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Detalles

Indígenas arawaks del sur afectados por minería ilegal en la cuenca del río Atabapo

PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE ORIGINA EL CONFLICTO:

Extracción Minera

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO:

Indígenas arawaks del sur sufren las consecuencias de la minería ilegal y la contaminación con mercurio en el río Atabapo, una frontera caliente disputada por grupos armados, mineros, redes de contrabando y fuerzas militares. Los indígenas son apoyados por varias organizaciones amazónicas.

IDENTIFICADOR DE CASO:

1018

FECHA APROXIMADA DE INICIO DEL CONFLICTO

01/2013

UBICACIÓN:

Cuenca del río Atabapo, municipios Maroa y Atabapo, estado Amazonas



Ubicación del proyecto (localidad, municipio y estado del país)


Se han señalado varios puntos sensibles que se encuentran ubicados en la frontera con Colombia como lo son la confluencia del río Atacavi con el pueblo de Cacahual (Colombia), la boca del Caño Caname, caño Ucaquén, Sabanita y Pintado (Iribertegui, 2014a). El indígena kurripaco Rafael Camico señaló que desde Sabanita hasta Santa Cruz se está ejerciendo la minería ilegal contaminando el rio Atabapo y deteriorando la vegetación y fauna del Amazonas (Waka Noticias, 2017). Respecto al coltán, el Gobierno nacional ha admitido que están extrayéndolo por sacos en varias regiones del sur (El Estímulo, 2016). Cabe resaltar que San Fernando de Atabapo es la puerta de entrada al interior de Amazonas a través de los ríos Atabapo y Orinoco, la frontera Internacional que viene por el Orinoco desde Puerto Ayacucho, punto clave de tránsito comercial y representa la entrada y salida de las minas que están en el río Orinoco (Autores Varios, 2016).

Área del proyecto


No estimada

Tipo de población


Indígena

Resumen del caso


El estado Amazonas, una zona con una rica y frágil diversidad, importantes reservas de recursos estratégicos y hogar de más de 19 pueblos indígenas, está sufriendo en los últimos años un auge de la minería ilegal en varias de las áreas de su jurisdicción. Se ha estimado la existencia de 63 asentamientos mineros ilegales en el estado, así como la presencia de entre 8 a 12 mil personas involucradas en las minas (Faría 2017; Autores Varios, 2016). Una de las áreas afectadas es la zona occidental fronteriza con Colombia, la cual es una zona caliente donde existen minerales de importancia, un intensa dinámica transfronteriza, disputas territoriales e incursiones de grupos armados irregulares (Hernández-Mora, 2015), así como economías de contrabando. Pero además es el territorio de los pueblos arawaks del sur, entre los que se cuentan los kurripacos, baniva y puanibe. La creciente presencia de mineros, que provienen principalmente de países como Colombia y Brasil, ha sido denunciada por pueblos indígenas de la zona, quienes señalan que esta actividad, que emplea maquinarias, está generando importantes impactos socio-ambientales en sus territorios y comunidades, tales como contaminación de las aguas de los ríos y caños con mercurio y otras sustancias tóxicas; desviación de ríos y alteración de ecosistemas fluviales; deforestación; muerte de peces y afectación de las fuentes de alimento de las comunidades; enfermedades de diverso tipo e intoxicaciones por la ingesta de aguas y peces contaminados, con algunas muertes de niños y adultos; amenazas y agresiones por parte de mineros, grupos armados y funcionarios militares; sobre explotación del trabajo indígena; actividades ilegales como el contrabando y la prostitución; así como el desplazamiento de integrantes de estos pueblos originarios. Indígenas kurripaco y baniva han realizado numerosos reclamos y peticiones, muchos canalizados por las instituciones formales, solicitando soluciones ante la problemática. Agrupaciones de organizaciones indígenas del estado Amazonas como Coiam y Orpia impulsan sus reclamos y los llevan a instancias mayores, llamando la atención incluso al Presidente de la República. Pocas soluciones han podido ser ofrecidas. Las políticas estatales han fracasado, en una dinámica especialmente compleja debido a la intrincada trama de actores que se desarrolla en esta zona fronteriza, siendo un problema de orden binacional en la cual además de oro y diamantes, está involucrado un mineral como el coltán. La crisis que actualmente se vive en Venezuela obstaculiza aún más las posibilidades de canalizar institucionalmente las resoluciones a la problemática. Las agrupaciones de los pueblos originarios de todo Amazonas permanecen unidas, ante escenarios futuros que podrían complicar aún más la situación.

Otras actividades económicas involucradas


No se registran

Commodities o recursos naturales involucrados


• Oro • Diamantes • Coltán

Resumen y descripción del proyecto


Este es un caso de conflicto por minería ilegal, por lo cual no existe un proyecto formal. La minería que se practica es de tipo aluvial, con empleo de máquinas motobombas y embarcaciones con máquinas chupadoras, que dragan de las aguas de los ríos para la extracción de oro (Coiam, 2014; Orpia y Coiam, 2016). Se registra la presencia de mineros, en su gran mayoría extranjeros provenientes de Colombia y Brasil (los denominados “garimpeiros”). No fueron halladas estimaciones de la cantidad de mineros en esta zona (Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho, 2010). Diversas estimaciones indican la existencia de entre 18 balsas mineras –como lo ha señalado el gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla (@LiborioGuarulla)– hasta 24 (Iribertegui, 2014b; Molina, 2015). Según informe de la Guardia Nacional Bolivariana de 2015, el comando tiene conocimiento de la presencia de columnas guerrilleras entre los sectores de San Fernando de Atabapo y Santa Bárbara del Orinoco, realizando labores de explotación de oro y coltán (Molina, 2015). El Obispo de Puerto Ayacucho también ha denunciado esto (Noguera, 2015). Se ha señalado también la presencia de algunos indígenas en la actividad de la minería ilegal (Iribertegui, 2014a). A su vez, se ha indicado que las fuerzas militares en la zona no ejercen el control adecuado, lo que genera impunidad para la actividad minera, existiendo complicidad en varios casos (Díaz-struck & Poliszuk, 2012; Narbaiza, 2016). Por último se indica la presencia de redes delincuenciales que surten de insumo y facilitan las operaciones a la minería (Iribertegui, 2014b).

Empresas privadas nacionales e internacionales involucradas


No aplica

Actores gubernamentales y compañías nacionales relevantes


• Gobernación del estado Amazonas. • Alcaldía del municipio Maroa. • Alcaldía del municipio Atabapo. • Vicepresidente Ejecutivo • Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas • Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas. Dirección estatal de Bolívar • Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores, Justicia y Paz • Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en especial la Región de Defensa Integral Guayana (REDI-Guayana) y el ZODI Amazonas. Desde este sector se han impulsado varios planes para la erradicación de la minería ilegal en estos territorios. Destacamos el Plan Yapacana 2004-2005; Plan Estratégico Nacional de Defensa, Desarrollo y Consolidación del Sur; “Misión Piar” (2005) y política de la “Reconversión Minera” (2006); Operación “Oro Azul” en 2010; Plan Caura desde 2010. • Comisión Presidencial para la Protección, el Desarrollo y la Promoción Integral de la Actividad Minera Lícita en la Región Guayana

Instituciones Internacionales y Financieras involucradas


No aplica

Nivel de las inversiones (en US$ o en Bs.)


Desconocido

Estatus actual del Proyecto


Operando

Población afectada


Los pueblos indígenas arawaks del sur, que habitan en la frontera occidental del Amazonas con Colombia, entre los que se cuentan el pueblo kurripaco, baniva y puinave. A partir de los resultados del censo de población indígena (INE, n.d.) puede estimarse el impacto potencial a unas 10.000 personas.

Fecha aproximada de inicio de las movilizaciones


El conflicto entra a una nueva escala a partir de 2013, cuando comienza a incrementarse la actividad minera en el cauce del río Atabapo (Coiam, 2014).

Cronología y detalles de las movilizaciones


Entre las organizaciones que confluyen en la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de Amazonas (COIAM) se puede destacar la Organización Kurripaco, Baniba, Warekena y Yeral del Guainía, Río Negro y Atabapo (KUBAWY). Según COIAM, la propia población de San Fernando de Atabapo ha venido denunciando la minería ilegal en el cauce del río Atabapo y en toda la zona cercana al Parque Nacional Yapacana (Coiam, 2014). El pueblo baniva a través de la Asociación de Pueblos Indígenas de Venezuela APIVEN ha solicitado la intervención de la Gobernación del estado Amazonas para combatir la presencia de grupos que explotan la minería de coltán, al tiempo que han elevado petición para implementar la demarcación y titulación de sus tierras ancestrales (Manaka, 2010a). Integrantes de la Red de Defensa Indígena y representantes de la etnia Baré destacaron que se han realizado mesas de trabajo conjuntas y se han presentado informes sobre el problema ante la Defensoría del Pueblo. De no ser escuchados, advierten que acudirán a instancias nacionales (Faría, 2017). Varios representantes indígenas de los distintos municipios de Amazonas se han unido para hacer que se respete la autonomía de los pueblos originarios, los derechos fundamentales de esas comunidades y también que se defienda la naturaleza. Coiam (2014) ha realizado varios pronunciamientos sobre el problema de la minería ilegal en esta entidad, haciendo llamados específicos a tomar medidas para enfrentar este flagelo en el municipio Atabapo, y denunciando la falta de presencia del Estado y la insuficiencia de políticas para enfrentar el problema. Han sido impulsados pronunciamientos conjuntos de las agrupaciones indígenas de todo el estado Amazonas como Orpia, Conive y Coiam, llevando también denuncias a la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, Vicepresidencia de la República, Ministerio de Pueblos Indígenas, Ministerio de la Defensa, Alto Mando Militar de la zona y al Tribunal Supremo de Justicia. Otras organizaciones e instituciones que han acompañado estas demandas son Laboratorio de Paz, el Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho y sus publicaciones críticas a través de la Revista La Iglesia en Amazonas, la Red de Defensores de Derechos Humanos Indígenas y de la Naturaleza del estado Amazonas y la oficina de Derechos Humanos de Puerto Ayacucho.

Algunas acciones, reclamos y peticiones de los grupos movilizados


Organizaciones indígenas del Amazonas han exhortado a las autoridades civiles y militares para que tomen medidas urgentes destinadas a controlar la creciente minería ilegal en el río Atabapo, mediante acciones bilaterales con Colombia, y acciones de vigilancia y control permanente en todo el bajo Ventuari y el Yapacana (Coiam, 2014). Del mismo modo, se solicita adelantar políticas integrales para enfrentar el problema. También exigen que se debe reanudar el proceso de demarcación de tierras ancestrales para así garantizar sus derechos territoriales. Representantes indígenas han también reclamado el cese de la violación a su derecho a recibir combustible, pues los mineros suelen conseguirlo con facilidad, pero para estas comunidades no ha sido así, y es primordial para el desplazamiento fluvial hacia Puerto Ayacucho y para alimentar las máquinas y plantas eléctricas en las zonas que habitan (Faría, 2017).

Intensidad del conflicto


Media (con protestas en la calle y movilización visible)

¿Este conflicto ha terminado?


No

Impactos ambientales


Habitantes de San Fernando de Atabapo, así como organizaciones indígenas del Amazonas han denunciado la contaminación de las aguas del río con mercurio y otras sustancias tóxicas, así como la alteración del ecosistema fluvial en general, incluyendo la vida de numerosos peces (Coiam, 2014; Iribertegui, 2014a; Laboratorios de Paz & Ramírez, 2016; Manaka, 2010a). Estos grupos plantean que con la gran afluencia de peces hacia la costa la contaminación con mercurio trascenderá por mucho las fronteras de donde se produce la contaminación (Autores Varios, 2016). También se cuentan entre los impactos ambientales la deforestación, la potencial pérdida de biodiversidad, la desviación del curso de las aguas de ríos y caños, procesos de sedimentación y la afectación de numerosos ecosistemas amazónicos (Orpia y Coiam, 2016). Se denuncia que las toninas han huido del pozo de Chamuchina, y que algunas han sido encontradas envenenadas. También se ha señalado que playas conocidas por los atabapeños, como Guanare y Sapo, desaparecieron, pues el fondo fluvial ha sido trastocado y removido, con consecuencias ecológicas de destrucción de la microflora del mismo, lo cual impactará negativamente en la riqueza tradicional de vida piscícola de ese río (Autores Varios, 2016).

Impactos en la salud


Organizaciones de derechos humanos como Laboratorios de Paz han denunciado que en 2015 han muerto al menos cuatro niños indígenas en el municipio Atabapo, producto de la contaminación del agua por mercurio, la proliferación de epidemias como malaria y dengue sin que haya intervención oportuna por parte del Ministerio de Salud (Laboratorios de Paz & Ramírez, 2016). Indígenas baniva han denunciado un fenómeno similar relacionado a la minería de coltán (Manaka, 2010a, 2010b). En el caso específico de la malaria, desde hace ocho años se ha recrudecido esta enfermedad en Atabapo, siendo que la mayoría de infectados son personas que trabajan en las minas (Vitti, 2017). Respecto al paludismo, el Coordinador General de ORPIA, Gregorio Mirabal, afirmó en noviembre de 2016 que solo en la capital del municipio Atabapo se registran dos mil casos, como consecuencia de la minería ilegal (@gregoriomirabal).

Impactos socio-económicos y culturales


Al contaminarse los peces con mercurio, se ha afectado la fuente de alimento de las comunidades indígenas de las riberas del río, así como de los pobladores de San Fernando de Atabapo (Coiam, 2014). Se ha denunciado que esta situación obliga al desplazamiento de los pueblos originarios, lo cual genera fuertes impactos a sus patrones culturales y sus figuras de organización comunitaria (Manaka, 2010b), y estimula su adhesión a las actividades mineras. Los pueblos indígenas arawaks del sur habitan en zonas fronterizas y se han visto gravemente afectados por el conflicto armado que ha vivido Colombia y sus vínculos con la actividad minera ilegal, lo cual se ha agravado en los últimos años (Manaka, 2010b). Organizaciones indígenas denuncian que líderes del pueblo kurripaco han sido amenazados por llevar adelante denuncias contra esta actividad extractiva (Laboratorios de Paz & Ramírez, 2016). A raíz del Plan Oro Azul impulsado por el Gobierno nacional desde 2010 para combatir la actividad minera ilegal, se ha impulsado una militarización de varias de estas zonas fronterizas, lo cual ha tenido consecuencias para los indígenas, en los términos de impedirles el acceso a muchos de sus lugares sagrados, además de agresiones hacia los miembros de la comunidad (Manaka, 2010a). Se han denunciado procesos de sobre explotación del trabajo de los indígenas y el reclutamiento de niños para hacer parte de grupos armados irregulares (Manaka, 2010a, 2010b). Otras actividades ilegales han crecido, tales como el contrabando de productos nacionales, tráfico de combustible, tráfico de sustancias prohibidas, prostitución y trata de blancas (Coiam, 2014). .

Resultados y respuestas ante el conflicto


Las numerosas políticas impulsadas por el Gobierno nacional respecto al problema de la minería ilegal en la región han fracasado. Se siguen dilatando sus soluciones, lo que está provocando que siga en aumento la presencia de mineros ilegales y grupos armados que van ocupando progresivamente más territorios (Laboratorios de Paz & Ramírez, 2016). A pesar de que se han anunciado operativos militares contra la minería ilegal en los ejes fluviales del río Atabapo y el caño Caname y el desmantelamiento de campamentos mineros (El Informador, 2017), la Red de Defensores indígenas, la oficina de Derechos Humanos de Puerto Ayacucho junto a la Red de Defensores de Derechos Humanos Indígenas y de la Naturaleza del estado Amazonas han señalado en 2017 que existen evidencias de que la minería ilegal en la zona continúa creciendo (Faría, 2017). Complejas relaciones de poder y grupos de interés interfieren en la construcción de alternativas a este problema. Persisten los daños ambientales y las agresiones a los pueblos indígenas, quienes además no se sienten protegidos por las fuerzas militares presentes en Amazonas. El Estado venezolano ha desatendido las reivindicaciones constitucionales de los pueblos indígenas y luego de 18 años de promulgarse la Constitución de 1999, aún no se demarcan y asignan la gran mayoría de sus tierras ancestrales, ni tampoco se realizan consultas previas antes de impulsar diversos proyectos de desarrollo. El proyecto del “Arco Minero del Orinoco”, un plan de impulso a la megaminería en una larga franja al norte del estado Bolívar, ha sido presentado al país como un mecanismo para formalizar la actividad minera. Las grandes dimensiones del proyecto tendrá impactos también en el estado Amazonas, por lo que las organizaciones indígenas de la entidad se han pronunciado en contra de dicho proyecto (Provea, 2016).

Alternativas propuestas


Organizaciones ambientalistas como la Red Ara han presentado una serie de propuestas en lo que respecta a una gestión de salud pública para remediar el problema de la contaminación por mercurio, planteando medidas de vigilancia y control ambiental, educación ambiental, políticas de financiamiento de otras actividades productivas, entre otras (Red Ara, 2013).

¿Considera Ud. que se ha alcanzado la justicia ambiental en este caso? (Si o No)


No

Explique por qué


Las peticiones y reclamos formulados por los pueblos arawaks del sur, en conjunto con el resto de las organizaciones del estado Amazonas, siguen sin ser atendidas y en cambio el problema de la minería ilegal y sus consecuencias socio-ambientales parecen agravarse. El Estado venezolano no parece dispuesto o en capacidad para reivindicar a estos pueblos indígenas, sea por la insuficiencia de sus medidas, por la falta de voluntad política o por la merma de su control territorial en zonas tan delicadas como la Amazonía. La crisis generalizada en el país obstaculiza soluciones de carácter institucional. Por otro lado, el conjunto de políticas regresivas que está impulsando el Gobierno nacional apuntan a una expansión de proyectos mineros y de ‘desarrollo’ que podrían vulnerar aún más las posibilidades de mejorar la situación territorial de estas comunidades. La plataforma de organizaciones indígenas del Amazonas apoya e impulsa las luchas localizadas de los pueblos arawaks del sur. Sin embargo, los actores foráneos que ingresan en sus tierras tienen capacidad para ejercer violencia en las disputas por los territorios y recursos.

Leyes_decretos_legislaciones_y_recursos_jurídicos_relacionados_con_el_caso

  • Link: Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
  • MINCI

  • Link: Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas
  • www.cbd.int

  • Link: Ley Orgánica del ambiente
  • Scribd

  • Link: Ley Penal del Ambiente - 2012
  • derechos.org

    Artículos

  • Link: Informe que presentan personas y organismos representativos del estado Amazonas sobre la corrupción militar en la zona. Laboratorios de Paz.
  • Autores Varios (2016)

  • Link: Comunicado de la Coordinadora de organizaciones indígenas de Amazonas ( COIAM ) sobre la minería ilegal en el municipio Atabapo.
  • Coiam. (2014)

  • Link: Buhoneros del coltán
  • Díaz-struck, E., & Poliszuk, J. (2012)

  • Link: Merentes revela que roban por sacos el coltán, una fortuna de $100.000 millones
  • El Estímulo. (2016)

  • Link: Ejército desmanteló campamento minero en Amazonas y detuvo a nueve personas.
  • El Informador (2017)

  • Link: 63 minas ilegales destruyen el territorio de Amazonas. El Pitazo.
  • Faría L., Nancy (2017)

  • Link: @gregoriomirabal. Cuenta de Twitter
  • Gregorio Mirabal

  • Link: No es solo oro lo que brilla en Guainía
  • Hernández-Mora, S. (2015)

  • Link: Resultados población indígena
  • INE. (n.d.)

  • Link: ¡¡¡Salvemos el Atabapo!!! La Guarura
  • Iribertegui, R. (2014a).

  • Link: Destruyendo al Atabapo
  • Iribertegui, R. (2014b)

  • Link: Indígenas de Amazonas piden reunión con presidente Maduro ante escalada de minería ilegal
  • Laboratorios de Paz, & Ramírez, M. (2016)

  • Link: @LiborioGuarulla. Twitter Oficial del Gobernador del Estado Amazonas, Indígena nativo del Municipio Maroa Pueblo Baniva
  • Liborio Guarulla

  • Link: El boom del Coltán y el exterminio de los pueblos indígenas. Derecho Y Pluralismo
  • Manaka, L. (2010a)

  • Link: Pueblo Indígena Baniva en riesgo de desaparecer. Derecho Y Pluralismo
  • Manaka, L. (2010b)

  • Link: Denuncian que las FARC explotan oro y coltán en el sur de Venezuela
  • Molina, T. (2015)

  • Link: A propósito de Tumeremo, la minería ilegal en Amazonas, cómo llegamos a ésto
  • Narbaiza, Í. (2016)

  • Link: Derechos Humanos en Amazonas. Archivo de audio
  • Noguera, J. (2015)

  • Link: Organizaciones Indígenas de Amazonas solicitan al Presidente Nicolás Maduro tomar medidas contra la minería ilegal en la región.
  • Orpia y Coiam. (2016)

  • Link: La Contaminación por mercurio en la Guayana Venezolana : Una propuesta de Diálogo para la acción
  • Red Ara. (2013)

  • Link: La Minería en el Estado Amazonas. Derechos Humanos Amazonas
  • Vicariato Apostólico de Puerto Ayacucho. (2010)

  • Link: La malaria se esparce en el remoto Amazonas. Armando Info.
  • Vitti, Minerva (2017)

  • Link: Denuncia minería ilegal en el rio Atabapo.
  • Waka Noticias (2017)

    Autor(es) o contribuidor(es) de esta ficha


    Observatorio de Ecología Política de Venezuela

    Última fecha de actualización de esta ficha


    28-9-2017