Current filter: No active filter, click/drag on charts to filter data

Current filter: No active filter, click/drag on charts to filter data

Current filter: No active filter, click/drag on charts to filter data

Current filter: No active filter, click/drag on charts to filter data

Current filter: No active filter, click/drag on charts to filter data

Current filter: No active filter, click/drag on charts to filter data

Current filter: No active filter, click/drag on charts to filter data

Current filter: No active filter, click/drag on charts to filter data

Current filter: No active filter, click/drag on charts to filter data

Current filter: No active filter, click/drag on charts to filter data

Current filter: No active filter, click/drag on charts to filter data

Current filter: No active filter, click/drag on charts to filter data

Current filter: No active filter, click/drag on charts to filter data

Current filter: No active filter, click/drag on charts to filter data

Current filter: No active filter, click/drag on charts to filter data

Current filter: No active filter, click/drag on charts to filter data

No Data

No Data

No Data

No Data

No Data

Click and drag in the measuring bars to filter data by number of [selected variable] per individual event

Current filter:

Current filter:

Detalles

La Reserva Forestal Imataca, Región Guayana

PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE ORIGINA EL CONFLICTO:

Conservación de la Biodiversidad

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO:

La explotación madera y oro en territorios indígenas amenazan desde 1963 la Reserva Forestal Imataca, con una extensión de más de 3.5 millones de hectáreas al sur del delta del Orinoco.

IDENTIFICADOR DE CASO:

1038

FECHA APROXIMADA DE INICIO DEL CONFLICTO

Enero de 1963

UBICACIÓN:

Municipios Casacoima y Antonio Díaz (estado Delta Amacuro); y Sifontes, Padre Pedro Chien, Roscio y Piar (estado Bolívar)



Ubicación del proyecto (localidad, municipio y estado del país)


Municipios Casacoima y Antonio Díaz (estado Delta Amacuro); y Sifontes, Padre Pedro Chien, Roscio y Piar (estado Bolívar)

Área del proyecto


3.750.000 hectáreas

Tipo de población


Indígena

Resumen del caso


La Reserva Forestal Imataca (RFI), creada bajo resolución del Ministerio de los Recursos Naturales Renovables en 1963 (Gaceta Oficial N° 27.044), con más de 3,5 millones de hectáreas de bosques al sur del Delta del Orinoco, concentra una de las biodiversidades más ricas y variadas de Latinoamérica, con importantes reservas de recursos minerales, específicamente oro y diamantes, y un tesoro etnocultural de más de 29 mil habitantes entre diversas comunidades indígenas (Pemón, Kariña, Warao, Arawak y Akawaio). Esta reserva ha sido el epicentro de una pronunciada conflictividad socio-ambiental, considerada de interés público por su estrecha relación con el desarrollo económico y sociocultural a escala local y nacional. La conflictividad se centra en un proceso de planificación y ordenamiento territorial que convirtió a la Sierra de Imataca en reserva forestal, cuya administración se gestiona como Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) con el propósito –en su génesis– de desarrollar el proyecto de producción forestal sostenible. Cobra relevancia el cambio de uso mediante el decreto N° 1.850 del año 1997 (Gaceta Oficial N° 36.215), contentivo del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la RFI, donde se estableció un mecanismo con la finalidad de legalizar y promover el crecimiento de concesiones mineras adjudicadas de manera no cónsonas con la ABRAE señalada, permitiendo la extracción de oro y diamantes en aproximadamente el 40% de la RFI. Esta reglamentación fue promulgada violando los acuerdos internacionales firmados por la nación, tales como el Convenio de Diversidad Biológica y la Convención de Washington para la Protección de la Flora, de la Fauna y de las Bellezas Escénicas de los Países de Américas, sin realizar una adecuada consulta pública como establece la Ley Orgánica para la Ordenación del Territorio. Estos fueron unos de los principales argumentos de las redes de movimientos demandantes del decreto que, con manifestaciones sociales y protestas generalizadas dieron basamento a la entonces Corte Suprema de Justicia para declarar con lugar la solicitud de adopción de medidas cautelares pretendidas por un grupo de ciudadanos que interpusieron una acción popular demandando la nulidad por vicios de inconstitucionalidad e ilegalidad del mencionado decreto. Sin embargo, al no haber una sentencia firme al respecto y por los intereses de algunos sectores políticos, lo alcanzado en justicia ambiental hasta ese momento fue infructuoso. Para ese tiempo estábamos en presencia de otro proceso sociopolítico que llevó al poder a Hugo Chávez, con una alta popularidad que permitió la aprobación vía referéndum, de la Constitución de 1999, y más adelante un conjunto de leyes entre las que se encuentran la de Minas, Diversidad Biológica, y de Tierras y Desarrollo Agrario, como soporte para el ejercicio pleno del poder político en los asuntos ambientales. En este contexto, el Ejecutivo Nacional con el uso de un doble discurso y mediante una especie de consulta popular manipulada, firma el Decreto 3.110 del año 2004, ratificando de esta forma la decisión tomada por el anterior gobierno de Rafael Caldera, legalizando las actividades mineras que de alguna forma se venían realizando y echando por tierra los avances de los movimientos sociales que pugnaban por la justicia ambiental. La conflictividad minera en la RFI ha traído como consecuencia altos índices de deforestación, desertificación, contaminación y sedimentación de los cuerpos de agua, pérdida de especies de animales por caza furtiva y con fines comerciales, aumento de enfermedades como la malaria, el alcoholismo y la trata de mujeres en las comunidades aledañas. Por otro lado, la actividad forestal como principal actividad reglamentada de la sierra causa conflictividad socio-ambiental, ya que al desarrollarse conjuntamente con la minería y la pequeña y mediana agricultura, produce un choque de intereses por el uso del suelo, y donde la institucionalidad ambiental, minera y agrícola como rectora de las políticas públicas se invisibiliza quedando al margen del conflicto. Ante este contexto que ha escalado su eco desde lo local hasta hacerse sentir a nivel nacional y regional, han emergido la más variadas vocerías: académica, ONGs, grupos ambientalistas, ecologistas y movimientos indígenas. Sin embargo, siguen prevaleciendo los intereses del poder económico y político por encima de los propios modos de vida y desarrollo de quienes han habitado estos territorios y por encima de quienes luchan como aliados de las comunidades por una mejor calidad de vida para todos. En tiempos actuales, se cierne la incertidumbre por las actividades de exploración y explotación legalizadas con el decreto de desarrollo del Arco Minero del Orinoco (AMO), cuyo fundamento es el interés público nacional y que convierten a la RFI en vértice de una conflictividad mucho más extensa territorialmente y más compleja.

Otras actividades económicas involucradas


• Extracción de madera • Minería

Commodities o recursos naturales involucrados


• Madera • Oro • Diamantes • Tierras • Servicios ambientales

Resumen y descripción del proyecto


La Reserva Forestal Imataca es un territorio boscoso, de carácter público, delimitado para la explotación sostenible y permanente de madera con fines industriales, considerado como Área bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) donde se incluyen los parques nacionales, los monumentos naturales, las zonas protectoras y otras 7 figuras jurídicas adicionales, dependiendo de sus funciones protectoras, productoras y recreativas. El área determinada para la explotación forestal es de 61,2% del total de la RFI, clasificando el 32,4% en muy apto, y el 28,8% en apto, de acuerdo a su accesibilidad, suelo no pedregoso, no inundable, con muy alta o alta densidad y volumen de madera potencial, lo cual representa 2.436.496 hectáreas aproximadamente. La explotación se realiza a través de concesiones forestales otorgadas por el Estado, con rotaciones de 40 años y de acuerdo con principios y criterios de manejo forestal cuya intención es garantizar la sostenibilidad de la actividad industrial y la conservación del recurso explotado. Se calcula que la extracción de madera se aproxima a 8.000 m³/año. Sin embargo, por ser un territorio rico además en oro, diamantes, hierro, bauxita, manganeso, cobre, agua y energía, la RFI tiene ese otro propósito de explotación de minerales preciosos –principalmente oro y diamante–, igualmente mediante concesiones que otorga el estado venezolano. Las concesiones mineras se otorgan para el método de minería a cielo abierto, utilizando un circuito de procesamiento convencional de concentración gravitacional y de lixiviación en carbón, el cual implica remover la cubierta vegetal y la contaminación de las fuentes de agua. La ‘producción’ de oro ha llegado a superar las 12 toneladas en los últimos años, pero esta se hundió en la crisis económica actual hasta llegar apenas a una tonelada anual. En la zona prevalece fundamentalmente la minería ilegal. Desde el año 2016, el Gobierno nacional impulsa el mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco, que implica una serie de iniciativas mineras dentro de una enorme extensión de 111.846 kms2 (12% del territorio nacional) al norte de todo el estado Bolívar (véase http://www.ecopoliticavenezuela.org/georreferenciacion/57/), incluyendo la zona central y sur de la Reserva Forestal Imataca. El 24 de febrero de 2016 se oficializa la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional ‘Arco Minero del Orinoco’ con el decreto 2.248 (Gaceta Oficial No. 40.855), en la cual se establecen 4 áreas de explotación, siendo el área 4 (40.150 kms2) la que abarca la RFI.

Empresas privadas nacionales e internacionales involucradas


• Gold Reserve Inc. – Canada (actual)

Actores gubernamentales y compañías nacionales relevantes


• Empresa Nacional Forestal S.A (ENAFOR). Participación directa debido a su responsabilidad en la gestión de la Reserva Forestal • Corporación Venezolana de Guayana (CVG). Los territorios de la Reserva Forestal están bajo la jurisdicción de esta Corporación, por lo que es una institución con alto grado de responsabilidad en la conflictividad. • Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas • Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico • Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras • Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas

Instituciones Internacionales y Financieras involucradas


No se registran actualmente

Nivel de las inversiones (en US$ o en Bs.)


No estimadas

Estatus actual del Proyecto


Operando (en proceso de reactivación)

Población afectada


100.000 personas

Fecha aproximada de inicio de las movilizaciones


Enero de 1963

Cronología y detalles de las movilizaciones


Las movilizaciones han sido impulsadas por diversos actores, entre los que se cuentan organizaciones ambientalistas nacionales e internacionales (como la Sociedad de amigos en defensa de la Gran Sabana - Amigransa), organizaciones sociales y en defensa de los derechos humanos (como Provea), comunidades y movimientos indígenas (como la Federación Indígena del Estado Bolívar - FIB), así como periodistas, movimientos estudiantiles, abogados constitucionalistas, profesionales universitarios, científicos y académicos que promovieron una vocería crítica permanente ante los decretos que abrieron y regularizaron la actividad de extracción masiva de madera y minera en Imataca. El conflicto se inicia entre 1997 y 1998 y se paraliza pendiente de una decisión interpuesta por organizaciones ambientalistas ante la Corte Suprema de Justicia. Ante los criterios divergentes sobre la consulta pública del decreto 1.850 del 14 de mayo de 1997, el movimiento ambientalista junto con distintas personalidades del país solicitaron la nulidad y revisión del mismo. En ese momento, se realizaba una marcha desde la Plaza Caracas hasta el Congreso de la República, en la ciudad de Caracas, la cual fue considerada exitosa. Cuatro meses más tarde, el movimiento ambientalista e indígena junto con las personalidades anteriores, emitieron la declaración de San Félix donde solicitaban la derogación del citado decreto. Los dos actores enfrentados más relevantes del conflicto, el Estado y el movimiento ambientalista hicieron propuestas de uso o planes de desarrollo para la RFI diametralmente opuestas basándose en su interpretaciones divergentes del desarrollo sostenible (García-Guadilla, 2001). Por su parte, los indígenas pemón desarrollaron las protestas en contra la rezonificación de la RFI estableciendo alianzas con ambientalistas e indigenistas criollos, lo cual les proporcionó una visibilidad de primer plano en el escenario nacional y le dio una proyección cibernética a su lucha (Arvelo-Jiménez, 2001). A juicio del abogado y ambientalista Alexander Luzardo, el movimiento ambiental se levantó con esta lucha y se desarrolló una poderosa corriente de opinión que se convirtió en un cuestionamiento al desarrollismo y al gobierno de turno, incluyendo a varios de sus ministros emblemáticos (Luzardo, 2012). Durante la campaña presidencial de Hugo Chávez, este prometió la resolución del conflicto, tomando una posición favorable a los ambientalistas que cuestionaban la apertura minera. El reconocimiento constitucional de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas en la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hizo suponer que la resolución del conflicto se guiaría por estos principios. Sin embargo, la minería industrial y de pequeña escala fue permitida y legalizada dentro de la RFI por medio de un nuevo decreto (3.110, del año 2004) que dejaba sin efecto la medida cautelar que había sido ordenada por la Corte Suprema. Organizaciones ambientalistas como Amigransa, movimientos indígenas como la Federación Indígena del Estado Bolívar (FIB) o ex-constituyentistas como Alexander Luzardo se pronunciaron públicamente en contra de este nuevo decreto, debido a que repetía lo planteado por el anterior y mantenía los perjuicios y amenazas a estos ecosistemas y territorios del país. En esta oportunidad, no hubo viabilidad política para una demanda judicial exitosa que se le opusiera a este nuevo decreto (Yerena, 2011).

Algunas acciones, reclamos y peticiones de los grupos movilizados


A inicios del conflicto, las propuestas giraban en torno a la anulación del decreto, mantener áreas de bosques con fines conservacionistas y de protección de cuencas; mejorar los manejos del bosque de acuerdo a sus características de fragilidad intrínsecas; hacer consulta pública a los pueblos indígenas. Los pueblos originarios instaban al Gobierno nacional a que reconozca sus derechos en virtud de la Constitución, y exhortan al Congreso de la República a que ratifique el Convenio Nº 169 de la OIT y a la Corte Suprema de Justicia a que resuelva con celeridad las demandas de nulidad presentadas por los pueblos indígenas contra el decreto presidencial Nº 1850. También se solicitó una amplia divulgación de los estudios ambientales, legales y económicos de las bases técnicas que sustentaban el nuevo Proyecto de Decreto del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la RFI; realización de foros y talleres técnicos con la participación de los expertos que trabajaron en las bases técnicas, metodológicas, estudios legales y económicos del Proyecto de decreto, con el fin de promover un debate amplio sobre los estudios, metodologías y criterios para la asignación de usos en la RFI. Se solicitó a las autoridades competentes sanear Imataca de los focos mineros, recuperar las áreas degradadas por la minería, rescindir las concesiones y/o contratos mineros entregados dentro de la reserva (compañías nacionales y trasnacionales mineras, cooperativas mineras, particulares, etc.) y que se prohíba el otorgamiento de nuevas concesiones e infraestructura minera en Imataca, a fin de cumplir lo que establece la ley. En lo que respecta a la explotación forestal, se solicitó una moratoria en la RFI hasta tanto no se demuestre en forma práctica, que este bosque natural se puede recuperar, y se haga una Valoración Económica Total de la Reserva y un Inventario Forestal. Por último, se realizó el exhorto al entonces Ministerio el Ambiente a concluir la Demarcación de los Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas, previo a cualquier ordenamiento y asignación de usos en Imataca.

Intensidad del conflicto


Media.

¿Este conflicto ha terminado?


No

Impactos ambientales


Entre los impactos ambientales que se ha generado en la RFI a raíz de los decretos de reordenamiento se cuentan deforestación y pérdida de la capa vegetal, afectación integral al paisaje ecosistémico y contribución al problema del cambio climático. La actividad minera legal e ilegal, además de contribuir a los impactos mencionados, también genera contaminación de las aguas superficiales y subterráneas con cianuro y mercurio, desertificación y contaminación de los suelos, sedimentación de los cuerpos de agua, pérdida de especies de animales por caza furtiva y con fines comerciales, entre otros.

Impactos en la salud


Se registra un dramático aumento de enfermedades como la malaria. A su vez enfermedades venéreas y males como el alcoholismo, que son impulsados como efectos de la instalación y expansión de la actividad minera, tienen notables crecimientos en los últimos años.

Impactos socio-económicos y culturales


El auge de las actividades mineras y de intervención de la zona incrementan los focos de violencia por disputa de minas; fenómenos sociales como el alcoholismo, la prostitución y la trata de mujeres en las comunidades aledañas; degradación de los medios de vida, patrones culturales y economías locales tradicionales; se generan desplazamientos de pobladores; y procesos de cooptación, división y corrupción de comunidades por parte tanto de agentes estatales como de grupos organizados que operan ilegalmente la minería en la zona.

Resultados y respuestas ante el conflicto


Desde el mismo momento que estos territorios fueron decretados como áreas de Reserva Forestal, dada sus características naturales, comenzó un proceso de vulneración de derechos, tanto para los pueblos asentados en estos territorios, como para la naturaleza propiamente dicha. El poder gubernamental, esgrimiendo la legalidad para sus acciones y sin tomar en cuenta las advertencias de expertos y de los activistas, profundizaron sus acciones y reglamentaron el uso de la Reserva. Con ello facilitaron un proceso de degradación ambiental que trajo como consecuencia un estado de inoperancia y de corrupción que cada día se complejiza a la hora de tomar decisiones que tiendan a poner orden en el caso. De manera que la injusticia ambiental vista como la máxima expresión de vulneración de los derechos del ser, es lo que caracteriza a la RFI. Pueblos empobrecidos y sin un futuro deseado, con territorios con un alto grado de contaminación que no le permiten darse el mejor desarrollo posible. El Gobierno nacional ha afrontado las disputas territoriales y problemas sociales en esta zona a partir del conjunto de políticas que se producen alrededor del mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco (http://www.ecopoliticavenezuela.org/georreferenciacion/57/). Dicho proyecto, que implica una serie de iniciativas mineras dentro de una enorme extensión de 111.846 kms2 (12% del territorio nacional) incluyendo buena parte de la RFI, se oficializa con el decreto 2.248 del 24 de febrero de 2016, creándose como una Zona de Desarrollo Estratégico Nacional (Gaceta Oficial No. 40.855, 2016). Se trata de un nuevo formato de impulso a la minería en la zona, en tiempos en los cuales el Estado se encuentra urgido de ingresos económicos. El Gobierno nacional ha planteado, en teoría, el proyecto del AMO como una forma de generar un ordenamiento a la actividad minera ya existente en la zona, que en la actualidad es fundamentalmente ilegal. Sin embargo, la minería ilegal no sólo se ha mantenido, sino que existen evidencias de que mantiene su crecimiento. Por ejemplo, se ha revelado por tomas satelitales el crecimiento de la intervención territorial y la deforestación producto de la expansión de este tipo de minería en 2017, en comparación con los últimos meses de 2016, como es evidente en Las Cristinas, donde se ubica el proyecto de una de las minas de oro más importantes del país (López, 2017).

Alternativas propuestas


Algunos actores opuestos a los decretos proponían que el Ministerio del Ambiente declarara un área importante de los Bosques de Imataca como Parque Nacional o una figura más restrictiva que permitiera preservar y conservar esos valiosos ecosistemas.

¿Considera Ud. que se ha alcanzado la justicia ambiental en este caso?


No

Explique por qué


El poder político y económico continúa estando por encima de los intereses de las comunidades que mantienen su relación tradicional con estos territorios. Así, la falta de reconocimiento a estos, es un indicador de que lo que prevalece es la injusticia ambiental. Por otro lado, los casos flagrantes de violencia estructural y cultural por parte de los gobiernos que han transitado la conflictividad desde 1963 en contra de los movimientos indígenas, es otro aspecto visible que nos da argumentos para decir que la justicia ambiental está lejos en la RFI. De manera que la justicia ambiental no ha tenido éxito.

Leyes_decretos_legislaciones_y_recursos_jurídicos_relacionados_con_el_caso

Acurero, Leobardo (2004). La entrega de la selva de Imataca a los mineros y madereros y cómo engañaron al pueblo venezolano.

Aporrea.

Amigransa (2003). La Reserva Forestal de Imataca. Un bosque insustituible en peligro de desaparecer.

Amigransa (2004). Alarma en Imataca, Venezuela.

Rebelión.

Centeno, Julio (S/F). La Reserva Forestal IMATACA y los Pueblos Indígenas.

Oocities.

Giusti, Roberto (1997). Caldera pagará el ecocidio de Imataca.

El Universal.

La Patilla (2016). En peligro Sierra de Imataca ante exploración del arco minero del Orinoco.

Luzardo, Alexander (2012). Testimonios y reflexiones ambientales.

El Libertario.

Olivares, Francisco (2016). No todo es oro.

El Universal.

Parks Watch (2004). Nuevo Plan de Ordenamiento Para la Reserva Forestal de Imataca.

Provea (2005). Derechos de los Pueblos Indígenas.

Vidal, Omar (2011). Reserva Forestal Imataca posee enormes impactos. Contrastes Periodísticos.

Artículos

  • Acurero, Leobardo (2004). La entrega de la selva de Imataca a los mineros y madereros y cómo engañaron al pueblo venezolano.

    Aporrea.

    Amigransa (2003). La Reserva Forestal de Imataca. Un bosque insustituible en peligro de desaparecer.

    Amigransa (2004). Alarma en Imataca, Venezuela.

    Rebelión.

    Centeno, Julio (S/F). La Reserva Forestal IMATACA y los Pueblos Indígenas.

    Oocities.

    Giusti, Roberto (1997). Caldera pagará el ecocidio de Imataca.

    El Universal.

    La Patilla (2016). En peligro Sierra de Imataca ante exploración del arco minero del Orinoco.

    Luzardo, Alexander (2012). Testimonios y reflexiones ambientales.

    El Libertario.

    Olivares, Francisco (2016). No todo es oro.

    El Universal.

    Parks Watch (2004). Nuevo Plan de Ordenamiento Para la Reserva Forestal de Imataca.

    Provea (2005). Derechos de los Pueblos Indígenas.

    Vidal, Omar (2011). Reserva Forestal Imataca posee enormes impactos. Contrastes Periodísticos.
  • Libros_documentos_académicos_y_científicos

  • Arvelo-Jimenez,  Nelly (2001). Movimientos etnopolíticos contemporáneos y sus raíces organizacionales en el sistema de interdependencia regional del Orinoco. Departamento de Antropologia Instituto de Ciências Sociais Universidade de Brasília.

    García-Guadilla, María Pilar (2001). Institucionalización de nuevas ciudadanías y reestructuración de los conflictos socio-ambientales en Venezuela. XIII International Congress of The Latin American Studies Association

    Washington.

    Padilla, Adriana (2003). Desarrollo Sostenible de la Reserva Forestal Imataca ¿Utopía o Realidad? Revista Forestal Latinoamericana. N° 33.Pp. 53 – 80.

    Padilla, A. Petit, J (2002). Economía, sociedad y ambiente: trilogía para el desarrollo de la Reserva Forestal Imataca, Venezuela. Revista Chapingo. Vol. 8, núm. 2. pp. 141-146.

    Yerena, Edgard (2011). La Guayana venezolana: sostenibilidad ambiental incierta. Mundo Nuevo. Año III, Vol. 1, Nº 6. Caracas, pp. 339-357.

  • Autor(es) o contribuidor(es) de esta ficha


    EJAtlas – Venezuela

    Última fecha de actualización de esta ficha


    5/01/2018