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Detalles

Los impactos socioambientales de la minera Loma de Níquel en las comunidades de Tiara y Altagracia de la Montaña

PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE ORIGINA EL CONFLICTO:

Extracción Minera

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO:

Desde principios de la década del 2000, la actividad de extracción minera de níquel, impulsada por Anglo American, ha generado impactos ambientales y conflictos en las comunidades agrícolas de Tiara y Altagracia de la Montaña, en el estado Aragua. El emprendimiento fue nacionalizado en 2012. Hay responsabilidades que no han sido asumidas.

IDENTIFICADOR DE CASO:

1009

FECHA APROXIMADA DE INICIO DEL CONFLICTO

01/1992

UBICACIÓN:

Parroquia Tiara, municipio Santos Michelena, estado Aragua



Ubicación del proyecto (localidad, municipio y estado del país)


Municipios Santos Michelena en el estado Aragua y Guaicaipuro en el estado Miranda

Área del proyecto


Se autorizó la Ocupación del Territorio (AOT) sobre un área de 3208, 25 hectáreas para el desarrollo de actividades de explotación de Níquel de Manto (Anglo American, n.d.).

Tipo de población


Rural

Resumen del caso


Desde principios de la década de 2000, se inician las operaciones mineras para la exploración y explotación del yacimiento de níquel más importante del país, en el sector Loma de Hierro (Aragua), donde existen pequeñas comunidades de perfil agrícola. La empresa minera a cargo es Loma de Níquel, donde la trasnacional Anglo American controlaba el 91% de las acciones. Ya desde sus inicios la empresa comienza a provocar pasivos ambientales a estas comunidades. Desde el año 2003 se intensifican las denuncias de la población. Estas han venido señalando que existen grandes acumulaciones de desechos (escoria), afectaciones a sus ríos, contaminación del aire debido al carbonillo de níquel, afectación a la biodiversidad y daños a la vegetación, a las siembras y sus cultivos; aparición de enfermedades en la piel, en vías respiratorias, cefaleas y presencia de níquel en la sangre; a lo que hay que sumarle la afectación de sus medios básicos de vida y la generación de dependencia a la empresa minera. Diversas movilizaciones y denuncias han sido realizadas, principalmente por los habitantes de Tiara (Aragua) y de algunas comunidades de la parroquia de Altagracia de la Montaña (Miranda), con los consejos comunales jugando un papel destacado, la organización de comités ambientales y de salud impulsados por parte de la comunidad, y los aportes de organizaciones ambientalistas locales. La respuesta de la minera ha sido de incumplimiento a los acuerdos estipulados con la comunidad, a lo que se suma la denuncia de los pobladores sobre la complicidad de algunos funcionales estatales a favor de la empresa. Algunas interpelaciones a Anglo American por parte del Ministerio del Ambiente, e incluso del propio presidente Hugo Chávez en el año 2009, fueron respondidas por ésta desestimando las denuncias de los impactos a la salud en los pobladores y planteando que no estaban vinculadas a esta actividad industrial. Las comunidades llevan denuncias a la Asamblea Nacional y realizan sus propios estudios epidemiológicos, dado que no dan crédito a los argumentos planteados por la minera. En momentos de mayor intensidad del conflicto varias comunidades bloquean diversas entradas a las minas, exigiendo que se cumplan acuerdos sobre servicios públicos que debía realizar la empresa. Esto produjo varios enfrentamientos donde también estaban involucradas las alcaldías de Guaicaipuro y Santos Michelena, así como el sindicato minero. A pesar de que la empresa respondió en 2011 con mejoras en el servicio eléctrico, los impactos socio-ambientales no fueron subsanados, permaneciendo en cambio estos pasivos y los peligros para la salud de los pobladores. En 2012, el Gobierno venezolano asumió formalmente el control de Loma de Níquel. Posteriormente, el proyecto comienza a entrar en decadencia y su producción se va estancando. Además de que la situación socio-ambiental tampoco ha mejorado en ningún sentido, después de la nacionalización de esta actividad industrial, la comunidad entró en una situación mucho más vulnerable económicamente que antes. La desmovilización se fortalece en la población. El Gobierno nacional, en el marco de un reimpulso del extractivismo en Venezuela y del llamado ‘Motor Minero’, se encuentra en la actualidad estableciendo acuerdos y alianzas con corporaciones chinas para la definitiva reactivación de la ‘producción’.

Otras actividades económicas involucradas


Ninguna

Commodities o recursos naturales involucrados


Níquel

Resumen y descripción del proyecto


A pesar de que desde la década de los años sesenta son otorgadas las concesiones para la exploración y explotación de este yacimiento de níquel, el más importante del país, no es sino en 1998 cuando se construye Loma de Níquel, como producto de la sociedad entre dos empresas extranjeras y con fondos aportados por el Banco Mundial. La minera de origen británico/surafricano Anglo American controlará el 91% de las acciones de la nueva empresa hasta el año 2012, cuando expira la concesión. Las operaciones comenzaron en el año 2000, con una concesión de 30 años. El proyecto se planteó alcanzar una producción anual entre 16.000 y 18.000 tons3 de níquel y entre 60.000 - 67.000 tons3/año de ferroníquel durante 30 años (Pezzella, 2001) –con la capacidad de cubrir casi el 1% de la producción mundial. Para el cierre del año 2011 la mina contaba con unas reservas estimadas a 4, 6 millones tons3 (León, 2012). La capacidad de producción registrada en 2013 fue de 14.400 tons3/año de níquel y 72.000 tons3/año de ferroníquel (U.S. Geological Survey, 2016). El Estado venezolano pasa a administrar la mina a partir de 2012 a través de la Corporación Venezolana de Minería (CVM), filial de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) (Prensa Latina, 2013). El proyecto comienza a entrar en decadencia y estancamiento. En 2015, el alcalde del municipio Santos Michelena, Alcides Martínez, afirmaba que la minera estaba operativa apenas en un 40% y que se está en proceso de recuperación de los hornos (Diario Avance, 2015). A principios de 2016, el viceministro de Minas, Richard Lozada expresaba que se busca el relanzamiento del proyecto con unas 28 empresas, y con una inversión requerida de alrededor de 1.000 millones US$ (Correo del Orinoco, 2016). A partir del impulso del Motor Minería, en el marco de la llamada ‘Agenda Económica Bolivariana’, desde marzo de 2017 se ha venido anunciando la reactivación de Loma de Níquel. A fines de julio, el ex-ministro de ‘Desarrollo Minero Ecológico’, Jorge Arreaza, manifestaba que se había realizado la firma de alianzas estratégicas con las corporaciones China Camc Engineering y Yankuang Group para la explotación de esta mina, en las cuales el Estado ‘no cede propiedad’ y se llevaría adelante un plan de minas conjunto con estas compañías. El objetivo de producción planteado fue de 12 mil toneladas de níquel en 2 años (Panorama, 2017).

Empresas privadas nacionales e internacionales involucradas


• Anglo American, Reino Unido/Suráfrica (hasta 2012) • China Camc Engineering, China (alianza estratégica – julio 2017) • Yankuang Group, China (alianza estratégica – julio 2017)

Actores gubernamentales y compañías nacionales relevantes


• Petróleos de Venezuela, S.A. • Corporación Venezolana de Minería • Presidente de la República Hugo Chávez Frías: En 2009 el presidente Chávez solicita a la ministra del ambiente de entonces, Yubirí Ortega, un informe detallado sobre los señalamientos de la contaminación ambiental generada por la minera Loma de Níquel (Prensa Presidencial, 2009). • Gobernación del estado Aragua • Ministerio del Poder Popular de Energía y Petróleo (hoy Ministerio de Petróleo) • Ministerio del Poder Popular para la Salud • Alcaldía de Santos Michelena, estado Aragua • Alcaldía de Guaicaipuro, estado Miranda • Ministerio del Ambiente (hoy Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas): según reportes, este ministerio venía haciéndole recomendaciones a la minera, sin éxito (Gómez, 2010). En 2009, representantes del Ministerio del Ambiente del estado Aragua no le otorgaron permisos a la minera para botar los desechos, dado que estaban dañando la cuenca de los ríos (Prensa Presidencial, 2009). • Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales INPSASEL: En 2008 representantes de la institución obligaron a la empresa minera a buscar atención médica para los afectados y tomar previsiones ambientales para no seguir contaminando los recursos de las comunidades aledañas (Gómez, 2010). • Comisión de ambiente de la Asamblea Nacional • Corporación Regional de Salud • Diputado de la Asamblea Nacional Jofre Navas • Diputado de la Asamblea Nacional Oscar Figuera

Instituciones Internacionales y Financieras involucradas


En sus inicios, el Banco Mundial aportó 210 millones US$ (Medina, 2014).

Nivel de las inversiones (en US$ o en Bs.)


500 millones de dólares. Inversión propuesta en 2016 para el relanzamiento del proyecto: 1.000 millones US$. El ex-ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Jorge Arreaza, manifestó en julio de 2017 que se invertirán 180 millones US$ para la explotación de este mineral (RNV, 2017).

Estatus actual del Proyecto


Operando

Población afectada


Unas 32 comunidades aledañas a la mina, en las parroquias Tiara (Aragua) y Altagracia de la Montaña (Miranda) (Gómez, 2010), entre las que resaltan: La Esperanza, Boca de Cagua, La Mata, Altagracia de La Montaña, Los Chaguaramos y Boca de Caña (vea http://www.localidades.org/venezuela/aragua/la+esperanza/mapa/). La parroquia de Tiara tiene unos 2.782 habitantes, mientras que en la parroquia Altagracia de la Montaña hay 3.874 habitantes (INE, 2014). Denuncias han señalado incluso afectaciones por el polvillo de níquel que llegaría a la Colonia Tovar, al norte de Aragua (Medina, 2014).

Fecha aproximada de inicio de las movilizaciones


1992

Cronología y detalles de las movilizaciones


Una primera fase de las movilizaciones se produjo a principio de los años 90, cuando la empresa COFEMINAS recurrió a los ‘derechos de servidumbre mineros’ para el uso de las tierras donde posteriormente sería construido el complejo industrial del níquel, lo que afectó a los agricultores de la zona, representados en la Asociación Agropecuaria “San Andrés”. Con la construcción de dicho complejo a partir de 1997, y el crecimiento de los impactos socio-ambientales y culturales, surgiría un movimiento anti-minero que se movilizaría por varios años (Mellado, 2016). Desde el año 2003 comienzan a llegar denuncias a la Asamblea Nacional por contaminación de la comunidad por parte de la minera, lo que impulsó una investigación parlamentaria hasta 2005. Consejos comunales solicitan reunirse con la minera para plantear sus preocupaciones y reclamos, a lo cual esta no responde. Tanto miembros de la Comisión de Ambiente de Tiara como la Fundación Ecologista de Ribas no dan crédito a los planteamientos de la empresa, la cual desmiente que esté provocando afectaciones en la gente, los cultivos y hasta en la cría de animales en la zona (Gómez, 2010). En 2005 esta fundación ecologista activa, junto a un bufete de abogados, una línea de trabajo legal que reúne demandas de ex-trabajadores de la minera, con el fin de obtener resultados de análisis epidemiológicos, para respaldar las acusaciones (Medina, 2014). La comunidad de Tiara crea una comisión de ambiente local, dada la desconfianza en los informes epidemiológicos foráneos. Dicha comisión señala que hay vicios y manipulaciones en la recogida de datos por parte de la minera, y que hay complicidad de esta con funcionarios estatales (Medina, 2014). A fines de 2010, los habitantes de Tiara y de comunidades de la parroquia mirandina de Altagracia de la Montaña, cierran por 3 días varios accesos a la minera. Reportes indican una acción con más de 500 personas, exigiéndole a la empresa que cumpla con los acuerdos establecidos en materia de vialidad y electricidad (Murolo, 2010). Reportes a su vez señalan enfrentamientos con la alcaldía de Guaicaipuro y sindicatos mineros, y se denunció que se buscó disolver la manifestación en forma violenta (Gómez, 2010). Al ser nacionalizada la empresa, las comunidades quedaban desasistidas en cuanto a la prestación de los servicios de salud y otras compensaciones que eran anteriormente por la misma. En este marco, se activó el Comité de Salud local de Tiara, que sería apoyado por médicos y enfermeras, con protestas de cierre del ambulatorio y denuncias públicas en los medios, como estrategias para que el gobierno regional (CORPOSALUD) asumiera sus responsabilidades (Mellado, 2016). En 2014, a petición de integrantes de la comunidad de La Esmeralda (parroquia Tiara), el presidente del ayuntamiento municipal ratificó que el alcalde de Santos Michelena no descansará hasta que la minera le pague a la parroquia por toda la explotación, la contaminación y el deterioro que han dejado a lo largo de los años (El Clarín, 2014). Hasta la fecha las movilizaciones han entrado en un estado de latencia.

Algunas acciones, reclamos y peticiones de los grupos movilizados


Entre los principales reclamos está el de la asunción de la responsabilidad empresarial (y por tanto también estatal) por toda la contaminación y el deterioro que ha dejado la actividad minera a lo largo de los años. Por mucho tiempo, las comunidades demandaron al menos el reconocimiento por parte de la empresa de estos impactos. En paralelo, se le ha exigido a la minera que cumpla con los acuerdos establecidos en materia de vialidad, mantenimiento de las escuelas y ambulatorios, servicio de electricidad, abastos de alimentos y contratación de trabajadores. En los períodos de la nacionalización del emprendimiento, ante la incertidumbre existente se solicitó al Estado garantías de estabilidad laboral y cumplimiento de acuerdos previos. Para los tiareños que han estado en contra del proyecto minero, la selva nublada “Loma de Hierro” representa simbólicamente una “caja de agua”, en palabras de la comunidad “nuestra propia existencia”, pues sin ella “no habrá más Tiara” (Mellado, 2016).

Intensidad del conflicto


Baja (con alguna organización local), con tendencia actual a la latencia

¿Este conflicto ha terminado?


No

Impactos ambientales


Se registra impactos notables sobre las aguas. Se han generado grandes acumulaciones de escoria (desecho) de níquel en las cercanías del río Mesia (Medina, 2014). Las comunidades han denunciado que el río está contaminado y que está en riesgo la cuenca del Río Guárico y el sistema del Tuy. A su vez afirman que no es seguro consumir el agua de la represa ubicada dentro de la zona (Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, 2009). También se ha señalado la obstrucción del cauce del Mesia. La empresa emite un carbonillo de níquel al aire, por medio de una chimenea que expide un humo rojizo (Medina, 2014). La Fundación Ecologista de Ribas asegura que este polvillo estaría llegando hasta la Colonia Tovar, afectando cultivos de la zona, especialmente de tomate de árbol y durazno (Medina, 2014). Hay testimonios de afectación a la biodiversidad y daños a la vegetación, con malformaciones en los frutos y deterioro de las siembras y cultivos (Medina, 2014; Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, 2009).

Impactos en la salud


Vecinos han afirmado que las afectaciones que padecen son producto de la minera. El polvillo emitido por esta produce enfermedades en la piel como escoriaciones y dermatitis; en vías respiratorias como bronquitis; cefaleas; y sus componentes quedan presentes en la sangre. También se ha advertido de potenciales epidemias (Gómez, 2010; Medina, 2014; Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, 2014). Por medio de un estudio realizado a un grupo de 40 personas, en 2008, se conoció que los habitantes de Tiara están afectados por la presencia de níquel en su sangre (Gómez, 2010). La empresa y funcionarios estatales han desmentido que estos males sean causados por la actividad minera (Medina, 2014). Por último, se ha registrado explosiones en la mina, lo que advierte de peligro de accidentes (Gómez, 2010).

Impactos socio-económicos y culturales


Se ha lesionado notablemente la capacidad de autosustentación de la comunidad (agrícola y productiva). Se ha generado mayor dependencia económica a la empresa minera, al tiempo que la comunidad queda dividida entre aquellos que apoyan la existencia de la misma en la zona y los que la adversan. Esta situación ha sido una clara fuente de conflicto intracomunitario. Se ha denunciado que explosiones en La mina han causado problemas en algunas viviendas de Altagracia de La Montaña, Los Chaguaramos y Boca de Caña (Gómez, 2010).

Resultados y respuestas ante el conflicto


En 2011 la minera mejoraba el servicio eléctrico de la población, pero las denuncias para recibir atención médica y remediación ambiental para unas 32 comunidades aledañas no fueron atendidas, a pesar de los acuerdos que existían con la empresa (Gómez, 2010). En 2012 el Estado venezolano asume la explotación en Loma de Hierro. Anglo American reclama compensación en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI). El proyecto comienza a entrar en decadencia y estancamiento de su producción. La situación económica de las comunidades se compromete, dado que los medios de vida (agricultura, actividades productivas) han sido socavados por la actividad minera lo que ha generado una dependencia a la empresa y un empobrecimiento mayor que cuando no existía el proyecto (Mellado, 2016). La situación socio-ambiental tampoco mejora en ningún sentido después de la nacionalización de esta actividad industrial. Ha existido gran incertidumbre sobre el futuro de la empresa desde 2012. Sin embargo, a partir 2016 el Gobierno nacional ha manifestado claramente su voluntad de recuperar el proyecto. A mediados de 2017, se firman alianzas estratégicas con corporaciones chinas, y se anuncia la reactivación de la actividad industrial, resaltando que los trabajadores conservarán sus puestos de trabajo. Los planes y proyectos planteados no han sido consultados a la comunidad. La organización social se mantiene en baja intensidad en comparación con los períodos de mayor lucha y demanda. Queda abierta la interrogante de cuál podría ser la postura de los grupos movilizados ante el escenario futuro, según sus propios planteamientos: si buscar una relación equilibrada con la minera para ser escuchados en relación a sus demandas, o bien crear plataformas de lucha para exigir el cierre de la mina y la ejecución de políticas para la reparación y remediación de los pasivos sociales y ambientales dejados por años de esta actividad.

Alternativas propuestas


Se han hecho numerosos llamados para hacer estudios de impacto ambiental independientes, dado que la comunidad no está convencida de los estudios que había realizado la minera anterior. Se han propuesto planes y oportunidades de desarrollo sustentable comunitario, así como la posibilidad de capacitar a las comunidades para el desarrollo de la ganadería, acuicultura y agricultura a pequeña escala (Mellado, 2016).

¿Considera Ud. que se ha alcanzado la justicia ambiental en este caso?


No

Explique por qué


Las peticiones de la comunidad, en todos los sentidos, no han sido atendidas, ni siquiera por la gestión estatal que ha llevado el proyecto desde 2012. La escasa movilización actual de la comunidad plantea un escenario de poca interpelación a los responsables de la situación y su resolución. El Gobierno nacional ya ha establecido nuevos acuerdos con transnacionales chinas para la gestión del emprendimiento. En una situación de crisis generalizada en el país, los peligros de flexibilización ambiental hacen que la actividad extractiva sea aún más perniciosa para las comunidades. Una intensificación de los impactos socio-ambientales podría generar la re-emergencia de las movilizaciones sociales en la zona.

Leyes_decretos_legislaciones_y_recursos_jurídicos_relacionados_con_el_caso

  • Link: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
  • MINCI

  • Link: Ley Orgánica del ambiente
  • scribd

  • Link: Ley Penal del Ambiente - 2012
  • derechos.org

    Artículos

  • Link: Programa De Seguimiento Y Supervisión Ambiental.
  • Anglo American. (n.d.)

  • Link: Arco minero del Orinoco generará ingresos millonarios en divisas.
  • Correo del Orinoco. (2016)

  • Link: Alcalde de Las Tejerías exige a Lomas de Níquel pagar impuestos.
  • Diario Avance. (2015)

  • Link: Gobierno itinerante se hizo presente en La Esperanza. El Clarín.
  • El Clarín. (2014).

  • Link: Habitantes de Tiara sufren efectos de contaminación minera. El Universal
  • Gómez, A. (2010).

  • Link: XIV Censo Nacional de Población y Vivienda. Estado Aragua
  • INE. (2014)

  • Link: Gobierno asume el control de Minera Loma de Níquel. El Universal.
  • León, M (2012).

  • Link: Tiara de Níquel. Algo está enfermando a los habitantes de este pueblo y a sus cultivos. El Universal.
  • Medina, O. (2014).

  • Link: Nickel mine in Loma de Hierro, Venezuela.
  • Mellado, M. (2016).

  • Link: Empresa socialista de la Patria Loma de Níquel celebró su segundo aniversario.
  • Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería. (2014).

  • Link: Gobierno Bolivariano atiende demandas de comunidades de Loma de Níquel ante posible contaminación.
  • Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria, C. Y. T (2009).

  • Link: Protestan en minera Lomas de Níquel. La Región
  • Murolo, D. (2010).

  • Link: Gobierno venezolano se reserva explotación de yacimientos mineros. Olca.
  • Prensa Latina. (2013).

  • Link: Presidente Chávez : Mina Loma de Níquel será investigada por contaminación ambiental. Aporrea.
  • Prensa Presidencial. (2009).

  • Link: Venezuela impulsará producción de níquel y carbón en alianza con China
  • RNV (2017)

    Libros_documentos_académicos_y_científicos

  • Link: 2013 Minerals Yearbook. Venezuela. U.S. Geological Survey
  • U.S. Geological Survey. (2016)

    Autor(es) o contribuidor(es) de esta ficha


    Emiliano Teran Mantovani – Observatorio de Ecología Política de Venezuela

    Última fecha de actualización de esta ficha


    16-8-2017