Desde principios de la década de 2000, se inician las operaciones mineras para la exploración y explotación del yacimiento de níquel más importante del país, en el sector Loma de Hierro (Aragua), donde existen pequeñas comunidades de perfil agrícola. La empresa minera a cargo es Loma de Níquel, donde la trasnacional Anglo American controlaba el 91% de las acciones. Ya desde sus inicios la empresa comienza a provocar pasivos ambientales a estas comunidades. Desde el año 2003 se intensifican las denuncias de la población. Estas han venido señalando que existen grandes acumulaciones de desechos (escoria), afectaciones a sus ríos, contaminación del aire debido al carbonillo de níquel, afectación a la biodiversidad y daños a la vegetación, a las siembras y sus cultivos; aparición de enfermedades en la piel, en vías respiratorias, cefaleas y presencia de níquel en la sangre; a lo que hay que sumarle la afectación de sus medios básicos de vida y la generación de dependencia a la empresa minera. Diversas movilizaciones y denuncias han sido realizadas, principalmente por los habitantes de Tiara (Aragua) y de algunas comunidades de la parroquia de Altagracia de la Montaña (Miranda), con los consejos comunales jugando un papel destacado, la organización de comités ambientales y de salud impulsados por parte de la comunidad, y los aportes de organizaciones ambientalistas locales. La respuesta de la minera ha sido de incumplimiento a los acuerdos estipulados con la comunidad, a lo que se suma la denuncia de los pobladores sobre la complicidad de algunos funcionales estatales a favor de la empresa. Algunas interpelaciones a Anglo American por parte del Ministerio del Ambiente, e incluso del propio presidente Hugo Chávez en el año 2009, fueron respondidas por ésta desestimando las denuncias de los impactos a la salud en los pobladores y planteando que no estaban vinculadas a esta actividad industrial. Las comunidades llevan denuncias a la Asamblea Nacional y realizan sus propios estudios epidemiológicos, dado que no dan crédito a los argumentos planteados por la minera. En momentos de mayor intensidad del conflicto varias comunidades bloquean diversas entradas a las minas, exigiendo que se cumplan acuerdos sobre servicios públicos que debía realizar la empresa. Esto produjo varios enfrentamientos donde también estaban involucradas las alcaldías de Guaicaipuro y Santos Michelena, así como el sindicato minero. A pesar de que la empresa respondió en 2011 con mejoras en el servicio eléctrico, los impactos socio-ambientales no fueron subsanados, permaneciendo en cambio estos pasivos y los peligros para la salud de los pobladores. En 2012, el Gobierno venezolano asumió formalmente el control de Loma de Níquel. Posteriormente, el proyecto comienza a entrar en decadencia y su producción se va estancando. Además de que la situación socio-ambiental tampoco ha mejorado en ningún sentido, después de la nacionalización de esta actividad industrial, la comunidad entró en una situación mucho más vulnerable económicamente que antes. La desmovilización se fortalece en la población. El Gobierno nacional, en el marco de un reimpulso del extractivismo en Venezuela y del llamado ‘Motor Minero’, se encuentra en la actualidad estableciendo acuerdos y alianzas con corporaciones chinas para la definitiva reactivación de la ‘producción’.

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