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Evolución de la violencia en el entorno minero del estado Bolívar (marzo de 2016 – febrero de 2019)7 min read

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Microanálisis Arco Minero del Orinoco

Por Cesar Romero

Imagen de Bram Ebus / Infoamazonia. La Guardia Nacional vigila de cerca las minas de oro y coltán en el Arco Minero, una zona que el gobierno venezolano abrió a la minería en 2016. Representa el 12% del territorio del vecino país y promete ser un desastre ambiental y social.

 

Los datos empleados en el siguiente análisis se encuentran desarrollados en el «Informe sobre la situación de derechos humanos en el Arco Minero y el territorio venezolano ubicado al sur del río Orinoco” de 2019, el cual brinda un panorama amplio, completo y vigente de la realidad que se vive a diario al sur de Venezuela. Al final de este escrito encontrará el enlace para acceder al informe.

La violencia tiene muchas variantes (física, emocional, psicológica) y específicamente la que implica violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad expresa situaciones extremadamente sensibles que la sociedad ha intentado sanar y trascender en las últimas décadas. Este escrito centra su análisis en una de las formas de violencia más crudas e inhumanas: las masacres; práctica que lamentablemente se ha “normalizado” en los territorios mineros ubicados al sur del río Orinoco. Específicamente se abordarán hechos acontecidos en el estado Bolívar desde marzo de 2016 hasta febrero de 2019.

Entre 2012 y febrero 2019 el país ha conocido públicamente al menos 31 masacres perpetradas en zonas mineras al sur de Venezuela. El 54% (17) de dichas masacres ocurrieron entre marzo de 2016 y febrero de 2019, principalmente vinculadas al accionar de bandas criminales (denominadas “sindicatos”), cuerpos de seguridad del Estado, y a la reciente actuación de grupos guerrillero pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia en la región. Buscando desvincularse de las masacres, las voces oficiales reducen las muertes vinculadas al accionar de los cuerpos de seguridad como resultado de “enfrentamientos” y “resistencia a la autoridad”.

Según testimonios de los pobladores, familiares de víctimas y sobrevivientes, quienes optan por el anonimato para no correr riesgos, la mayoría de las masacres y asesinatos quedan ocultos y no aparecen reflejados en ningún medio de comunicación.

A continuación, se presentan una serie de gráficos que permiten profundizar en el análisis del contexto:

Figura 1 – Gráficos referentes a las masacres registradas públicamente en municipios del estado Bolívar entre marzo de 2016 y febrero de 2019. Toman en cuenta los actores armados involucrados. Tablas de elaboración propia.

De las gráficas contenidas en la figura 1 se observa lo siguiente:

  • Entre 2016 y 2018 se evidencia un aumento progresivo y prácticamente exponencial de la cantidad de masacres acometidas por cada año: Una (1) en 2016, cinco (5) en 2017 y diez (10) en 2018.
  • Aunque en los 3 años subsiguientes se desarrollaron hechos sumamente trágicos, el acontecimiento más contundente sigue siendo la “Masacre de Tumeremo” del 8 de marzo de 2016, en la que fueron asesinados 28 mineros. Hecho ejecutado por una banda criminal de la zona.
  • El actor armado que ha estado involucrado en la mayoría de las masacres, acontecidas en el período de estudio, corresponde a los cuerpos de seguridad del Estado y sus diversos componentes, resultando en que dichos sectores estén directamente relacionados con la mayor cantidad de muertes por armas de fuego. Respecto a esto último los cuerpos de seguridad superan al resto de los sectores armados, contrario a lo que se podría intuir inicialmente debido a la percepción generalizada de que las bandas criminales (englobadas como “Pranato Minero”) dominan completamente el territorio.
  • A partir de 2018, agrupaciones guerrilleras pertenecientes al Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia aparecen en el escenario como un nuevo actor armado. En ese año protagonizan dos de las tres masacres con mayor cantidad de homicidios.

Figura 2 – Gráficos que reflejan la cantidad de homicidios implicados en masacres acontecidas en el estado Bolívar entre marzo de 2016 y febrero de 2019. La cantidad de homicidios se refleja por municipios. Gráficos de elaboración propia

De las gráficas contenidas en la figura 2 se observa lo siguiente:

  • En tres años han ocurrido matanzas en 6 municipios, siendo Roscio, El Callao y Sifontes los tres que concentran la mayor cantidad de masacres y homicidios implicados en dichos eventos. El municipio Sifontes (capital Tumeremo), presenta la mayor cantidad de muertes y fue el único municipio que presentó hechos de este tipo cada año entre 2016 y 2018.
  • En 2018 la cantidad de masacres se incrementan, doblando las ocurridas en el año anterior. En este año las mortandades ocurren en otras zonas del estado Bolívar ubicadas más hacia el sur, afectando directamente a comunidades indígenas; cuestión que no se ve reflejado en años anteriores. El impacto sobre comunidades indígenas se ve agravado con la política sistemática de terrorismo de estado que se empezó a desarrollar desde mediados de 2018: infamias públicas, hostigamiento, persecución y asesinatos como el de Charlie Peñaloza Rivas en diciembre de 2018.
  • La política oficial de violencia contra comunidades indígenas deparó en uno de los hechos más graves del período: la Masacre de Santa Elena, ocurrida en el municipio Gran Sabana entre 22 y 23 de febrero de 2019. Esta última involucró a las fuerzas de seguridad del Estado, y resultó en 8 personas fallecidas (5 indígenas) y más de veinte heridos de bala.

Desde mediados de la primera década del 2000, época en la que comenzó la expansión indiscriminada de la actividad minera a pequeña y mediana escala al sur de Venezuela, hubo un incremento vertiginoso de muertes por armas de fuego en aquellos municipios que el Instituto Nacional de Estadística (INE) define como “mineros- extractivos”; divisiones territoriales que anteriormente presentaban índices bajos de homicidios respecto a los principales centros urbanos. Dicha dinámica se agravó con el pasar de los años y en 2018 municipios como El Callao y Roscio presentaron las tasas de muertes violentas más altas del país, 620 muertes por cada 100 mil habitantes (m/h) y 458 muertes por 100 m/h respectivamente.

Desde la promulgación del decreto 2.248 que establece la creación de la Zona Arco Minero del Orinoco (AMO), los índices de violencia se han incrementado y extendido en todos los municipios del estado Bolívar y todo el territorio ubicado al sur del río Orinoco (incluye estados Delta Amacuro y Amazonas), en una relación directa con la expansión de la economía minera y las tramas que la caracterizan. De igual forma, se ha intensificado la violación de derechos humanos y ha habido un aumento alarmante de crímenes de lesa humanidad en zonas mineras y en áreas circundantes a estas.

Actualmente las poblaciones ubicadas al sur del río Orinoco son víctimas de las dinámicas de imbricación y lógicas de articulación entre actores desregulados, criminales y estatales (Bobea, 2016), y el empleo de la violencia como mecanismo de obtención de renta, lo que Charles Tilly y otros autores denominan Rent-seeking (búsqueda de renta). Durante las últimas décadas del siglo XX los principales centros urbanos de Venezuela, como Caracas o Valencia, fueron expresión de ese fenómeno, en la que el crimen transversalizaba los negocios informales para disputar y adquirir parte de la renta petrolera concentrada en las capitales venezolanas. Recientemente, con la quiebra de la industria petrolera nacional, los procesos de extracción y obtención de renta se dan al sur de Venezuela, y el crimen organizado y la institucionalidad formal han mutado aceleradamente para acumular la mayor cantidad de renta minera posible. El proceso de desbocado de rent-seeking ha ocasionado graves daños sociales, culturales, ambientales, psicológicos, políticos y económicos al país, varios de los cuales ya parecen irremediables y que ameritarán varias generaciones para poder sanarlos.


Cesar Romero

*Director Ejecutivo del Centro para la Reflexión y la Acción Social (CERLAS). Ecofeminista. Activista de la Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco. Ingeniero Metalúrgico con investigaciones centradas en el estudio de la minería al sur de Venezuela y sus impactos multivariables. Cursante actual de Maestría en Cooperación Internacional y Ayuda Humanitaria.


Plataforma contra el Arco Minero del Orinoco y Centro para la Reflexión y La Acción Social (2019).  Situación de los derechos humanos en el Arco Minero y el territorio venezolano al sur del Orinoco. https://www.civilisac.org/civilis/wp-content/uploads/Informe-sobre-la-situaci%C3%B3n-de-derechos-humanos-en-el-Arco-Minero-y-el-territorio-venezolano-ubicado-al-sur-del-r%C3%ADo-Orinoco.pdf.pdf

Bobea, Lilian. El Estado como demiurgo de la criminalidad. En Nueva Sociedad Nro. 263 mayo-junio 2016. Crimen Organizado SA. Negocios (i)legales y Estados. Fundación Friedrich Ebert Stiftung. https://nuso.org/articulo/el-estado-como-demiurgo-de-la-criminalidad/

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