ARTÍCULO del N° 4 de nuestra Revista Territorios Comunes. Descargue aquí el número completo
I. Introducción
La recolonización de la Amazonía y la Guayana venezolana para la explotación de minerales ha provocado desequilibrios ambientales que se reflejan en el aumento de casos de malaria, teniendo Venezuela un repunte de la enfermedad en los últimos años que ha activado las alarmas internacionales. Para el año 2014 el país alcanzó 91.918 casos de malaria, en el 2017 fueron 406.000 casos (Naciones Unidas, 2018), mientras que para el 2018 fueron 411.586 casos, siendo estos datos significativos para la región de las Américas, pues para el año 2017 aportó el 53% de los casos reportados del continente (Oropeza, 2019). Además, la constante migración de venezolanos a países vecinos ha procurado una dispersión de la malaria en los sitios receptores.
El repunte y trasmisión de la malaria es consecuencia de la crisis socio-económica que padece la población venezolana. Dicha precariedad es el motivo principal por el cual cada vez más personas se dirigen, desde diferentes ciudades y localidades hacia las minas, ubicadas fundamentalmente al sur del río Orinoco, colocando sus vidas en riesgo por múltiples factores, como violencias, precarias condiciones de trabajo y no menos importante, la alta probabilidad de contraer enfermedades propias de los ambientes mineros, tales como el paludismo. Esto último hace que se presente entonces otro problema en el contexto de emergencia humanitaria compleja que vive el país, el poder contar con asistencia y tratamiento médico oportuno para la malaria, así mismo también pueden existir diagnósticos errados por confusión entre los síntomas del paludismo con los del COVID-19 y por lo tanto no recibir la terapéutica correspondiente.
Además, la cultura minera que impulsa el Estado a través de la propaganda asociada al bienestar, riqueza y superación de la crisis económica, incita a la población a sumarse a esta actividad económica, siendo el proyecto del Arco Minero del Orinoco (A.M.O.) un ejemplo de ello. El Decreto N° 2.248 (24/02/2016) que establece la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional A.M.O, representa una falsa solución para el resurgimiento de la economía venezolana, pues la apuesta minera condena el territorio al sur del Orinoco a su destrucción. Una apuesta desde el Ejecutivo Nacional para adquirir ingresos en divisas, en un momento-país donde la crisis socio-económica y el desmantelamiento sistemático de las instituciones del Estado se profundizaban. Desde entonces el A.M.O. ha sido el elemento acelerador y masificador de la actividad minera en la Amazonia venezolana, procurando mayor movilidad de personas de todas partes del país a esta zona, incidiendo a su vez en el significativo aumento de los casos de malaria.
Pero esta enfermedad no solo afecta a las personas que trabajan en las minas, también afecta a las poblaciones aledañas y en particular a las poblaciones indígenas. En esta vasta región al sur del Orinoco donde habitan 29 pueblos indígenas, 3 de ellos en aislamiento voluntario (ORPIA et al, 2020), la minería ha afectado sus modos de vida (cultura-territorios). Por ello, distintas comunidades indígenas han denunciado a través de comunicados cómo la minería ha procurado la proliferación de la malaria en sus territorios, siendo poblaciones ya afectadas por desnutrición, sarampión y la contaminación de sus aguas por efecto del uso del mercurio para la obtención del oro.
El informe sobre malaria en pueblos indígenas de la organización Kapé-Kapé (2019) refiere que ‟la malaria es la enfermedad más común en doce de las trece comunidades abordadas, representando el 92,31% de los casos”; así mismo el 40% de las muertes en los indígenas se debe a esta enfermedad. Para las comunidades originarias es difícil el acceso a los centros de salud por lo distante que se encuentran, y muchas veces estos centros no cuentan con personal médico, ni con tratamiento antimalárico, muriendo entonces por esta enfermedad.
Debido a los datos reportados por Venezuela en los últimos años a los organismos internacionales, se han activado mecanismos de cooperación con instituciones venezolanas para atender la situación, en concordancia con los planes para combatir la malaria a nivel mundial[1]. El Plan Maestro para el fortalecimiento de la respuesta al VIH, la tuberculosis y la malaria en la República Bolivariana de Venezuela desde una perspectiva de salud pública (2018) plantea la situación epidémica en 9 estados del país (Bolívar, Amazonas, Sucre, Monagas, Delta Amacuro, Anzoátegui, Nueva Esparta, Miranda y Zulia) y argumenta que el determinante principal de la transmisión y dispersión de la malaria en el país se debe a la migración masiva por la actividad minera; así mismo expresa que la trasmisión en el estado Amazonas ‟…está relacionada con incremento en puntos de actividad de minería y en extensión de las áreas de minería en algunos municipios del Estado…” (Misión Técnica OPS et al, 2018).
II. Estudios recientes sobre la malaria en Venezuela
Varios trabajos de investigación sobre la minería y malaria en Venezuela demuestran que la región al sur del río Orinoco, donde se emplaza el A.M.O., es el área de mayor afectación por paludismo y analizan las consecuencias a nivel nacional, identificando las nuevas regiones que reportan esta enfermedad. Dichos estudios reafirman cómo el extractivismo minero en esta región sureña del país afecta la salud ambiental, y como consecuencia, la salud humana. Cabe recordar que la creación de piscinas de agua estancada, utilizadas para la práctica minera aluvial, genera grandes criaderos para las larvas de los mosquitos transmisores de la enfermedad. Esto se mezcla con las precarias condiciones de trabajo en las minas –así como su lejanía de los centros de salud pública–, produciendo condiciones para un considerable aumento de los casos.
El trabajo más reciente publicado sobre el tema se titula Malaria en el Sur de Venezuela: el punto más caliente de América Latina (Grillet et al, 2021), en el cual se analizó la data de casos notificados de malaria (P. vivax y P. falciparum) en el período 2007-2017. Dicha data fue proporcionada por el Programa de Control de la Malaria del Ministerio del Poder Popular para la Salud y los Indicadores de vigilancia de la malaria de la OPS (2014-2017), ya que los boletines semanales estuvieron disponibles solo hasta 2017. El estudio logró contabilizar la tasa de incidencia de malaria por cada 1.000 habitantes, por parroquia y por especie de Plasmodium. Identificaron también los puntos críticos, o áreas de transmisión persistente de malaria y fuentes de contagio para la región.
Particularmente en el estado Bolívar, los puntos críticos se ubican al este de la entidad; específicamente la parroquia San Isidro (municipio Sifontes) aportó el 43,4% de casos de malaria por P. vivax, durante el período 2007-2017 en la entidad. Así mismo, la presencia de P. falciparum y P. vivax fue significativa en las parroquias San Isidro y Dalla Costa, ambas del municipio Sifontes, donde se ubican los pueblos mineros de El Dorado y Las Claritas, sitios donde la deforestación y contaminación ambiental es significativa, y que se sitúan dentro en la Reserva Forestal Imataca, que a su vez está afectada por la poligonal del Decreto N° 2.248.
Los resultados del estudio durante la década 2007-2017 para el estado Bolívar se presenta como un resumen en la siguiente tabla:
El estudio arrojó que la mayoría de las personas infectadas por malaria eran hombres, en edades comprendidas entre 11 y 40 años, siendo el grupo más afectado el de 21 a 30 años, y que al menos del 62 al 66% de los casos (P. vivax y P. falciparum, respectivamente) correspondía a personas que trabajaban en las minas de oro.
En la investigación se consideraron los datos laborales de las personas afectadas por malaria, y se cruzó la información entre los puntos críticos identificados y las áreas deforestadas obtenidas de Global Forest Watch e imágenes satelitales, determinando así que la pérdida de cobertura boscosa está relacionada con la tendencia ascendente de los casos de malaria en el mismo lapso de tiempo, “tanto P. vivax como P. falciparum aumentaron en incidencia (4 a 8 veces) con el tiempo en esas regiones junto con una disminución concomitante de la cubierta vegetal (3 a 6 veces) como resultado de tales actividades mineras” (Ibíd.).
El estudio también describió la dinámica espacio temporal de la malaria a nivel nacional en el periodo 2014-2017:
“… desde 2014, la malaria se ha propagado desde las regiones costeras del sur y noreste hasta las sabanas centrales de las tierras bajas y las ecorregiones del piedemonte de los Andes occidentales donde la malaria había sido eliminada anteriormente, aumentando la población en riesgo a alrededor del 50% en comparación con el 34,4% en 2010” (Ibíd.).
El resurgimiento de la malaria en áreas anteriormente endémicas y en nuevos sitios resulta de la movilidad de personas de distintas partes del país para trabajar en las minas, lugares donde se infectan con Plasmodium y se convierten en huéspedes del parásito, y al retornar a sus sitios de origen se convierten en vectores de trasmisión de la enfermedad. Además, la prevalencia de ésta se mantiene por el declive de los programas de control antimaláricos, por efecto de la crisis sanitaria que enfrenta el país.
En la investigación se muestra además una síntesis cartográfica que permite visualizar cómo en el sur-este del país se ubica el punto crítico de trasmisión de la malaria, y cómo fue su propagación en el territorio nacional desde el año 2014 al 2017. La cartografía denominada Mapa de difusión del riesgo espacial representala incidencia anual del parásito, y en él se visualiza cómo la mayoría de los casos se concentraban en 2014 en el sureste del país, pero en los años sucesivos se muestra el aumento en la incidencia de casos hacia el suroeste del país (estado Amazonas) y hacia el noreste (estados Delta Amacuro, Monagas y Sucre), acotando además un aumento en el piedemonte andino (correspondiente a los estados Apure y Barinas), en los llanos centrales (estados Guárico y Anzoátegui) y en algunas zonas del estado Miranda y Aragua. Cabe destacar que el aumento en la incidencia de malaria en el estado Bolívar, más allá de los puntos críticos, así como en el estado Amazonas, coincide con la expansión e intensificación de la minería en la región al sur del río Orinoco.
Otro estudio importante que trabajó el tema de la expansión de la malaria fue el realizado por Camacaro y Garrido (2018), Enfoque Epidemiológico de género en la importación/introducción de la malaria en Venezuela. Caso del Estado Aragua, el cual analiza cómo el comercio sexual en las zonas mineras al sur del Orinoco representa un determinante socio-epidemiológico para la trasmisión de la malaria. Además, en esta investigación las autoras ponen el foco en la división sexual del trabajo en las zonas mineras, pues es mayor el porcentaje de hombres que trabajan en la minería, contrario a las mujeres pues ellas son destinadas a labores domésticas o de cuidado, y por supuesto a labores sexuales.
En el trabajo, se enuncia que la prostitución coadyuva con el aumento de casos importados/introducidos de malaria con riesgo de endemia e instauración de casos autóctonos en el estado Aragua. Sucede que muchas mujeres de distintas partes del país son captadas para el trabajo sexual en zonas mineras; estando allí, se infectan de malaria y al volver al lugar de origen la enfermedad se trasmite cuando un mosquito sano se infecta de una paciente contagiada, iniciando así un nuevo ciclo de retrasmisión en zonas no endémicas de paludismo tradicionalmente.
En la investigación se analizó el discurso de cuatro entrevistadas infectadas con malaria provenientes del estado Bolívar donde trabajaron como prostitutas en las minas, detectándose coincidencias en las respuestas sobre la procedencia de otras mujeres que trabajaban con ellas, resaltando otros estados del país a parte de Aragua, entidades como Guárico, Nueva Esparta, Carabobo, Distrito Capital, Vargas, entre otras, lo que evidencia la alta probabilidad de que “existan casos autóctonos de todos los estados del país importados desde zonas minera, a consecuencia de las migraciones transitorias con mayor relevancia en mujeres que ejercen la prostitución en estas zonas” (Ibíd.).
Otra información resultante de las entrevistas fue el constatar que en las minas no existe ningún tipo de centro de salud para la asistencia pertinente de pacientes con paludismo, pero por el contrario, sí existe todo un comercio asociado al extractivismo minero, como bares, bodegas y currutelas. Las declaraciones revelaron la dinámica de comercialización del tratamiento antimalárico y la mala administración sin ningún tipo de supervisión médica; entrevistadas afirmaron que la venta del tratamiento para el paludismo puede llegar a costar “una grama de oro” y que si el mismo paciente contagiado no compra su tratamiento simplemente muere.
Es una realidad que en las zonas mineras es imposible el cumplimiento completo del tratamiento antimalárico por lo costoso que resulta para los pacientes, así como es una realidad la probabilidad de reinfección, por ello las autoras afirman que estas condiciones generan en los pacientes resistencia a los medicamentos dificultando así el proceso curativo y dificultando también la prevención y control de la enfermedad.
III. Conclusiones
Desde la creación del A.M.O. en 2016 se materializa un nuevo plan de extractivismo minero que replantea el uso del territorio, sacrificando 111.843,70 km² de la Amazonía y la Guayana venezolana, sin importar la biodiversidad y gran complejidad ecológica de la región. Además, la crisis económica venezolana ha sido el aliciente para que miles de personas de todas partes del país se hayan sumado a la actividad minera, generando estragos irreversibles en el territorio, como la deforestación, factor que influye en el alza de casos de malaria en la región sureste de Venezuela, definiendo esta zona como un foco de prevalencia y transmisión de la malaria.
La distribución de la riqueza que prometía el Gobierno con sus políticas de Estado resultó, con el A.M.O., en la propagación de la malaria en varias entidades del territorio nacional, a causa de la constante movilidad de personas hacia las minas y el posterior retorno a sus sitios de origen. Como dato importante a resaltar, el estado Bolívar en el 2017 contribuyó con el 47% de los casos de malaria en el país, mientras que en el pasado reportaba más del 60% (1992–1995) y hasta el 88% (2000–2014) (Grillet et al, 2021), lo que indica que desde el 2017 otras zonas de Venezuela han reportado un número significativo de casos, siendo esto una alerta de la dispersión de la enfermedad en el territorio nacional.
Además, la situación de la malaria se agrava en este momento que atravesamos la pandemia del COVID-19, pues todos los esfuerzos se están abocando en atender a quienes padecen coronavirus, tanto personal de salud como insumos, mientras que los focos mineros aumentan en el territorio y continúan en ascenso los casos de paludismo, sin establecerse aún un plan de abordaje adecuado que se enfoque en la causa, en este caso la minería (áreas de proliferación del mosquito) para la erradicación de los criaderos del vector. Si bien existe el plan de control de la malaria entre el Estado venezolano y las organizaciones internacionales, si no se atiende la causa, los esfuerzos se diluyen mientras el origen del problema cada vez toma más espacios en el territorio y más vidas.
Es de gran preocupación que no se procura detener la minería aun sabiendo que es la actividad determinante para la prevalencia e incidencia de la malaria, sino que por el contrario el Ejecutivo nacional lo estimula con políticas como el Plan Nacional de Minería 2019-2025, acompañado de una propaganda promisoria de esta actividad extractiva como la solución para enfrentar la crisis económica del país, calificándola con adjetivos decorativos cómo “sustentable, ecológica, en armonía con el ambiente y ecosocialista”, siendo esto una falacia más para disfrazar las grandes consecuencias del extractivismo minero.
No importa el sacrificio de la salud humana y de todo el ecosistema al sur del Orinoco, con tal de mantener las bóvedas del Banco Central de Venezuela repletas de oro. La prioridad para el poder es precisamente mantener su hegemonía y por ello desde el 2016 ha impulsado con el Arco Minero el “control territorial” de las minas, un control que se ejerce con violencia, despojo y sacrificio de la vida en sus diversas formas.
La epidemia de malaria actual es tan solo una de las tantas consecuencias de la devastación minera en Venezuela, siendo esto muy preocupante, pues sin salud ambiental no existe salud humana. Así como la minería propicia el ambiente para la proliferación de la malaria, también colabora con la contaminación del agua con mercurio, la colmatación de cuencas por sedimentos y remoción de capa vegetal, todo ello afectando la salud ambiental. La vida para existir depende de la interrelación de todos los elementos naturales que componen el ambiente, de no detenerse el extractivismo minero no quedarán cuencas hidrográficas, ni bosques esenciales para la vida. Por todos los argumentos expresados, mantendremos la denuncia y la lucha contra el Arco Minero del Orinoco, por la defensa de la vida.
#AguaSiOroNo, #NoAlArco Minero.
IV. Referencias bibliográficas
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[1] Dichos planes son, “Estrategia Técnica Global para la Eliminación de la Malaria (2016-2030)” tutelada por la Organización Mundial de la Salud y el programa de “Eliminación de la Malaria en las Américas: 2016-2020” dirigida por la Organización Panamericana de la Salud.
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