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Detalles

Disputas de los indígenas del Alto Paragua en torno a la minería ilegal en sus territorios

PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE ORIGINA EL CONFLICTO:

Extracción Minera

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO:

Un conflicto de alta intensidad en torno a la minería ilegal en el río Paragua. Indígenas pemón ocupan la mina Tonoro e inician un proyecto autónomo y comunitario, incluyendo la formación de rondas de seguridad y autodefensas. Los pemón argumentan que la minería que ellos practican puede ser ambientalmente amigable, aunque recurre a motobombas y mercurio.

IDENTIFICADOR DE CASO:

1015

FECHA APROXIMADA DE INICIO DEL CONFLICTO

01/2000

UBICACIÓN:

Parte alta del río Paragua, municipio Angostura, estado Bolívar



Ubicación del proyecto (localidad, municipio y estado del país)


La actividad se desarrolla a lo largo del río Paragua, teniendo como zonas sensibles La Paragua - río Asa – río Carún y ríos Oris-Los Picachos. La mina Tonoro, en el sector Manaima, es una de las minas más importantes en este conflicto.

Área del proyecto


No determinada

Tipo de población


Indígena

Resumen del caso


En los últimos años en los estados Bolívar y Amazonas, la minería ilegal ha estado en expansión. En 2014, el Gobierno nacional afirmaba que sólo en Bolívar, unas 30 mil personas se dedicaban a la actividad (Gallini, 2014), mientras que en 2017 Luis Rojas, presidente de la Cámara Minera, expresó que la cifra giraba en torno a los 50 mil mineros, que estarían llegando de todas partes de Venezuela, empujados por la crisis y el alto precio del oro (El Clarín, 2017). Una de las áreas afectadas por esta actividad es la cuenca del río Paragua, donde se están produciendo complejas disputas por el control del territorio y las minas. El avance de la minería ilegal ha supuesto una mayor penetración del territorio por parte de otros grupos de actores, en perjuicio de los pueblos indígenas del Alto Paragua (principalmente del pueblo pemón), los cuales son abiertamente practicantes de la minería en pequeña escala. El Gobierno nacional, a través de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ha impulsado desde el año 2003 varias políticas y planes para intentar enfrentar el problema de la minería ilegal en el escudo guayanés, pero estas han fracasado. Los indígenas del Alto Paragua han denunciado agresiones y maltratos por parte de las fuerzas militares, los cuales restringen e impiden diversas actividades que permiten su subsistencia, en nombre de la lucha contra la minería ilegal (Pepe El Toro, 2013). A su vez, han señalado la creciente presencia de bandas criminales que controlan las minas y perjudican su actividad de sobrevivencia (Pinto Novis, 2014). Pero las denuncias y reclamos sobre el importante impacto ambiental que se está produciendo en la cuenca de este río no son hechos por éstos, sino provienen fundamentalmente de grupos ambientalistas, activistas, estudios científicos, reportajes o del periodismo ambiental. Un punto de inflexión en el conflicto se produce en el año 2011, cuando en el marco del Decreto Presidencial de septiembre de ese año para nacionalizar la actividad aurífera, son desalojados alrededor de 3.000 mineros de la mina Tonoro ubicada en el Alto Paragua. Indígenas protestan por esta medida. A fines de octubre de ese año, 13 de estas comunidades originarias del Alto Paragua amarran, desarman y retienen a 22 efectivos de la Armada y el Ejército, asegurando que estos se encontraban extrayendo oro de la mina que habían desalojando anteriormente (Poliszuk, 2014; Ramírez, 2013), lo que hace más visible el conflicto y le da cobertura en medios de comunicación. Indígenas del Alto Paragua toman el control de la mina Tonoro, anunciando que están cansados de los abusos, atropellos y humillaciones de los funcionarios militares (Pepe El Toro, 2013); de las demoras en la demarcación de tierras que les pertenecen ancestralmente; en rechazo al decreto de nacionalización del oro (que les quitaría su fuente de sustento) (López, 2012); y con el fin de recuperar el control de sus hábitats y territorios (Provea, 2013). A partir de estos sucesos, se han producido intensas disputas con altos niveles de violencia, en las cuales están envueltas agrupaciones armadas irregulares, lo cual ha generado un saldo importante en muertos. En torno a la mina de Tonoro, los indígenas del Alto Paragua han creado la comunidad independiente de Musuk Pa, basado en sus propias leyes, donde gestionan los elementos básicos para la vida de la comunidad, como la salud y la alimentación. Dados los altos niveles de violencia que implica estas disputas por el territorio y la mina, han conformado sus propias rondas de seguridad y autodefensa (Armando Investiga, 2015). Se trata de un conflicto muy complejo y particular, dado que, por un lado, los indígenas del Alto Paragua reivindican la minería, han prácticamente abandonado la actividad artesanal y usan maquinarias; por el otro lado, la dirigencia indígena ha dicho que esta actividad es básicamente para su sobrevivencia –construir escuelas, ser autónomos respecto al Estado (Armando Investiga, 2015). Líderes indígenas se han declarado ‘proambientalistas’, pero expresan que por el momento el asunto ambiental no es su prioridad (López, 2012) y afirman que las condiciones de intensas disputas por sus territorios los ha llevado a empezar a explotar ellos mismos estos recursos, procurando alcanzar la forma menos dañina para la explotación, con sus propias reglas comunitarias y que esta vez beneficie directamente a los habitantes de los territorios (Pepe El Toro, 2013).

Otras actividades económicas involucradas


Ninguna

Commodities o recursos naturales involucrados


Oro, Diamantes

Resumen y descripción del proyecto


Este conflicto no se produce directamente por un proyecto formal, sino que está principalmente vinculado a la minería ilegal. En teoría, la actividad minera debe estar restringida en los territorios de este caso, dado que están protegidos por dos áreas de administración especial: la Zona Protectora del Sur de Bolívar y la Reserva Forestal La Paragua. El Decreto Presidencial No. 8413 del 23 de agosto de 2011, donde se nacionaliza la explotación del oro, promueve proyectos de extracción formal en la zona y es uno de los factores que impulsa el conflicto entre indígenas y el resto de actores involucrados en el caso. Por otro lado, a principios de 2016 es relanzado el mega proyecto del “Arco Minero del Orinoco”, que cubre una extensa área de casi 112.000 kms2 a lo largo del todo el norte del estado Bolívar. Aunque las áreas del conflicto no se encuentran dentro de la zona demarcada en el proyecto, sí están en sus áreas de influencia e impacto socio-ambiental. El tipo de minería ejercida en la zona es aluvial, principalmente de oro. Predomina la actividad con máquinas, pues se abandona la minería artesanal. Se ha estimado que en las minas de la zona han llegado a instalarse más de 4 mil mineros (Ramírez, 2012). Existen grupos de carácter delincuencial muy violentos que controlan campamentos mineros. Estos han sido llamados “sindicatos mineros” (Armando Investiga, 2015; Poliszuk, 2014). Indígenas pemón han denunciado que efectivos militares han sido cómplices o participes de la minería ilegal, al explotarla directamente o bien permitir su ejercicio a cambio de ventajas económicas (Armando Investiga, 2015; Pepe El Toro, 2013; Ramírez, 2013). Esto ha sido corroborado por el Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV), quienes aseguran que no es posible que pase desapercibida toda la maquinaria, motores hidráulicos, turbinas, cientos de metros de manguera y balsas desarmadas, más el movimiento de personas, gasolina, suministros y alimentos, y menos cuando la única vía de traslado de es por agua, vía fluvial (CIEV, 2017). También es importante resaltar que los indígenas pemón y de otros pueblos hacen parte de la propia actividad minera ilegal. Un diagnóstico realizado en diciembre del 2013, como parte de un proyecto para la construcción de un complejo deportivo comunitario, encontró que uno de cada dos habitantes de la comunidad de Musuk Pa es dueño de máquinas mineras pequeñas (Armando Investiga, 2015).

Empresas privadas nacionales e internacionales involucradas


No aplica

Actores gubernamentales y compañías nacionales relevantes


* Gobernación del estado Bolívar * Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz * Fuerza Armada Nacional Bolivariana, los cuáles han impulsado varios planes para la erradicación de la minería ilegal en estos territorios: el Plan Piar, en 2003; que se transformó en la Misión Piar, en 2005; el Plan de Reconversión Minera, en 2006; el Plan Caura, de 2010, y por último la Comisión Presidencial para la Protección del Desarrollo y Promoción Integral de la Actividad Minera en la Región Guayana, creada en 2014 * Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas * Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas * Alcaldía del municipio Angostura. * Diputado por la Causa R Américo De Grazia (oposición)

Instituciones Internacionales y Financieras involucradas


No aplica

Nivel de las inversiones (en US$ o en Bs.)


Desconocido

Estatus actual del Proyecto


Operando

Población afectada


Los pueblos afectados son parte de las comunidades indígenas del Alto Paragua, entre los que se cuentan pemón (mayoría), yek’wana, kurripako, arawaco y chiriana (Armando Investiga, 2015).

Fecha aproximada de inicio de las movilizaciones


2011

Cronología y detalles de las movilizaciones


Los indígenas del Alto Paragua han realizado varias declaraciones, denuncias y peticiones a través de cartas, en relación a los maltratos por parte de efectivos militares, las amenazas que representan los grupos armados irregulares para su seguridad, o bien por los desalojos de las minas, sin que se produzca ninguna compensación o reubicación en minas permitidas por parte del Gobierno nacional, en el marco de los planes oficiales para erradicar la minería ilegal en la zona (Armando Investiga, 2015; Fernández, 2016). Dos meses después de la promulgación del decreto presidencial para la nacionalización de la actividad aurífera en 2011, ocho capitanes indígenas introdujeron un recurso de nulidad del Decreto, el cual fue rechazado por el Tribunal Supremo de Justicia (Armando Investiga, 2015). En 2011, en el sector La Paragua, un grupo de indígenas, principalmente del pueblo pemón, desarmaron y retuvieron a 22 efectivos militares en la mina Tonoro (Poliszuk, 2014) señalándolos de estar involucrados en la minería ilegal en esta zona. En protesta por las acciones de violencia que los llamados “sindicatos mineros“ (bandas armadas que disputa y controlan minas) ejercen contra los indígenas, estas comunidades originarias organizan un bloqueo de La Paragua, el cual fue disuadido de no realizarse debido a negociaciones con la policía regional (Pinto Novis, 2014). A raíz del levantamiento de La Paragua de 2011 y como forma de defensa comunitaria y de sus recursos y territorios, varios indígenas del Alto Paragua se organizan y fundan en la mina Tonoro la comunidad independiente de Musuk Pa, desde la cual ejercen la minería en el sector, establecen sus propias pautas comunitarias de vida y han creado sus propias estructuras de autodefensa contra los numerosos peligros que los acechan (Armando Investiga, 2015). Destaca el liderazgo de Alexis Romero, pemón del pueblo Taurepán, quien se convirtiera en el capitán de Musuk Pa (Armando Investiga, 2015). Organizaciones de derechos humanos como Provea han acompañado las demandas de los indígenas pemón y en especial de los procesos judiciales que se han abierto contra Alexis Romero.

Algunas acciones, reclamos y peticiones de los grupos movilizados


En el discurso de los indígenas del Alto Paragua es posible notar una reivindicación por la recuperación del hábitat y el territorio, y la necesidad de su defensa (Provea, 2013). La narrativa sobre y en torno a Musuk Pa es notablemente autonomista. Esto ha implicado que las demandas sobre compensaciones por el desalojo de minas, así como la de mayores exigencias en la seguridad de la zona, solicitadas al Estado, hayan pasado a un segundo plano. El proyecto autonomo de Musuk Pa supone la toma de partido directa sobre varias de estas demandas.

Intensidad del conflicto


alta (con movilizaciones masivas - amplia difusión mediática - violencia y arrestos)

¿Este conflicto ha terminado?


No

Impactos ambientales


Las denuncias y reclamos sobre el importante impacto ambiental que se está produciendo en la cuenca del río Paragua proviene fundamentalmente de grupos ambientalistas, activistas, estudios científicos, reportajes o del periodismo ambiental (Hernández, 2015; López, 2012; Señaris et al., 2008).La cuenca del río Paragua es una de las más prístinas del país y el crecimiento de la minería ilegal en la zona está generando notables impactos referidos a pérdida de biodiversidad, deforestación de bosques, contaminación de las aguas y la fauna con mercurio, incremento notorio de la cantidad de sedimentos en el río, degradación de los paisajes o contaminación de los suelos. La ex-ministra del ambiente, Ana Elisa Osorio, afirmó en abril de 2017 que el río Paragua pasó desde hace varios años de ser un río azul a ser un río amarillo, a raíz de la explotación minera en este cuerpo de agua (Aporrea, 2017).

Impactos en la salud


Los impactos en la salud están relacionados con la exposición de las personas a sustancias tóxicas como el mercurio, y con todas las serias implicaciones que tiene sobre el cuerpo humano a corto y a largo plazo. Un auge de la minería en la zona puede traer las típicas secuelas de enfermedades traídas a raíz de la migración de personas para explotar las minas en la zona. También resalta el grave problema de la violencia. Indígenas del Alto Paragua denuncian que las bandas armadas ultrajan a las mujeres de las comunidades (Armando Investiga, 2015). Se han denunciado varios asesinatos en la zona, en el marco de las disputas por el control de las minas (Foro por la Vida, 2006; Younis, Maisdulin. García, 2012).

Impactos socio-económicos y culturales


El auge de la minería en la zona ha traído consigo un incremento de la violencia. Indígenas del Alto Paragua denuncian que las bandas armadas realizan extorsión, amenazas y secuestros, así como actos lascivos con menores de edad (Armando Investiga, 2015; Pinto Novis, 2014). Enfrentamientos entre bandas dejan frecuentemente importantes saldos en muertos en los alrededores de la minas (Ramírez, 2012). Las disputas territoriales amenazan con generar procesos de desplazamiento. A raíz de los hechos de la retención de militares en La Paragua, se ha producido el encarcelamiento de capitanes indígenas de las comunidades del Alto Paragua (Pérez-Toribio, 2012). La devastación ambiental va degradando medios de vida en los territorios, por ejemplo, contaminando peces.

Resultados y respuestas ante el conflicto


El Gobierno nacional ha reconocido el problema. En general se han establecido compromisos que tienen que ver con acelerar demarcación y entrega de tierras a los indígenas, así como integrarlos a un plan de trabajo para conseguir el sustento, sea en otras actividades laborales o bien en minas donde si estaría permitido practicar esta actividad. El Gobierno nacional ha afrontado las diversas problemáticas sociales, ambientales y económicas de la zona, relacionadas con la actividad minera, a partir del conjunto de políticas que se producen alrededor del mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco. Dicho proyecto, que implica una serie de iniciativas mineras dentro de una enorme extensión de 111.846 kms2 (12% del territorio nacional) –que incluyen el norte del municipio Angostura–, se oficializa con el decreto 2.248 del 24 de febrero de 2016, creándose como una Zona de Desarrollo Estratégico Nacional (Gaceta Oficial No. 40.855, 2016). En este marco, el Gobierno nacional impulsa operativos especiales de seguridad, a modo de intervención directa en los territorios por parte de las fuerzas armadas y otros organismos especializados (la llamada “Operación de Liberación del Pueblo – OLP), en las zonas mineras del estado Bolívar, para “hacer frente a la inseguridad y la extracción ilegal de minerales” (Piña, 2015). Líderes indígenas, como quien fuera capitán de la comunidad de Musuk Pa, Alexis Romero, han denunciado hostigamiento por parte de las autoridades oficiales (El Libertario, 2012; Ramírez, 2013). El director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (CIEV), Alejandro Lanz, planteó en febrero de 2017 que se ha dado un nuevo repunte de la minería ilegal en el bajo, medio y alto Paragua, multiplicándose las balsas y dragas en este cuerpo fluvial, pese a la presencia de la Armada venezolana y la prohibición nacional de esta actividad en las principales cuencas del estado Bolívar por parte del Ejecutivo nacional (CIEV, 2017). Indígenas pemón del Alto Paragua han señalado que están decididos a todo si no se cumplen acuerdos y anuncian que permanecerán unidos (Pepe El Toro, 2013). Estos pueblos han creado “brigadas de seguridad” o grupos de autodefensa para reivindicar sus derechos y combatir la inseguridad en sus territorios (Armando Investiga, 2015).

Alternativas propuestas


Indígenas de la comunidad de Musuk Pa construyen una alternativa de gestión del territorio más allá del Estado, con sus propias reglas y mecanismos de funcionamiento comunitario. Para ello se sirven de la minería en la zona donde habitan (Pepe El Toro, 2013).

¿Considera Ud. que se ha alcanzado la justicia ambiental en este caso? (Si o No)


No (pero algunas demandas fueron atendidas)

Explique por qué


Por los momentos, los indígenas logran controlar un territorio e instaurar un orden desde sus propias reglas, logrando resguardarse mejor de las dinámicas de violencia que se producen en torno a las minas de la zona. Sin embargo, como lo han expresado y como hace parte de sus prácticas, su apuesta tiene a lo ambiental en un segundo plano. Su principal forma de sustento es la minería con máquinas, y muy poco se ha orientado, por ejemplo, a la agricultura. Consecuencias a sus medios de vida podrían acarrearse en el tiempo de continuar esta práctica que lesiona el ambiente.

Leyes_decretos_legislaciones_y_recursos_jurídicos_relacionados_con_el_caso

  • Link: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
  • MINCI

  • Link: Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas
  • www.cbd.int

  • Link: Ley Orgánica del ambiente
  • Scribd

  • Link: Ley Penal del Ambiente - 2012
  • derechos.org

  • Link: Creación de la Reserva Forestal - La Paragua.
  • Gaceta Oficial No. 28.541 del 23 de enero de 1968. Decreto N° 1.046

  • Link: Creación de la Zona Protectora del Sur de Bolívar.
  • Gaceta Oficial No.30.704. Decreto No.942. 27 de mayo de 1975

  • Link: Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro, así como las conexas y auxiliares a estas
  • Gaceta Oficial N° 39.759 del 16 de septiembre de 2011. Decreto N° 8.413 23 de agosto de 2011

    Artículos

  • Link: Ana Elisa Osorio: El río Paragua era azul, hoy en día es amarillo debido a la explotación minera
  • Aporrea (2017)

  • Link: Las autodefensas indígenas se levantan al sur de Venezuela. Armando.info
  • Armando Investiga. (2015)

  • Link: Repunta la minería ilegal en el Alto Paragua y Caura. Revista SIC.
  • CIEV (2017)

  • Link: La minería ilegal en Venezuela, un submundo de caos y violencia
  • El Clarín (2017)

  • Link: Pasados a régimen de presentación 3 de los 4 pemones detenidos por el ejército
  • El Libertario. (2012)

  • Link: A 10 años de la masacre de La Paragua 10. Crónicas Angostureñas
  • Fernández, A. (2016)

  • Link: Masacre de la Paragua.
  • Foro por la Vida. (2006)

  • Link: Minería ilegal destruye desembocadura del río La Paragua. Caraota Digital
  • Hernández, G. (2015)

  • Link: Mafias en Alto Paragua : explotacion de oro y destruccion de la naturaleza en la Guayana Venezolana. Amigransa
  • López, E. (2012)

  • Link: Entrevista con Alexis Romero, pemón en resistencia: Ahora se nacionaliza el oro para entregarlo a transnacionales.
  • Pepe El Toro. (2013)

  • Link: El Miedo. ABC de La Semana
  • Pérez-Toribio, J. C. (2012)

  • Link: Presentación de informe. Policía del estado Bolívar.
  • Pinto Novis. (2014)

  • Link: Ordenan OLP en zonas mineras del estado Bolívar. YVKE Mundial
  • Piña, Y. (2015).

  • Link: Guerra en las minas. El Universal, 1–4
  • Poliszuk, J. (2014)

  • Link: Derecho de los pueblos indígenas. Provea
  • Provea. (2013)

  • Link: Tres mil mineros han sido desalojados de La Paragua. El Universal
  • Ramírez, M. (2012).

  • Link: Indígenas de Urimán en Bolívar detienen y desarman a 43 militares. El Universal
  • Ramírez, M. (2013)

  • Link: Presidente Maduro se reúne con inversores extranjeros interesados en Arco Minero.
  • VTV. (2016)

  • Link: Reportaje sobre masacre en mina de La Paragua. Correo Del Caroní
  • Younis, Maisdulin. García, N. (2012)

    Libros_documentos_académicos_y_científicos

  • Link: Evaluación rápida de la biodiversidad de los ecosistemas acuáticos de la cuenca alta del Río Paragua, Estado Bolívar, Venezuela.
  • Señaris, J. C., Lasso, C. A. (Carlos A., Flores, A. L., Rodríguez, J. C., León-Mata, O., DoNascimiento, C., Provenzano, F. (2008)

    Autor(es) o contribuidor(es) de esta ficha


    Observatorio de Ecología Política de Venezuela

    Última fecha de actualización de esta ficha


    23-9-2017