Venezuela en el momento más crítico de la pandemia COVID19 - Observatorio de Ecología Política de Venezuela

Venezuela en el momento más crítico de la pandemia COVID19

Prensa OEP

Imagen de portada: familiares de pacientes de COVID19 esperan para recargar bombonas de oxígeno en Caracas. CNN

A un año del inicio de la pandemia de COVID19 en Venezuela, el país atraviesa el momento más crítico de esta grave coyuntura, con un sistema de salud al borde de sus capacidades y una crisis socioeconómica que se profundiza cada día más, afectando especialmente a los sectores más vulnerables.

Algunos expertos coinciden en que el primer periodo de la pandemia, entre marzo y diciembre de 2020, diversas condiciones particulares de Venezuela, especialmente su notorio aislamiento comercial de la región y la grave escases de combustible ayudaron a que las cifras de contagios y fallecidos parecieran estar bajo control de la gestión gubernamental.

Sin embargo, la flexibilización de la cuarentena en los periodos de asuetos en diciembre y carnaval, así como la identificación de las nuevas variantes P1 y P2 detectadas en la frontera con Brasil, aceleraron rápidamente la curva de contagios y han cobrado cientos de vidas en las últimas semanas, siendo marzo 2021 el mes con más cantidad de contagios y fallecidos en el país.

La segunda ola y la radicalización

Lo que el gobierno nacional ha calificado como una segunda ola de contagios ha llevado a radicalizar las medidas de control de movilidad, en un panorama económico gravemente precarizado en el que miles de familias no perciben ingresos en divisas y ven amenazada su posibilidad de subsistencia sin poder salir de sus casas para procurar ingresos.

Incluso las cifras oficiales, que han sido duramente cuestionadas por expertos en salud y epidemiología en Venezuela, indican que a partir de la segunda semana de marzo de 2021 se evidenció un incremento en el número de contagios y fallecidos, que pasaron de un promedio de 400 casos diagnosticados a diario entre octubre y marzo, a cifras que ya superan los 1.000 casos por día. El total de casos reportados por el gobierno asciende ya a 170.000 personas, de las cuales 1.705 han sido declaradas fallecidas por COVID19.

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La radicalización de la cuarentena ha evidenciado nuevamente una falta de políticas públicas claras sobre el manejo de la pandemia, con funcionarios locales que aplican métodos de sanción a la población que irrespeta las medidas que van desde altas multas en divisas, aplicación de castigos con actividades físicas en espacios públicos, obligatoriedad de actividades como recolección de desechos con uniformes especiales, hasta reportes de marcas aplicadas a las viviendas para segregar a las familias contagiadas. Abundan también las denuncias de cobro ilegal en divisas para atravesar los puntos de control vehicular que se disponen sin mayor información para la ciudadanía.

Un sistema de salud en estado crítico

Si bien el gobierno no ofrece cifras sobre la ocupación hospitalaria, reportes extraoficiales indican que el sistema de atención médica tanto público como privado ha llegado al tope de sus capacidades, especialmente después del repunte de cifras de contagios luego del carnaval.

La ocupación de camas para COVID19 en las clínicas privadas de la capital está en torno al 95%-96%, y es mayor en los centros públicos, según reportó una fuente extraoficial a la agencia internacional BBC.

La región central, incluyendo Distrito Capital, Miranda y La Guaira acumulan la mayor parte de los contagios de las últimas semanas, pero las cifras comienzan a crecer también en estados como Yaracuy o Bolívar, en los que las condiciones hospitalarias y de servicios públicos son menos favorables que en la capital.

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Médicos han alertado que, ante la ocupación plena del sistema de salud, una buena parte de los pacientes que son diagnosticados con casos leves o moderados son remitidos a su hogar, donde no sólo pueden agravarse de manera imprevista, especialmente en casos de contagio con las nuevas variantes, sino que además se convierten en un foco de contagio para la familia, lo que acelera el avance de la enfermedad en contextos comunitarios.

Costos fuera del alcance de la mayoría

Otro elemento que agrava el panorama es los altos costos de medicamentos e insumos claves como el oxígeno en Venezuela, que hacen que muchas de las personas contagiadas no puedan cubrir sus tratamientos.

Cada vez son más frecuentes las campañas de solicitud de ayuda a través de sistemas de cofinanciamiento (crowdfunding) para costear el tratamiento de la enfermedad en el país, con numerosos reportes de escases de dispositivos e insumos claves para atender a los pacientes como los sistemas de apoyo respiratorio.

Vacunas, el gran dilema

El gran tema del debate público en las últimas semanas es los avances en la compra y aplicación de vacunas a la población, especialmente al sector salud, educación y adultos mayores, priorizados por el propio gobierno por su alto riesgo.

El gobierno ha denunciado en diversas oportunidades que las sanciones internacionales han impedido la compra de vacunas. Sin embargo, mediante convenios con Rusia y China se ha logrado la adquisición de al menos dos lotes de vacunas que de acuerdo con el gobierno están siendo aplicadas a trabajadores de la salud y la educación.

En los últimos días se han reportado operativos de vacunación a adultos mayores en la región central del país (Miranda y Distrito Capital). Las personas son notificadas a través del cuestionado sistema del Carnet de la Patria, instrumento usado por el gobierno para adjudicar bonos sin que exista transparencia acerca del baremo usado para tal fin. Por ello, sectores de la sociedad denuncian que se esté usando un instrumento que ha tenido un fuerte sesgo político-partidista para la administración de las vacunas contra el COVID19 en Venezuela.

Más aún se denuncia la falta de información sobre el plan mismo de vacunación, pues las personas que reportan haber recibido la vacuna indican que fueron notificadas sin previo aviso y no hay forma de saber con precisión cuántas dosis han sido aplicadas o a quiénes. Esto se suma a las denuncias de ofertas de venta de vacunas en redes sociales, así como a las de posibles vacunas administradas a funcionarios del gobierno o allegados calificados como VIP.

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