto (localidad, municipio y estado del país)


Municipio Manapiare, estado Amazonas

Área del proyecto


No estimada

Tipo de población


Rural

Resumen del caso


El estado Amazonas es una de las zonas con mayor biodiversidad de Venezuela, con ricos y frágiles ecosistemas en los cuales habitan más de 19 pueblos indígenas y donde además existen importantes reservas de minerales estratégicos como el oro, coltán, bauxita y diamantes, entre otros. La minería ilegal ha tenido un importante auge en los últimos años en varias partes de esta región, incluyendo en diversos ríos del municipio Manapiare (noreste de Amazonas) como el Ventuari, Parú, Parucito, entre otros. En estos territorios habitan diferentes pueblos indígenas como los yabarana, hoti, e’ñepá y wotjuja (piaroa), quienes se han tenido que enfrentar a una creciente legión de mineros ilegales, venezolanos y provenientes de otros países vecinos, los cuales junto a otros actores emplean maquinarias y extraen principalmente oro, causando afectación de las selvas y la biodiversidad, contaminación de ríos y peces con mercurio y otras sustancias tóxicas, merma de sus fuentes de sustento y sus tradiciones productivas y culturales, violencia y criminalización, potenciales enfermedades, prostitución y tráfico de drogas, entre otras consecuencias. Organizaciones indígenas del municipio Manapiare han realizado denuncias, declaraciones y exigencias, tanto por medios alternativos como canalizadas por vías institucionales, lo cual comienza a intensificarse a partir de 2013. En defensa de sus territorios, estos pueblos originarios han intervenido en las zonas mineras para capturar a estos actores ilegales y entregarlos a las autoridades oficiales, lo que ha intensificado la violencia y las disputas. Han sido también impulsados pronunciamientos conjuntos de las agrupaciones indígenas de todo el estado Amazonas al tiempo que varias organizaciones ambientalistas y de derechos humanos han apoyado estas luchas. Pocas soluciones ha podido ofrecer el Estado venezolano al problema de la minería ilegal, mientras esta sigue avanzando en la zona. Las organizaciones indígenas del municipio Manapiare afirman que si se ven obligados, defenderán sus territorios con todos sus recursos. Las agrupaciones de los pueblos originarios de todo Amazonas permanecen unidas, ante escenarios futuros que podrían complicar aún más la situación.

Otras actividades económicas involucradas


Ninguna

Commodities o recursos naturales involucrados


• Oro

Resumen y descripción del proyecto


El conflicto no está vinculado a ningún proyecto formal al presente, sino a la minería ilegal de tipo aluvial, con empleo de máquinas motobombas y embarcaciones con máquinas chupadoras, que dragan de las aguas de los ríos para la extracción de oro (Orpia y Coiam, 2016). Se hace referencia a una “invasión de mineros ilegales”, en un número importante y que va en crecimiento, aunque no se halló una aproximación de su cantidad en la zona. Resalta el aumento de la actividad en los años 2015 y 2016 sobre todo en el río Parucito y Parú. Denuncias de los pueblos indígenas señalan la existencia para el año 2015 de unas 50 maquinas chupadoras o dragas (Noguera, 2015).

Empresas privadas nacionales e internacionales involucradas


• Más que empresas, se señala la presencia de mineros ilegales en cantidades aún no especificadas, provenientes también de varios países vecinos. • Unas 40 organizaciones de derechos humanos y de apoyo a los pueblos indígenas han señalado la presencia de grupos armados irregulares en la zona, que amenazan a los pueblos indígenas que allí habitan, situación que se ha agudizado desde 2013 (Varios autores, 2016). • Se ha señalado una situación en la cual integrantes de las fuerzas militares no ejercen un control efectivo en la zona. Además, indígenas de Manapiare han denunciado agresiones de estos cuerpos de seguridad, en nombre de la lucha contra la minería ilegal (Noguera, 2015; Varios autores, 2016).

Actores gubernamentales y compañías nacionales relevantes


• Gobierno del estado Amazonas. Gobernador Liborio Guarulla • Alcaldía del municipio Manapiare. Alcalde Alberto Cayupare • Defensoría del pueblo • Ministerio de Pueblos Indígenas. Ministra Aloha Nuñez • Ministerio de Ecosocialismo y Aguas. Ministro Ramón Velásquez Araguayán • Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en especial la Región de Defensa Integral Guayana (REDI-Guayana) y el ZODI Amazonas. Desde este sector se han impulsado varios planes para la erradicación de la minería ilegal en estos territorios. Destacamos el Plan Yapacana 2004-2005; Plan Estratégico Nacional de Defensa, Desarrollo y Consolidación del Sur; “Misión Piar” (2005) y política de la “Reconversión Minera” (2006); Operación “Oro Azul” en 2010; Plan Caura desde 2010. • Consejo Presidencial de los Pueblos y Comunidades Indígenas

Instituciones Internacionales y Financieras involucradas


Ninguna

Nivel de las inversiones (en US$ o en Bs.)


Ninguna

Estatus actual del Proyecto


Operando (La minería ilegal continúa operando en la zona)

Población afectada


Comunidades de varios pueblos indígenas como los yabarana, hoti y e’ñepá (Wataniba, 2016), junto con el pueblo wotjuja (piaroa). El municipio Manapiare tiene una población de 7.715 habitantes según el censo 2011. La población yabarana es de 440 habitantes, hoti 982, e´ñepá 4.688 y wotjuja (piaroa) 19.293, según censo 2011 (INE, n.d.). Se calcula que al menos unas 2.000 personas estarían directamente afectadas.

Fecha aproximada de inicio de las movilizaciones


2013, año en que se intensificaron las denuncias de las comunidades indígenas

Cronología y detalles de las movilizaciones


Varias organizaciones indígenas se han expresado y/o articulado en este caso, tales como la Organización Indígena Yabarana del Parucito OIYAPAM, Organización Ye´kwana del Alto Ventuari KUYUNU, Coordinadora de Organizaciones Indígenas Bolivariana de Amazonas (COIBA), Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) o la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (Orpia). Estas organizaciones han realizado numerosas denuncias, declaraciones y exigencias, muchas de ellas canalizadas por las vías institucionales, lo cual comienza a intensificarse a partir de 2013. Han sido impulsados pronunciamientos conjuntos de las agrupaciones indígenas de todo el estado Amazonas, llevando también denuncias a la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, Vicepresidencia de la República, Ministerio de Pueblos Indígenas, Ministerio de la Defensa, Alto Mando Militar de la zona y al Tribunal Supremo de Justicia. Comunidades yabarana, hoti, e’ñepá y wotjuja han intervenido en las zonas mineras intentando retomar sus territorios, capturando a los mineros ilegales y sus maquinarias y entregándolos a las autoridades. En enero de 2016, un grupo de indígenas retuvo en la zona de Majagual a mineros ilegales entregándolos a efectivos militares de la Zona de Operaciones y Desarrollo Integral (ZODI). Esto ha tenido repercusiones dado que se han producido amenazas de muerte contra la comunidad y el líder indígena y presidente de la organización yabarana OIYAPAM, Benjamín Pérez (Varios autores, 2016). Las movilizaciones indígenas han contado con respaldo de diversas organizaciones de derechos humanos y de apoyo a estos pueblos originarios nacionales e internacionales, tales como el Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía WATANIBA, Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), Laboratorio de Paz, Amnistía Internacional Venezuela o PROVEA, entre otros. El GTAI ha exigido medidas cautelares en favor del líder indígena Benjamín Pérez y demás miembros de las organizaciones indígenas de base (Coiam, Orpia, Coiba, entre otras).

Algunas acciones, reclamos y peticiones de los grupos movilizados


Las organizaciones OIYAPAM y KUYUNU han señalado el auge de la minería ilegal en el río Parucito (Wataniba, 2016) y han solicitado a las autoridades el desalojo de los mineros en zonas del Bajo y Alto Ventuari (Coiam y Orpia, 2016; Noguera, 2015). Es notorio un discurso de defensa acérrima del territorio. Organizaciones indígenas del municipio Manapiare han advertido que si continúa la actitud de omisión del problema por parte del Estado venezolano, se verán obligados a iniciar acciones en defensa del territorio (Noguera, 2015). GTAI también ha denunciado que el problema está vinculado a la ausencia de demarcación de territorios indígenas (GTAI, 2016), lo cual es una obligación constitucional.

Intensidad del conflicto


Alta (con movilizaciones masivas - amplia difusión mediática - violencia y arrestos)

¿Este conflicto ha terminado?


No

Impactos ambientales


Se ha denunciado la contaminación de los ríos Ventuari, Parucito, Manapiare y Parú, por presencia de mercurio y otras sustancias tóxicas en sus aguas. También se ha señalado la afectación de las selvas. Se registra deforestación, degradación del paisaje, y el potencial aumento de la pérdida de biodiversidad y la inseguridad alimentaria. Indígenas del municipio Manapiare han declarado que se están muriendo sus peces (Noguera, 2015).

Impactos en la salud


Basado en otros territorios donde la minería ilegal está más avanzada, existe un peligro de proliferación de diversas enfermedades por parte de los indígenas, tales como malaria, enfermedades venéreas, intoxicaciones severas por la ingesta de agua y peces con mercurio, entre otras. El incremento de la presencia de mineros ilegales en la zona, así como grupos armados irregulares, incrementa el riesgo de muertes por violencia relacionada a esta actividad.

Impactos socio-económicos y culturales


La organización Wataniba ha denunciado que, al contaminarse los peces, devastarse sus selvas y contaminarse sus aguas, se ha venido produciendo una afectación de las fuentes de alimento y sustento de los indígenas de la zona, socavando su derecho a la salud y la alimentación (Wataniba, 2016). Esto a su vez, estimula al abandono de las labores tradicionales de estos pueblos y su adhesión a la práctica de la minería (Laboratorios de Paz & Ramírez, 2016). Organizaciones indígenas del Amazonas como Coiam y Orpia, han denunciado las amenazas y agresiones que los pueblos yabarana, hoti y e’ñepá vienen sufriendo debido a que estos se han resistido a la presencia de mineros ilegales en sus territorios (Laboratorios de Paz & Ramírez, 2016). En febrero de 2016 un grupo de indígenas yabarana de la Organización OIYAPAM, liderados por el Ex - Alcalde Indígena Benjamín Pérez, fueron agredidos y amenazados por los mineros ilegales. La casa de Pérez fue incendiada intencionalmente (GTAI, 2016; Wataniba, 2016). Estas comunidades también han señalado la criminalización y mal trato por parte de las autoridades militares y civiles, los cuales son señalados de estar relacionados con la minería en la zona, le son quitadas sus pertenencias y dinero, y les son aplicados registros en los puestos de control sin el debido proceso, entre otras prácticas (Noguera, 2015; Varios autores, 2016). Estos procesos potencian escenarios de desplazamientos forzados de los indígenas. Se ha denunciado también prácticas ilegales vinculadas a la minería como el contrabando en la zona, prostitución, tráfico de drogas, entre otras, que perjudican a los indígenas. En todos estos procesos mencionados, las más afectadas suelen ser las mujeres.

Resultados y respuestas ante el conflicto


Las políticas impulsadas por el Gobierno nacional respecto al problema de la minería ilegal en la región han fracasado hasta la fecha. Se siguen dilatando sus soluciones, lo que está provocando que se mantenga o aumente la presencia de mineros ilegales y grupos armados que pueden ocupar progresivamente más territorios indígenas y de áreas protegidas (Laboratorios de Paz & Ramírez, 2016; Wataniba, 2016). Persisten los daños ambientales y las agresiones a los pueblos indígenas, quienes además no se sienten protegidos por las fuerzas militares presentes en Amazonas. El gobierno venezolano ha propuesto como una de las soluciones al problema de la minería ilegal, impulsar la megaminería formal a través del proyecto del “Arco Minero del Orinoco”, en el cual se propone la extracción masiva de oro, diamantes y coltán, entre otros, en un área que cubre toda la franja norte del estado Bolívar. Aunque dicho proyecto no abarca directamente el estado Amazonas, si lo incluye en sus áreas de influencia (impactos sociales, ambientales y culturales), sobre todo el municipio Manapiare, fronterizo con el “Área 1” del arco (municipio Cedeño, estado Bolívar). Los conocidos perjuicios de la mega-minería a cielo abierto han hecho que las organizaciones indígenas del amazonas se pronuncien en contra del Arco Minero (Provea, 2016). Al mismo tiempo, el 21 de marzo de 2017 el Gobierno nacional decretó la creación del Parque Nacional Caura (Decreto N° 2.767, Gaceta Oficial N° 41.118), con una superficie de 7.533.952 hectáreas que, además de incluir los municipios Sucre, Cedeño y Bolivariano Angostura del estado Bolívar, también incluye el municipio Manapiare. El objetivo mencionado es fortalecer una política integrada de gestión ambiental, proteger y recuperar sus ecosistemas y los territorios de pueblos indígenas, así como consolidar el ejercicio de la soberanía nacional. Queda en curso el diseño del plan de ordenamiento y el reglamento de usos, con verificación de los aportes de las comunidades indígenas de la zona. No obstante, el Estado venezolano ha desatendido las reivindicaciones constitucionales de los pueblos indígenas y luego de 17 años de promulgarse la Constitución de 1999, aún no se demarcan y asignan la gran mayoría de sus tierras ancestrales, ni tampoco se realizan consultas previas antes de impulsar diversos proyectos de desarrollo.

Alternativas propuestas


Indígenas del municipio Manapiare exigen al Estado y gobierno venezolano que, a través de las instituciones correspondientes, se comunique a las autoridades legítimas de los pueblos indígenas, los planes y resultados de las políticas ejecutadas para erradicar la minería ilegal en la zona (Noguera, 2015). De la misma manera, se exige la acción estatal urgente para el desalojo de mineros y grupos irregulares armados que ocupan sus territorios ancestrales (Varios autores, 2016). También, ante las graves situación de amenazas y agresiones, se ha solicitado a las autoridades civiles y militares la protección física y psicológica de los líderes indígenas, sus familias y en general todos los miembros de las comunidades yabarana, hoti, e’ñepá y wotjuja del municipio Manapiare (Noguera, 2015; Varios autores, 2016). Organizaciones ambientalistas como la Red Ara han presentado una serie de propuestas en lo que respecta a una gestión de salud pública para remediar el problema de la contaminación por mercurio, planteando medidas de vigilancia y control ambiental, educación ambiental, políticas de financiamiento de otras actividades productivas, entre otras (Red Ara, 2013). Las organizaciones indígenas exigen que se debe reanudar el proceso de demarcación de tierras ancestrales para así garantizar sus derechos territoriales (Noguera, 2015; Varios autores, 2011). Por último, la Coiam ha solicitado al Gobierno nacional una moratoria de la actividad minera en el sur del Orinoco, haciendo referencia al proyecto del Arco Minero, y a la exigencia de la realización de una consulta libre e informada a los pueblos indígenas e incluso, en aquellos territorios de posible afectación indirecta les sean consultados los usos que dispongan de los mismos (Laboratorios de Paz & Ramírez, 2016; Noguera, 2015).

¿Considera Ud. que se ha alcanzado la justicia ambiental en este caso?


No

Explique por qué


Las peticiones de los indígenas del municipio Manapiare, en conjunto con el resto de estas organizaciones del estado Amazonas, siguen sin ser atendidas y en cambio el problema de la minería ilegal y sus consecuencias socio-ambientales parecen agravarse. El Estado venezolano no parece dispuesto o en capacidad para reivindicar a estos pueblos indígenas, sea por la insuficiencia de sus medidas, por la falta de voluntad política o por la merma de su control territorial en zonas tan delicadas como la Amazonía. La crisis generalizada en el país obstaculiza soluciones de carácter institucional. Las organizaciones de este estado permanecen unidas y movilizadas. Sin embargo, los actores foráneos que ingresan en sus tierras parecen tener ventajas en su capacidad de ejercer violencia.

Leyes_decretos_legislaciones_y_recursos_jurídicos_relacionados_con_el_caso

  • Link: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
  • MINCI

  • Link: Decreto N° 2.767, mediante el cual se crea el Parque Nacional Caura
  • Gaceta Oficial N° 41.118. Martes 21 de marzo de 2017

  • Link: Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas
  • www.cbd.int

  • Link: Ley Orgánica del ambiente
  • Scribd

  • Link: Ley Penal del Ambiente - 2012
  • derechos.org

    Artículos

  • Link: Comunicado de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonía venezolana (Coiam) y la ORPIA sobre la minería ilegal en el río Parucito (municipio Manapiare) y las agresiones al pueblo
  • Coiam y Orpia (2016).

  • Link: Comunicado. Universidad de Los Andes
  • GTAI. (2016)

  • Link: Resultados población indígena
  • INE. (n.d.).

  • Link: Indígenas de Amazonas piden reunión con presidente Maduro ante escalada de minería ilegal
  • Laboratorios de Paz, & Ramírez, M. (2016).

  • Link: La declaración de los pueblos indígenas del municipio Manapiare apunta hacia la búsqueda de la justicia y el cumplimiento de las leyes.
  • Noguera, J. (2015)

  • Link: Organizaciones Indígenas de Amazonas solicitan al Presidente Nicolás Maduro tomar medidas contra la minería ilegal en la región.
  • Orpia y Coiam. (2016).

  • Link: La Contaminación por mercurio en la Guayana Venezolana : Una propuesta de Diálogo para la acción
  • Red Ara. (2013).

  • Link: Cuarto pronunciamiento de las organizaciones indígenas del estado Amazonas.
  • Varios autores. (2011)

  • Link: 40 ONGs rechazan ataque contra líder del pueblo Yabarana de Amazonas, haciendo exigencias a las autoridades.
  • Varios autores. (2016)

  • Link: Comunicado del grupo de trabajo socioambiental de la amazonia “wataniba” sobre la violación a los derechos humanos de los pueblos yabarana, hoti y panare en el municipio manapiare, edo amazonas
  • Wataniba. (2016)

  • Link: Líderes indígenas rechazan activación del Arco Minero del Orinoco.
  • Provea. (2016)

    Autor(es) o contribuidor(es) de esta ficha


    Emiliano Teran Mantovani - Observatorio de Ecología Política

    Última fecha de actualización de esta ficha


    11-07-2017