Mujeres indígenas expuestas a prostitución y trata de personas por emergencia humanitaria

Como parte de nuestras #AlertasOEP y de las acciones del Grupo de Trabajo Mujeres, Cuerpos y Territorios, compartimos el reciente reportaje que denuncia la situación de vulnerabilidad de mujeres indígenas en Venezuela, ante la grave emergencia humanitaria que las empuja a redes de prostitución y de trata de personas.

 

Por Yohana Marra para  Crónica Uno

Según la organización Kapé Kapé las mujeres indígenas se han visto obligadas a emigrar y son especialmente vulnerables a redes de trata de personas, explotación sexual, prostitución o abuso sexual. Entre enero y junio 2018 se registraron 14 femicidios de indígenas y 15 fueron víctimas de abuso sexual.

Caracas. Una madre necesitaba trabajo y desesperada pidió empleo en una mina. Pero fue amenazada de muerte si no llevaba a su hija también. Ante el temor de ser asesinadas, la joven no tuvo otra opción que irse a la mina y dejó a su madre en casa. Ahora la visita cada 15 días con la supervisión de un miembro de las minas.

Esta es la realidad de las mujeres indígenas venezolanas. La crisis económica y el mal funcionamiento de los servicios públicos las ha empujado a buscar trabajo en las minas o a aceptar ofertas de trabajo doméstico que resultan engañosas, pues cuando llegan estos lugares son víctimas de abuso sexual o las venden por gramas de oro. El precio de cada mujer varía de acuerdo con su edad y según la zona extractiva hasta donde será trasladada.

“En muchas ocasiones las obligan a participar en actividades delictivas de militares, mineros o grupos armados y las consecuencias de este tipo de violencia se traducen en un incremento de muertes violentas de las indígenas”, explicó Mariela Molero, abogada de la ONG Kapé Kapé, durante un foro chat de la violación a los derechos de la mujer indígena.

La organización, que vela por los Derechos Humanos de los pueblos indígenas, ha documentado que las mujeres son víctimas de explotación laboral, sexual y son intercambiadas entre los mineros.

Entre enero y junio 2018 se registraron 14 femicidios y cinco víctimas de abuso sexual, en el estado Bolívar, según los datos de la Comisión de los Derechos Humanos y Ciudadanía citados por Kapé Kapé. Los crímenes fueron reportados en el municipio Caroní, El Callao, Sifontes y Heres del estado Bolívar, donde también asesinaron de forma violenta a 12 mujeres.

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En el estado Amazonas, las principales víctimas de femicidios tenían entre 11 y 22 años de edad, y según los registros de la organización, antes fueron obligadas a la prostitución. También conocieron que en Delta Amacuro una indígena fue víctima de violencia sexual, psicológico, física y verbal, y una adolescente warao también sufrió acoso sexual y psicológico.

Pocos son los registros de los estragos de la violencia en las mujeres indígenas, la mayoría no cuenta nada por temor y las autoridades no ofrecen cifras oficiales,. El reporte más reciente lo hizo el fiscal ―designado por la ANC― Tarek William Saab, durante el informe de su gestión el 25 de febrero, cuando indicó que entre agosto de 2017 y diciembre de 2020 habían ocurrido 610 femicidios en Venezuela. Sin embargo, no especificó cuáles eran los estados más afectados ni ofreció detalles, en este caso, de etnias indígenas.

Sin embargo, Kapé Kapé ha recopilado algunos datos de las etnias en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. En 2019, la organización documentó casos de indígenas que fueron víctimas de intimidación, amenazas y hostigamiento, principalmente contra líderes de las etnias pemón, yukpa y wayúu, que fueron agredidas, secuestradas y víctimas de tratos crueles.

Son víctimas de maltrato físico, violencia psicológica y violencia sexual. Abusan sexualmente de ellas y las obligan a ejercer la prostitución. Estos tipos de violencia generan vulnerabilidad e incertidumbre y algunas ni siquiera quieren contar su historia porque han desaparecido o muerto. La mayoría de los casos quedan sin registros, el incremento solo revela la impunidad y la injusticia, explicó Molero.

Entre las etnias afectadas por estos tipos de violencia se encuentran piaroa, warao, yekuana, cahima, sanumá, en los tres estados investigados por la ONG.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) documentó la muerte de 80 indígenas entre 2017 y 2020, en el informe Actividades para Poblaciones Indígenas.

Las mujeres indígenas cumplen un rol importante dentro de sus comunidades, son las encargadas de transmitir las tradiciones espirituales, la defensa de sus tierras, de los recursos naturales y las propiedades de las plantas tradicionales. También conservan las vestimentas tradicionales y sus costumbres, aunque son discriminadas en ambulatorios al momento del parto, no respetan sus creencias.

Migración aumentó vulnerabilidad de mujeres indígenas

Las pésimas condiciones de vida, la escasez de medicamentos, de comida y de personal médico en los ambulatorios, y la emergencia humanitaria compleja, que atraviesa el país desde 2015, también ha empujado a los hombres y mujeres indígenas a emigrar a Brasil o Colombia.

La agricultura y la pesca dejó de ser el principal medio de subsistencia de los indígenas y muchos de ellos practican la minería a la fuerza.

“Conocemos el caso de un indígena que se fue a trabajar a una mina y dice que estuvo secuestrado. Decidió salirse porque era un trabajo forzoso, solo le daban un plato de comida al día, y le dijeron que saldría muerto. Fue una situación bien difícil, que terminó con un enfrentamiento con arco y flecha”, dijo Molero a Crónica.Uno.

Molero comentó que pueblos enteros no han tenido otra opción que abandonar Venezuela. A veces solo queda la estructura de las chozas, porque hasta los materiales con los que estaban construidos sus viviendas se los llevaron.

La abogada Molero explicó que es raro que los indígenas migren solos, lo hacen familias enteras, acompañados por el cacique y los menores de edad. Muchos llegan a estos países sin dominar el español y solo con la ropa que llevan puesta.

Estas condiciones hacen más vulnerable a la mujer indígena, quien ya por ser mujer y migrante va en desventaja. En los países de acogida también son captadas por redes de trata de personas, tráfico humano y son víctimas de explotación sexual o indigencia.

Se sabe de mujeres que salieron y no llegaron a su destino, y tampoco fueron detenidas en Venezuela. El peligro de ellas no termina cuando salen de Venezuela. En el trayecto se aprovechan de su vulnerabilidad, como sucede en las minas.

La Acnur señaló que, hasta marzo de 2020, había 5000 refugiados y migrantes indígenas en Brasil, donde han registrado su entrada desde 2018; el 65 % ha solicitado asilo. La mayoría de los migrantes son del grupo étnico warao (66 %), seguido por los pemón (30 %), e’ñepá (3 %) y kali’na (1 %).

Desde que confirmaron los primeros casos de COVID-19 a Venezuela, el 13 marzo de 2020, la situación para las etnias se agravó por el cierre del paso fronterizo y se vieron obligados a utilizar los pasos irregulares, conocidos como trochas, para buscar comida, alimentos o medicamentos.

Ver también Pronunciamiento de la Comunidad indígena pemón de San Luis de Morichal

Esto supone un riesgo más para las mujeres, quienes según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) son el grupo más vulnerable de los migrantes indígenas dada su condición de indígena, migrante y mujer.

Políticas de protección del Estado son insuficientes 

A pesar de los convenios y las leyes del Estado venezolano, no ha mermado la discriminación ni la violencia extrema contra las mujeres indígenas.

En 2002, Venezuela ratificó el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales (número 169), un tratado internacional que se ocupa exclusivamente de las etnias. Mientras que en 2005, se aprobó la Ley Orgánica de pueblos y comunidades indígenas, que tiene un proyecto de reforma en la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre de 2020.

La abogada Molero explicó que se han creado políticas de protección y atención, como el Ministerio de Pueblos Indígenas, así como la Dirección Nacional de Salud Indígena del Ministerio de Salud y la Dirección Nacional Intercultural del Ministerio para la Educación. El Instituto para la Mujer incluyó a 200 mujeres indígenas, “pero nada de esto ha mermado las formas de violencia”.

La violencia también proviene de funcionarios militares cuando las mujeres migrantes llegan a puestos de control militar, aumentando su vulnerabilidad, o son devueltas a sus países sin tomar en cuenta las medidas legales.

Hay cuatro normativas que establecen la implementación de los derechos consagrados institucionalmente. Las mujeres, niñas y adolescentes siguen desprotegidas e invisibilizadas y hay que vencer esto.

A juicio de Molero, la promulgación de la Ley Orgánica de las mujeres a una vida libre de violencia no puede considerarse un avance para los derechos de las indígenas porque no establece protección para las etnias. Y aunque en el artículo cuatro las clasifica como un grupo especialmente vulnerable “en las circunstancias agravantes (Art. 65) no incluyó la procedencia étnica ni la violencia sexista.”.

Entre 2013 y 2019, se creó el plan de igualdad de género Mamá Rosa, que tuvo en sus líneas de acción a las indígenas en dimensiones económicas y sociales. Y entre 2014 y 2015, Inamujer desarrolló mesas de trabajo para la creación de un plan nacional para los derechos de las mujeres indígenas, pero se publicaron solo tres traducciones en sus idiomas.

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OEP Venezuela

Perfil oficial del Observatorio de Ecología Política de Venezuela

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