El Noroeste del estado Zulia (donde se encuentra la Guajira venezolana) es un territorio clave, no solo por los recursos que posee y los proyectos planteados en la zona, sino también porque se encuentra en la caliente frontera entre Colombia y Venezuela. Desde hace más de 10 años se ha intentado expandir la extracción de carbón en estos territorios, lo que ha generado enormes conflictos con los pueblos indígenas y los grupos ambientalistas. A parte de las minas Norte y Paso Diablo, que en sus últimos años más productivos han generado alrededor de 8, 5 millones de toneladas métricas de carbón, el Gobierno nacional ha planteado ya en varias oportunidades iniciativas para abrir nuevas minas en torno a las cuencas de los ríos Socuy y Cachirí. En 2015 promulgaba el decreto 1.606 para ampliar la explotación carbonífera en los municipios Mara y Guajira, lo que llevaría el área minera de siete mil a un total de 24.192 hectáreas. Meses después este decreto sería revertido. Ante la severa crisis que se vive en el país y debido a la caída estrepitosa de las cuotas de extracción de carbón desde el año 2013, el Gobierno nacional ha estado promoviendo estímulos e incentivos a empresas transnacionales para relanzar el proyecto, así como otros proyectos de infraestructuras –puertos, vías ferroviarias, etc.– que se enmarcan en la lógica de COSIPLAN-IIRSA. Entre mayo y junio de 2017 logra establecer algunos acuerdos y posicionar algunas inversiones –fundamentalmente con corporaciones chinas– reabriendo las minas y reanudando la exportación de carbón. Los indígenas wayúu, el pueblo originario más numeroso del país, ha planteado resistencias en medio de estos procesos de intervención en sus territorios. Los wayúu del Socuy, en alianza con wayúu de otros sectores, organizaciones ambientalistas y de derechos humanos, se han manifestado y movilizado con intensidad de diversas maneras ante las actuales y potenciales consecuencias de la extracción de carbón en la zona y los demás proyectos relacionados a este avance del extractivismo. Se declaran en resistencia para evitar que se abra una nueva mina en la cuenca de este río y plantean que defenderán con su vida el territorio. En la zona ya se sienten los efectos que han dejado las actuales minas de carbón en la cuenca del río Guasare, afectando aguas, el aire, y el sustento de vida los indígenas. Las disputas por el territorio, la imposición de los nuevos proyectos y el despojo de territorios están vinculadas al aumento de la violencia contra los wayúu en la zona. Una intensa militarización y criminalización de estos pueblos originarios, en el marco de una grave crisis de escala nacional, ha provocado confrontaciones violentas en la región, con lamentables resultados. Indígenas, junto a organizaciones sociales y ambientalistas permanecen movilizados para evitar que se concrete y oficialice la expansión extractiva en esta región.
Fuente: Culturalsurvival.