Observatorio de Ecología Política de Venezuela

 

La Comisión de Ciencia y Tecnología de la actual Asamblea Nacional de Venezuela[1] anunció la aprobación del informe final de un proyecto de Ley de Semillas, promovido desde esta Asamblea.

De acuerdo a las declaraciones del Diputado del Partido de la Mesa de la Unidad por el estado Apure, Luis Lippa, este Proyecto de Ley contemplaría el uso de semillas transgénicas para la producción de alimentos en Venezuela, en contraposición a la Ley Nacional de Semillas vigente promovida desde los sectores campesinos, académicos y científicos en un debate constituyente con respaldo de la comunidad científica internacional de 28 países, y que fue consultada públicamente y aprobada en diciembre de 2015.

La ley actual garantiza y protege al pueblo venezolano de la multiplicación y liberación en el ambiente de semillas genéticamente modificadas con la utilización de la biotecnología moderna, en consonancia con las luchas de movimientos sociales mundiales y las políticas que se han implementados en países como Austria, Grecia, Hungría, Francia, Luxemburgo, Alemania, Bulgaria, Suiza y China, que han vetado los cultivos transgénicos y han fijado cláusulas de salvaguarda o moratorias a este tipo de organismos; y otros gobiernos, como Italia, Irlanda, Turquía, Polonia, Ecuador y Bolivia, en donde se han prohibido totalmente.

La utilización de semillas genéticamente modificadas o transgénicas podrían causar severos daños a la salud, ya que los efectos y la seguridad de las mismas sobre la salud humana no han sido comprobados y por lo tanto, como principio de precaución, estos países han tomado estas importantes medidas para la salud humana.

Los argumentos presentados para una posible aprobación del proyecto de Ley promovido desde la Asamblea Nacional se basan en la posibilidad de que una ley pro transgénicos mejore la producción de alimentos en el país. Sin embargo, cabe recordar que este tipo de semillas son producidas por monopolios mundiales como la Bayer, que recientemente compró Monsanto por 66.0000 millones de dólares.

Monsanto, ahora Bayer, patenta las semillas que vende a través del robo del conocimiento ancestral acumulado en éstas, con base en esos mejoramientos genéticos, y luego deja a millones de personas sin poder utilizar otras semillas ni sembrar en sus suelos. Monsanto demanda a los campesinos que reusan sus semillas y señala en su página que “Las patentes son necesarias para asegurarnos de que recibiremos el pago por nuestros productos y por toda la inversión que realizamos para desarrollar estos productos. Ésta es una de las razones básicas de las patentes”. Como mecanismo de expropiación del conocimiento, las patentes impiden la soberanía tecnológica y alimentaria de los campesinos y productores. Pero este no sería el único problema.

En Venezuela, las patentes sobre organismos vivos están prohibidas en la Constitución, según el Artículo 127. Las semillas son organismos vivos y así queda legalmente señalado en la Ley de semillas vigentes. De ser aprobada una ley que permita patentes sobre las mismas, automaticamente esta sería una ley anticonstitucional.

Igualmente, el uso de semillas genéticamente modificadas con biotecnologías modernas requiere, de forma obligatoria, por las características de estas semillas pertenecientes a coorporaciones como Bayer, el uso de herbicidas y pesticidas que producen graves daños a la salud. Esto es obligatorio dentro del paquete tecnológico que viene con estas semillas.

Además de inconstitucional y retrasada en téminos de la defensa de la salud de los venezolanos, una ley que permita el uso, multiplicación y reproducción de semillas transgénicas en nuestro país, requiere un marco legal acoplado a un modelo científico y mecanismos que permitan la bioprospección y la biopiratería, así como la privatización del conocimiento científico producido desde el sector público (Universidades y Centros de Investigación nacionales). Por ello, también han informado sobre la redacción de una nueva ley de Ciencia y Tecnología y una nueva Ley de Diversidad Biológica.

La creación de marcos normativos que permitan a las transnacionales y corporaciones mundiales implementar los mecanismos de expropiación de los conocimientos que requieren para su subsistencia económica, sigue avanzando en Latinoamérica. En Venezuela se preparan marcos legales para este avance.

La ley de semillas vigente en Venezuela, y que quieren derogar desde la Asamblea Nacional, permite que hayan mecanismos para la producción de dos tipos de semillas: la agroindustrial y la campesina, sin menoscabo de la diversidad de formas de producción que existen en Venezuela. Este es uno de los marcos legales más avanzados del mundo en términos de la garantía del acceso libre a las semillas por parte de los campesinos y productores. Además, busca garantizar que existan soberanía e independencia tecnológica en la producción, multiplicación, resguardo y uso de semillas en nuestro país, ya que seguir dependiendo tecnológicamente de las grandes corporaciones es una de las muchas causas de la actual crisis.

La ley de Semillas es de todos y todas. Su implementación y cumplimiento se hace urgente en el marco de la actual crisis del sector productivo alimentario. Habrá que resistir y avanzar en la defensa de los avances que los movimientos sociales en Venezuela han consolidado.

 

Foto: Comisión Permanente De Ciencia, Tecnología E Innovación. Fuente: asambleanacional.gob.ve

 

[1] En Venezuela existen la Asamblea Nacional, electa en Diciembre de 2015, constituida mayoritariamente por diputados de los partidos de oposición venezolanos, y la Asamblea Nacional Constituyente, electa en 2018 y  constituida por diputados del partido oficial de Gobierno.