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Detalles

Fiebre del coltán y minería ilegal amenazan a indígenas guajibo, piaroa y e’ñepa en los estados Bolívar y Amazonas

PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE ORIGINA EL CONFLICTO:

Extracción Minera

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO:

Desde hace varios años se ha desarrollado una fiebre de coltán en territorios indígenas, en la cual existen varios grupos de actores involucrados. Los terribles eventos relacionados con la extracción de este mineral en África, prenden las alarmas sobre un potencial conflicto de alta intensidad en el país.

IDENTIFICADOR DE CASO:

1017

FECHA APROXIMADA DE INICIO DEL CONFLICTO

01/2009

UBICACIÓN:

Se trata de una zona que va desde el noroccidente del estado Bolívar, en el municipio Cedeño, hasta Puerto Ayacucho en el estado Amazonas



Ubicación del proyecto (localidad, municipio y estado del país)


Varias minas de coltán están siendo explotadas sin ningún control en el Eje Los Pijiguaos - Puerto Ayacucho, estados Bolívar y Amazonas

Área del proyecto


Se trata de un caso de minería ilegal por lo que no existe un proyecto formal. Sin embargo, la dinámica de este caso se desarrolla en torno a las estimaciones de reservas de coltán, las cuáles surgen de declaraciones oficiales, cálculos de expertos geólogos o bien del conocimiento territorial de los pobladores de la zona. No existen reservas cuantificadas y certificadas de coltán en Venezuela. Basados en estas estimaciones, podríamos hablar de un cinturón de coltán que va desde Caicara del Orinoco (norte de Bolívar) hasta el Eje Carretero Norte de Puerto Ayacucho (al noreste de Amazonas) (Poliszuk, 2012). Sin embargo, en declaraciones y reportes se ha hecho referencia a una zona en específico que poseería las mayores acumulaciones de coltán. Dicha zona iría desde Parguaza (Bolívar), pasando por el cerro Boquerones del sector Los Gallitos, Caño Horeda y Cerro Gavilán (sector de Agua Mena, Amazonas) la cual cubriría un área de 232, 41 kilómetros cuadrados aproximadamente. También se ha hecho referencia a la existencia de depósitos de coltán en el cerro Impacto (Ramírez, 2016).

Tipo de población


Indígena

Resumen del caso


Son conocidos los casos de violentas disputas que en África se han producido alrededor de la extracción ilegal y el comercio de un mineral tan estratégico como el coltán. En Venezuela se sabe de su existencia, aunque hasta la fecha no existan reservas cuantificadas y certificadas. Hay algunos cálculos de reservas y ubicación de las mismas por parte de diferentes geólogos y especialistas. Sin embargo, un elemento que destaca es la declaración en 2010 del propio presidente de la República Hugo Chávez, quien anunciaba que, basado en evaluaciones muy preliminares, existían reservas de 100 mil millones de dólares en el país (ABN – Aporrea, 2010; El Universal, 2009) y ordenaba militarizar la zonas coltaníferas pues estaban extrayendo este mineral y llevándoselo para Colombia (Díaz-Struck y Poliszuk, 2012a). El área clave de mayores acumulaciones estaría desde Parguaza (nor-occidente de Bolívar) hasta el Eje Carretero de Puerto Ayacucho (nor-occidente de Amazonas). En los últimos años se ha venido produciendo una fiebre del coltán en Venezuela –aunque no como la del oro en el estado Bolívar– (Ramírez, 2016), lo cual además se inserta en la compleja dinámica de la minería ilegal en el sur del Orinoco. Este proceso se ha venido desarrollando en las áreas donde conviven pueblos indígenas guajibo (jivi), piaroa (wöthüja) y e’ñepa. Diversos actores, tales como mineros de otros países y de la zona, grupos armados e incluso algunos indígenas, están interviniendo en estos territorios para explotar este mineral estratégico, amenazando la seguridad y supervivencia pacífica de las comunidades originarias, y generando problemas como la contaminación de aguas, deforestación, proliferación de enfermedades, la intervención en sus estructuras de autoridad tradicional (choque con otras figuras de poder), reclutamiento de niños para ser soldados, situación de semi-esclavitud para las mujeres indígenas, entre otros (Manaka, 2010). Varias organizaciones indígenas, ambientalistas y de derechos humanos, se han manifestado sobre el problema pidiendo soluciones a las autoridades estatales. Además de los impactos actuales, resaltan los peligros de que, al ser coltán el commodity sobre el cual se desarrolla este caso, se puedan intensificar dramáticamente los impactos a estos pueblos originarios, de llegar a expandirse la fiebre del mineral en estos territorios. El proyecto del Arco Minero del Orinoco, oficializado a partir de febrero de 2016, y su plan para formalizar la minería industrial a cielo abierto de coltán en el área 1, aparece como otro factor fundamental en el conflicto. Los pueblos indígenas que se oponen a estos procesos extractivos y de degradación de sus territorios, se enfrentan a grandes amenazas.

Otras actividades económicas involucradas


No se registran

Commodities o recursos naturales involucrados


Coltán

Resumen y descripción del proyecto


Este es un caso de conflicto por minería ilegal, por lo cual no existe un proyecto formal. La minería que se practica es de tipo aluvial, aún en pequeña escala, confirmado por las propias autoridades oficiales (El Estímulo, 2016). Al parecer tiene la característica de desarrollarse en el marco de un comercio transfronterizo con Colombia (Díaz-Struck y Poliszuk, 2012b). Se ha señalado que los mineros son también provenientes de Colombia y Brasil (garimpeiros). No se encontraron cifras de la cantidad de éstos que se encuentran extrayendo coltán en la zona. Integrantes de los pueblos indígenas han destacado la presencia de la guerrilla colombiana (Laboratorio de Paz, 2014), lo cual también ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos y por el gobernador del estado Amazonas Liborio Guarulla (El Universal, 2015; CoolChannel TV, 2015). Según Guarulla, unos 4.000 integrantes de estos grupos armados estarían en todo Amazonas. A su vez, integrantes de la población indígena también participan de la minería ilegal, mayoritariamente piaroas, según lo indican declaraciones y documentos oficiales (Ramírez, 2016; TSJ, 2012). Finalmente, el director del Centro de Investigaciones Ecológicas de Venezuela (Ciev), Alejandro Lanz, afirmó que empresarios de Puerto Ordaz y Ciudad Guayana explotan igualmente el coltán de manera ilegal en estas áreas, trasladando maquinaria pesada como retroexcavadoras, pailovers y jumbos y haciendo que se incremente este tipo de explotación en la zona. Lanz plantea que hasta la fecha no se han otorgado permisos y concesiones de este tipo por parte del Ejecutivo (El Mundo, 2017).

Empresas privadas nacionales e internacionales involucradas


No aplica

Actores gubernamentales y compañías nacionales relevantes


• Alcaldía municipio Cedeño, estado Bolívar • Alcaldía municipio Atures, estado Amazonas • Gobernación del estado Amazonas • Wilson Rojas, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Consejo Legislativo del estado Amazonas • Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas • Ministerios del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas. Dirección estatal de Bolívar • Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico • Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Desde 2009, las autoridades establecieron la Operación “Oro Azul” disponiendo de más de 15 mil efectivos de la Guardia Nacional, el Ejército y la Armada, para atacar la explotación ilegal del Coltán y preservar estas reservas (VTV, 2009). La Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha impulsado varios planes para la erradicación de la minería ilegal en estos territorios: el Plan Piar, en 2003; que se transformó en la Misión Piar, en 2005; el Plan de Reconversión Minera, en 2006; el Plan Caura, de 2010, y por último la Comisión Presidencial para la Protección del Desarrollo y Promoción Integral de la Actividad Minera en la Región Guayana, creada en 2014.

Instituciones Internacionales y Financieras involucradas


No aplica

Nivel de las inversiones (en US$ o en Bs.)


Desconocido

Estatus actual del Proyecto


Operando

Población afectada


Los pueblos indígenas afectados, o que serían potencialmente afectados por la fiebre del coltán, son los guajibo (jivi), piaroa (wöthüja) y e’ñepa. A estos hay que sumarles otros pueblos indígenas del estado Amazonas como los arawaks del sur (baniva, piapoco, kurripaco, entre otros).

Fecha aproximada de inicio de las movilizaciones


2009

Cronología y detalles de las movilizaciones


Las organizaciones que han encabezado las movilizaciones han sido la Organización Regional de los Pueblos Indígenas de Amazonas (Orpia), la Coordinadora de Organizaciones Indígenas del Amazonas (Coiam) y la Organización Indígena Piaroas Unidos del Sipapo (OIPUS). El pueblo baniva (Amazonas) a través de la Asociación de Pueblos Indígenas de Venezuela (APIVEN) se ha pronunciado con preocupación respecto a las secuelas que ha dejado y podría dejar en el futuro la explotación ilegal del coltán en el eje carretero de Puerto Ayacucho (Manaka, 2010). A su vez, representantes de la Comisión de Asuntos Indígenas del Consejo Legislativo del estado Amazonas han formulado denuncias e impulsado acciones para intentar frenar el problema (El Nacional, 2010). Organizaciones como Provea, Laboratorio de Paz, Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI) y la organización Wataniba también han acompañado estas demandas. Diversas organizaciones indígenas se han trasladado a la capital del país y han consignado sus denuncias y pruebas sobre este problema a la Fiscalía General de la República, la Defensoría del pueblo, el Ministerio de la defensa y el Ministerio de Pueblos indígenas (Laboratorio de Paz, 2014). Pueblos indígenas e’ñepa y hoti de San José de Kayamá, u organizaciones como Orpia y Apiven, han realizado varias peticiones a diversas escalas (estatal, regional, municipal) en relación a la penetración de sus territorios por parte de grupos armados provenientes de Colombia, y en general al problema de la minería ilegal en la zona (Bonta, 2013; El Universal, 2015; Manaka, 2010). Wilson Rojas, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Consejo Legislativo del estado Amazonas, denunció en 2009 la explotación de indígenas en la extracción ilegal de coltán y realizó gestiones para el desalojo de minas de este tipo (El Nacional, 2010).

Algunas acciones, reclamos y peticiones de los grupos movilizados


Los pueblos indígenas exigen el desalojo de los mineros en sus territorios, así como garantías de seguridad para ellos ante el crecimiento de grupos irregulares en la zona. Al mismo tiempo, solicitan que se reactiven y aceleren los procesos de demarcación y titulación de tierras indígenas, sobre todo para los pueblos guajibo (jivi) y piaroa (wöthüja). La defensa del territorio hace parte importante de la narrativa de estos pueblos indígenas, como es por ejemplo evidente en una declaración de los pueblos e’ñepa y hoti de San José de Kayamá quienes, ante la penetración de grupos armados foráneos en sus territorios vinculados a la minería ilegal, expresaron: “…queremos dejar bien claro a nuestros compatriotas venezolanos o no, que esta tierra ancestral es nuestra casa, nuestra vida y cultura, por eso la amamos y desde siempre la hemos cuidado y estamos dispuestos los pueblos Eñepa y los Jodi a defenderla hasta con nuestra propia vida. Nosotros pueblos Eñepa y Jodi somos los primeros habitantes de esta tierra, autóctonos, ayúdennos a cuidarla y defenderla, también nosotros somos Venezuela" (El Universal, 2015). En relación a peticiones más puntuales, el director del CIEV, Alejandro Lanz, emplazó a las Fuerzas Armadas que retome el control de esta zona y "libere" a las comunidades piaroas y criollas de diferentes fundos locales, que sufren la presión por parte de grupos irregulares que ejercen el poder de forma ilegal (El Mundo, 2017).

Intensidad del conflicto


baja (con alguna organización local)

¿Este conflicto ha terminado?


No

Impactos ambientales


Los limos o barros provenientes del lavado del coltán han ocasionado la contaminación de algunos afluentes de ríos (Manaka, 2010). Estos limos además provocan la desaparición de fauna y flora acuática y afecta los ciclos de la vida de estos ecosistemas. A su vez, en la extracción de coltán se produce deforestación en grandes extensiones (Torres, 2010), y la afectación general de los suelos, con grandes consecuencias para ecosistemas tan delicados como los de la Guayana venezolana, como puede ser el aumento significativo del aporte de sedimentos a las micro-cuencas hídricas de la zona, con el consecuente incremento de la erosión y la destrucción de fauna y flora (Ramírez, 2016). Se corre el riesgo además de degradar paisajes emblemáticos de la geografía guayanesa.

Impactos en la salud


La abogada Linda Manaka Infante (2010), del pueblo indígena baniva, ha planteado que se ha producido la muerte de indígenas por envenenamiento de las aguas a raíz de la práctica minera. La configuración de enclaves mineros estables suelen generar migraciones y la consiguiente llegada de nuevas enfermedades y fenómenos como el alcoholismo.

Impactos socio-económicos y culturales


La presencia de grupos armados ilegales en tierras indígenas y sus vínculos con la práctica minera, tiene severos impactos sociales en estos pueblos, como la restricción del acceso a sus lugares sagrados, la proliferación de enfermedades, y la degradación cultural (pérdida de sus referentes organizativos, drogadicción, prostitución, entre otros) (Laboratorio de Paz, 2014). La minería genera el abandono de las actividades tradicionales de los pueblos indígenas en sus territorios y de su economía propia vinculada a la subsistencia, debido a la introducción de patrones socio-productivos ajenos a su dinámica socio-cultural y a su identidad. Se ha denunciado la sobre-explotación de indígenas en situación de semi-esclavitud (en especial mujeres, jóvenes y niños, y en particular piaroas y guajibos); el reclutamiento de niños soldados (Manaka, 2010; El Universal, 2015; El Nacional, 2010) y la afectación de las actividades económicas que llevan adelante estos pueblos, como es el caso del “ecoturismo” de las comunidades piaroa. También se señala la afectación de la actividad económica de ganaderos de Caicara del Orinoco (Bonta, 2013). El director del CIEV, Alejandro Lanz, ha informado del desplazamiento de familias criollas y el éxodo de pequeños dueños de fundos, que habrían abandonado sus tierras por presiones de grupos interesados en extraer coltán en sus tierras (El Mundo, 2017). La militarización de las zonas de reservas –propuesta para el caso venezolano desde 2010–, tiene también consecuencias en la reproducción de la vida de los pueblos indígenas. A pesar de ello, este tipo de minería sigue creciendo, creándose nuevos focos de violencia que perjudican a los indígenas. También se ha señalado que la situación vulnera la soberanía nacional, debido la pérdida de control sobre los territorios y el saqueo de importantes recursos para el país, sin al menos dejar algún beneficio al fisco nacional (El Mundo, 2017).

Resultados y respuestas ante el conflicto


Las organizaciones indígenas agrupadas en ORPIA y COIAM se han manifestado preocupadas, pues hasta la fecha muy poco se ha avanzado en la demarcación y titulación de hábitat y tierras indígenas, a 18 años de haberse aprobado el artículo 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se establece la realización obligatoria de estas entregas de tierra. Señalan que el proceso nacional de demarcación, particularmente en el Estado Amazonas, está paralizado pues la Comisión Regional de Demarcación coordinada por el Ministerio para los Pueblos Indígenas (MINPPI) no es convocada desde hace más de dos años, y su Secretaría Ejecutiva informa que no hay presupuesto para trabajar los expedientes pendientes de sustanciar. Esto ocurre particularmente con el expediente del pueblo wöthüja (piaroa) – jivi (guajibo) (Autana), que no parece tener perspectivas de tramitación (ORPIA y COIAM, 2016). Episodios y formas de violencia se siguen suscitando. Destaca el asesinato a tiros del líder fundador de la Organización Indígena del Pueblo Uwottuja de la Cuenca del Sipapo de Amazonas (OIPUS), Freddy Menare, el 13 de mayo de 2017 en Puerto Ayacucho (ORPIA y OIPUS, 2017). A juicio del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI), esto ocurre en un contexto de criminalización de la protesta indígena contra los proyectos extractivistas que amenazan los territorios del pueblo Uwottuja de la Cuenca del Sipapo del estado Amazonas (GTAI, 2017). El Gobierno nacional ha afrontado las disputas territoriales y problemas sociales en esta zona a partir del conjunto de políticas que se producen alrededor del mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco. Dicho proyecto, que implica una serie de iniciativas mineras dentro de una enorme extensión de 111.846 kms2 (12% del territorio nacional) -incluyendo el municipio Cedeño-, se oficializa con el decreto 2.248 del 24 de febrero de 2016, creándose como una Zona de Desarrollo Estratégico Nacional (Gaceta Oficial No. 40.855, 2016). Los impactos de este tipo de proyectos, lejos de solventar las preocupantes tendencias de despojo y degradación socio-ambiental que se desarrollan en estas zonas, podrían empeorarlas (Teran Mantovani, 2016b). De las cuatro áreas donde se han registrado mayores avances para este desarrollo industrial minero se cuentan el área 4 (principalmente oro) y el área 1, basada principalmente en la extracción de coltán y donde se ubica este conflicto, aunque no abarca el estado Amazonas. Para esta área, el 8 de noviembre de 2016 se crearon oficialmente las empresas mixtas mineras ‘ecosocialistas’ Parguaza, S.A. (Decreto N° 2.539), Oro Azul, S.A. (Decreto N° 2.540) y Metales del Sur, S.A. (Decreto N° 2.538) adscritas al Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico (Gaceta Oficial No. 41.026, 2016). A la empresa mixta Parguaza (Estado venezolano 55%, Corporación Faoz 45%) se le asignaron en diciembre de 2016 10.201 hectáreas de terreno en el municipio Cedeño (Ramírez, 2017), en ese mismo mes se inaugura su campamento y en septiembre de 2017 logra producir la primera tonelada de coltán (GV/AVN, 2017). A Oro Azul le fueron asignadas 8.159 hectáreas también en este municipio. COIAM y ORPIA han manifestado públicamente su preocupación tanto por los efectos de la minería ilegal como del propio proyecto del Arco Minero del Orinoco que, a su juicio, pone en riesgo las reservas de agua más importantes del país y a la población indígena y no indígena en general (ORPIA y COIAM, 2017). El Gobierno Nacional se ha movilizado intensamente para buscar aceptación y consenso entre los indígenas de la zona respecto al proyecto, gestionando declaraciones públicas entre el ministerio de ‘Minería Ecológica’ e integrantes de los pueblos originarios. Se han señalado diversos mecanismos de cooptación y presiones a los indígenas para avalar el Arco Minero. Por un lado, en una visita a la zona de Parguaza el 9 de septiembre de 2017 por parte del ministro para el Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, y la ministra para los Pueblos Indígenas, Yamilet Mirabal, el capitán piaroa del sector, Jorge Bocuy, expresó que los pueblos indígenas le decían que sí a la empresa mixta minera ‘Parguaza’ y apoyaban el Motor Minero (Minpi, 2017). Por otro lado, ya en febrero de 2017, comunidades y caseríos piaroa de las riberas del río Parguaza habían enviado un vocero con varios integrantes de la etnia a la Asamblea Nacional para rechazar la instalación del campamento de esta empresa mixta y el propio proyecto del Arco Minero del Orinoco. El vocero Franklin Quiñones desmintió que el Gobierno nacional haya obtenido firmas de aprobación de las comunidades piaroa, y planteó que en cambio nadie está de acuerdo con la explotación del coltán a gran escala en Parguaza. Sostuvo también que no desean perder lo que tienen de naturaleza, que ellos también se dedican a la agricultura y la pesca y que no quieren que los desplacen, como ha ocurrido con otros paisanos, perdiendo sus templos ancestrales (Sarmiento, 2017). Dado el valor del coltán en el mercado mundial, la expansión y fortalecimiento de la minería ilegal en Venezuela, los complicados escenarios políticos del país y tomando en cuenta los terribles antecedentes de conflictos provocados por la extracción de este mineral en países como el Congo (Mbuyi, 2010), existe una potencialidad de escalada de este conflicto (Díaz-Struck y Poliszuk, 2012a; Manaka, 2010).

Alternativas propuestas


Más allá de la exigencia a la demarcación y titulación de tierras indígenas, no se registra una sistematización de alternativas por parte de los grupos movilizados.

¿Considera Ud. que se ha alcanzado la justicia ambiental en este caso? (Si o No)


No

Explique por qué


Por un lado, sigue avanzando la minería ilegal no solo en la zona que se hace referencia en este caso, sino en todo el estado Bolívar y Amazonas. No se ha podido enfrentar este problema y queda abierta la pregunta sobre la capacidad y voluntad política del gobierno nacional para hacerlo. Por otro lado, la propuesta oficial para impulsar un mega-proyecto de minería a cielo abierto, antes que solucionar el problema, magnifica los impactos socio-ambientales provenientes de una actividad extractiva de este tipo. Queda abierta la interrogante acerca de la capacidad que tengan los indígenas organizados para resistir el avance de la minería en sus territorios.

Leyes_decretos_legislaciones_y_recursos_jurídicos_relacionados_con_el_caso

  • Link: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
  • MINCI

  • Link: Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas
  • www.cbd.int

  • Link: Ley Orgánica del ambiente
  • Scribd

  • Link: Ley Penal del Ambiente - 2012
  • derechos.org

  • Link: Decreto 2.248 sobre la creación de una Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)
  • Gaceta Oficial 40.855

  • Link: Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 41.026. 8 de noviembre de 2016.
  • juris-line.com

  • Link: Expediente XP01-P-2012-000491. Tribunal Penal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Amazonas. Puerto Ayacucho, 2 de Febrero de 2012
  • Tribunal Supremo de Justicia - TSJ (2012)

    Artículos

  • Link: Informe presidencial: Reservas de Coltán en Venezuela podrían valer 100 mil millones de dólares.
  • Agencia Bolivariana de Noticias ABN - Aporrea (2010)

  • Link: Piaroa Leaders Assert their Peacefulness. College of Arts and Sciences.
  • Bonta, Bruce (2013).

  • Link: Venezuela proyecta explotación de Coltán al Sur del Orinoco.
  • Correo del Orinoco (2010)

  • Link: Buhoneros del coltán.
  • Díaz-Struck, Emilia. Poliszuk, Joseph (2012a)

  • Link: Venezuela emerges as new source of ‘conflict’ minerals. ICIJ
  • Díaz-Struck, Emilia. Poliszuk, Joseph (2012b)

  • Link: Merentes revela que roban por sacos el coltán, una fortuna de $100.000 millones.
  • El Estímulo (2016)

  • Link: Aumenta explotación ilegal de Coltán.
  • El Mundo (2017)

  • Link: Denuncian explotación de indígenas en extracción de coltán
  • El Nacional (2010)

  • Link: Hallan en Venezuela reservas de mineral coltán usado en electrónica
  • El Universal (2009)

  • Link: La guerrilla tras el coltán
  • El Universal (2015)

  • Link: Pronunciamiento del Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas-ULA ante el vil asesinato del dirigente indígena del Pueblo Uwottuja de Amazonas, Venezuela, Freddy Menare. Provea.
  • GTAI - Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (2017)

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  • Laboratorio de Paz (2014)

  • Link: El boom del Coltán y el exterminio de los pueblos indígenas
  • Manaka Infante, Linda (2010)

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  • Torres, Gabriela (2010)

    Autor(es) o contribuidor(es) de esta ficha


    Observatorio de Ecología Política de Venezuela

    Última fecha de actualización de esta ficha


    27-9-2017