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Un fantasma depredador recorre Venezuela16 min read

Francisco Javier Velasco Páez

I.- El delirio de una élite corrompida atiza el fuego infernal de la minería

La historia de la minería en Venezuela puede rastrearse a tiempos del violento proceso de conquista y colonización iniciado por la avanzada del capitalismo mercantil europeo, ávida de metales y piedras preciosas, que en el siglo XV comenzó a posesionarse del territorio que hoy constituye el asiento de nuestra nación. En particular, debemos destacar primeramente la destrucción de los placeres de perlas[1] y el exterminio del pueblo guayquerí al que aquella estuvo asociada, ecocidio y etnocidio llevados a cabo en menos de 50 años en las islas de Coche, Cubagua y Margarita. En segundo lugar, es necesario referirnos a la enfermiza y frustrante búsqueda de “El Dorado” que tuvo en tierras venezolanas unos de sus principales escenarios de aventura, codicia, locura y muerte.

Sin embargo, y aunque posteriormente se llevaron a cabo ciertos emprendimientos como el de la explotación de cobre en Aroa, no fue precisamente la actividad minera, sino la agroexportadora la que marcó el rumbo de nuestra nación una vez que se implantaron la economía y el modo de vida extractivista subordinados al esquema colonial, modelo que se mantuvo durante varias centurias hasta el surgimiento de la explotación petrolera.  Es en el siglo XX, sobre todo en su segunda mitad, cuando la actividad minera adquiere cierta relevancia (aunque muy por debajo de la de los hidrocarburos) con la explotación del hierro, la bauxita y, más abajo en la escala, del carbón, el níquel y otros minerales. Es también en la segunda mitad del siglo XX cuando comienza a expandirse la minería del oro en el sur del país, sobre todo a comienzos de los años 90 cuando llegaron mineros ilegales desde Brasil.  Hoy en día, sin temor a equivocarnos, vivimos una exacerbación de la actividad extractiva minera en la que confluyen vectores globales, políticas estatales y dinámicas sociales en un contexto de crisis profunda y prolongada que sacude los cimientos de nuestra existencia societal.

Como ya sabemos, Nicolás Maduro, continuando con lo anunciado en 2011 por su  antecesor Hugo Chávez Frías, abrió las puertas del mega-desastre socioambiental cuando dispuso poner en marcha la Zona Especial de Desarrollo Económico Arco Minero del Orinoco en 2016, que comprende 12,4% del territorio nacional y atraviesa un conjunto de ecosistemas tropicales particularmente vulnerables situados al sur del río Orinoco, habitados por varios pueblos indígenas En este sentido, bajo un esquema de asociaciones estratégicas, el gobierno venezolano ofreció concesiones mineras a un conjunto de empresas canadienses, chinas, rusas, australianas, surafricanas entre otras. También incluyó entre las concesionarias a la llamada Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), creada para favorecer a la casta militar que sostiene al gobierno. A pesar de los acuerdos de intención suscritos con transnacionales, hasta la fecha el grueso de estas compañías no ha concretado su participación en la explotación del Arco Minero del Orinoco; esto se explica por la situación de inestabilidad socio-política y de inseguridad jurídica reinantes en el país. No obstante, diversas voces han denunciado que el gobierno ha pactado con grupos de mineros controlados por grupos armados y otros actores sociales que operan localmente como verdaderas mafias para asegurar la extracción de oro. Cierta cantidad de minas está bajo el control del ejército y una parte de la producción aurífera va a parar al Banco Central de Venezuela. Algunas fuentes indican que más del 90% de la producción de oro tiene un origen ilegal y que la mayor parte de ella es contrabandeada a través de Colombia y varias islas del Caribe contando con la complicidad de efectivos militares venezolanos.

En junio del presente año Nicolás Maduro presentó al país el denominado “Plan de Minería Sectorial” 2019-2025, con el propósito declarado de generar ingresos por el orden de los 33.000 millones de euros en alianzas con diferentes sectores que incluyen desde la minería” artesanal” hasta la gran minería. El Jefe de Estado venezolano también dio a conocer en cadena nacional la certificación legal internacional de 2 mil 236 toneladas de oro, rumbo a la certificación de “la mayor reserva de oro del mundo”. Igualmente anunció la intención de producir 80 toneladas de oro anuales y la explotación de yacimientos y minas de bauxita, hierro, níquel, diamantes, feldespato y carbón en varios estados de la república que incluyen Bolívar, Zulia, Táchira, Aragua y Lara, entre otros.

Desde entonces se ha desatado una frenética expansión de las actividades extractivas mineras autorizadas e ilegales que llegan mucho más allá del Arco Minero del Orinoco, dejando un creciente estela de arbitrariedades, crímenes, destrucción ecológica, desarraigo, lumpenización, prostitución, enfermedades, masacres y acoso contra pueblos originarios y campesinos en diversas zonas del país.  Todo esto en el marco de una aguda precarización del Estado de derecho, el sistema judicial y la protección de los derechos humanos.

Dado que las corporaciones mineras y sobre todo el gobierno están haciendo grandes esfuerzos para convencer a la opinión pública de nuestro país de que tales planes son “ecológicos», “sostenibles” y económicamente beneficiosos, resulta imprescindible develar lo que significa para nuestro futuro  la diversificación extractivista minera ya en curso.

II.- Consideraciones generales sobre la minería y su relación con lo que se juega Venezuela en el presente

Para evaluar los alcances del impulso a la minería en el que está empeñado el gobierno nacional comenzaremos por señalar que la minería es una actividad cortoplacista pero con impactos y consecuencias a largo plazo, muchas de ellas irreversibles. Más que una opción de “desarrollo” la minería constituye un problema y como tal debe ser abordada.

La minería puede ser definida como el conjunto de actividades referidas al descubrimiento y la extracción de minerales que se encuentran debajo de la superficie de la tierra. Los minerales pueden ser metálicos (como oro y cobre) y no metálicos (como carbón, amianto, grava). Los metales suelen estar mezclados con una gran cantidad de otros elementos, pero ocasionalmente se encuentran grandes volúmenes de ciertos metales concentrados en un área relativamente reducida –el yacimiento– de donde se puede extraer uno o más metales de manera rentable. Durante miles de años numerosos pueblos han extraído minerales de la tierra. Es sin embargo desde la revolución industrial que los minerales se han extraído y utilizado en cantidades exponencialmente mayores. En décadas recientes, esta tendencia se ha acelerado significativamente en todo el mundo. Es cierto que las sociedades humanas requieren de una determinada cantidad de minerales para satisfacer ciertas necesidades. Pero también es verdad que el consumo exageradamente desproporcionado está destruyendo las formas de sustento y la trama ecológica de la que depende una gran parte de la humanidad.

Los impactos de la minería tienen que ver con la mina en sí, con los procesos de  eliminación de  residuos, con el transporte del mineral y con el procesamiento  que, con frecuencia, involucra o genera materiales peligrosos. Las minas pueden involucrar diversas dimensiones, desde operaciones pequeñas que producen menos de 100 toneladas diarias, hasta grandes minas que mueven centenares de miles de toneladas. El método de explotación empleado para extraer determinado mineral varía con la modalidad, tamaño y profundidad del yacimiento mineral y los aspectos económico financieros de ese.

Hasta mediados del siglo XX, la minería subterránea era el método más común de extraer yacimientos masivos. Posteriormente las innovaciones en la tecnología y la fabricación de razadoras, niveladoras, palas y camiones de mayor tamaño y más potentes, hicieron posible el movimiento de enormes cantidades de materiales y promovieron la explotación en minas a cielo abierto. Sin embargo, en la actualidad siguen existiendo minas subterráneas, algunas de ellas muy grandes y profundas. A la mina subterránea se accede por un pozo o una rampa que desemboca en las galerías y niveles de producción, los cuales están conectados entre sí por pozos inclinados que sirven para acarreo de mineral y movimiento del personal. Se utilizan perforadoras y explosivos para romper la mezcla de minerales de la que se puede extraer uno o más metales — bajo tierra.

Por lo general esta clase de minería tiene menores impactos en el  ambiente que las minas a cielo abierto. La alteración que ocurre en la superficie de la tierra es de menor grado, pero puede igualmente tener efectos nocivos sobre el agua al contaminarla con ácidos y metales e interceptar acuíferos. Los mineros subterráneos están expuestos a situaciones aún más peligrosas que las que enfrentan los  trabajadores de minas a cielo abierto, por el riesgo de derrumbes, mala calidad del aire y explosiones subterráneas. Las compañías mineras han abandonado gradualmente este método por un asunto de rentabilidad, aunque ciertos minerales como el carbón, el níquel, el zinc o el plomo siguen siendo principalmente extraídos con métodos de minería subterránea. Hoy en día, la mayor parte de los materiales se  extrae  mediante la modalidad de minería de superficie, lo que causa la devastación del ecosistema en el cual se instala generando deforestación, alteración y contaminación del agua, eliminación de la capa vegetal del suelo y destrucción de hábitats. Este tipo de minería incluye, entre otras, las minas a cielo abierto (por lo general para metales de roca dura), las canteras (para materiales de construcción e industriales, como arena, granito, pizarra, mármol, grava, arcilla, etc.), y la minería por lixiviación (aplicación de productos químicos para filtrar y separar el metal del resto de los minerales).

Aunque los impactos ambientales de la minería varían según el tipo de mineral y de mina, se trata de una actividad en sí misma depredadora e insustentable, puesto que supone la explotación de un material no renovable con métodos destructivos o contaminantes, como la voladura con explosivos, la trituración, la molienda, el lavado y clasificación de los minerales, la refinación y la fundición. En la actualidad resulta doblemente destructiva por su gran escala y por la tecnología que ha incrementado su potencial de producción.

En la etapa de exploración, actividades como la construcción de caminos de acceso, los mapeos topográficos y geológicos, la instalación de campamentos, los trabajos geofísicos, las investigaciones hidrogeológicas, la apertura de zanjas, la excavación de pozos de reconocimiento y la toma de muestras generan ciertos impactos ambientales nocivos.

Los impactos ambientales de la fase de explotación dependen del método empleado y de las características del lugar. Así, por ejemplo, en las áreas boscosas, la mera deforestación (de mayor alcance en los casos de minas de cielo abierto) genera impactos a corto, mediano y largo plazo. La deforestación conlleva la destrucción de los suelos, altera radicalmente el hábitat de centenares de especies endémicas (causando la extinción de muchas) y perturba gravemente la preservación de un flujo constante de agua desde los bosques hacia los demás ecosistemas y centros poblados. En los bosques primarios la deforestación conduce a una veloz y fluida escorrentía de las aguas que provienen de las lluvias; esto se traduce a su vez en un incremento de las crecidas en los periodos lluviosos, debido a que el suelo ya no está en capacidad de contener el agua como lo hace cuando está cubierto por masas de bosque. Las voladuras y el ruido de las maquinarias afectan fuertemente a la fauna y a las poblaciones humanas de las cercanías. En las áreas intervenidas por la socavación, la erosión y la colmatación (sedimentación de lechos de cursos de agua) producen un gran desgaste en la superficie, al que se suman grandes acumulaciones de residuos de roca sin valor económico (material considerado estéril), que en ocasiones superan en tamaño a la superficie sacrificada para el proceso de socavación.

La minería requiere de un enorme consumo de agua que causa una reducción de la napa freática del lugar, afectando y eventualmente secando acuíferos, pozos de agua y manantiales; el agua que queda se contamina por el drenaje ácido que implica el vertido de material tóxico que puede durar siglos o incluso milenios. Por si esto no bastara, las partículas de metales pesados que gradualmente se van separando de los residuos, se esparcen con el viento depositándose en el suelo y los lechos de los cursos de agua e incorporándose progresivamente a los tejidos de muchos organismos.

En la etapa de procesamiento de los metales se utilizan productos químicos peligrosos tales como cianuro, ácidos concentrados y compuestos alcalinos, que van a parar al sistema de drenaje. La perturbación y contaminación del ciclo hidrológico tiene efectos colaterales muy perniciosos para los ecosistemas del entorno y las personas. En lo que respecta al aire, el polvo que genera la actividad minera lo contamina, causando trastornos respiratorios y enfermedades en las personas, así como la asfixia de una buena parte de la vegetación. Con frecuencia se generan también emanaciones de gases y vapores tóxicos, sustancias generadoras de lluvia ácida y gases de efecto invernadero. Esta actividad minera exige el consumo de inmensas cantidades de madera para ser utilizada como combustible y en la construcción de infraestructura.

En la actualidad disponemos de los resultados de múltiples investigaciones, evaluaciones y testimonios que demuestran sólidamente que la minería inhibe seriamente la capacidad de una nación para dar basamento al crecimiento económico (esto considerado incluso dentro de las limitadas y sesgadas definiciones a las que suelen adherir los estados nacionales). Además, una parte importante de la pesada deuda externa que agobia a los países «más pobres» del planeta (entre ellos los latinoamericanos), se adeuda por capital que jamás fue invertido en el “desarrollo” independiente, sino en la construcción de infraestructura e instalaciones para transformar capital «natural» (oro, bauxita, hierro, cobre, coltán, agua, tierra, etc.) en valor de exportación.

Las comunidades locales, los pueblos indígenas y campesinos de los países y regiones que poseen mayor riqueza natural son los más afectados por los efectos negativos ambientales, económicos, políticos, sociales, culturales y de salud derivados de las actividades mineras. Comunidades que anteriormente dependían de los recursos naturales, experimentan daños inmediatos resultantes de las actividades de la gran minería. Sus formas de sustento se debilitan, sus organizaciones sociales se fragmentan y desestabilizan, sus culturas se empobrecen. Las compensaciones monetarias, cuando se pagan, no pueden reparar esas pérdidas y el legado de destrucción de las minas permanece incluso después de que son abandonadas. La mayor parte de los pobladores locales apenas si alcanzan a beneficiarse de trabajos con remuneraciones precarias y disponibles a corto plazo.

Presionados por las políticas macroeconómicas impulsadas por organismos multilaterales y centros de poder comercial y financiero global, los gobiernos y las élites de muchas naciones empobrecidas optan por la minería como actividad fundamental para generar divisas extranjeras. La imposición de procesos de desregulación y liberalización del mercado ha conducido al otorgamiento de concesiones, privatización y exenciones tributarias en beneficio de corporaciones multinacionales mineras. En todo el mundo, niveles más elevados de dependencia de la economía minera se correlacionan de manera estrecha con altos niveles de pobreza, analfabetismo, desnutrición y morbi-mortalidad. Igualmente se vinculan con grandes desigualdades en los ingresos, una vulnerabilidad más marcada ante las crisis económicas, tasas muy elevadas de corrupción, autoritarismo, ineficiencia gubernamental, incremento en los gastos militares, presencia de fuerzas mercenarias y grupos irregulares en las zonas de explotación, conflictos armados, fragmentación territorial y pérdida de soberanía. Todos estos son ingredientes que concurren en la conformación de una trama de alianzas entre actores estatales y para-estatales, de nuevos dispositivos de control del territorio que acrecientan la depredación, el despojo y la violencia. Alguna semejanza con las tendencias presentes en nuestra realidad no es mera coincidencia.

III.- La tarea de trascender el extractivismo

Como hemos podido ver, con la promoción gubernamental de la minería la nación venezolana se expone a una vorágine extractivista (aún mayor de la que ya padecemos) que puede llevarnos a un punto de no retorno haciendo inviable la perpetuación de nuestra sociedad en un marco de corrupción sistémica y un modelo de capitalismo cada vez más mafioso y entrópico.

Actualmente los conflictos generados por la minería en territorio venezolano tienden a extenderse y agudizarse en términos de deterioro socio-ambiental. No obstante, el cuadro queda incompleto si no recordamos que algunas comunidades han comenzado a organizarse para proteger sus territorios y ciertos movimientos y organizaciones han recorrido un arduo camino de resistencia. Aunque de manera muy incipiente todavía, sectores campesinos, afrodescendientes, indígenas, académicos, grupos urbanos y rurales diversos han asumido el reto de enfrentarse a la alianza estatal-corporativa que está detrás de la política minera. Queda por delante el reto urgente de conformar un amplio movimiento ciudadano, capaz de ganar importancia al nivel social y de la política real, que de forma autónoma articule múltiples sujetos y diferentes luchas en el propósito común de derrotar los planes del perverso lobby que empuja la diversificación extractivista y que proponga escenarios alternos de convivencia social y ecológica digna y armoniosa. Para ello es necesario fortalecer valores básicos de democracia, promover nuevos modos de vida y transformar las visiones de mundo dominantes en una perspectiva de proyectos emancipadores con raíces en la diversidad y la tolerancia, en nuestra pluri-dimensionalidad socio-ecológica.

Hace falta también un amplio debate a diferentes escalas, con diversas aproximaciones, reflexiones y valoraciones éticas y conceptuales sobre los entretelones de la apuesta minera,  las limitantes estructurales, la inserción nacional en el sistema-mundo, las decisiones gubernamentales, los factores internos y externos del juego político y geopolítico, los imaginarios hegemónicos, los potenciales y las debilidades de las luchas de resistencia, entre otros, que inciden en las posibilidades de consolidación o fracaso del proyecto de país minero. Sirva como una contribución para esa tarea inaplazable el abanico de artículos y entrevistas que nuestra revista “Territorios Comunes” ofrece en éste, su tercer número.

[1] Un placer de perlas es un sitio de pesquería de perlas en América. (Cfr. DRAE).

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