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Detalles

Impactos socio-ambientales a los indígenas warao por explotación petrolera en Pedernales (Delta Amacuro)

PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE ORIGINA EL CONFLICTO:

Petróleo y Gas Natural

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO:

La explotación petrolera en Pedernales y en sus alrededores comienza a mediados de los años 90 y de inmediato generó un importante nivel de alerta y movilización tanto por el interés de proteger el singular ecosistema de la zona como para preservar la vida del pueblo warao, población ancestral de la región.

IDENTIFICADOR DE CASO:

1036

FECHA APROXIMADA DE INICIO DEL CONFLICTO

1980

UBICACIÓN:

Pedernales, municipio Pedernales, estado Delta Amacuro



Ubicación del proyecto (localidad, municipio y estado del país)


Pedernales, municipio Pedernales, estado Delta Amacuro

Área del proyecto


El campo Pedernales se encuentra en la desembocadura del río Orinoco, en la cuenca de Paria, e involucra aproximadamente 48.000 hectáreas (Bustamante y Scarton en DiChiro, 1999; Lasso et al 2004). El delta del Orinoco comprende aproximadamente 40.200 kms2, ocupando el abanico deltaico 18.810 kms2.

Tipo de población


Indígena (principalmente)

Resumen del caso


El sistema deltaico constituye un área de alta complejidad por sus características biogeográficas, ecológicas y socio-culturales. Su particularidad es tan alta como su fragilidad. Dentro de este espacio, el municipio Pedernales es una zona de muy alta circulación acuífera, ya que en ella confluyen dos de los grandes caños del delta del Orinoco (Bustamante y Scarton, 1999, en DiChiro, 1999), lo que condiciona de forma inexorable los impactos de las actividades que, con el tiempo, se han suscitado en la región, a saber: explotación maderera que conduce a la deforestación de manglares, pesca camaronera con redes de arrastre, actividad turística, navegación (lo que requiere el control fluvial mediante diques y dragado de los caños), proyectos de producción agrícola (siendo la situación más crítica la que se registró en 1966 con el cierre del caño Manamo, ocasionando terribles modificaciones ambientales y la muerte de un número importante de la población warao), extracción de especies comerciales y de fauna silvestre, urbanización de la zona, descarga de aguas servidas, introducción de especies exóticas e invasivas y explotación petrolera (Lasso et al, 2004). En este caso se abordará la cuestión petrolera debido a su mayor y más veloz incidencia de impactos en lo ambiental, socio-económico y humano. Se conoce de la existencia de yacimientos petrolíferos en Pedernales desde finales del siglo XIX (Becerra, 2013). En su espacio geográfico se encuentran uno de los yacimientos de petróleo y la reserva de gas más importante del oriente venezolano. Fue desde finales de los años 80 con Lagoven y hacia mediados de los años 90 del siglo XX cuando se magnificará la exploración en grandes proporciones (la primera concesión de la zona la hizo Pdvsa a la British Petroleum en 1994) (Bustamante y Scarton, 1999, en DiChiro, 1999); después del año 2000 hubo una concesión a Conoco Phillips para exploración y explotación del campo Corocoro, en el golfo de Paria (Lasso et al, 2004), todo lo cual generó una intensa degradación de la zona deltaica como producto de la explotación petrolera en Pedernales. Esta actividad no sólo implica la extracción de petróleo, que requiere en sí una cadena de acciones que destruyen el ecosistema, sino también otras tareas asociadas como la construcción de instalaciones, gestión de personal, y el transporte y disposición de desechos que agravan el panorama de afectaciones. El problema ambiental que se genera comprendió en un principio la contaminación de las aguas con los desechos petroleros, lo que va particularmente en detrimento de la biota marina y dulce acuícola que confluye en la zona, además del impacto que genera el requerimiento en construcción de instalaciones para la explotación y para el albergue del personal que labora en la industria y las implicaciones que tiene el transporte de la producción sobre los ecosistemas, particularmente cuando se requiere remoción del fondo marino y de los caños (Lasso et al, 2004). También la explotación petrolera trae la devastación del paisaje, al realizarse excavaciones y detonaciones que han ocasionado la desaparición de islas con sus poblaciones (Gutiérrez, 1997) al tiempo que la construcción de instalaciones modifican el paisaje y dañan los ecosistemas. Por otro lado, el problema humano, que afecta primordialmente a la población indígena warao, tiene al menos tres vertientes: de salud, al presentarse enfermedades vinculadas con la contaminación de las aguas con metales pesados, hidrocarburos, y otros desechos de la explotación, y con mayor vigencia, enfermedades que aparecen por la alta circulación humana vinculada a la industria, como es el caso del VIH –que se ha convertido en epidémico–; la vertiente cultural, que viene dada por la afectación de las tradiciones del pueblo warao, en sus formas de socialización, su relación con la naturaleza, sus tradiciones y su lengua; y la vertiente económica, que se origina por la violación de los derechos en cuanto a la tenencia ancestral de la tierra y por la alteración de las actividades económicas tradicionales de los warao. Todo esto ha llevado a una grave pauperización social, representando Pedernales una de las zonas más pobres del país, y donde ha crecido la prostitución y la trata de mujeres y niñas, vinculadas a las continuas migraciones de personas vinculadas a las industrias del petróleo y la construcción. Lo acelerado y compulsivo de este proceso, unido a indiferencia de las autoridades locales y al desconocimiento de la problemática indígena, ha ocasionado graves desajustes socioculturales en los warao, generando además un éxodo de parte de la etnia hacia ciudades del país como Maturín, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar y Caracas (Ecology and Environment, 2002). Desde la década de los años 80 se registran las primeras movilizaciones contra los impactos provocados por esta actividad extractiva. Cuando la exploración por la British Petroleum comenzó a mediados de los años 90, las comunidades warao empezaron a ver lamentablemente realizadas sus predicciones sobre los daños a los ecosistemas y para sus propias vidas. Los indígenas, agrupados en federaciones y redes, van a lograr hacer crecer sus protestas y denuncias y van construyendo alianzas con diversos grupos ambientalistas nacionales e internacionales, grupos de estudios y sectores universitarios, grupos religiosos, organizaciones en defensa de los derechos humanos y comunidades en lucha en otras partes del país. El conflicto ha pasado por diferentes etapas. Desde la movilización media, que en su momento logró la paralización de las actividades petroleras, hasta una movilización de nivel más bien bajo. La instauración de la Revolución Bolivariana, el discurso inclusivo del Presidente Chávez y la consagración de los derechos indígenas en la Constitución de 1999 hacían pensar que las demandas históricas de los indígenas serían finalmente atendidas. Sin embargo, la problemática ha persistido, con un desgastante saldo para los warao. La intensidad de las luchas y movilizaciones que se produjeron a finales de los años 90 va a ir decayendo, sea por la devastación socio-ambiental de los ecosistemas donde habitan los indígenas y la precariedad de su vida social, por su debilidad institucional, por la intervención y cooptación estatal –que penetró buena parte de sus bases organizativas–, o bien por las dificultades de las nuevas generaciones para enfrentar los enormes desafíos presentes. Se mantienen organizaciones comunitarias y diálogos institucionales pero ya hoy asociados a las consecuencias de los problemas, particularmente los problemas socio-económicos. La visibilidad del conflicto ambiental por la actividad petrolera tiene tendencia a la latencia (Prensa Coneave, 2014). En la actualidad se trata de una de las zonas y etnias más abandonadas de todo el país.

Otras actividades económicas involucradas


• Explotación maderera en manglares • Pesca camaronera con redes de arrastre y portalones • Venta de especies comerciales y de fauna silvestre • Transporte, especialmente a través de los caños • Turismo

Commodities o recursos naturales involucrados


Petróeo

Resumen y descripción del proyecto


En 1994, Pdvsa otorgó la concesión del campo de Perdernales a la British Petroleum, bajo la modalidad de Convenio Operativo. Para ese año se previó la explotación de 48.000 hectáreas del campo Pedernales, con lo que se alcanzaría una producción de hasta 200.000 barriles de petróleo diarios (Bustamante y Scarton, 1999, en DiChiro, 1999). En el caso del campo Corocoro, se proyectó en 1998 que para el 2005 se estarían extrayendo 55.000 barriles diarios (Lasso et al, 2004). Hacia 1999 ya las actividades de explotación habían avanzado y se podía constatar la extensión de las construcciones para el desarrollo de la actividad, la persistencia de un programa de explosiones sísmicas para detección de hidrocarburos, derrames constantes, disposición de desechos contaminantes en fosas excavadas y a cielo abierto en las orillas de los caños Manamo-Manamito y La Ladera-Los Playones. Se seguía del proyecto la construcción de una red de plataformas y tuberías para la extracción, almacenamiento y transporte del crudo desde la boca de Pedernales hasta la isla de Capure y de ahí a una flota de gabarras, que transportarían el petróleo hasta Trinidad (Bustamante y Scarton, 1999, en DiChiro, 1999). En el caso del campo Corocoro, este estaba en fase exploratoria por parte de Conoco Phillips de 1999 a 2002 cuando se comenzaron a realizar los estudios de impacto ambiental por parte de Conservation International (Lasso et al, 2004). Desde 2008 la empresa mixta Petrosucre formada en sociedad con la empresa italiana ENI está a cargo de las tareas de explotación en Corocoro, mientras que Petrowarao, empresa mixta formada junto con la francesa Perenco, están a cargo de la explotación en Pedernales (Petroguía, 2015). Esto último vía decreto presidencial N° 4.971 en Gaceta Oficial N° 38.533 del 29 de septiembre del 2016. Desde agosto del 2017, ambas empresas comparten un mismo transporte que consiste en un buque Aframax “BT Knutsen” el cual contiene cámaras separadas para almacenar la producción de los dos campos y transporta el crudo hasta Curazao (El Universal, 2017). Para el 2015 se calculaba una producción acumulada de 89 millones de barriles de crudo, solo en la plataforma ‘4 de Febrero’ que entrara en operaciones en el 2012 en el campo Corocoro (Petroguía, 2015). Esta estructura tiene capacidad para producir 70.000 barriles diarios y está construida enteramente en Venezuela, con materiales y mano de obra venezolana (AVN, 2017; Pdvsa, 2017).

Empresas privadas nacionales e internacionales involucradas


• British Petroleum (primera concesión en Pedernales) • Jantessa, C.A. (primeros estudios de impacto ambiental en Pedernales) • DeltaLog (primeras encargada de la gestión de desechos en Pedernales) • Dekanter (primeras encargada de la gestión de desechos en Pedernales) • Conoco Phillips (primera concesión en Corocoro) • Conservation International-Venezuela (primeros estudios de impacto ambiental en Corocoro) • ENI [Italia] - 26% de participación accionaria en la empresa mixta Petrosucre • Perenco [Francia] - 40% de participación accionaria en la empresa mixta Petrowarao

Actores gubernamentales y compañías nacionales relevantes


• Petróleos de Venezuela, S.A. • Ministerio del Poder Popular de Petróleo • Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas • Ministerio de pueblos indígenas • Petrosucre [empresa mixta formada por Pdvsa (74%) y ENI (26%)] (actual explotación petrolera y gasífera en Corocoro) • Petrowarao [empresa mixta formada por Pdvsa (60%) y Perenco (40%)] (actual explotación petrolera y gasífera en Pedernales)

Instituciones Internacionales y Financieras involucradas


No se registran

Nivel de las inversiones (en US$ o en Bs.)


Se registra una inversión de 600 millones US$ tan solo en la Plataforma ‘4 de Febrero’ del campo Corocoro. Esta plataforma entró en operaciones en el año 2012 (AVN, 2017). En 2014 se registró una inversión de 420 millones US$ por parte de Perenco para el fortalecimiento de Petrowarao, la encargada de la explotación en Pedernales y otros campos en el Lago de Maracaibo (Petroguía, 2014; Noticias24, 2014). En agosto de 2017 se hicieron reuniones para evaluar nuevas inversiones de Perenco por 400 millones US$ pero aparentemente para fortalecer e incrementar la explotación en Zulia (MPPP. 2017). No se ha hallado registro del histórico de inversiones para el proyecto de Pedernales.

Estatus actual del Proyecto


Operando

Población afectada


La población total del municipio era de 6.438 habitantes según el censo del año 2011 (INE, 2014) y se considera que toda esta población es afectada. Destaca especialmente la afectación del pueblo warao por la devastación de su vida cotidiana, cultural, espiritual, laboral, económica y de su salud.

Fecha aproximada de inicio de las movilizaciones


1980

Cronología y detalles de las movilizaciones


Ya desde 1980 se registran las primeras movilizaciones, como se expresa en el I Congreso Warao que se realizara en Tucupita, donde se advierten en sus conclusiones los peligros de la explotación petrolera desde antes de su instalación por parte de Lagoven. Estas advertencias recorrían los aspectos ambientales, sociales, culturales y territoriales (s.a., 1980). Cuando la exploración por la British Petroleum comenzó a mediados de los años 90, las comunidades warao empezaron a ver lamentablemente realizadas sus predicciones sobre los daños a los ecosistemas y para sus propias vidas. Las alertas y denuncias se sistematizaron progresivamente a través de la organización comunitaria y la actuación en redes para la problematización y la difusión. De esta manera logran aliarse con grupos ambientalistas como Amigos de la Gran Sabana (Amigransa), la Red de Alerta Petrolera –filial venezolana de Oilwatch–, el grupo GEMA (Grupo de Estudio Mujeres y Ambiente) para hacer llegar las denuncias a otras instancias nacionales e internacionales (Pocaterra, 2014). Otros grupos que acompañaron la lucha de los warao fueron la Federación de Organizaciones no Gubernamentales y Juntas Ambientales (FORJA), quienes realizaban denuncias en medios de comunicación, talleres y foros y tenían cobertura nacional; la Fundación Tierra Viva, o la Fundación La Salle, entre otras. En el Tercer Congreso Warao Monikata en 1997, se discutió en profundidad el tema de los impactos de la exploración y explotación petrolera en el Delta, para lo cual se habían realizado antes actividades de reflexión, discusión, formación y difusión (Gutiérrez, 1997; Pocaterra, s.f.). En septiembre de 1998 la Comisión de Ambiente y Ordenación Territorial de la Cámara del Senado integrada por las asesoras Ing. Alicia García y la Lic. María Eugenia Bustamante, quienes fueron acompañadas por dieciséis miembros de las comunidades warao, realizó una visita a las localidades Capure, Pedernales, La Ladera, Los Playones, Boca de Tigre, Morichal Largo, La Culebrita, Isla Misteriosa, Winamorena, El Garcero y otras, y a la Ciudad de Tucupita y poblaciones aledañas, para constatar el deterioro ambiental producto de la actividad petrolera. Esta acción desembocó en la elaboración de un informe enviado al European Environmental Bureau el 21 de enero de 1999 (Bustamante y Scarton, 1999, en DiChiro, 1999) y se produjo gracias a las reiteradas denuncias que formularan en años previos representantes de las comunidades warao a través de la Unión de Comunidades Indígenas Warao y la Red de Mujeres Indígenas Warao en alianza con organizaciones ambientalistas (Pocaterra, s.f.). Se documenta también la redacción y consignación del informe ‘La Cara Oscura de la Apertura Petrolera’, realizado por la Red de Alerta Petrolera (Bustamante y Scarton, 1999, en DiChiro, 1999). Este informe fue firmado por la Red de Alerta Petrolera (Orinoco Oilwatch), Sociedad de Amigos en Defensa de la Gran Sabana (Amigransa), Sociedad Naturista de Venezuela, Fundamat, Red de Mujeres Indígenas Warao, Mosin, Grebo, Jardín Botánico de Tucupita, Instituciones de Investigación de la Universidad Central de Venezuela (UCV), de la Universidad Pedagógica (UPEL), de la Universidad de Oriente (UDO), Cátedra libre J.P. Pérez Alfonzo, Grupo de Estudios Mujer y Ambiente (GEMA), ECO XXI, Vicaría Derecho y Justicia, Fundación Casa del Trabajador de Sucre, Coordinación Central de Extensión de la UCV, Sociedad Conservacionista de Sucre, Comité de Solidaridad con El Hornito, Frente en Defensa de la Sierra de Perijá, Cinemóvil Wuayra y el Frente Continental de Mujeres (Bustamante y Scarton, 1999, en DiChiro, 1999). En 2000, el ministerio del ambiente declaraba que obligaría a la Brititsh Petroleum a ejecutar plantes de recuperación y mitigación de los daños y exigiría medidas cautelares en el manejo de los residuos depositados en La Ladera. Igualmente, anunció que abriría procesos administrativos a los funcionarios involucrados en el otorgamiento de autorizaciones. Ante estas medidas, BP decidió traspasar el campo a la empresa francesa Perenco (Provea, 2000), la cual continuó con las actividades y por tanto, mantuvo los factores del conflicto. Este caso ha pasado por diferentes etapas. Desde la movilización media que logró en su momento la paralización de las actividades petroleras hasta una movilización de nivel más bien bajo. La intensidad de las luchas y movilizaciones anteriores van decayendo motivado a varias razones. Una de ellas es la progresiva penetración de las organizaciones de base por las nuevas fuerzas políticas gubernamentales. Las reivindicaciones constitucionales alcanzadas y el discurso inclusivo y reivindicador del Presidente Chávez hacían pensar que las demandas de los grupos movilizados podrían ser atendidas. Sin embargo, los problemas socio-ambientales derivados de la actividad petrolera y otras iniciativas económicas han continuando degradando notablemente los medios de vida de los warao, desgastando sus luchas. Se mantienen las organizaciones comunitarias y los diálogos institucionales, pero básicamente están asociados a las consecuencias de los problemas causados, particularmente en lo referido a las demandas socio-económicas. Declaraciones y denuncias puntuales y esporádicas pueden encontrarse sobre la situación. La visibilidad del conflicto ambiental por la actividad petrolera tiene tendencia a la latencia (Prensa Coneave, 2014).

Algunas acciones, reclamos y peticiones de los grupos movilizados


Las denuncias de las comunidades warao hacen honor a la complejidad de la problemática generada por la industria petrolera: desde la falta de servicios –principalmente problemas con el acceso a agua de calidad–, hasta el desempleo, pasando por el caso de la trata de mujeres y la prostitución, la aparición de enfermedades, falta de medicamentos, entre otros factores que se registran casi invariablemente en conversaciones, entrevistas y testimonios (Bustamante y Scarton, 1999, en DiChiro, 1999; Pocaterra, s.f.). El informe ‘La Cara Oscura de la Apertura Petrolera’ realizado por la Red Alerta Petrolera enfatiza el tema de la gestión de desechos por parte de la British Petroleum (Bustamante y Scarton, 1999, en DiChiro, 1999). En el informe de 1999 realizado por la Comisión de Ambiente y Ordenación Territorial de la Cámara del Senado, se solicita la paralización de las actividades de la BP en Pedernales hasta que se hiciera una evaluación de los impactos que se habían producido. También se solicita la interpelación de los funcionarios del Ministerio del Ambiente que estarían involucrados en la gestión de la permisología –dados los estudios de impacto ambiental en la zona– y en la derogación y flexibilización de un decreto sobre el manejo de desechos peligrosos, especialmente de desechos producto de la perforación; y de las empresas encargadas del manejo de desechos. Se solicitó también el análisis del contenido de los desechos arrojados y la evaluación de salud de la población trabajadora e indígena, además de planes de emergencia sanitaria e inspección de los campamentos petroleros. Destaca en este informe, la solicitud de evaluaciones ambientales basadas en los instrumentos legales existentes (Bustamante y Scarton, 1999, en DiChiro, 1999). En el Tercer Congreso Indígena Warao se trató el tema del vertiginoso deterioro de la vida de los pueblos warao (Gutiérrez, 1997) y de allí emanaron las solicitudes para detener la actividad petrolera en el Delta, y que se crearan comisiones para evaluar y resarcir los daños ocasionados hasta el momento. Se solicitó también la creación de una comisión conformada por varias organizaciones para evaluar la situación de mujeres y niñas violentadas. Igualmente se manifestó la necesidad de concretar la demarcación de tierras y definir la titularidad de las mismas.

Intensidad del conflicto


Baja, con tendencia la latencia

¿Este conflicto ha terminado?


No

Impactos ambientales


Bustamante y Scarton (1999, en DiChiro, 1999) refieren sobre su visita de inspección realizada en 1998 que habían grandes infraestructuras producto de la actividad de exploración que habían sido abandonadas por la British Petroleum. Expresan particular impresión por las explosiones, derrames y disposición de desechos contaminantes en fosas y al aire libre, especialmente a las orillas del caño Manamo. Se registra contaminación con desechos químicos que incluyen metales pesados y material radiactivo, contaminación de las aguas dada la carencia de manejo de aguas de desecho y disposición de ripios al aire libre. El daño reportado es considerable e involucra flora y fauna marina y alteración del paisaje. Estas alteraciones trastornaron la vida de una cantidad importante de especies de peces, crustáceos e invertebrados que además eran vitales para la economía de la región. También se vio afectada la vida de aves, reptiles y mamíferos, así como de especies vegetales. Toda esta biota resultaba única por las características de la zona deltaica (Lasso et al, 2004). El área es imprescindible para garantizar la reproducción de especies de agua dulce y oceánica, permitir el descanso de aves migratorias y el régimen de mareas (afectado por la remoción del fondo marino y la alteración del flujo de los caños) que regulan la biota acuática.

Impactos en la salud


Especialmente la contaminación de las aguas y las deficiencias en la gestión de los desechos produjeron altos impactos en la salud de la población. Ha de tomarse en cuenta que los desechos petroleros contienen metales pesados e incluso materiales radiactivos. Además de esto, la circulación migratoria producto de la construcción y de la industria petrolera en sí llevó a la aparición de enfermedades desconocidas para la población warao y para las cuales no contaban con tratamientos. De estas situaciones de salud, quizá la más patente es la del VIH cuyos niveles se han incrementado hasta ser considerada como una epidemia (Vitti, 2015). Además de esto, los cambios en los modos de siembra y propiamente de los patrones de alimentación por los desplazamientos y la relación con nuevos esquemas culturales generan afectaciones de orden nutricional lo que disminuye la eficiencia del sistema inmunológico y metabólico de la población.

Impactos socio-económicos y culturales


Producto de las actividades de exploración y explotación petrolera, con sus consiguientes daños al ambiente, la migración de mano de obra trabajadora relacionada con la industria y las áreas conexas, y el desplazamiento de la población indígena de sus áreas ancestrales, el pueblo warao ha visto dramáticamente diezmada su población en actos tan flagrantes como el genocidio que se produjo como consecuencia del cierre del caño Manamo en 1966 o el hundimiento de la isla de Plata con su población (Gutiérrez, 1997). Todas sus costumbres, como el trabajo con la palma de moriche, la relación de armonía con la naturaleza, el acceso a sitios sagrados, han sido perturbadas. La interacción con la población migrante ha hecho que permeen las costumbres vinculadas a la vida urbana pero en un entorno que no está en disposición de recibir tales costumbres. Hay una elevada incidencia de casos de violencia de género, particularmente violencia sexual, prostitución y trata de niñas y mujeres. Por los desplazamientos del territorio han cambiado las formas de asentamiento, lo que impacta también sobre los modos de agricultura y patrones de alimentación. La interacción con la población trabajadora del petróleo incide en la introducción de cambios lingüísticos, uso de drogas, consumo de alcohol, cambios en las formas de entretenimiento (esto ya había sido advertido por Bustamante y Scarton, 1999, en DiChiro, 1999). Lo acelerado y compulsivo de este proceso, unido a indiferencia de las autoridades locales y al desconocimiento de la problemática indígena, ha contribuido a esta situación de trastorno socio-cultural para los indígenas, lo que además ha impulsado un éxodo de la etnia hacia ciudades como Maturín, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar y Caracas, buscado formas de subsistencia y mejores condiciones de vida. Sin embargo, la actividad que realizan en dichas ciudades es deambular por las calles pidiendo limosnas, lo cual ha transculturizado totalmente sus costumbres (Ecology and Environment, 2002).

Resultados y respuestas ante el conflicto


La respuesta más clara sobre el conflicto fue la paralización de las actividades relativas a la explotación petrolera en un primer momento (reanudándose posteriormente) y desde entonces han sido reiterados los esfuerzos para abordar los temas sociales y de salud –por ejemplo, a través de programas de responsabilidad social (Asociación Venezolana de los Hidrocarburos, s.f.). Sin embargo, estos esfuerzos han sido insuficientes ya que aún los índices de pobreza y enfermedad en la zona son alarmantes, así como el grado de deterioro de la población, la estructura y las formas de socialización tradicionales de los pueblos warao. La demarcación y titulación de tierras indígenas, de mandato constitucional, no se ha concretado, lo que añade otro elemento en contra a la resolución o atenuación del conflicto. Las transnacionales que allí han operado lo han venido haciendo sin tomar en cuenta la participación indígena, establecida en la constitución como ‘consulta previa e informada’. El panorama es más desalentador cuando se considera que las actividades de explotación petrolera en la región oriental representan 1/5 de la producción total de petróleo y gas del país, mientras el Gobierno nacional busca solventar la crisis ofreciendo cada vez más facilidades a las corporaciones foráneas, para así reactivar los proyectos y captar más ingresos para el Estado. Los warao viven hambre, desnutrición y enfermedades por la contaminación de las aguas. La crisis actual hace más dramática esta situación y agudiza el éxodo warao hacia las ciudades, e incluso hacia Brasil (Ávila, 2017). Esto por supuesto debilita las luchas por la defensa del delta del Orinoco. En la actualidad estos territorios están más olvidados que nunca (Vitti, 2016).

Alternativas propuestas


Las alternativas propuestas para resarcir los impactos de la explotación petrolera han sido muchas y abarcan diversos aspectos del tema: desde la creación de soluciones mixtas que involucren a las comunidades warao, las empresas privadas y los entes públicos hasta la paralización definitiva de toda actividad relacionada con la industria en esta zona.

¿Considera Ud. que se ha alcanzado la justicia ambiental en este caso?


No

Explique por qué


A pesar de que la explotación petrolera ha sido regulada y las instalaciones y procedimientos de extracción y transporte han sido refinados, el daño ocasionado a las comunidades warao es profundo ya que se ha alterado su estructura social, su cotidianidad, sus tradiciones, costumbres, la cantidad de su población se ha mermado significativamente y el nivel de pobreza resulta alarmante, así como la precariedad en las condiciones de salud. En cuanto al ambiente, no han sido implementadas soluciones para reparar las alteraciones que se produjeron hace más de dos décadas; de igual manera los riesgos de la explotación petrolera son siempre patentes y el incremento en la tasa de accidentes anuales de Pdvsa alerta sobre el potencial de daños (Homo et Natura, 2014; OilWatch, 2012). A pesar de que en un primer momento se logró la paralización de la actividad petrolera, esta se reanudó en los años siguientes bajo el control de empresas mixtas; además de esto, los problemas sociales, culturales, económicos y de salud que se originaron por las primeras fases de exploración y explotación persisten en forma grave y difícilmente se podrían considerar reparados, siendo la población warao la de más bajo nivel socioeconómico del país (Lasso et al, 2004) y existiendo un pico en la epidemia de VIH, otras infecciones de transmisión sexual y otras enfermedades; existe, además, un riesgo latente de derrames o accidentes en la zona.

Leyes_decretos_legislaciones_y_recursos_jurídicos_relacionados_con_el_caso

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela – 1999.

Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas – 2005.

Ley Orgánica del ambiente – 2006.

Ley Penal del Ambiente – 2012

Ley de aguas – 2007.

Decreto N° 1.661, 5/6/91. Gaceta Oficial N° 4.409, 04/04/92. Creación del Área boscosa bajo protección Pedernales y Merejina.

Ley Orgánica de Hidrocarburos -  2006.

Gaceta Oficial, N° 38.533, 29 de septiembre del 2006. Decreto No. 4.791, mediante el cual se transfiere a la empresa Petrowarao, S.A., el derecho a desarrollar las actividades primarias de exploración que en él se mencionan.

Ley sobre Sustancias, Materiales y Desechos Peligrosos – 2001.

Artículos

  • Asociación Venezolana de los Hidrocarburos (s.f.). Responsabilidad social – Salud – Statoil.

    Ávila, Melquiades (2017). El analfabetismo y el hambre consumen a las comunidades Warao del Delta.

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    Agencia Venezolana de Noticias.

    Becerra, E. (2013). Breve Reseña de la Historia del Petróleo en Venezuela.

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    El Universal. (2017). Pdvsa Petrowarao implementa estrategia operacional para transportar crudo. Eluniversal.com. (2 de agosto).

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  • Autor(es) o contribuidor(es) de esta ficha


    Enrique González Atay ¬– Observatorio de Ecología Política de Venezuela

    Última fecha de actualización de esta ficha


    9/01/2018