Son conocidos los casos de violentas disputas que en África se han producido alrededor de la extracción ilegal y el comercio de un mineral tan estratégico como el coltán. En Venezuela se sabe de su existencia, aunque hasta la fecha no existan reservas cuantificadas y certificadas. Hay algunos cálculos de reservas y ubicación de las mismas por parte de diferentes geólogos y especialistas. Sin embargo, un elemento que destaca es la declaración en 2010 del propio presidente de la República Hugo Chávez, quien anunciaba que, basado en evaluaciones muy preliminares, existían reservas de 100 mil millones de dólares en el país (ABN – Aporrea, 2010; El Universal, 2009) y ordenaba militarizar la zonas coltaníferas pues estaban extrayendo este mineral y llevándoselo para Colombia (Díaz-Struck y Poliszuk, 2012a). El área clave de mayores acumulaciones estaría desde Parguaza (nor-occidente de Bolívar) hasta el Eje Carretero de Puerto Ayacucho (nor-occidente de Amazonas). En los últimos años se ha venido produciendo una fiebre del coltán en Venezuela –aunque no como la del oro en el estado Bolívar– (Ramírez, 2016), lo cual además se inserta en la compleja dinámica de la minería ilegal en el sur del Orinoco. Este proceso se ha venido desarrollando en las áreas donde conviven pueblos indígenas guajibo (jivi), piaroa (wöthüja) y e’ñepa. Diversos actores, tales como mineros de otros países y de la zona, grupos armados e incluso algunos indígenas, están interviniendo en estos territorios para explotar este mineral estratégico, amenazando la seguridad y supervivencia pacífica de las comunidades originarias, y generando problemas como la contaminación de aguas, deforestación, proliferación de enfermedades, la intervención en sus estructuras de autoridad tradicional (choque con otras figuras de poder), reclutamiento de niños para ser soldados, situación de semi-esclavitud para las mujeres indígenas, entre otros (Manaka, 2010). Varias organizaciones indígenas, ambientalistas y de derechos humanos, se han manifestado sobre el problema pidiendo soluciones a las autoridades estatales. Además de los impactos actuales, resaltan los peligros de que, al ser coltán el commodity sobre el cual se desarrolla este caso, se puedan intensificar dramáticamente los impactos a estos pueblos originarios, de llegar a expandirse la fiebre del mineral en estos territorios. El proyecto del Arco Minero del Orinoco, oficializado a partir de febrero de 2016, y su plan para formalizar la minería industrial a cielo abierto de coltán en el área 1, aparece como otro factor fundamental en el conflicto. Los pueblos indígenas que se oponen a estos procesos extractivos y de degradación de sus territorios, se enfrentan a grandes amenazas.
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