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Detalles

Las luchas de las comunidades campesinas de Ospino contra las plantaciones de eucalipto, estado Portuguesa (Smurfitt Kappa Cartón de Venezuela)

PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE ORIGINA EL CONFLICTO:

Agropecuaria, Biomasa y Tierras

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO:

Campesinos del municipio Ospino (Portuguesa) llevan adelante una intensa lucha contra la transnacional Smurfit, que ha avanzado con plantaciones industriales de eucalipto en sus territorios. El Gobierno nacional realiza una serie de expropiaciones a la empresa, lo que materializa reivindicaciones de los pobladores locales. Aún muchas plantaciones de Smurfit se mantienen y existen dificultades para mantener y materializar los nuevos proyectos agroproductivos propuestos para las tierras recuperadas.

IDENTIFICADOR DE CASO:

1030

FECHA APROXIMADA DE INICIO DEL CONFLICTO

1997

UBICACIÓN:

Las principales movilizaciones se han producido en comunidades campesinas del municipio Ospina del estado Portuguesa, fundamentalmente en Morador y Tierra Buena, y en torno a la finca ‘La Productora’ en el municipio Guanare



Ubicación del proyecto (localidad, municipio y estado del país)


Las plantaciones se ubican en su mayoría en el municipio Ospino, y en segundo lugar en Acarigua

Área del proyecto


La empresa Smurfit poseía antes de las expropiaciones, unas 27.000 hectáreas en el estado Portuguesa. En el Gobierno de Hugo Chávez se recuperaron entre 8.000 hectáreas –2900 has. de la finca ‘La Productora’– (Loyo, 2017) a unas 12.000 (AVN, 2011b; Parili, 2015), lo que dejaba a la corporación con unas 15.000 a 19.000 has. de plantaciones y bosques (reservas).

Tipo de población


Rural

Resumen del caso


El estado Portuguesa ha sido considerado el ‘granero de Venezuela’, debido a su notable producción agrícola, en comparación con el resto de los estados del país; al mismo tiempo, se caracteriza por ser una de las regiones con mayores niveles de organización campesina. La actividad industrial de plantaciones de pino y eucalipto han tenido una importante presencia en tierras venezolanas, principalmente en la región oriental (estados Anzoátegui y Monagas) y en segundo lugar en los llanos occidentales (estados Guárico, Portuguesa, Yaracuy, Cojedes y Lara).
El eucalipto es la segunda plantación forestal en términos de producción en Venezuela y el estado Portuguesa es el tercer estado con mayor producción acumulada (Minea, 2015).
La empresa irlandesa Smurfit, una de las más importantes corporaciones transnacionales del mundo en lo que respecta a la producción de papel y cartones, ha desarrollado en el occidente del país miles de hectáreas plantadas con eucalipto, pino y melina, teniendo mayor presencia en Portuguesa, donde posee una división forestal. Sus operaciones han generado severas repercusiones territoriales en la medida en que han afectado y limitado el acceso a la tierra y las fuentes de alimento de las comunidades campesinas locales; han impactado negativamente en los acuíferos de la zona, en la flora y fauna; han llegado intervenir y deforestar ilegalmente en los bosques nativos; y han generado violaciones de los derechos de los campesinos en sus territorios; entre otros efectos (AVN, 2011b). Tienen además actuaciones polémicas en otras partes del mundo, como los Estados Unidos (Ohio y Oregon), Colombia y la propia Irlanda (Amigransa, 2004).
El conflicto detona en 1997, cuando Smurfit adquiere la hacienda ‘La Productora’ para la plantación de eucalipto, misma que había estado dedicada anteriormente a la producción agrícola y la cría de ganado, y que las comunidades campesinas de Morador y Tierra Buena esperaban que se les adjudicara. La entrada de Smurfit en esa finca supuso una serie de impactos directos que provocaron la respuesta no sólo de los pobladores locales, sino también de grupos ambientalistas, organizaciones religiosas, estudiantes y organizaciones internacionales, los cuales se movilizaron y comenzaron a plantar resistencia mediante diferentes métodos. Los niveles de la confrontación con la empresa llegaron a altos grados de intensidad.
Las luchas de los grupos campesinos de comunidades del municipio Ospino se mantuvieron en el tiempo, y la empresa no logró doblegarlos. Con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de la Republica en 1999, los movimientos campesinos ven una posibilidad de que sus demandas sean atendidas. En este sentido, y a raíz de las presiones y movilizaciones de estos pobladores locales y las organizaciones aliadas con sus luchas, se van desarrollando posiciones cada vez más cercanas del Gobierno nacional con esta causa. Todo este proceso deviene en un período de expropiaciones a la empresa Smurfit que se inicia en 2007, incluyendo la hacienda La Productora, que sería otorgada a los campesinos para el desarrollo de proyectos agroproductivos en el marco del proyecto del Socialismo del Siglo XXI.
La recuperación y entrega de tierras a campesinos organizados ha implicado logros para los movimientos de justicia ambiental y social. Por otro lado, continúan produciéndose ocupaciones de estos productores locales para recuperar nuevas tierras en posesión de la empresa. Sin embargo, persisten otras plantaciones de eucalipto de Smurfit en Portuguesa, al tiempo que severos obstáculos y dilaciones se han presentado en términos de la conclusión de la titulación y regularización de la tenencia de la tierra, el avance de los proyectos agroproductivos y la atención a la demanda de recuperación de nuevas tierras.
El contexto actual de crisis en Venezuela plantea grandes obstáculos para las luchas actuales de los campesinos. Este conflicto es el reflejo de la incompatibilidad de dos modelos productivos: el del agronegocio de monocultivos a gran escala y el campesino diverso y a pequeña y mediana escala (WRM, 2009).

Otras actividades económicas involucradas

 


  • Aserraderos, transformación en galpones e industrias
  • Plantas recolectoras de fibras
  • Plantas procesadoras de fibras
  • Fábricas de papel y cartones

Commodities o recursos naturales involucrados


• Madera
• Eucalipto
• Pino
• Celulosa

Resumen y descripción del proyecto


Smurfit Kappa Cartón de Venezuela, filial de Smurfit Kappa Group, comienza operaciones en el país en 1954, dedicada a la fabricación de embalajes elaborados con papel. Desde 1981 se crea la División Forestal, con sede en Acarigua (estado Portuguesa) con el fin de abastecer de materia prima al molino de San Felipe para la fabricación de papel y cartones. Las especies plantadas son Eucaliptus sp., Acacia mangium y Melina arborea con turnos de seis (06) años y con un rendimiento de 25 M 3 /ha/año. Además del molino de San Felipe, se cuentan un molino fabricante de cartulina, un molino fabricante de especialidades, 15 plantas recolectoras de fibras, 3 plantas corrugadoras y 2501 Empleados (Smurfit Kappa, 2017; Minea, 2015). La empresa Smurfit afirma que en Venezuela son dueños de aproximadamente 35.000 hectáreas, en Lara y Cojedes, además de Portuguesa (Smurfit Kappa, 2013). De este total, 21.000 hectáreas son plantaciones comerciales –aunque el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas plantea que la superficie plantada en el período 2009-2013 es de 25.656,78 hectáreas (Minea, 2015)– y 13000 has. son bosques naturales. Las plantaciones comerciales incluyen 12.600 has. de fibras cortas (eucalipto y melina) mientras 6.400 has. son fibras largas de pino (Smurfit Kappa, 2013). En 1997, Smurfit adquirió la hacienda ‘La Productora’ (2.900 hectáreas), que hasta ese momento había estado dedicada a la producción agrícola comercial y a la cría de ganado. Los campesinos de Morador y Tierra Buena habían estado esperando que se les adjudicaran estas tierras (WRM, 1998). A partir de 2007, en el Gobierno de Hugo Chávez se recuperaron por la vía de expropiaciones unas 8.000 a 12.000 hectáreas, lo cual fue canalizado a través del Instituto Nacional de Tierras (Inti). En este proceso, destaca la recuperación de ‘La Productora’, declarándola superficie infrautilizada. El total de producción de plantas de eucalipto por parte de la empresa en el período 2009-2013 fue de 360.000 en 2009, 243.600 en 2010, 502.800 en 2011, 588.000 en 2012 y 569.443 en 2013, para un total de 2.263.843 (Minea, 2015). La producción de papel y cartón cubre el 50% de las necesidades nacionales.

Empresas privadas nacionales e internacionales involucradas


Smurfit Kappa Cartón de Venezuela (filial de Smurfit Kappa Group - Irlanda)

Actores gubernamentales y compañías nacionales relevantes


Ministerio del Poder Popular para la Agricultura Productiva y Tierras. Antiguo Ministerio de Agricultura y Tierras.Presidente de la República, Hugo Chávez Gobernación del estado Portuguesa Alcaldía de Ospino Instituto Nacional de Tierras

 

Instituciones Internacionales y Financieras involucradas


No existen

Nivel de las inversiones (en US$ o en Bs.)


Desconocida

Estatus actual del Proyecto


Operando

Población afectada


Población campesina, principalmente la de Ospino. La población total de los municipios Ospino y Páez es de 49.228 y 177.175 personas respectivamente, según el Censo 2011 (Ine, 2014), lo que totaliza 226.403 habitantes

Fecha aproximada de inicio de las movilizaciones


1997

Cronología y detalles de las movilizaciones


Los campesinos del municipio Ospino, principalmente los de los poblados de Morador y Tierra Buena, llevan adelante una intensa lucha contra la transnacional Smurfit, que comienza en la década de los años 90 con diversos tipos de acciones y pronunciamientos para recuperar las tierras agrícolas que ocupan las plantaciones de pino, eucaliptos y melinas y su expansión en la hacienda ‘La Productora’. En 1997 se conformaban comités de dotación de tierras. El 14 de julio de ese año, las comunidades campesinas realizan la acción más emblemática de su lucha al ocupar esta hacienda como forma de presión y para evitar que se siguieran plantando este tipo de árboles, así como generar un diálogo con las autoridades para que se les asignara parte de dichas tierras para ser cultivadas por ellos. Para esta acción se amparaban en la legislación venezolana que prohíbe la existencia de latifundios y prioriza la asignación de tierras agrícolas. Los campesinos afectaron cientos de hectáreas de plantaciones, lo que generó posteriormente una brutal represión por parte de la Guardia Nacional (Amigransa, 2004; WRM, 2009), enviada por el entonces gobernador del estado Portuguesa, Iván Colmenares (en el gobierno del presidente Rafael Caldera). Cientos de campesinos y campesinas, mujeres y niños fueron apaleados, pateados, baleados, y arrestados; varios hogares allanados ilegalmente, así como amenazas a familias que se han negado venderle sus tierras a la multinacional (Autores Varios, 1998). Esta respuesta es aún recordada por la comunidad.
Las luchas campesinas se organizaron desde sus inicios como una coalición amplia de actores que fueron acompañando a los pobladores locales, los cuales articulaban el Comité de tierras de El Morador, la Junta de vecinos, el sindicato agrícola de Tierra Buena, el Grupo Ambiental Morador, el Comité Ambiental Ospino, junto a Venezuela Alternativa, organizaciones ecologistas como Amigransa, organizaciones religiosas, organizaciones internacionales como World Forest Movement o incluso personalidades de la política nacional como el ex-guerrillero Douglas Bravo o ‘la negra’ Antonia Muñoz, quien posteriormente llegaría a ser gobernadora de la entidad.
En estas luchas se han producido varios enfrentamientos entre la empresa y los pobladores locales. En enero de 1999, se registra la interrupción del tránsito y la retención de doce camiones de la empresa que llevaban maderas del bosque tropical hacia la planta industrial, lo cual es ilegal y desató esta protesta que se hizo en conjunto con estudiantes y ambientalistas (Provea, 1999; WRM, 1999a). Los campesinos han acusado a la empresa de comprar conciencias y sobornar autoridades para lograr sus objetivos. Al calor de sus movilizaciones, fueron también elaborando un plan nacional de divulgación y apoyo de las mismas; solicitan a la Fiscalía General de la República el nombramiento de un fiscal especial para que investigue la violación de los derechos humanos de estas poblaciones; convocan a un taller campesino de producción alternativa para oponerse a ‘las prácticas anti-vida del capitalismo salvaje’; y realizan foros públicos con especialistas, para tocar todas estas problemáticas que les afectan.
Amigransa juega un rol importante y apoya a la comunidad en su campaña en la elaboración de documentos, en la organización de los campesinos y en la evaluación de títulos y procesos legales. En 2004 se reunieron con autoridades del estado portuguesa y diputados de la comisión de agricultura para plantearle la problemática (Amigransa, 2004).
Con la llegada de Hugo Chávez a la presidencia de la República en 1999, los movimientos campesinos ven una posibilidad de que sus demandas sean atendidas. La promulgación de la Ley de Tierras de 2001 y el discurso de reivindicación popular de Chávez van generando condiciones para ir vinculando progresivamente las reivindicaciones de la lucha con las políticas del Estado.
En 1999, WRM envía una carta a Chávez y a la Comisión de Medio Ambiente del Senado de Venezuela para expresar preocupación por los perjuicios socio-ambientales generados por las plantaciones de monocultivos de árboles de Smurfit en Portuguesa (WRM, 2009). Muchas personas que participaron y apoyaron la lucha posteriormente pasarían a ocupar cargos en el nuevo gobierno, como Alfredo Torres y familiares de líderes de la Comunidad de Morador (Amigransa, 2004). En 2002, campesinos de Tierra Buena, Morador, Río Caro, El Chigüire, las Mesitas, El Mangal y la Parreña conforman el "Movimiento de Campesinos Sin Tierra 14 de julio" y elaboraron el documento "Propuestas generales para la adquisición y desarrollo de la Finca La Productora" en el cual se enarbolaba una agricultura ecológica organizada en asociaciones de cooperativas y se detallaba un esquema de estrategias para hacer viable el proyecto de recuperación de esas tierras (Amigransa, 2004).
En 2004, los campesinos de Morador y Tierra Buena acordaron crear la Organización Asociación Civil "Comité de Tierras 14 de Julio". Ese mismo año, WRM envía otra carta al presidente Chávez reiterándole la solicitud de apoyo a los campesinos de la zona para llevar a cabo una negociación con Smurfit, en momentos en que parecía que la empresa estaba dispuesta a negociar con éstos (WRM, 2009). Esto último ha sido el resultado de las presiones de las movilizaciones y las posiciones cada vez más cercanas del Gobierno nacional con estas luchas. Smurfit hace saber que está dispuesta a vender la hacienda ‘La Productora’ para resolver el conflicto (Amigransa, 2004). Todo este proceso deviene en un período de expropiaciones que se inicia en 2007 (Loyo, 2017), en el que se registra la recuperación de las más de dos mil hectáreas de la finca La Productora en poder de Smurfit. Se fueron generando roces entre la empresa y el Gobierno nacional y también procesos de ocupación de tierras por parte de los campesinos, como forma de presionar a aquel a que amplíe las recuperaciones, como ha ocurrido en la finca ‘El Hierro’ (Lobatón, 2011). Luego de las conquistas de los pobladores de Morador y Tierra Buena, otras comunidades también solicitan expropiación de tierras para iniciar cambios de uso de la misma, ahora con fin agrícola (Loyo, 2017).
La organización campesina concentró esfuerzos en los proyectos agro-productivos ejecutados en ‘La Productora’ por unos 700 campesinos organizados en 32 cooperativas, en el marco de la creación de “un nuevo sistema de producción social" (WRM, 2009). En este período se hacen visibles formas de organización campesina como el Frente Campesino Juan Hilario, el Consejo Campesino Pedro Pérez Delgado “Maisanta”, el Consejo Campesino La Aparición y el Consejo Campesino Socialista Los Guerreros, junto con otros del estado Portuguesa.
El período de expropiaciones culmina en 2011-2013 con un total de 8.000 a 12.000 hectáreas recuperadas. La modificación de las condiciones políticas y económicas del país genera un nuevo marco para las organizaciones campesinas, ya no tan favorable. Es importante tomar en cuenta que, además de la empresa, los campesinos se han tenido que enfrentar a los empleados de la misma, quienes también han realizado marchas y movilizaciones en defensa de Smurfit y exigiendo el cese de las ‘invasiones’ que han afectado a varias fincas (El Universal, 2011).


Algunas acciones, reclamos y peticiones de los grupos movilizados


A raíz de los procesos de degradación de suelos, afectación de las fuentes de agua, formas de violencia ejercida contra las comunidades, explotación laboral, entre otros factores, los campesinos han demandado que la corporación Smurfit sea desalojada de las tierras donde tiene las plantaciones de monocultivos de estos árboles y que en cambio estas tierras sean cedidas a los pobladores locales para transformar el uso de la tierra a formas de producción agrícola. El reclamo específico de los pobladores de Morador y Tierra Buena ha sido la adjudicación de la hacienda ‘La Productora’. En general, los campesinos afirman que estas tierras pertenecen a sus comunidades desde hace más de 50 años, catalogadas como las mejores tierras para la agricultura –tipo A1y A2– (Amigransa, 2004) y que las plantaciones existentes violan la ordenación territorial del estado portuguesa vigente desde 1993. Estos argumentos coinciden con los de otros campesinos en lucha, como los que han ocupado la finca ‘El Hierro’, quienes señalan que en Portuguesa le han vendido a Smurfit las mejores tierras, las que sí que son productivas, al tiempo que muestran los resultados de sus cosechas de auyama, quinchoncho, yuca, entre otros, en esos predios recuperados (Lobatón, 2011). Los planteamientos de los campesinos han tratado de ser desmentidos por estudios científicos, voceros empresariales e incluso instituciones estatales (en los primeros años del conflicto), quienes han afirmado que, aunque es cierto que las plantaciones de pino y eucalipto generan grandes afectaciones a los suelos y acuíferos, esas tierras serían de baja fertilidad y por tanto aptas para este tipo de plantaciones, por lo que estarían ubicadas en los sitios correctos (Carimentrand et. al., 2002; Ministerio Público, 2003). En varias oportunidades, el presidente Chávez y el Ministerio de Agricultura y Tierras han señalado los impactos ambientales de este tipo de explotaciones y los daños que producen a los acuíferos (AVN, 2011a). En las gestiones a los procesos de recuperación y expropiación de tierras, los campesinos solicitaron el apoyo institucional en las negociaciones y la realización de estudios para determinar responsabilidades de la corporación y por tanto la ejecución de las compensaciones en el proceso de expropiación. A su vez, requerían proyectos de planificación para la selección de rubros adaptados a la agro-ecología del lugar, la capacitación de técnicos y productores, la necesidad de obtener créditos, el apoyo a la comercialización y para establecer las infraestructuras necesarias (Amigransa, 2004; Lobatón, 2011). Cuando se concretaron las expropiaciones y se le entregó las tierras de la hacienda La Productora, los campesinos no solicitaron el parcelamiento individual de las mismas sino la posibilidad de su gestión colectiva. Se mantuvieron presionando para que se les otorgara el apoyo tecnológico y financiero para los proyectos (Loyo, 2017). Sus demandas actuales por más tierras se mantienen. Los grupos movilizados han propuesto que este tipo de plantaciones representan un modelo foráneo que no armoniza con sus raíces y costumbres, habituadas a sus paisajes de sabana y bosques nativos, los cuales sí están vinculados a su modo de vida. Su llamado es a ‘defender la vida’ ante la muerte que para ellos representan quienes los fumigan y los amenazan (Autores Varios, 1998). Por todas estas razones, alegan que no pueden ni podrán aceptar este ejército uniforme de pinos, eucaliptos y melinas, y que no descansarán hasta ver desaparecer estas plantaciones de su vista (Amigransa, 2004). En estas movilizaciones se expresa claramente una combinación de reivindicaciones de justicia ambiental con justicia económica y social.


Intensidad del conflicto


Alta

¿Este conflicto ha terminado?


No

Impactos ambientales


Al igual que ha ocurrido en otras partes del mundo donde se dan este tipo de desarrollos forestales, en el caso de los pobladores locales de Ospino han denunciado importantes impactos sobre el agua, pocos meses después de que se establecieran las plantaciones de rápido crecimiento de Smurfit. A esto se le debe sumar la destrucción deliberada de cursos de agua con bulldozers, que aplanan el terreno para poder así plantar más árboles; y la destrucción de los bosques de galería que protegen y regulan las cuencas hídricas. Se ha señalado que la política de la empresa parece ser la de que cada centímetro de tierra debe ser plantado. El resultado de todo esto es que se están secando las quebradas, ríos y el volumen de agua de los pozos es cada vez menor (WRM, 2009; AVN, 2011b; Lobatón, 2011).
Las organizaciones ambientalistas locales y WRM afirman que existen sobradas pruebas de que, al menos al inicio del conflicto, Smurfit ha estado deforestando, directamente o a través de contratistas, algunos de los escasos bosques remanentes de Portuguesa con el fin de abastecer su planta de papel localizada en Yaracuy (Mocarpel) (WRM, 1999b). Amigransa ha indicado que la empresa no respetó la zona protectora de los ríos y que pudieron observar plantaciones a la margen derecha del río Morador, por lo que el bosque de galería que debería proteger esa zona fue eliminado (Amigransa, 2004). En suelos fértiles y con vocación agrícola estas plantaciones tienden a compactar los suelos, lo que no proporciona el hábitat ni el alimento a la fauna silvestre y genera la inhibición del crecimiento de otras especies vegetales nativas y de la fauna local (Morante y Aranguren, 2014). Toda esta intervención sobre los territorios ha tenido como resultado la progresiva desaparición de animales, peces y plantas locales, que proveían muchos de los recursos alimenticios de la población local (WRM, 2009). Campesinos que ocupan tierras de la finca ‘El Hierro’ señalan que un pueblo cercano desapareció debido a los efectos en las aguas y suelos provocados por estas plantaciones (Lobatón, 2011).
También se ha denunciado las fumigaciones realizadas a árboles recién plantados ubicados muy cerca de canales que vierten sus aguas a la Quebrada Los Manires, cuyas aguas son las utilizadas por la comunidad de Tierra Buena para su consumo (Amigransa, 2004). Desde estudios académicos se señala que el uso de herbicidas para el control de malezas ocasiona a largo plazo, contaminación de los cuerpos de agua; además, pueden afectar a las especies de flora y fauna. A su vez, la quema frecuente de remanentes y residuos de la cosecha aumenta la tasa de evaporación del suelo y la temperatura superficial bajo las cenizas. Esto acidifica el suelo, se produce la pérdida de materia orgánica y humus, y se modifica el contenido de los nutrientes (Morante y Aranguren, 2014).
Se ha indicado que los impactos ambientales, si se expandieran plantaciones de eucalipto en bosques naturales, son notablemente superiores debido a que los rendimientos de este árbol en ecosistemas de este tipo son inferiores en términos de m3/ha/año, lo que significa que se necesitaría 2,5 veces más superficie de bosque para obtener la misma cantidad de pulpa y satisfacer la demanda. Esto implicaría, mayor pérdida de la diversidad de flora y fauna, y todos los llamados ‘servicios ambientales’ que éstos proveen (Morante y Aranguren, 2014).

Impactos en la salud


Se ha mencionado los impactos que tienen para la salud las fumigaciones y el uso de herbicidas. Ya a inicios del conflicto, en 1997, una fumigación realizada por Smurfit, además de destruir 190 hectáreas de cultivos, provocó la intoxicación de escolares (WRM, 2009).

Impactos socio-económicos y culturales


Los campesinos han acusado a la empresa de intentar cooptar personas de las comunidades y sobornar autoridades. Se han generado divisiones entre los pobladores en la medida en la que existen defensores de la empresa que se enfrenta a los campesinos en lucha (El Universal, 2011). El avance de las plantaciones en tierras de vocación agrícola afecta los medios de vida de los campesinos y su soberanía alimentaria (Lobatón, 2011). A su vez estos desarrollos forestales segmenta los territorios, debido a que las tierras ocupadas pueden estar rodeadas de alambrado de púas y vigilancia, vulnerando el acceso que los campesinos tenían a los territorios para realizar actividades económicas de subsistencia (WRM, 2009). Finalmente, los campesinos y organizaciones movilizadas han señalado que la empresa ha ofrecido condiciones laborales pírricas y tercerización a través de más de 15 empresas (AVN, 2011b).

Resultados y respuestas ante el conflicto


Los procesos de recuperación de tierras propiedad de Smurfit no pudieron avanzar más de las 8.000 a 12.000 hectáreas expropiadas y se congelaron primordialmente a partir del año 2012, aunque los roces con la empresa continuaron cuando, por ejemplo, en 2013 el Gobierno nacional ordenó ocupar temporalmente una de sus plantas ubicada en el estado Carabobo, con el fin de asegurar los despachos de envases para el sector de alimentos. El para entonces ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, afirmó que la empresa ha usado su posición de dominio para elevar en un 372% los precios de estos insumos (Reuters, 2013).
La actividad de la empresa se mantiene en Venezuela. Voceros de la misma han llegado a tener pronunciamientos altivos en relación al Gobierno venezolano y en otros han sido más conciliadores, señalando que la situación política del país es ‘desafiante’ y que sus operaciones se mantienen bajo continuo riesgo de ser nacionalizadas (Mulligan, 2013).
Los proyectos agroproductivos se han desarrollado no sin contradicciones y vacíos. Diversos consejos campesinos han manifestado que se está impulsando la producción multi-rubro en las tierras donde antes se explotaba el monocultivo maderero (AVN, 2012; Graterol, 2017). Por otro lado, campesinos que ocupan tierras de las fincas donde están plantaciones –como ‘El Hierro’– van desarrollando producción agrícola y cría de animales en pequeña escala (Lobatón, 2011).
Sin embargo, en enero de 2014 el presidente de la Federación Campesina Bolivariana de Venezuela, Erwing Campos, afirmaba que aún se esperaba por la consolidación del proyecto sobre los repobladores del campo en los predios El Hierro, La Yaguara y La Linareña, expropiados a Smurfit, lo que ha desalentado al movimiento campesino ante la indiferencia del Instituto Nacional de Tierras en relación a sus peticiones (IPAF, 2014). En noviembre de 2015, el presidente del Sindicato Forestal de Trabajadores de Smurfit, Luis Serpa, planteó que las 12 mil hectáreas expropiadas por el Gobierno nacional a la empresa ‘no están produciendo nada, ni maíz ni yuca ni otro rubro (…) como sucede en La Yaguara y El Hierro –municipio Ospino– donde los mismos campesinos siguen haciendo el reclamo de por qué no los han adjudicado, por qué nunca les llegó el título de propiedad’ (Parili, 2015).
El Inti y el Gobierno nacional y regional hacen frecuentes anuncios de entrega y legalización de las tierras (@INTi_Venezuela). Por ejemplo, a fines de diciembre de 2016, la institución entregó Garantías de Permanencia Socialista Agraria a las 286 campesinas y campesinos que ocupan y producen de manera organizada las tierras del predio El Hierro (MAPT, 2016). Los intentos de ocupación de tierras por parte de los campesinos persisten, junto con demandas para ser reconocidos, regularizados, titulados y apoyados. Esto a su vez ha hecho que se mantengan los conflictos locales entre los campesinos y trabajadores de la empresa, que puede llegar a fuertes confrontaciones (Graterol, 2017). La grave crisis económica que vive el país, entre otros factores, da cabida y estimula los usufructos informales de las plantaciones de eucalipto (Parili, 2015; AVN, 2015).

Alternativas propuestas


Una vez que los campesinos tenían la expectativa de recuperación de las tierras, como en el caso de la hacienda ‘La Productora’, comenzaron a formular y sistematizar no solo sus propuestas alternativas, sino también los mecanismos para hacerlas viables. La agricultura que proponen está regida por criterios de conservación y no contaminación del hombre y su ambiente, por la utilización de pocos insumos a bajo costo y de fácil aplicación y la obtención de alimentos de alta calidad ecológica. A su vez se planteó la necesidad de organizarse en asociaciones de cooperativas (Amigransa, 2004). Estos principios suelen inspirar a resto de las organizaciones campesinas movilizadas en el municipio Ospino orientados a la recuperación de tierras.

¿Considera Ud. que se ha alcanzado la justicia ambiental en este caso?


Explique por qué


En muchos sentidos se reivindicó una lucha histórica, que ha sido muy rica y difícil contra la lógica de despojo y degradación que conlleva la expansión de plantaciones de eucalipto no sólo en Venezuela, sino en todo el mundo. La recuperación y entrega de tierras a campesinos organizados ha implicado logros para estos movimientos de justicia ambiental y social, en la medida en la que, en algunos casos, se presentaron cambios en el uso del suelo y fortalecimiento de las organizaciones campesinas. Sin embargo, no se han podido ampliar mucho más estos procesos. Por un lado, persisten las plantaciones de eucalipto de Smurfit. Por otro lado, severos obstáculos y dilaciones se siguen presentando en términos de la conclusión de la titulación y regularización de la tenencia de la tierra, el avance de los proyectos agroproductivos y la atención a campesinos ocupantes para que regularicen y mejoren su situación.
La severa crisis económica y política del país configura un marco muy hostil para las luchas actuales de los campesinos. El Gobierno nacional ha impulsados varias políticas regresivas en el campo macro-económico, lo que abre interrogantes sobre potenciales reformas en el sector agrícola. Ya en septiembre de 2017, se creaba el Consorcio Agroalimentario del Sur (Agrosur), siendo que el presidente Nicolás Maduro anunciaba que todas las cooperativas y empresas de producción agrícola del país serán articuladas a esta corporación estatal para incrementar este tipo de producción (Ayala, 2017). Sectores económicos importantes del agro, estarían interesados en la introducción de semillas transgénicas al país, lo cual está prohibido por la Ley de Semillas aprobada en diciembre de 2015.

 

Leyes_decretos_legislaciones_y_recursos_jurídicos_relacionados_con_el_caso

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela - 1999.

Decreto No. 51. Plan de Ordenación del territorio del estado Portuguesa - 06 de junio 1993.

Ley Orgánica del ambiente - 2006.

Ley de Tierras y Desarrollo Agrario – 2001.

Ley de aguas – 2007.

Ley de Semillas – 2015. Gaceta Nº 6.207 Extraordinario. Caracas, lunes 28 de diciembre de 2015.

Ministerio Público (2003). Estudio de Impacto Ambiental para el establecimiento de plantación forestal con fines industriales en la Finca La Productora, Municipio Guanare del Estado Portuguesa.

Artículos

  • Amigransa (2004). Informe sobre Plantaciones de Smurfit en Venezuela. World Rainforest Movement.

    Autores Varios (1998). Contra los pinos, eucaliptos y melinas de Smurfit. Ecología Política. No. 14.

    AVN – Agencia Venezolana de Noticias (2011a). Chávez pide acelerar recuperación de tierras de Portuguesa y Lara en manos de transnacional.

    AVN – Agencia Venezolana de Noticias (2011b). Tierras eran subutilizadas por la trasnacional Smurfit Kappa Cartón. Campesinos respaldan intervención de tierras en Portuguesa.

    Correo del Orinoco.

    AVN – Agencia Venezolana de Noticias (2012). Campesinos de Portuguesa diversifican producción en tierras recuperadas.

    AVN – Agencia Venezolana de Noticias (2015). Incautan en Portuguesa 60 metros cúbicos de madera por extracción ilegal.

    Ayala, Ivonne (2017). Gobierno crea Consorcio Agroalimentario del Sur. El Universal.

    El Universal (2011). Trabajadores de Smurfit rechazan invasiones de tierras.

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  • Autor(es) o contribuidor(es) de esta ficha

     

    Emiliano Teran Mantovani - Observatorio de Ecología Política de Venezuela

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