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Detalles

Proyecto de Tendido Eléctrico en el Parque Nacional Canaima

PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE ORIGINA EL CONFLICTO:

Gestión del Agua

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO:

La exportación de hidroelectricidad a Brasil y la extensión de la minería de oro y diamante: un conflicto que tiene que ver con ideas de desarrollo contrapuestas en el Parque Nacional Canaima y la Reserva Forestal de Imataca

IDENTIFICADOR DE CASO:

1037

FECHA APROXIMADA DE INICIO DEL CONFLICTO

Abril de 1997

UBICACIÓN:

Parque Canaima, estado Bolívar



Ubicación del proyecto (localidad, municipio y estado del país)


Municipios Piar, Sifontes y Gran Sabana, estado Bolívar

Área del proyecto


3.000.000 has. La extensión del tendido eléctrico es de 676 kms de longitud.

Tipo de población


Indígena

Resumen del caso


Uno de los conflictos socio-ambientales más conocidos en las últimas décadas en el país fue el asociado a la construcción de un tendido de alta tensión para la exportación de energía eléctrica desde Venezuela hasta Brasil, cuya particularidad es que atraviesa el Parque Nacional Canaima (PNC) y la Reserva Forestal de Imataca (RFI) en el sudeste del país. Un tipo de conflicto cuya complejidad radica en que va más allá de una simple tensión entre desarrollo y conservación, ya que hace emerger tensiones históricas entre pueblos indígenas y la sociedad mayoritaria respecto a temas de identidad y al derecho a la diferencia cultural (Rodríguez, 2002). El proyecto se ejecutó desde 1997 hasta el 2001, por lo que se evidencia que atravesó dos períodos presidenciales donde se producirían importantes transformaciones políticas en el país: el segundo mandato de Rafael Caldera (1994-1998) y el primero de Hugo Chávez (a partir de 1999). La realización del proyecto generó impactos directos de deforestación y aperturas de trochas, que además de favorecer el desarrollo de la minería, causó significativas fragmentaciones de la biota y las sinergias socio-ambientales que de allí se derivan. De hecho, la manera como se abordó y se resolvió el conflicto indica serias limitaciones para el desarrollo sustentable y la justicia ambiental. Los indígenas pemón de los sectores 4 y 5, junto con organizaciones indigenistas y ambientalistas son los actores que se oponen al proyecto; varias instituciones estatales en articulación con los pemón del sector 6 actúan a favor del tendido eléctrico; todo esto, con diversas instituciones y organismos que operan como mediadores o que juegan un determinado rol en el caso. El conflicto atraviesa varias fases: una primera de ‘mínimo diálogo’, en la cual los grupos movilizados ejercen diversas acciones a la par que se van produciendo negociaciones de líderes indígenas con el Estado, y éste sigue impulsando el proyecto e incluso desarrollos mineros en los territorios en disputa. Posteriormente escala el conflicto y los pemón de los sectores 4 y 5 continúan con sus reclamos territoriales y ejercen acciones más contundentes, mientras continuaron desarrollándose negociaciones, y el Estado impulsaba operaciones de cooptación e intimidación a través de las fuerzas militares. Una siguiente fase abre el camino hacia la negociación (ya en el período presidencial de Chávez), con mesas de trabajo pero con incumplimiento de los acuerdos, lo que provoca acciones directas de los indígenas pemón y compensaciones y respuestas de criminalización del Estado. Por último, se abre una fase de reforma política y negociación final, donde continúan las contradicciones planteadas, pero el Presidente Chávez se reúne con los pemón que están a favor del proyecto y se llega a un acuerdo de negociación con la Federación Indígena del Estado Bolívar. La fase final del conflicto se produce cuando se dan cambios constitucionales en 1999, que modificaron el modelo de Estado-Nación unitario hacia uno pluricultural, agregando un capítulo sobre derechos de los pueblos indígenas, que incluye el derecho a la propiedad sobre sus hábitats tradicionales. Sin embargo, los temas sustantivos del conflicto quedaron sin resolverse. Entre los temas sustantivos del conflicto se encuentran: a) las definiciones contrapuestas de desarrollo; b) choque entre formas de gobernabilidad; y c) choque en definiciones de uso y propiedad de la tierra. Es decir, estamos ante un conflicto por choque entre dos modelos de ‘Estado-Nación’: el Estado homogéneo-unitario vs el Estado pluricultural plurilingüe. Pese a que el conflicto fue decisorio en lograr cambios constitucionales de 1999, a la larga no fue transformador en el sentido de lograr la construcción de mayor justicia ambiental, ya que se terminó imponiendo la visión de desarrollo basada en el crecimiento económico, la noción campesina de propiedad y uso de la tierra y la noción representativa de participación. A 18 años de la firma del acuerdo para la construcción del tendido eléctrico en el año 2000, los pemón siguen sin propiedad sobre sus territorios. Además de sufrir un debilitamiento institucional en regulación ambiental, a la larga el pueblo pemón se fragmentó mermando sus formas de lucha por la sobrevivencia cultural y siendo asimilado al modelo de desarrollo de crecimiento económico. El resultado final del conflicto trajo serias implicaciones al desarrollo sustentable al sur de Venezuela, ya que se creó un precedente para futuros proyectos a gran escala como por ejemplo, el Arco Minero del Orinoco y sus consecuentes conflictos. A esto se le suma que, frente a un Estado promotor de un modelo dominado por criterios de crecimiento económico y la ausencia de un pueblo indígena dispuesto a confrontar dicho modelo, se genera un contexto altamente desfavorable para la definición de desarrollo sustentable por cuanto se ha venido dando en la última década un aumento sostenido de la presión ambiental sobre áreas protegidas para actividades mineras legales e ilegales en todo el sur del Estado Bolívar.

Otras actividades económicas involucradas


Minería

Commodities o recursos naturales involucrados


• Electricidad • Oro • Diamantes

Resumen y descripción del proyecto


El proyecto tuvo como objetivo la construcción de una línea eléctrica de alta tensión para exportar hidroelectricidad a Brasil y apoyar la expansión de la minería de oro y diamante al sur del estado Bolívar. La inversión es de cerca de 400 millones de dólares para esta línea (400 KV y 230 KV) de 676 kms de longitud entre la empresa venezolana Electrificación del Caroní (EDELCA) y la empresa brasilera.

Empresas privadas nacionales e internacionales involucradas


Central Eléctrica del Norte de Brasil S.A (ELECTRONORTE), empresa que conjuntamente con EDELCA fueron los inversionistas directos del proyecto

Actores gubernamentales y compañías nacionales relevantes


• Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela • Corporación Venezolana de Guayana (CVG) • Electrificación del Caroní (EDELCA) • Ministerio de Fronteras • Ministerio del Interior y Justicia • Ministerio del Ambiente • Corte Suprema de Justicia (CSJ) • Instituto Agrario Nacional (IAN) • Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) • Asamblea Nacional Constituyente • Gobernación del estado Bolívar • Alcaldía de La Gran Sabana

Instituciones Internacionales y Financieras involucradas


No se registran

Nivel de las inversiones (en US$ o en Bs.)


400.000.000 US$

Estatus actual del Proyecto


Operando

Población afectada


30.000 a 40.000 personas

Fecha aproximada de inicio de las movilizaciones


Abril de 1997

Cronología y detalles de las movilizaciones


Grosso modo, los principales actores del conflicto se agrupan en cuatro categorías: 1) en contra del proyecto: indígenas pemón del Sector 4 y 5, ONG’s indigenistas y ambientalistas (tales como Climate Alliance between European Cities and Indigenous Peoples of Tropical Forests (KLIMA BÜEDISS), Survival International, Amazon Watch, Amigos de la Gran sabana (AMIGRANSA), Asociación de Vigilantes Voluntarios de La Gran sabana (AVVA) y Nacional Ecologic and Social Union (UNES); 2) a favor: Estado (Presidencia de la República, Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Electrificación del Caroní, Gobernación de Bolívar, Ministerio de Fronteras y Alcaldía de La Gran Sabana) e indígenas pemón del Sector 6; 3) los mediadores: Fiscalía General de la República, Corte Suprema de Justicia, Ministerio del Interior, Ministerio del Ambiente y Asamblea Nacional; y 4) los actores silenciosos: Instituto Nacional de Parques, Instituto Agrario Nacional, Ministerio de Educación y UNESCO. El conflicto tuvo 4 Fases. La Fase 1 se corresponde a una etapa de mínimo diálogo, donde los pemón de los sectores 4 y 5 estratégicamente demandaron acceso a información, escribieron manifiestos, expulsaron a prospectores del tendido eléctrico, además de las acciones legales, y la creación de alianzas. Mientras, los líderes indigenistas mantenían el diálogo y la negociación con el Estado por intermedio de reuniones con ministros y realizaron talleres de información y consulta en las comunidades, el Estado a través de la empresa Electrificación del Caroní (EDELCA), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y el Ministerio del Interior y Justicia fomentaron los desarrollos mineros en la comunidad pemón (sector 6). En la Fase 2 o escalamiento del conflicto, los pemón de los sectores 4 y 5 continuaron reclamando sus derechos territoriales. Para ello, emprendieron acciones legales y presionaron con demostraciones públicas y bloqueos de carreteras. Por su lado, los voceros de la Federación Indígena del Estado Bolívar se reunían con funcionarios del gobierno para discutir los títulos de tierras, y paralelamente se daba la orden a la fuerza militar para intimidar, cooptar y desacreditar el liderazgo con fines divisionistas en el pueblo pemón. No obstante, el Estado reconoció algunas titularidades de tierras, pero éstas se distribuyen bajo un enfoque “campesino”, irrespetando los modos de vida y visiones de tierra-territorio indígena. En la Fase 3 o camino hacia la negociación (ya en el período presidencial de Chávez), en forma pacífica los pemón y sus representantes demandaron el re-inicio de diálogo sobre sus derechos territoriales, se reunieron con la ministra del Ambiente e instalaron mesas de trabajo, pero luego del incumplimiento de los acuerdos de negociación, los pemón del sector 5 tumbaron 5 torres eléctricas y secuestraron vehículos de la CVG. En respuesta, el Estado criminalizó a los pemón opositores del proyecto y promovió proyectos de desarrollo comunitario como una forma de compensación económica. En la Fase 4: donde se da la reforma política y negociación final, continúan las estrategias de los sectores pemón opuestos al proyecto, centrándose en el cabildeo para lograr las reformas constitucionales que permitieran dar pie a la demanda de propiedad territorial. A la par de las negociaciones, se siguen dando en esta fase las acciones legales y la tumba de 7 postes más del tendido. Por su parte los pemón que están a favor del proyecto se reúnen con el Presidente Chávez y se nombra una comisión del gobierno donde se produce un acuerdo de negociación con la FIEB. No obstante, en esta fase el Estado mientras trata el tema de las reformas constitucionales, paralelamente descalifica a los opositores e interviene militarmente la zona en conflicto.

Algunas acciones, reclamos y peticiones de los grupos movilizados


Los actores en contra del proyecto demandaban la paralización de la obra, hasta tanto no se hiciera el estudio de Impacto Ambiental y Socio Cultural. La subcomisión de parques de la Asamblea Nacional (parlamento) pidió consideración por el imperativo de realizar consultas a las comunidades indígenas. Como recomendaciones se ha sugerido que se logren dar espacios para un diálogo intercultural entre pueblos indígenas y sociedad mayoritaria, que permitan negociar perspectivas de desarrollo y uso de los recursos naturales bajo un ambiente de respeto y tolerancia hacia las diferencias. Que exista la voluntad política para institucionalizar plenamente en los marcos legales el reconocimiento de la diversidad cultural presente en el nuevo modelo de Estado-Nación. Asegurar coherencia entre planes de la nación y metas locales de desarrollo sustentable. Y que los pueblos indígenas busquen oportunidades para definir planes de vida propios fuera de las presiones impuestas por los planes de desarrollo regional.

Intensidad del conflicto


Alta

¿Este conflicto ha terminado?


Si (julio 2001)

Impactos ambientales


Deforestación y aperturas de trochas, que además favorecen el desarrollo de la minería. Significativas fragmentaciones de la biota y las sinergias socio-ambientales que de allí se derivan. Pérdida de biodiversidad. Impactos en los paisajes naturales.

Impactos en la salud


Los habitantes de estos territorios se exponen a diversos riesgos y accidentes que pueden provocarse por la instalación del tendido eléctrico.

Impactos socio-económicos y culturales


Se ha señalado que el tendido eléctrico abre las puertas a la minería en la zona. En el proceso de imposición del proyecto se impulsaron múltiples mecanismos de cooptación, corrupción y división de comunidades. A su vez, la apertura de este y otros proyectos ha conllevado a la multiplicación de prácticas de violencia contra los indígenas, en buena medida impulsada por las fuerzas militares. Se ha señalado también procesos de desplazamiento y despojo de tierras. Por último, se genera una notable perturbación paisajística y de su entorno para los indígenas y se amenazan sus prácticas y tradiciones culturales.

Resultados y respuestas ante el conflicto


El conflicto en esencia no se resolvió. Se impuso una visión de desarrollo basada en el crecimiento económico; una noción “campesina” de propiedad y uso de la tierra; y una noción representativa de formas gobernabilidad local. A pesar de cambios constitucionales en 1999, siguió dominando el esquema unitario y homogéneo de Estado-Nación. Se produjo un debilitamiento institucional en regulación ambiental (por ejemplo, INPARQUES). El pueblo pemón queda más fraccionado y debilitado en su lucha por la defensa de su sobrevivencia cultural y más asimilado al modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico. Al no haber sido abordados los temas del conflicto se creó un precedente para desarrollar proyectos a gran escala en áreas protegidas y zonas indígenas (por ejemplo, el Proyecto Gas del Sur). Se potencia una posible erupción de conflictos similares a futuro, aunque quizá con menor intensidad. La ausencia de un pueblo indígena dispuesto a confrontar dicho modelo y a exigir debates abiertos sobre el futuro deseado para la zona generan un contexto altamente desfavorable para la definición de un desarrollo sustentable en la zona. A la vez se abre una puerta para el potencial aumento de la presión ambiental sobre áreas protegidas.

Alternativas propuestas


Además de las recomendaciones planteadas, no se explicitan alternativas económicas planteadas por los actores movilizados.

¿Considera Ud. que se ha alcanzado la justicia ambiental en este caso?


No

Explique por qué


Al no haber sido abordados los temas que subyacen el conflicto, se creó un precedente para desarrollar otros proyectos a gran escala en áreas protegidas y zonas indígenas. Por otro lado el Estado sigue siendo el gran promotor del modelo de desarrollo dominado con criterios de crecimiento económico y con la existencia de un pueblo indígena fragmentado y no dispuesto a confrontar y enfrentar dicho modelo, lo que genera un contexto desfavorable para el desarrollo sustentable y con ello, para el avance hacia la justicia ambiental.

Leyes_decretos_legislaciones_y_recursos_jurídicos_relacionados_con_el_caso

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela 1999.

Decreto N° 2.267 de fecha 26 de noviembre de 1992, mediante el cual se dictan las Normas Ambientales para la Apertura de Picas y Construcción de Vías de Acceso, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°

35.103 de fecha 1 de diciembre de 1992.

Decreto No. 1.257 de fecha 13-03-96, por el cual se dictan las Normas sobre Evaluación Ambiental de Actividades Susceptibles de Degradar el Ambiente. Gaceta Oficial de la República de Venezuela No. 35.946 del 25 de Abril de 1996.

 

Ley de Demarcacion y Garantia del habitat y Tierras de los pueblos Indígenas (2001).

Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio (1983).

Ley del instituto Nacional de Parques (1978).

Tribunal Supremo de Justicia Sala Constitucional. Inadmisibilidad del recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad, interpuesto por los ciudadanos Lucía Antillano, César Suppini y Tulio Alberto Álvarez Ramos, contra el Memorándum de Entendimiento para el Suministro de Energía Eléctrica celebrado para aquel entonces por la República de Venezuela y la República Federativa del Brasil, suscrito el 29 de enero de 1997, así como del contrato suscrito por la CORPORACIÓN VENEZOLANA DE GUAYANA con las Empresas CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL ELECTRONORTE y CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS ELECTROBRAS, el 11 de abril de 1997.

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  • Autor(es) o contribuidor(es) de esta ficha


    Miguel Angel Mellado (melladomiguel_a@yahoo.com ) y Iokine Rodriguez (Grupo Confluencias y la Universidad de East Anglia, UK.

    Última fecha de actualización de esta ficha


    29/12/2017