Una mirada desde el terreno sobre la situación de derechos humanos en el Arco Minero - Observatorio de Ecología Política de Venezuela

Una mirada desde el terreno sobre la situación de derechos humanos en el Arco Minero

Imagen de portada Niño minero en La Culebra, mina de oro en El Callao, Venezuela (J. Barreto. Getty / AFP / DW

Comentarios “desde el terreno” a la actualización del Informe sobre la situación de derechos humanos en el Arco Minero y el territorio venezolano ubicado al sur del rio Orinoco, elaborado por el Centro para la Reflexión y la Acción Social (CERLAS) y la Plataforma contra el Arco Minero (agosto 2019-2020)

Vladimir Aguilar Castro

Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI)

Universidad de Los Andes

El contexto del Arco Minero del Orinoco (AMO) y de los Informes

El Arco Minero del Orinoco es el proyecto extractivo minero al sur del Orinoco como continuidad del extractivismo hidrocarburífero de hace cien años atrás, profundizado en los últimos veinte años, y cuyo objetivo principal se da en el marco de la mayor apuesta destructiva a las fuentes de vida (agua, bosques y oxigeno) existentes en la región. En definitiva, el Arco Minero del Orinoco es el mismo extractivismo rentista y expoliador del subsuelo, ya no por el combustible fósil sino por la minería.

El presente Informe, que amplía y revisa uno anterior del año 2019 elaborado por el CERLAS y la Plataforma contra el Arco Minero, han servido para visibilizar la situación extrema a la que se encuentran sometidos los derechos humanos en general, y ambientales y culturales en particular.

No obstante, es propicia la ocasión al trasluz de lo transitado política, económica, ecológica y socialmente en el país, para afirmar que el extractivismo como etapa superior del modo de producción actual basado en la sobreutilización del combustible fósil, también tiene sus costos políticos. Podemos señalar que las condiciones presentes del extractivismo no permiten la superación del déficit político y democrático existente en el país, ni tampoco la concreción de derechos humanos, en particular de los derechos ambientales e indígenas estatuidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), y demás instrumentos jurídicos internacionales reconocidos por la República en la materia, ya que hay una suerte de sujeción de la política y del derecho al modelo extractivo lo cual impone lógicas económicas, políticas y sociales extremadamente perversas.

Estas lógicas perversas ya no son exclusivas del sur del Orinoco, sino que poco a poco están caracterizando toda la dinámica nacional en una suerte de resnulización[1] de las relaciones sociales.

Ver también: Informe sobre la situación de derechos humanos en el Arco Minero y el territorio venezolano ubicado al sur del río Orinoco

El fracaso del modelo económico extractivo es el fracaso del sistema político extractivo[2]

El extractivismo político es la expresión del extractivismo económico (petrolero) en el país, constituyendo este la base material del primero. Al existir una profundización del extractivismo económico hay un aumento del autoritarismo político. Lamentablemente, en Venezuela el extractivismo petrolero no ha permitido llenar los vacíos dejados por el experimento democrático. Los regímenes fuertes han sido una constante histórica del ciclo petrolero gozando estos de mayor inversión extranjera, mejores precios en el mercado internacional pero, paradójicamente, de menos construcción democrática[3].

Es lo que podemos observar en los tiempos de democracia representativa (1958-1999) o de democracia polarizada (1999-2020).

Sin acción ni empoderamiento comunitario no hay cooperación posible

Los recientes acontecimientos políticos en el país ponen en evidencia varias cosas. Primero, el enorme descontento social hacia las élites políticas que no atinan a propiciar la participación política de la mayoría de la población. Segundo, el fracaso de un gobierno desgastado por veinte años de engaños hacia la mayoría de los venezolanos y de una oposición que se ha erigido a su imagen y semejanza. Tercero, la equivocada caracterización que la comunidad y la cooperación internacional han hecho de la tragedia histórica que padece el país.

Frente a esto, urge resituar la cooperación internacional. Más allá de las cifras y estadísticas sobre la violación de los derechos humanos, la cual es necesaria pero no suficiente, se debe avanzar hacia procesos de empoderamientos comunitarios que conlleven al fortalecimiento de los tejidos sociales y culturales “desde abajo”. De lo contrario, la tragedia histórica seguirá profundizándose con niveles de corresponsabilidad fundamentalmente domésticos, pero también externos.


Ver también: Minería y pueblos indígenas: Vladimir Aguilar Castro en Podcast Voces contra la minería


 ¿Cómo están resistiendo las comunidades indígenas al AMO y que se plantean de aquí en adelante?

El impacto socio cultural y ambiental del AMO sobre las comunidades en general e indígenas en particular, no es homogéneo. Se requiere de un inventario por comunidades luego de cuatro años de su puesta en marcha. El AMO ha dejado de ser un proyecto y se ha convertido en una política de Estado, y como tal, debe ser analizado, denunciado y confrontado.

Al ser expresión de una política su impacto sobre los pueblos y comunidades indígenas adquiere las más disimiles manifestaciones. Por ejemplo, en el contexto del título de propiedad colectiva multiétnico que fuera entregado en el año 2012 a varios pueblos indígenas de la zona de los Pijiguaos, el mismo constituye un potencial elemento de discordia y conflicto intercultural. El Estado jugó a la división de los pueblos y comunidades indígenas aprovechándose del título colectivo para darle impulso a la aprobación del AMO. Es por ello que muchas comunidades indígenas, en especial las del pueblo Mapoyo, han estado de acuerdo con el proyecto.

Esto último constituyen aspectos nuevos que tendrán que ser valorados para futuros informes o trabajos de campo. Valdría la pena promover en las comunidades indígenas iniciativas de consulta sobre el estado actual del AMO, y si ellas se han visto favorecidas o no por el mismo.

Es bueno precisar que el derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, así como el derecho al consentimiento es antes, durante y después de la implementación de un determinado proyecto. El AMO no ha sido capaz ni siquiera de mejorar la vialidad que conecta el estado Bolívar al estado Amazonas, y mucho menos, la que va de la carretera principal a las comunidades indígenas, zonas estas de mayor intervención de las empresas mineras.

A pesar de lo antes expuesto y del impacto del AMO sobre las comunidades indígenas, estas encuentran formas de resistencia. La comunidad indígena Huottoja de Punta Brava (Tumo Aje) celebra acuerdos de conservación con la empresa Tierra Mágica y la organización ambientalista Phynatura, para la comercialización de productos no maderables del bosque como la sarrapia. La Capitanía General del Sector II Kamarata-Kanaimo del pueblo indígena Pemon, avanza en la definición de un nuevo Plan de Ordenamiento del Parque Nacional Canaima desde una visión pluricultural.

Por otra parte, la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA) como parte de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), avanza en la unidad del movimiento indígena amazónico a través de la celebración de su congreso regional para la renovación de su directiva.

Son los caminos de la resistencia cultural los que van emergiendo en el tránsito de los pueblos indígenas y “desde abajo”. Es el reto para los próximos tiempos y es lo que también debe ser visibilizado y acompañado. Los pueblos indígenas nos han enseñado que sin organización no hay derechos.


Ver también El sentido de la oportunidad extractivista en Venezuela

A manera de cierre[4]

La crisis actual en Venezuela es civilizatoria, histórica, estructural y cultural. En ese estricto orden. Lo político es consecuencia no causa. Es deriva no sustancia. La política cabalga sobre la primera tríada. En consecuencia, la democracia también ha sido accesoria pues ella nació después del estallido del primer barril de petróleo, a finales del siglo XIX, montándose sobre el autoritarismo fundacional de inicios del siglo XX del aparato estatal moderno venezolano.

El Estado en Venezuela es el mismo de estos últimos cien años. También lo ha sido el reparto del botín petrolero. Han cambiado los actores políticos pero las formas de apropiación de la renta y de acumulación de ganancias del jugoso negocio extractivo es exactamente igual. Las riquezas de unos pocos son proporcionales a la miseria de la mayoría.

Por ello, afirmamos que en Venezuela hay un continuum en el tiempo hidrocarburífero y el tiempo económico de generación de plusvalía[5].


[1] Los romanos solían definir la res nullius (cosa de nadie), a partir de la noción de ocupación, sobre la cual recaen los efectos de ciertos bienes que no tienen propietario. Estas cosas de nadie abarcan un amplio abanico de objetos susceptibles de apropiación, que van desde los animales, pasando por los muebles, los inmuebles llegando a incluir a las personas. Ver Grimaldo Lorente, Carlos (2020). Evolución histórica de la res nullius y la ocupación. España, Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Tesis Doctoral por defender.

[2] A partir de aquí hemos tomado ideas de nuestro último e inédito libro intitulado Lógicas extractivas, territoriales, de poder y déficit de la política en Venezuela. Desvaríos de una construcción democrática (por aparecer).

[3] Aquí retomamos la noción de Jean Luc Nancy y Wendy Brown en cuanto a que, la democracia al estar en suspenso, no es un fin en sí mismo ni un sistema acabado. Está en permanente construcción y por ello no es algo definitivo que se pueda replicar. Cada sociedad tiene particularidades democráticas que le son propias.

[4] A partir de aquí hemos tomado ideas de nuestro último e inédito libro intitulado Lógicas extractivas, territoriales, de poder y déficit de la política en Venezuela. Desvaríos de una construcción democrática (por aparecer).

[5] Plusvalía, clases sociales, Estado, propiedad privada constituyen (entre otros) conceptos apremiantes que deberían ser resituados en el contexto venezolano. Se hace necesario debatir a Marx en el marco nacional extractivista. Un título sugestivo podría ser Marx y el extractivismo en Venezuela o el Extractivismo en Venezuela. Algunas notas desde Marx. Cualquiera que sea es un debate urgente y necesario.

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