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Detalles

Pobladores de La Azulita se movilizan en defensa de los humedales del municipio Andrés Bello (Mérida)

PRINCIPAL ACTIVIDAD ECONÓMICA QUE ORIGINA EL CONFLICTO:

Agropecuario, biomasa y tierras

BREVE DESCRIPCIÓN DEL CONFLICTO:

Algunas iniciativas agropecuarias particulares provocan daños progresivos a los humedales del municipio Andrés Bello, afectando los caudales de los ríos y sus aguas. La apertura de una carretera en Urumal es la gota que derrama el vaso. Diversas comunidades de La Azulita se movilizan en defensa de esos delicados ecosistemas.

IDENTIFICADOR DE CASO:

1031

FECHA APROXIMADA DE INICIO DEL CONFLICTO

2015

UBICACIÓN:

Urumal, comunidad de San Luis, La Azulita, municipio Andrés Bello, estado Mérida



Ubicación del proyecto (localidad, municipio y estado del país)


Zona de Urumal, municipio Andrés Bello, estado Mérida

Área del proyecto


La construcción de una carretera que atraviesa una gran cantidad de humedales, e incluso 7 fuentes de agua que son las que alimentan al acueducto de San Luis y del Pueblo de La Azulita, ha sido la acción más controvertida y una de las principales causas del conflicto. Su longitud es de 1.850 mts. (registrada en 2016, cuando se alcanza el punto más alto de las movilizaciones).

Tipo de población


Rural

Resumen del caso


El estado andino de Mérida alberga áreas delicadas de gran importancia ecológica, entre las que se cuenta el Parque Nacional Sierra La Culata (municipio Andrés Bello), que incluye bosques naturales altos y medios, numerosos páramos y cursos de agua. En este sentido, el principal bien que proveen los humedales de esta micro-cuenca es el agua y algunas de las más relevantes funciones ecosistémicas, como el almacenamiento y regulación de caudales, entre otros. Las fuentes de agua de la Sierra La Culata abastecen a un 65% de la población del estado y parte de las poblaciones de Trujillo y Zulia, y aporta el 80% del agua para riego que se utiliza en Mérida, Trujillo y la zona sur del lago de Maracaibo (Cormetur, 2015), por lo que ameritan protección absoluta. Desde hace muchos años, diversas actividades económicas vienen generando crecientes agresiones a los ecosistemas del municipio Andrés Bello y en específico a su sistema de nacientes de las cuencas y subcuencas hidrográficas: actividades agrícolas que generan contaminación con pesticidas y fungicidas, fumigación con matamalezas en humedales y nacientes para convertirlos en potreros, deforestación para ampliación de la frontera agropecuaria y extracción de madera, anillado de árboles con el mismo propósito, tomas ilícitas de agua y uso indiscriminado de ese bien común, extracción de flora y fauna, entre otras, que generan una disminución de la capacidad de los humedales. En este sentido, uno de los principales problemas del municipio es el agua, siendo que estas micro-cuencas han disminuido notablemente sus facultades para la producción de agua y se han generado problemas de abastecimiento en las aldeas y centros poblados de la zona, que en época de sequía se quedan sin el recurso y tienen que recurrir a camiones cisterna para tratar de solventar la situación (Olivero, 2016a). Las diversas actividades económicas descritas han generado conflictos y movilizaciones en defensa de estos ecosistemas por varios años. La gota que derramó el vaso respecto a todos los delitos ambientales que se comenten en la zona, y que va a generar desde 2016 un incremento importante de las movilizaciones ha sido la apertura de una carretera de 4 metros de ancho por 1.850 mts de largo en la zona del Urumal (Fernández, 2016), específicamente en la Aldea el Maporal de La Osa, afectando a las cuencas y micro-cuencas de la quebrada de Guerrero, y los humedales que surten de agua a las Comunidades de Maporal de La Osa, Las Adjuntas, Quebrada Azul, Ciudad Fresita, San Luis, pueblo de la Azulita y zonas adyacentes al municipio Alberto Adriani (Mucujepe). Los grupos movilizados han denunciado que la vialidad fue abierta sin el permiso del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, violando además una sentencia que el Juzgado Agrario de la Circunscripción del estado Mérida decretara el 28 de Septiembre del 2015, en la cual se prohíbe la tala, la quema de árboles, la construcción de carreteras, edificaciones y las tomas de agua ilegales en todo el sistema de nacientes de las cuencas y subcuencas hidrográficas del municipio Andrés Bello. Esta sentencia fue producto de la insistencia y tezón de las comunidades organizadas en la protección de los humedales. Las movilizaciones han sido variadas y de amplia participación. Consejos comunales de la aldea de San Luis, vecinos de la Comuna El Tambor y habitantes del casco central de La Azulita han estado a la vanguardia de la defensa de estos humedales. Denuncias ante las autoridades competentes, inspecciones comunitarias de las zonas afectadas, campañas a través de redes sociales e impulso de programas de radio para la concientización de la importancia ecológica de la zona, articulación con especialistas y académicos, creación de comunicaciones y elaboración de expedientes sobre el conflicto, elaboración de peticiones y propuestas para remediar el problema, elaboración de contenidos audiovisuales, movilizaciones y marchas públicas en el casco central del pueblo –incluso se realizó una movilización hacia Caracas para llevar la denuncia al Ministerio Público y la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional–, y la idea de conformar un frente ecológico en defensa de los humedales y la sobrevivencia de las comunidades, se cuentan entre las diversas formas en que estos grupos han luchado por la justicia ambiental en los territorios donde habitan. Cabe destacar que, además de una interpelación a las instituciones estatales de escala nacional y local para lograr una mejor gestión ambiental de estos ecosistemas, este conflicto revela diversas valoraciones y concepciones sobre la naturaleza que entran en disputa incluso entre comunidades de la zona. En este sentido, si bien unas resaltan las prácticas agroecológicas y el cuidado del ambiente, en otras parece sobreponerse el interés económico particular obtenido del aprovechamiento de la tierra y sus frutos (Grisolia, 2016). Autoridades locales han atendido las denuncias y han impartido órdenes de detener los movimientos de tierra para la construcción de la carretera, regular las actividades agropecuarias y la gestión en los humedales. Sin embargo, integrantes de las comunidades señalan que no se han liberado las aguas, ni se ha reforestado ni inhabilitado la carretera (Olivero, 2016b). Las sentencias que se han emitido para proteger los humedales no se han cumplido, y en general la actividad agropecuaria depredadora y la multiplicación de delitos ambientales en el parque Sierra La Culata continúan, ante la inacción de las autoridades (Olivero, 2016c). Desde 2017 las movilizaciones han bajado de intensidad, a la espera del cumplimiento de las resoluciones ambientales que se decretaron, además de que las lluvias han crecido, lo que ha hecho que las quebradas resurjan momentáneamente y que la carretera no se pueda seguir realizando. En la medida en la que un período de sequía se inicie, el conflicto probablemente aumente de nuevo su intensidad. El deterioro de la situación ambiental e hidrológica al pasar de los años pone en serio peligro el acceso al agua de parte de la población merideña.

Otras actividades económicas involucradas


Extracción de madera

Commodities o recursos naturales involucrados


• Ganado • Productos agrícolas • Madera

Resumen y descripción del proyecto


En relación particular a la carretera, se trata de una vía de 4 metros de ancho por 1.850 metros de largo que atraviesa una gran cantidad de humedales e incluso 7 fuentes de agua que son las que alimentan al acueducto de San Luis y del pueblo de La Azulita. La carretera ha sido abierta con una máquina modelo Jumbo Caterpillar 320cl, sin ningún tipo de permisología y a tan solo 23 metros del Parque Nacional Sierra La Culata.

Empresas privadas nacionales e internacionales involucradas


No se registra

Actores gubernamentales y compañías nacionales relevantes


• Inparques • Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas • Alcaldía de La Azulita • Cámara Municipal • Gobernación del estado Mérida • Guardia Nacional Bolivariana • Ministerio Público - Fiscalía de Delitos Ambientales • Tribunal Supremo de Justicia • Instituto Nacional de tierras - INTI • Registradora del Municipio Andrés Bello • Aguas de Mérida • Comisión de Ambiente y Ordenación del Territorio del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Mérida (CLEBM)

Instituciones Internacionales y Financieras involucradas


No se registran

Nivel de las inversiones (en US$ o en Bs.)


Desconocido

Estatus actual del Proyecto


Detenido

Población afectada


Grupos movilizados plantean que, con estos daños ambientales se afectan en los territorios aledaños y aldeas contiguas a unas 14.000 personas (Grisolia, 2016).

Fecha aproximada de inicio de las movilizaciones


2015

Cronología y detalles de las movilizaciones


En las movilizaciones en defensa de los humedales del municipio Andrés Bello han participado un conjunto de actores, entre los que destacan los vecinos de la comunidad de San Luis (consejos comunales), de la Comuna El Tambor y varios habitantes del casco central de La Azulita. Entre 2014 y 2015, ya los vecinos de la zona advertían grandes áreas deforestadas y comienzan a formular denuncias ante las autoridades competentes de Inparques Mérida, sin mucho éxito. Los graves problemas de agua en plena zona productora impulsó a las comunidades organizadas a buscar soluciones, en compañía de la alcaldía de Andrés Bello, lo que condujo en 2015 al dictamen de una medida de protección ambiental al sistema de nacientes de las cuencas y subcuencas hidrográficas por parte del Tribunal Superior Agrario, que reivindica toda la norma legal existente y que prohíbe explícitamente todos los delitos que han sido denunciado con anterioridad por las comunidades movilizadas (Olivero, 2016c). En 2016 los vecinos comienzan a denunciar la tala indiscriminada en la zona del Urumal, Aldea Maporal de la Osa, zona de humedales del Parque Nacional Páramo La Culata. Se comienzan a imprimir una gran cantidad de afiches con la denuncia, colocándolos en lugares estratégicos de La Azulita, incluyendo la alcaldía y un ejemplar para el encargado del puesto de la Guardia Nacional del municipio. Se generan reuniones con funcionarios del Ministerio del Ambiente y la alcaldía de La Azulita. Se hicieron programas de radio resaltando la importancia de la zona del Urumal como fuente hídrica natural, la problemática de la tala y la ganadería extensiva de la cual está siendo objeto y llamando a la población para que apoyen la protección de la misma. Actores de la Universidad de Los Andes proponen la academia como sitio de importancia para llevar a cabo estudios de investigación de grado y post grado sobre estos temas. En inspecciones comunitarias se descubre la apertura de la carretera en Urumal y la afectación de las quebradas, hecha por maquinarias pesadas. Con insistencia, las comunidades notifican de los hechos al Ministerio Público, la Guardia Nacional Bolivariana, alcaldía del municipio Andrés Bello, Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, hasta que se logran levantar informes y reportes de los daños ambientales provocados por la carretera. Consejos Comunales de San Luis elaboran un expediente cronológico de sus movilizaciones, los argumentos técnicos de sus demandas, así como las respuestas que van obteniendo de las autoridades. Cada uno de estos Consejos Comunales emiten una comunicación dirigida a la jueza Katherine Beltrán Zerpa, exponiendo el caso y proponen tomar acciones concretas ante este ilícito ambiental. Los Consejos Comunales junto con vecinos de la Comuna El Tambor y habitantes de La Azulita llevaron adelante movilizaciones de calle, como ocurrió a finales de junio de 2016 en el casco central del pueblo, donde se realizó una protesta pública y denuncia sobre el caso ante las autoridades competentes; o en la Plaza Bolívar donde se desplegaron pancartas y se realizó una reunión con el alcalde. Las comunidades logran concretar una inspección conjunta entre estas y autoridades oficiales, en la aldea de Maporal de la Osa, donde se estaba construyendo la carretera, pudiendo instalar in situ un tribunal que tenía como objetivo verificar si la sentencia de resguardo ambiental de 2015 se estaba cumpliendo o no (Fernández, 2016). Los grupos movilizados también consignaron documentos y denuncias en el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas, Inparques, Ministerio Público, la Comisión de Ambiente del Consejo Legislativo de Mérida y la Fiscalía Ambiental (Olivero, 2016d; 2016e; 2016c); se tomó un derecho de palabra en la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional de la República (Olivero, 2016f). Los grupos movilizados propusieron la idea de conformar un frente ecológico para proteger y garantizar la sobrevivencia del pueblo, ante el peligro de quedarse sin agua. A finales de octubre de 2016, se juramentó el Consejo de Gestión Ambiental Municipal, con la participación de instituciones municipales, estatales y nacionales, como resultado de la insistencia y constancia de la lucha de las comunidades de La Azulita y el municipio Andrés Bello (Olivero, 2016g; 2016h; 2016i).

Algunas acciones, reclamos y peticiones de los grupos movilizados


Los diferentes consejos comunales San Luis han solicitado la liberación de los cauces naturales obstruidos; reforestación de las zonas afectadas, creando un banco de semillas que contribuya a ello; inamovilidad plena de la carretera, debido a que podría ser utilizada para la extracción ilegal de madera y otras actividades ilícitas; confiscación de la maquinaria con la que se ha abierto la carretera, como forma de sentar un precedente; verificación de Cartas Agrarias emitidas por el INTI, en las zonas ABRAE y la revocatoria de las mismas; conformar una comisión de verificación periódica de las medidas de restablecimiento de la zona afectada, donde también participen las comunidades; hacer inspecciones a otras parcelas que están dentro de la zona ABRAE en el Urumal y en el resto del municipio; hablar sobre el ecocidio que se ha generado en la zona del Chorotal, donde también se encuentran nacientes de agua y humedales de importancia, y hacer una inspección a la Quebrada el Triunfo, donde también se ha registrado una situación similar de deforestación; establecer las responsabilidades ante los entes competentes en la materia; decretar estas zonas como una de las principales zonas hídricas del municipio; difundir masiva y públicamente cualquier sentencia o decisión de protección ambiental que se decrete para esta zona. Las comunidades movilizadas, que se asumen como poder popular, proponen que se sienten las bases para un verdadero desarrollo que no continúe con el fatídico modelo capitalista que promueve el crecimiento económico basado en la destrucción de los recursos naturales (Olivero, 2016c). Buena parte de los grupos movilizados han apelado a la narrativa ‘ecosocialista’ –difundida fundamentalmente por el Gobierno Bolivariano– y la reivindicación del Quinto Objetivo del Plan de la Patria 2013-2019 –Preservar la vida en el Planeta Tierra–, como planteamiento discursivo para reclamar los daños ambientales que se han causado en estos humedales y exigir la defensa de los mismos en el municipio. A su vez, los consejos comunales de San Luis plantean que, al ser la expresión del poder popular, deben ser consultados antes de que se venda un terreno en la zona. Manifiestan que están defendiendo los derechos de todos, debido a que están protegiendo el agua, que es de todos, incluso de esa comunidad que está degradando el ambiente con sus prácticas. Para los integrantes de la Comuna El Tambor, el agua es su principal recurso (Fernández, 2016). Alegan que las aguas son de la nación, que pertenecen a todos los venezolanos y que el derecho de un grupo de personas no puede ser más importante que el derecho de todos. Las comunidades expresan que son gente humilde y campesina que nacieron en las montañas, y que aman esas montañas (Fernández, 2016).

Intensidad del conflicto


Media, con tendencia a la baja

¿Este conflicto ha terminado?


No

Impactos ambientales


Se ha señalado que existen fincas dentro de los linderos del Parque Nacional Sierra La Culata. Funcionarios del Ministerio de Ecosocialismo y Aguas y de la alcaldía de Andrés Bello han señalado que en el municipio, entre el 2000 y 2008, alrededor de 17 dueños de fincas deforestaron entre 500 y 600 hectáreas de bosques llenos de humedales y de vegetación natural (nativa) (Olivero, 2016h). En la zona protectora de la cuenca alta y media del río Capaz, decretada hace casi 30 años, se pierden unas 611 hectáreas anuales, según cifras de informes técnicos, lo que arroja una pérdida aproximada de 36% del área protegida para los actuales momentos (Olivero, 2016c). En recorrido en agosto de 2016, se constató que, además del ecocidio en Urumal, la agresión al Parque Nacional Sierra La Culata es de proporciones mayores a las previstas y con daños probablemente irreversibles. Se hace referencia a una tala intensa en la zona y la continua expansión hacia el bosque para la actividad ganadera, debido a la ausencia de cercas en estos sectores (Olivero, 2016c). Se ha señalado también que la zona de Chorotal está destruida por la actividad agrícola y ganadera, y que, al igual que Urumal, el gran negocio es la extracción de madera. La apertura de la carretera en Urumal ha afectado la quebrada de Guerrero, y los humedales que surten de agua a las comunidades de Maporal de La Osa, Las Adjuntas, Quebrada Azul, Ciudad Fresita, San Luis, pueblo de la Azulita y zonas adyacentes al municipio Alberto Adriani (Mucujepe). En total 6 cauces naturales fueron obstruidos (Grisolia, 2016). La deforestación en la zona podría aumentar sensiblemente debido a que la posible creación de la carretera podría ser utilizada para la extracción ilegal de madera –junto a otras actividades ilícitas. Se ha hecho referencia que algunos productores hacen mal uso de los agrotóxicos, citando el caso de los niños de la escuela del sector Las Adjuntas, que se vieron afectados por la contaminación de las aguas de consumo humano. En relación a la aldea Maporal de La Osa, se señala que los causantes del destrozo contaminan con agrotóxicos desde sus fincas afectando, por ejemplo, a la quebrada El Guerrero, que alimenta el acueducto del pueblo de La Azulita.

Impactos en la salud


No se registran impactos visibles.

Impactos socio-económicos y culturales


La progresiva afectación de los humedales tiene también impactos en las actividades económicas locales de diversos sectores de la zona. La posible apertura de una carretera facilita la entrada de población migrante con fines de extracción, que tendría un impacto social determinante. Las dificultades para una regulación oficial de las actividades no permitidas en esas áreas protegidas genera conflictos entre comunidades por distribuciones desiguales de los bienes comunes, con peligros de confrontación entre las mismas.

Resultados y respuestas ante el conflicto


Representantes de Inparques presentaron un informe de la inspección realizada el día 25 de junio de 2016 en la que se destacaba que las personas que hicieron la carretera no contaban con la permisología y que estos generaron impactos ambientales en un área de severa restricción (a tan solo 23 metros del Parque Nacional). Desde las autoridades oficiales se puso sobre la mesa revisar el tipo de uso y legalidad de la posesión de tierras en la zona, así como otros aspectos ambientales con el fin de regularizar las actividades particulares. A partir de la inspección conjunta en Maporal de La Osa en 2016, las autoridades dejaban por sentado que la continuación de la carretera quedaba paralizada, y se propuso el compromiso para la reforestación de la zona devastada (Fernández, 2016). Desde octubre de ese año el caso está en tribunales (Olivero, 2016j). A pesar de estos y otros compromisos de las autoridades para remediar los impactos y revertir el problema, comunidades de la zona han denunciado que la medida de protección ambiental de las cuencas del municipio no ha logrado evitar la multiplicación de los delitos ambientales que allí ocurren y señalan que el Parque Nacional Sierra La Culata sigue sufriendo graves impactos y la expansión de la colonización y la frontera agrícola continúan, ante el silencio y la complicidad de las autoridades (Olivero, 2016c). También las comunidades han señalado que el Instituto Nacional de Tierras asigna instrumentos de ocupación del territorio para el uso agrícola y pecuario en áreas protegidas, obviando las ABRAEs en el municipio y la oposición de las comunidades respecto a estas asignaciones. A su vez, la Guardia Ambiental ha sido sumamente deficiente y a veces complaciente (Olivero, 2016c). A finales de octubre de 2016 en la Cámara Municipal de La Azulita se conforma el Consejo de Gestión Ambiental del municipio Andrés Bello (Olivero, 2016g). El mismo tiene como objetivos coadyuvar en el fomento y desarrollo de una cultura ecológica de los asentamientos humanos, sus hábitat y áreas de influencia; controlar las actividades que se llevan a cabo en el territorio del municipio que puedan afectar negativamente al ambiente; evitar nuevas construcciones en áreas de riesgo socionatural, en las zonas protectoras de ríos y otros cuerpos de agua ubicados en el municipio; entre otras. En declaraciones desde el último tercio de 2016 y principios de 2017, las comunidades se han pronunciando señalando que están a la espera de respuestas a las solicitudes planteadas en su lucha (Olivero, 2017). Se ha señalado que el creado Consejo de Gestión Ambiental Municipal no ha logrado que se atiendan las demandas de los grupos movilizados (Olivero, 2016b). En 2017, las movilizaciones bajan su intensidad, entre otros factores por la llegada de las lluvias que hizo resurgir el caudal de las quebradas y ha impedido que la carretera se pueda realizar (Olivero, 2017b). Sin embargo, algunos integrantes de las comunidades continúan arengando para mantener la interpelación y el nivel de alerta sobre la situación (EcoAzul Venezuela, 2017). El conflicto puede nuevamente crecer en intensidad, aunque integrantes de las comunidades han afirmado que a raíz de estas movilizaciones se ha creado una mayor conciencia ambiental en las comunidades (Olivero, 2017b). La situación del agua, vista en perspectiva de más largo plazo, puede empeorar dramáticamente para estas y en general para el resto de los habitantes del estado Mérida.

Alternativas propuestas


Entre las propuestas que se han presentado esta la creación de un banco de semillas para la reforestación inmediata y la creación de una Guardería Ambiental. A nivel territorial se ha propuesto la realización de talleres con niños para enseñar el valor del agua y la importancia de su cuidado (Olivero, 2017b). En la sentencia de 2015, se ordena un trabajo conjunto con el INIA, FONDAS, Universidad de los Andes, UPTM, Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología y el INCES, junto con las comunidades organizadas para la conformación de talleres educativos tendentes a formar una nueva conciencia ambiental, tomando en consideración el nuevo desarrollo rural sustentable para el municipio Andrés Bello, previsto en las normativas vigentes, a raíz de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A su vez, se ordenó oficiar a estos organismos para que establezcan en el área de la cuenca, parcelas demostrativas, estaciones experimentales, centro extensionistas, donde se investigue y se enseñen los métodos alternativos de producción más modernos y de menor impacto ambiental, que correspondan a las realidades ecológicas de la cuenca (Olivero, 2016h).

¿Considera Ud. que se ha alcanzado la justicia ambiental en este caso?


No, pero con algunas demandas atendidas

Explique por qué


Diversas autoridades oficiales han atendido las denuncias y peticiones de los grupos movilizados, y algunas gestiones formales se han efectuado. Sin embargo, no se han logrado detener los agentes que generan degradación ambiental en esos delicados territorios, ni se ha logrado remediar lo afectado.

Leyes_decretos_legislaciones_y_recursos_jurídicos_relacionados_con_el_caso

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela – 1999.

Ley Orgánica del Ambiente – 2006.

Ley Penal del Ambiente – 2012.

Ley de aguas – 2007.

Decreto No.640 del 7 de diciembre de 1989. Gaceta Oficial No. 34.439 del 29 de marzo de 1990. Se declara Parque Nacional con el nombre de ‘Sierra de La Culata’.

Decisión de Juzgado Superior Agrario de Merida, de 28 de Septiembre de 2015. Solicitud De Medida De Proteccion Ambiental. Juzgado Superior Agrario.

Artículos

  • Cormetur (2015). Parque Nacional Sierra La Culata. Mérida tu destino.

    EcoAzul Venezuela (2017). Urumal… Cuenta de facebook @EcoAzul.Venezuela.

    Olivero, Arlenis (2016b). A casi 5 meses de este desastre, no ha pasado nada. Urumal, crónica de un ecocidio anunciado.

    Olivero, Arlenis (2016c). Carta Abierta al Ministro de Ecosocialismo y Aguas e Informe Inparques. Urumal, crónica de un ecocidio anunciado.

    Olivero, Arlenis (2016d). Cuatro propósitos, cuatro logros. Urumal, crónica de un ecocidio anunciado.

    Olivero, Arlenis (2016e). Denuncia ante el Ministerio Público. Urumal, crónica de un ecocidio anunciado.

    Olivero, Arlenis (2016f). Derecho de Palabra en la Asamblea Nacional Comisión de Ambiente. Urumal, crónica de un ecocidio anunciado.

    Olivero, Arlenis (2016g). Consejo de Gestión Ambiental Municipal, gran logro ! Urumal, crónica de un ecocidio anunciado.

    Olivero, Arlenis (2016h). Documento completo del tribunal que dicta la medida de protección ambiental al sistema de nacientes de las cuencas y sub-cuencas hidrográficas del municipio Andrés Bello del estado bolivariano de Mérida. Urumal, crónica de un ecocidio anunciado.

    Olivero, Arlenis (2016i). Ordenanza para la Coordinación de la Gestión Ambiental en el Municipio Andrés Bello del Estado Bolivariano de Mérida. Urumal, crónica de un ecocidio anunciado

    Olivero, Arlenis (2016j). 110 días desde aquel día, hoy por fin estuvimos en "TRIBUNALES". Urumal, crónica de un ecocidio anunciado.

    Olivero, Arlenis (2017a). 6 meses y nada de nada. Urumal, crónica de un ecocidio anunciado.

    Olivero, Arlenis (2017b). Entrevista realizada por Emiliano Teran Mantovani. Caracas, Venezuela.
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    Autor(es) o contribuidor(es) de esta ficha


    Emiliano Terán Mantovani - Observatorio de Ecología Política

    Última fecha de actualización de esta ficha


    22/01/2018