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REPORTE Situación de la minería en Venezuela en tiempos de COVID-19 Agosto 202014 min read

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Observatorio de Ecología Política de Venezuela

 

Imagen de portada: Una balsa minera inactiva en el río Kukenán, tributario del río Caroní, Fabiola Ferrero, Prodavinci

 

  1. Introducción. Marco general del desarrollo de la minería

Venezuela atraviesa actualmente la peor crisis de su historia, y una de las peores de América Latina. El dramático colapso de la industria y de la renta petrolera, así como del Petro-Estado, junto a la descomunal corrupción, las tensiones políticas internas y los efectos de las sanciones impuestas por el Gobierno de los Estados Unidos (principalmente desde 2017), han fragmentado el extractivismo en el país, promoviendo una multiplicación de operaciones de extracción y despojo, en las cuales prevalece la minería como una actividad fundamental para la reproducción de estructuras de poder local y nacional[1].

En este escenario, donde prevalece la desestructuración institucional y las economías ilícitas, la minería es un ámbito de disputas (las más violentas principalmente en torno al oro y los diamantes, ubicados en la Amazonía venezolana) en la cual participan actores de diverso tipo, tales como:

  • Grupos armados irregulares y criminales de carácter nacional e internacional;
  • Grupos de la esfera estatal (en sus diferentes facciones), muchos de ellos envueltos en tramas de corrupción;
  • Comunidades indígenas y pobladores de localidades, muchos de ellos en resistencia ante las lógicas de expoliación y despojo imperantes;
  • Grupos políticos de oposición, que buscan posicionarse en la gobernanza de los recursos a través de la disputa por el control del Estado y políticas particulares de contrapeso al Gobierno nacional (como lo hace la Asamblea Nacional); y
  • Potencias internacionales de gran y mediana escala, que inciden en la dinámica geopolítica.
Armas y oro confiscado de presuntas pandillas en el estado Bolívar, cerca de El Callao. Imagen proporcionada a CNN por una alta fuente militar de Venezuela.

Este conjunto de disputas han configurado en el país un extractivismo de carácter predatorio.

A pesar de este complejo entramado de actores y disputas, el Estado sostiene una política que se configura como un régimen de apropiación/extracción, gobernabilidad y territorialización basado en un estado de excepción (jurídico y de facto) de perfil primordialmente militar, que se organiza en torno a seis factores:

  • Reformismo neoliberal autoritario
  • Violencia exacerbada
  • Des-territorializaciones
  • Minerías (como base económica de poderes territoriales y centrales)
  • Despojo generalizado
  • Administración de la precariedad.

El Gobierno de Maduro se refugia en la minería como la supuesta vía para ‘salir de la crisis’ y ‘diversificar la economía’. Dicha opción, que en un principio se orientaba al mega-proyecto del Arco Minero del Orinoco, se presenta en la actualidad como un más amplio y definido mapa minero (extracción metálica y no metálica), que ofrece al expolio prácticamente todo el territorio nacional. Sobre esto destaca la presentación en junio de 2019 del ‘Plan Minero Nacional 2019-2025’[2], que sistematiza, como nunca, la meta de recuperar y aumentar la “producción” a su ‘máxima capacidad’ de cuanto emprendimiento minero haya disponible en el país (oro, diamante, hierro, carbón, níquel, coltán, fosfato, feldespato, bauxita, mármol, granito, caliza, entre otros).

Una mina inactiva en el camino a Arenal, Fabiola Ferrero, Prodavinci.

Dicho plan minero cuenta con un marco normativo favorable a las inversiones de capital y de protección a las empresas (Zonas Económicas Especiales, exención de impuestos, Ley de Protección a la Inversión Extranjera, etc). Por otro lado, numerosos de los emprendimientos que surgen (relanzamiento de viejos proyectos o nuevas extracciones) se producen para fortalecer poderes locales (militares, gobernadores, funcionarios estatales) y surgen de maneras arbitrarias, irregulares, atravesadas por la corrupción, el pillaje y la ilegalidad. Areneras que tienen a pobladores locales bajo amenaza; militares sacando carbón vegetal para su comercialización; total complicidad e incluso direccionalidad de funcionarios del Estado en la extracción ilegal de oro en la región Guayana; emprendimientos devastadores y sin ningún control, como el de la minería de arenas en el río Turbio; u otros que emergen bajo las sombras y en el secretismo y que generan conflictos con las poblaciones locales, como el ya conocido caso de las iniciativas de minería de cal y feldespato en el Cerro La Vieja. Son apenas ejemplos de una oleada extractiva que apunta a convertir a Venezuela en una mina.

Tenemos entonces un perfil minero en Venezuela que, por un lado, se descentraliza en la medida en la que se feudaliza la minería[3] (las gobernaciones se convierten en enclaves militares mineros de diverso tipo, metálico y no metálico) y responde a una articulación con el gobierno central; y por el otro, tiene un carácter eminentemente criminal, con grupos vinculados al narcotráfico, mega-bandas y a grupos armados insurgentes[4]. Estos pueden actuar en consonancia y articulación con actores y prácticas corruptas del Estado, aunque también pueden ser combatidos por las fuerzas de seguridad oficial.

Las resistencias que se producen están también muy marcadas por la crisis actual. Presenciamos un mosaico variado de expresiones de este tipo, en las cuáles es posible conseguir a comunidades organizadas buscando detener el avance de la minería en sus territorios, aunque buena parte de las luchas en el país están determinadas por la sobrevivencia, siendo arrinconadas por la falta de alternativas, la violencia y la precariedad de la vida[5]. Se reportan operaciones de coerción social que incluyen amenazas a las comunidades locales, coordinación para estas actividades con instituciones y organismos oficiales y la toma ilegal del territorio con consecuencias devastadoras. Algunos de estos casos se mencionan en el apartado III.

 

  1. La situación COVID19

 La pandemia de la COVID-19 llega a Venezuela en un contexto de crisis sanitaria y en el cual la situación del sistema nacional de salud es muy grave, existiendo una marcada carencia de insumos, personal médico, servicios básicos y medicinas; un colapso de los centros de salud; o la reaparición de enfermedades que se consideraban erradicadas como la malaria, el sarampión, entre otros. El día 13 de marzo, el Gobierno nacional declaró el estado de emergencia y subsecuentemente implementó medidas de cuarentena en todo el país. En su Plan de Respuesta Humanitaria Global ante el COVID-19, lanzado el pasado 25 de marzo, Naciones Unidas han colocado a Venezuela como “país prioritario”, dada su particular y delicada situación. Para el 10 de agosto de 2020, Venezuela ha registrado 26.800 contagios confirmados, con un total de 229 fallecidos.

Venezuela es uno de los países en la región con las cifras más bajas de personas contagiadas con el Sars-Cov-2, pero con una profunda crisis política, económica, socio-ambiental y sanitaria que hace a su población altamente vulnerable. Aunque el Estado y el gobierno no han reportado cifras específicas sobre el avance de la pandemia en las zonas mineras, los reportes de casos en la Amazonía venezolana permiten ver que la dinámica de grupos irregulares y minería ilegal, que no se ha detenido en cuarentena, ha sido determinante para la expansión de contagios en las zonas mineras, afectando principalmente a comunidades indígenas de los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro[6].

Actualmente, y de acuerdo a informe del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Wataniba[7], para el 2 de agosto de 2020, la Amazonía venezolana acumulaba 1.503 casos de personas contagiadas, lo que representa el 7,4% del total nacional, con cinco fallecidos (2,9% del total nacional). Los casos se distribuyen: 1.397 para el estado Bolívar, 63 en Delta Amacuro y 43 en el estado Amazonas. El estado Bolívar ocupa el quinto lugar nacional, luego del estado Apure, también limítrofe con la Amazonía venezolana por el noroeste.

Hombres trabajan en una mina de oro en La Paragua, estado Bolívar, sur de Venezuela. Crédito: Fabiola Ferrero, Connectas.

III. La minería durante la pandemia y cuarentena social

La pandemia de COVID-19 ha impuesto, en este marco de avance de la minería en Venezuela, un escenario de mayor impunidad y de dinámicas económicas muy inestables y accidentadas. Se detectan por parte del gobierno, estrategias para aprovechar la pandemia e impulsar su agenda en torno a la minería. No se trata necesariamente de estrategias que provengan de políticas públicas que se desarrollan de manera estable y lineal, siendo en cambio en buena medida variantes, improvisadas, contingentes y que pueden responder a intereses particulares y territoriales[8]. Carecen de transparencia o mecanismos de contraloría.

En relación a la minería ilegal, aunque en los inicios de la pandemia se generó una significativa ralentización (o parón, dependiendo de los casos) de la actividad, posteriormente esta se ha ido recuperando y reposicionando, como se evidencia en lugares como El Dorado, El Callao[9] o Tumeremo[10], donde las minas siguen operando aunque con limitaciones. Del mismo modo se ha señalado la persistencia de la actividad minera de garimpos en la frontera entre Venezuela y Brasil, que pone en severo riesgo las comunidades yanomami que viven en los dos países[11].

En lo que respecta a la asunción de políticas mineras por parte del Gobierno nacional, el 8 de abril se promulgó la Resolución N° 0010 mediante la cual se autoriza la práctica minera de oro, diamantes y demás minerales estratégicos, en importantes ríos de la Amazonía venezolana, como lo son el Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, Yuruari y Cuyuní, los cuales son todos afluentes del río Orinoco, con excepción del Cuyuní que drena hacia el río Esequibo. Este decreto fue oficializado sin mayor difusión e información y en plena cuarentena, siendo en cambio denunciado por un diputado de los partidos de oposición, que fue quien dio la alarma del hecho. La resolución supone una dramática expansión de las áreas y modos de explotación (como la explotación fluvial con balsas industriales) en el marco del devastador proyecto Arco Minero del Orinoco[12].

En el camino a Paraitepuy de Roraima, indígenas buscaron oro en un pequeño riachuelo, Fabiola Ferrero, Prodavinci

Se reporta también la continuidad de actividades mineras como la de la extracción de carbón en el Zulia[13], habiéndose incluso denunciado la muerte de un trabajador en un accidente[14]. Situación similar ocurre con otros emprendimientos de minería no metálica que han sido conflictivos (por la oposición que genera en los pobladores locales), los cuales en pandemia siguen en actividad. Por ejemplo, habitantes de Sarare (Lara), que han impulsado la lucha en defensa del Cerro La Vieja, han señalado que intereses vinculados a los intentos de implantar la minería en la zona buscan sacar, expropiar, invadir y expulsar de sus parcelas a campesinos y productores de los sectores El Corozo, San Nicolás y El Torrellero[15]; mientras que integrantes de los grupos movilizados contra la minería de yeso y caliza en los Morros de Macaira (Guárico) denuncian que las máquinas han seguido en los trabajos de extracción en pandemia[16].

En cuanto a la conflictividad en torno a la minería, hechos de violencia y agresiones se han registrado en la pandemia. Quizás el hecho más dramático fue el asesinato en abril de 2020 del Teniente Coronel Ernesto Solis León (comandante del Fuerte fronterizo Tabay), quien fuese el asignado para desplazar a las bandas criminales que controlan las minas en Tumeremo y retomar las mismas[17]. Por otro lado, comunidades indígenas Uwottuja del estado Amazonas se han visto obligados a activar mecanismos de autodefensa como su guardia territorial para enfrentar a los grupos armados irregulares que irrumpen en sus territorios, vinculados estos a la minería ilegal[18]. Igualmente la subsistencia de los pueblos y comunidades indígenas Ye’kwana y Sanema de la cuenca del río Caura y Erebato se ha visto amenazada, pues en mayo fueron atacados por grupos criminales asociados a la minería[19]. Como medida de autodefensa y de protección de los territorios demandan la demarcación de sus territorios como lo contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (Art, 119 de la CRBV).

También conviene resaltar la ocurrencia de protestas vinculadas a la minería, como se dio con comunidades de Maripa, en el estado Bolívar, que se congregaron y movilizaron contra de la instalación de nuevas plataformas (balsas industriales) para la explotación minera en el río Caura –en el marco del Arco Minero del Orinoco–, además de la situación de precariedad de los servicios públicos en la zona[20].

Los impactos socio-ambientales denunciados previo a la pandemia y declaración de cuarentena, persisten en la medida en que estas actividades también lo hacen, pero ahora en un contexto mucho más difícil de escrutar.

Mineros en busca de minerales en un yacimiento en San Paul, estado Bolívar, sur de Venezuela. Crédito: Fabiola Ferrero, Connectas.

  1. Conclusiones

Los hechos, datos y análisis presentados evidencian escenarios que podrían agudizarse a medida que la curva de la contagio por la COVID-19 sube. El estado de impunidad y violación de derechos humanos (y de la naturaleza) se intensifica durante la pandemia y habita la dinámica social del cotidiano, haciendo parte de los conflictos socio-ambientales que se derivan de la minería. El entorno se hace cada vez más hostil para la población, mientras que los emprendimientos mineros y las minas mantienen de una u otra forma operación. Esto hace de los territorios básicamente enclaves de extracción donde, además de los recursos obtenidos, todo lo demás va perdiendo valor, siendo además que la salud se va precarizando aún más. Esto es así especialmente para poblaciones vulnerables, como las comunidades indígenas y las mujeres en los territorios, siendo que esta minería caracterizada por su nomenclatura criminal, agrava su situación. Del mismo modo, la profunda crisis sociopolítica y económica que precedía la pandemia también se ve afectada con la persistencia de los factores que la provocaron. Las re-existencias diversas, aun en contextos precarizados, siguen denunciando y activando mecanismos que les permitan visibilizar las afectaciones de diversa índole.

 

[1] Teran Mantovani, Emiliano (2020). Venezuela: extractivismo predatorio y política del saqueo https://www.alainet.org/es/articulo/201603

[2] (VIDEO) Presidente Maduro aprobó el Plan Sectorial Minero 2019-2025.

[3] Ver: Maduro aprueba entregar una mina de oro a gobernaciones bolivarianas

https://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/10/16/maduro-aprueba-entregar-una-mina-oro-gobernacion-bolivariana/

[4] Ver: Oro, cocaína y control: Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en la minería ilegal del estado Amazonas

https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/05/13/oro-cocaina-y-control-las-fuerzas-armadas-revolucionarias-de-colombia-en-la-mineria-ilegal-del-estado-amazonas/

[5] Venezuela: la geo-ecopolítica del oro https://www.ecopoliticavenezuela.org/2019/06/09/venezuela-la-geo-ecopolitica-del-oro/

[6] Ver informe del Observatorio de COVID-19 en la Amazonía venezolana de Wataniba y ORPIA

https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/07/09/wataniba-y-orpia-alertan-sobre-el-avance-de-covid-19-en-la-amazonia-de-venezuela/

[7] Observatorio Wataniba-Orpia: CoVid-19 en la Amazonía venezolana. Boletín Número 8

https://watanibasocioambiental.org/observatorio-wataniba-orpia-covid-19-en-la-amazonia-venezolana-boletin-numero-8/

[8] Teran Mantovani, Emiliano. Los ritmos de la ‘nueva normalidad’: coordenadas del extractivismo en la pandemia en América Latina https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/07/26/los-ritmos-de-la-nueva-normalidad-coordenadas-del-extractivismo-en-la-pandemia-en-america-latina/#_ftn31

[9] La Voce d’Italia. Actividad minera en el Callao se mantiene cumpliendo protocolos. https://voce.com.ve/2020/07/03/509190/actividad-minera-en-el-callao-se-mantiene-cumpliendo-protocolos-audio-noticia/

[10] Crónica Uno. Minería en Tumeremo continúa pese a la cuarentena pero bajo vigilancia sanitaria. https://cronica.uno/mineria-en-tumeremo-continua-pese-a-la-cuarentena-pero-bajo-vigilancia-sanitaria/; También: https://twitter.com/3rFgsi/status/1276519150249299968

[11] SURVIVAL: #ForaGarimpoForaCovid: lideranças do povo Yanomami lançam campanha global

http://obind.eco.br/2020/06/02/survival-foragarimpoforacovid-liderancas-do-povo-yanomami-lancam-campanha-global/

[12] Cerlas. Resolución N° 0010: Una medida ilegal que agrava la destrucción y envenenamiento de nuestras fuentes de agua. https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/05/13/resolucion-n-0010-una-medida-ilegal-que-agrava-la-destruccion-y-envenenamiento-de-nuestras-fuentes-de-agua/

[13] CarboZulia. https://twitter.com/CarbozuliaRedes/status/1265663698154270722;

[14] https://twitter.com/Anonsvene11/status/1280309413153320961

[15] Lara: Campesinos denuncian desalojos arbitrarios en Sarare. https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/07/23/lara-campesinos-denuncian-desalojos-arbitrarios-en-sarare/

[16] Comunicación directa con el OEP

[17] Tal Cual. Sujetos desconocidos asesinan en Bolívar a comandante del Fuerte Tarabay, Ernesto Solís. https://talcualdigital.com/sujetos-desconocidos-asesinan-en-bolivar-a-comandante-del-fuerte-tarbay-ernesto-solis/

[18] Kapé Kapé: Indígenas Uwottuja de Amazonas activan guardia territorial

https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/06/22/kape-kape-indigenas-uwottuja-de-amazonas-activan-guardia-territorial/

[19] Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la ULA ante violencia contra pueblos indígenas Ye’kwana y Sanema en el estado Bolívar

https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/05/10/grupo-trabajo_asuntos-indigenas-ula-ante-violencia-contra-los-pueblos-indigenas-yekwana-y-sanema-en-el-estado-bolivar/; Comunicado del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonia Wataniba ante los hechos ocurridos en la cuenca del río Caura https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/05/08/comunicado-del-grupo-de-trabajo-socioambiental-de-la-amazonia-wataniba-ante-los-hechos-ocurridos-en-la-cuenca-del-rio-caura/

[20] En Bolívar comunidades protestan en contra de instalación de balsas mineras en Río Caura y por falta de combustible

https://www.ecopoliticavenezuela.org/2020/05/27/en-bolivar-comunidades-protestan-en-contra-de-instalacion-de-balsas-mineras-en-rio-caura-y-por-falta-de-combustible/

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