La Lucha Campesina a 20 años de la Segunda Reforma Agraria en Venezuela - Observatorio de Ecología Política de Venezuela

La Lucha Campesina a 20 años de la Segunda Reforma Agraria en Venezuela

Liliana Buitrago

Imagen de portada campesino venezolano, Liliana Buitrago

 

Este 17 de abril se celebra el día Internacional de la Lucha Campesina. En Venezuela el campo de las luchas campesinas muy a pesar de la crisis profunda que actualmente se vive es un campo en disputa, vivo, con las más grandes tensiones experimentadas en su historia y lamentablemente polarizado.

Las luchas campesinas en Venezuela han estado marcadas por un sector en movimiento que se debate en la posibilidad de legitimidad social de su práctica. Como un país sumido en el latifundio hasta la primera reforma agraria, las élites productoras agrícolas fueron siempre dueñas de los sectores de poder vinculados a la producción agrícola y ganadera y en especial de los dictámenes sobre las leyes y reglamentos que regulan las actividades, una realidad que a pesar de un marco legal robusto y puesto contra el latifundio no logra revertir la realidad de las dinámicas que mueven el campo.

 

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Hay diversos estudios y textos que describen la historia agrícola de Venezuela, es especial desde los años 30 como un sector muy vinculado al modelo de desarrollo petrolero nacional. Ciertamente el modelo rentista promovido desde el régimen extractivista marcado por la extracción petrolera como actividad central para la acumulación del capital en Venezuela ha marcado los límites y potencias del modelo agrícola venezolano. 

En los últimos 60 años se impulsaron dos reformas agrarias, una en 1960 y otra en el año 2001. Ambas reformas promovidas desde dos lugares de enunciación muy diferentes. La primera reforma fue promovida desde “la alianza progreso” y marcada por el dominio de los Estados Unidos sobre la región latinoamericana, fue impulsada junto a otras reformas de la época en la región, para el control territorial y en la lucha contra las rebeliones populares armadas de la época. No es casual que en 1961 se firmara el Convenio UPOV (Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) como mecanismo de control de las semillas. 

Si bien la primera reforma agraria marca en mucho la constitución actual del campo venezolano, en términos de ruptura con el viejo modelo de tenencia de la tierra, la segunda marca una diferencia a nivel identitario en el sector campesino. La ley de Tierras y Desarrollo Agrario de 2001, y su reforma de 2010, marca el intento de una reforma promovida desde la visibilización de los sectores populares en Venezuela como parte de un discurso político desde arriba que se sirve de estas luchas en su política, consigue amalgamar un movimiento popular campesino que se identificó con ella y logró mayor legitimidad a través de la posibilidad de tener acceso a la tierra, acceso que hoy está siendo revertido violentamente. Al mismo tiempo la reforma agraria consigue la molestia del sector agroindustrial y empresarial que tradicionalmente se benefició del sector crediticio agrícola y el sistema de importaciones (hoy en total declive con la disminución de los créditos agrícolas en un 97% de acuerdo al BCV). Venezuela hoy por hoy ha llegado al punto de que uno de cada tres venezolanos esta en inseguridad alimentaria de acuerdo al Programa Mundial de Alimentación, cifra de 2019.

 

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Por otro lado, ambas reformas se concentran en el rescate de tierras de las manos del latifundio, pero no consolidan una transición del modelo agrícola hegemónico que sigue predominando ni lograron trascender la visión estadocéntrica de la gestión de la tierra. De hecho, la cantidad de formas de propiedad de la tierra, instrumentos agrícolas, otorgados a formas de organización comunitarias campesinas es ínfima y hasta hoy las cifras de los avances sobre la tenencia de la tierra en Venezuela son un irresponsable y total misterio. 

 

Sin embargo, y luego del intento de dos reformas agrícolas en el siglo 20, el avance sobre la legitimidad de los sectores productores campesinos es muy precaria. A pesar de que el sector alimentario es profundamente dependiente de la producción campesina familiar, el modelo que tradicionalmente se ha buscado impulsar en los planes de desarrollo y en las políticas públicas ha sido el modelo agroindustrial, con lo cual se ha intentado impulsar el agronegocio como base de la economía productiva. La petición de los diversos sectores movilizados en años recientes se centra en el avance de lógicas mafiosas sobre los territorios con complicidad del aparato de Estado. Por ejemplo, recordemos la movilización de cerca de 300 campesinos, en el año 2018, quienes recorrieron más de 400 km a pie, que ante la profunda crisis demandaba medidas ante la violencia e incumplimiento de las leyes. La petición sigue siendo por el cumplimiento de la Ley de Tierras que cumple 20 años y la asignación de la tierra a quienes la trabajan junto a una política y planes que les permitan avanzar en la soberanía y autonomía alimentaria.

 

Frente a estas demandas, desde arriba siguen las privatizaciones y la inacción e impunidad ante el sicariato, la desinstitucionalización y precarización del sistema de gestión del sector agrícola y la promoción del imaginario de desarrollo ahora diversificado y basado en la falsa idea de una riqueza explotable infinitamente cuya base extractivista impulsa la minería, la deforestación y las bases para el agronegocio. Las políticas de privatizaciones actuales del gobierno, la flexibilización del marco legal con un fuerte giro neoliberal y las gobernanzas mafiosas territoriales, buscan la vuelta al latifundio.

 

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No obstante, a pesar de este panorama desolador, las resistencias a esta visión han sido múltiples y aunque con poca incidencia para imponer un modelo agroecológico, de pequeña escala, conuquero o sostenible que puedan viabilizar alternativas a las políticas agroindustriales, hoy en día parecen mantenerse, en especial los espacios pequeños que no dependen totalmente de los paquetes tecnológicos que son gestionados por empresas estadales mixtas hoy casi en la quiebra. Algunos de ellos están procurando su ensemillamiento. Otros espacios debido a la dependencia tecnológica de los paquetes agroindustriales se encuentran semi-dependientes de las mafias del sector importador semillero, pero en búsqueda de la siembra de rubros menos dependientes, es decir soberanos. Estos sectores que representan verdaderas resistencias son invisibilizados, subestimados o asediados. La defensa de los derechos agrícolas, saberes y prácticas de estas experiencias es fundamental.

 

Actualmente las principales amenazas a la autogestión comunitaria de la tierra en Venezuela son: la reversión de los instrumentos agrarios de tenencia de la tierra que se habían otorgado, el sicariato, la falta de control normativo de los territorios, el avance de las privatizaciones en el sector agrícola, el incumplimiento o laxa implementación de la ley de tierras, con su énfasis securitario y no soberano,  o el poco incentivo al cumplimiento de leyes como la Ley de Semillas – una de las más avanzadas en la región –  la especulación ante la imposibilidad de importaciones para insumos, la ausencia  de financiamiento y créditos,  la gravedad de los impactos ambientales que se están generando por el colapso de las industrias petroleras, generando la acumulación de pasivos ambientales con consecuencias irreversibles sobre la biodiversidad y ecosistemas (derrames petroleros, contaminación del aire y las fuentes de agua) y el reimpulso al modelo de desarrollo, expresado en el impulso minero por ejemplo y que puede derivar en el avance del agronegocio con fuerza como modelo depredador en Venezuela siguiendo el modelo de Brasil, Argentina o Bolivia. 

 

Igualmente es necesaria una lectura que pueda vincular problemáticas asociadas a problemas más “sectoriales” pero que se encuentra en relación a la producción de alimentos como el incumplimiento de las leyes relacionadas a los pueblos indígenas, cuyos territorios aun no han sido autodemarcados como lo dicta la Constitución Nacional, o las leyes que regulan la vida comunal y de sectores vulnerables como las mujeres. Recordemos que las violencias que afectan a las defensoras de los derechos agrícolas en Venezuela son múltiples y pocas veces visibles para las defensoras de los derechos de las mujeres y niñas. Igualmente, problemas como la migración forzada, la trata de mujeres y el avance del extractivismo en los territorios son amenazas para las formas de vida campesinas.

 

A veinte años de la segunda reforma agraria en Venezuela, sin balance o cifras oficiales y con los espacios de resistencias para la soberanía alimentaria asediados, tanto por factores externos que ejercen presiones económicas a través de sanciones que imposibilitan las importaciones como por los factores internos encarnados en el giro neoliberal privatizador del sector agrícola y “las mafias agrícolas”, el llamado es a pensar formas de soberanía y autonomía alimentaria, política, económica y de gestión de la tierra que superen falsas contradicciones sembradas en la polarización. Esto es, procurar que los instrumentos jurídicos se cumplan, pero más allá, que los espacios de organización no sean sometidos a secundar la política detrás de su propia desaparición, porque no hay ni agronegocio ni minería ecológica.

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