Derechos laborales y ambientales son violentados por Inparques

Imagen de Portada: Puesto de Guardaparques Cachimbo. Crédito foto Sunepinparques

La situación de INPARQUES no mejora con el tiempo, incluso parece empeorar luego de la asunción de Josué Lorca, antiguo director del instituto a Ministro de Ecosocialismo. El acoso laboral se ha intensificado y así lo viene denunciando el Sindicato de trabajadores de INPARQUES, SUNEP-INPARQUES. Entre las denuncias resaltan la suspensión del sueldo de una guardaparques embarazada en el estado Trujillo; así como el trabajador indígena Samuel Herrera de la etnia Jivi, de la comunidad Reforma; que ha sido despedido por discriminación racial. Una situación terrible que apenas es la punta del iceberg sobre lo que sucede y la descomposición completa del organismo y los derechos laborales.

En el Parque Nacional Guatopo los trabajadores deben gastar hasta 4$ de pasaje el cual no es cubierto por la institución, con un sueldo paupérrimo el cual es apenas compensado con la entrega de bolsas de comida. Este 1° de octubre se vieron nuevas suspensiones de trabajadores, obligando al resto para trabajar en el alejado e inaccesible puesto La Elvira, al cual se hace referencia con el excesivo costo del pasaje. 

Ver también: Guardaparques en Venezuela : protegiendo a la naturaleza a pesar de la precariedad

Se denuncia además, en el Parque Nacional Waraira Repano, el Ávila, los ciclistas siguen haciendo rutas de forma ilegal sin ninguna traba y con el descaro de la promoción por redes sociales de las tiendas y empresarios que se lucran con la violación de las leyes y reglamentos ambientales. Así en el Sector La Siria del Ávila se han promocionado rutas y carreras de ciclistas, degradando y deteriorando la montaña, ante el silencio e inacción de INAPARQUES. Un reportaje de El Diario profundiza sobre esta situación en el Ávila, al igual que una denuncia del SUNEP-INPARQUES en Instagram donde han publicado un comunicado. Así podemos ver como en Las Mercedes hay una tienda de bicicletas que ya tiene un mapa de rutas ciclistas que incluye el parque nacional El Ávila, pese a estar prohibido por el PORU y que los estudios de impacto ambiental realizados hasta la fecha demuestran como actividad dañina para la montaña. El Ministerio de Ecosocialismo inauguró en Sabas Nieves un gimnasio “ecológico” con canchas y máquinas, pese que en el PORU tampoco está estipulado.

Mapa de rutas de bicicletas en el parque nacional Waraira Repano/Ávila. Crédito Sunepinparques

Según Marlene Sifontes la institución de INPARQUES y el Ministerio están actuando en contra de su esencia y como violadores de toda la legislación y reglamentación ambiental. Los organismos encargados de proteger el ambiente, son los principales promotores de la violación de las normativas y de la degradación de los Parques Nacionales y su remate y venta como mercancía. Al mismo tiempo, se denuncia la deplorable situación de los puertos de guardaparques, carentes de luz, gas y en ocasiones sin agua; manteniendo a los trabajadores en una situación de enorme precariedad. La infraestructura está en ruinas y muchos techos caídos.

En el Parque Nacional Ciénagas de Juan Manuel se retiraron los guardaparques de un parador turístico, lo cual contraviene la normativa de protección ambiental que exige la presencia del personal de INPARQUES. Igualmente en el estado Zulia se denuncian las ruinas en las que se encuentran los puestos de guardaparques del Parque Nacional Sierra de Perijá. Se señala igualmente que algunos trabajadores y guardaparques recurren a otras actividades, no permitidas en el reglamento o en horario laboral, para poder rebuscarse.

Igualmente se han iniciado un proceso de discusión sobre el PORU del Parque Nacional San Esteban, que estaba pautado para el día 5 de octubre, con el fin de abrir el parque a las actividades económicas, a pesar que esto implique la degradación y afección del mismo. Ya se había dado una discusión sobre este parque cuando el gobernador del estado Carabobo anunció convertir la isla Santo Domingo como un centro turístico y se denuncia igual que la bahía de Yapascua se encuentra actualmente afectada por el impacto de la actividad turística por encima de sus niveles de tolerancia permitidos. El PORU actual, el que se pretende cambiar, fue diseñado luego de un concienzudo estudio de impacto ambiental, que determinó los límites de uso y actividades perjudiciales y no dañinas, además de pasar por un proceso de consulta pública; a diferencia de la situación actual que se busca legalizar situaciones de hecho, ilegales, que la propia institucionalidad promueve.

En definitiva que la política medioambiental parece ir a contravía de los discursos y declaraciones de las autoridades y del propio Presidente. Mientras en propaganda y en alocuciones televisivas y mediáticas hablan de luchas contra el Cambio Climático, los organismos del Estado encargados de velar por el cuidado medioambiental avanzan contra las áreas protegidas por ley, buscando reformar los reglamentos para legalizar actividades ilegales que ya se realizan bajo la protección de los funcionarios. No importa las consecuencias, importa es la posibilidad de conseguir ganancias y financiamiento. INPARQUES y el Ministerio de Ecosocialismo se han convertido en el principal obstáculo para el cuidado del ambiente y la lucha contra el Cambio Climático y la degradación ambiental del país.

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Erick Camargo

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