Pueblos Indígenas: más vulnerables ante la actual pandemia de COVID-19 en Venezuela

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Luis Caballero-Manrique

ARTÍCULO del N° 4 de nuestra Revista Territorios Comunes. Descargue aquí el número completo

I. Introducción

La aparición en China de una nueva enfermedad viral a finales de 2019 y su rápida propagación por todo el planeta, originó la actual pandemia de COVID-19, declarada por la Organización Mundial de la Salud en marzo de 2020. Esta situación constituye un gran desafío sanitario, ya que el sistema inmune de las personas en estas circunstancias, aún no ha desarrollado la memoria específica que le permita contrarrestar de una manera más eficiente al agente causal. La contagiosidad, así como el curso de la enfermedad, en buena medida dependen de características particulares del virus, lo que puede traducirse en predecibles tasas de mortalidad y letalidad.

Sin embargo, lo que ocurre regularmente con las enfermedades, es un impacto mucho mayor en ciertos grupos poblacionales como el de los indígenas, quienes atraviesan una crónica exposición a desventajas económicas y sociales (Forde et al, 2019), de allí su vulnerabilidad y el importante papel de los determinantes sociales de la salud. Graves estados de pobreza, la desnutrición, precariedad de los servicios de salud y escasez de combustible afectan la población indígena del estado Zulia (Comisión para los Derechos Humanos en el Zulia, 2020). Situación semejante se presenta en los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro (Foro Penal, 2020). Cabe destacar que fueron estos cuatro estados, los que presentaron los más altos índices de inseguridad alimentaria grave en el país (Programa Mundial de Alimentos, 2020). En este artículo se pretende contribuir en parte, a visibilizar las grandes disparidades con las que conviven los pobladores originarios, muchas de las cuales han sido previamente documentadas con otras patologías, como las infecciones por VIH y hepatitis virales, donde se destacan la necesidad de un enfoque intercultural y de prestación de servicios para mejorar el acceso a la salud (Russell et al, 2019). La intensa y devastadora minería en los territorios indígenas localizados al sur del río Orinoco, ha conducido a sus pobladores ancestrales a una situación de indefensión frente a las violaciones de sus derechos humanos (ACNUDH, 2020), quienes ahora deben hacer frente además de la malaria a la actual pandemia de COVID-19.

II. Pueblos indígenas: vulnerabilidades y su agravamiento ante la pandemia de COVID-19

Vulnerabilidad

Los pueblos indígenas del continente americano, y particularmente los de América Latina, han estado tradicionalmente recibiendo un trato desigual, en un entorno de disparidades socioeconómicas y con mayores dificultades para el acceso a servicios de salud y educación, lo que se traduce en deterioro de su calidad de vida. La condición de vulnerabilidad obedece a situaciones de indefensión y desprotección que experimentan los indígenas frente a un problema de salud en comparación con otros grupos de población  (Juárez-Ramírez et al, 2014). La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (con rango constitucional según el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela) establece el derecho de los pueblos indígenas al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales, correlativo a la obligación del Estado de adoptar medidas para lograr este cometido. Los pueblos indígenas tienen derecho a sus propias medicinas tradicionales y a mantener sus prácticas de salud, incluida la conservación de sus plantas medicinales, animales y minerales de interés vital. Las personas indígenas también tienen derecho de acceso, sin discriminación alguna, a todos los servicios sociales y de salud. Además, prevé que los pueblos indígenas que están divididos por fronteras internacionales, tienen derecho a mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación, incluyendo las actividades de carácter espiritual, cultural, político, económico y social, con sus propios miembros, así como con otros pueblos, a través de las fronteras (Naciones Unidas, 2007).

Población indígena

En Venezuela, los datos del último Censo de Población y Vivienda realizado hace diez años, revela que la población por declaración de pertenencia a un pueblo indígena es de 724.592, lo que representa un 2,7% de la población total del país. En el estado Zulia se asienta el mayor número de indígenas: 443.544, le siguen los estados Amazonas con 76.314, Bolívar con 54.686, Delta Amacuro con 41.543 y Apure con 11.599, lo que representa respectivamente el 12,7%; 53,7%; 4%; 25,4% y 2,6% de la población de cada uno de estos cinco estados (Instituto Nacional de Estadística, 2011). Como puede observarse, todos los estados citados son fronterizos, y en los que se evidenciaron importantes movimientos migratorios hacia Colombia y Brasil, muy acentuados durante los años 2017-2019, desencadenados por la profunda crisis económica que afecta a Venezuela, y que ha obligado a miembros de la familia y en algunos casos a familias enteras, a buscar mejores condiciones de vida y hasta la sobrevivencia (Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 2020; Agencia de la ONU para los Refugiados, 2020).

Seguridad alimentaria

El Programa Mundial de Alimentos (WFP, por sus siglas en inglés), fue invitado por el Gobierno de Venezuela a realizar una evaluación de la seguridad alimentaria, para estimar las necesidades y vulnerabilidades en los hogares. Datos recolectados en el tercer trimestre de 2019, permitieron estimar que el 7,9% de la población (2,3 millones) está en inseguridad alimentaria severa, un 24,4% adicional (7 millones) está en inseguridad alimentaria moderada. Se estimó que una de cada tres personas (32,3%) está en inseguridad alimentaria y necesita asistencia. Entre los estados con los índices más altos de inseguridad alimentaria severa, se hallaron Delta Amacuro (21%), Amazonas (15%), Zulia (11%) y Bolívar 11%), estados con un alto componente poblacional indígena y que limitan geográficamente con otros países. El bajo ingreso, afectado por la hiperinflación, ha conducido a que en 59% de los hogares, éste no sea suficiente para adquirir comida y el 65% no es capaz de comprar artículos esenciales de higiene, ropa y calzado. Al momento de la encuesta, cuatro de cada diez hogares tenían interrupciones diarias en el servicio eléctrico y el 72% un suministro irregular de gas doméstico. Cuatro de cada diez hogares tenían interrupciones recurrentes en el servicio de agua y el 25% de los hogares no tenía acceso estable al agua potable (Programa Mundial de Alimentos, 2020).

Un nuevo virus: SARS-CoV-2. Una nueva enfermedad: COVID-19

Para complicar aún más la situación, emerge en China a finales de 2019 un nuevo virus del grupo coronavirus y que es identificado como SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome-Coronavirus-2), agente causal de una nueva enfermedad conocida como COVID-19 (Coronavirus Disease-19), que hace alusión al año de aparición del citado virus. La enfermedad se propaga inicialmente de forma epidémica desde inicios de 2020 en el país asiático para luego diseminarse a otros continentes, adquiriendo carácter pandémico desde el mes de marzo del mismo año.

Flujo migratorio a países limítrofes

La información del movimiento migratorio reportado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, dio a conocer que en Colombia se registraron 1.142.319 de inmigrantes a diciembre de 2019, que equivale al 2,3% de la población colombiana, los cuales procedían principalmente de Venezuela (91,81 %). En tal sentido, el Estado colombiano ha tenido que asumir este fuerte fenómeno migratorio en los actuales tiempos de pandemia (Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, 2020).

La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) señala que desde 2018 ha registrado la entrada a Brasil de indígenas de Venezuela. Éstos se dividen en cuatro grupos étnicos: Warao (66%), Pemón (30%), Eñepa (3%) y Kariña (1%). La mayoría de los indígenas desplazados se encuentran en la región norte, sin embargo, muchos de ellos ya están presentes en 16 estados diferentes de Brasil (Agencia de la ONU para los Refugiados, 2020).

El día 13 de marzo de 2020, un día después que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia la enfermedad infecciosa producida por el coronavirus, en Venezuela se emite el decreto mediante el cual se declara el estado de alarma para atender la emergencia sanitaria de COVID-19. Se crea una Comisión Presidencial para la prevención y control de esta enfermedad, integrada entre otros por el Ministerio para los Pueblos Indígenas (Decreto No. 4.160, 2020).

Sin embargo, ha resultado difícil en Venezuela, estimar las cifras de casos positivos y de fallecidos en los pueblos indígenas, motivado al desconocimiento del número de pruebas rápidas (PDR) y confirmatorias (PCR). Organizaciones de trabajo socioambiental y de pueblos indígenas, han reportado desde el inicio de la pandemia hasta el 21 de marzo de 2021, un total de 6.020 contagios, 49 fallecidos y una incidencia de 261 contagios por 100.000 habitantes en la Amazonía venezolana, un área que bajo criterios biogeográficos y administrativos abarca los estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro. Estas cifras son ostensiblemente menores a las de los ocho países restantes en la Panamazonia. No obstante, se evidencia en un período muy corto del mes de marzo de 2021, un notable incremento en el número de contagios reportados para el estado Bolívar, cuyas causas son parcialmente atribuidas a la nueva variante brasileña del virus (Observatorio Wataniba-ORPIA, 2021).

TBC, malaria, sarampión y fiebre amarilla en la Amazonía

El racismo estructural y la discriminación histórica de los que poblaciones indígenas y afrodescendientes de las Américas, han sido y continúan siendo objeto, generan una situación de vulnerabilidad a los efectos de la actual pandemia de COVID-19 con relación a la población general. Estas poblaciones, además se enfrentan a menores ingresos económicos, complejas condiciones de vida y menores niveles de escolaridad, entre otros determinantes sociales de la salud.  La cuenca del río Amazonas, la más grande del mundo (compartida por Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Guyana, Surinam y Venezuela) comprende un total de 2.467 territorios con 826 comunidades indígenas, de las cuales unas 200 viven en aislamiento voluntario. En estas poblaciones de la Amazonía, se han documentado desafíos en cuanto a la salud como la tuberculosis (TBC), la malaria, el sarampión y la fiebre amarilla. Se le suman la falta de agua y saneamiento, así como la inseguridad alimentaria. Una de las recomendaciones emitida por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y dirigida a los gobiernos, es la de incluir la variable etnicidad en los registros de salud para producir información que permita adaptar las intervenciones a las necesidades de las distintas poblaciones con respecto al COVID-19 (Organización Panamericana de la Salud, 2020).

Violación de derechos            

La situación expuesta por diversas organizaciones vinculadas al monitoreo de los derechos humanos y a la prestación de los servicios públicos, han dado a conocer la profunda inconsistencia del Estado para proteger a los pueblos indígenas. Entre ellas destacan la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Venezolana (COIAM) y la Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas (ORPIA).

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ha pronunciado sobre los derechos de los pueblos indígenas, en ocasión de la presentación de su informe sobre Venezuela el 2 de julio de 2020. La situación humanitaria ha perjudicado desproporcionadamente los derechos económicos y sociales de estos pueblos, especialmente sus derechos a un nivel de vida digno, incluido el derecho a la alimentación, y la salud. Hay violaciones de los derechos colectivos de los pueblos indígenas a sus tierras, territorios y recursos tradicionales. La extracción de minerales, especialmente en los estados Amazonas y Bolívar, incluyendo la región del Arco Minero del Orinoco (una vasta zona destinada a esta actividad según decreto presidencial número 2248 del 24 de febrero de 2016), ha dado lugar a violaciones de diversos derechos colectivos, entre otros los derechos a mantener costumbres, modos de vida tradicionales y una relación espiritual con su tierra. La minería también provoca graves daños ambientales y en la salud, como el aumento del paludismo y la contaminación de las vías fluviales. Tiene un efecto diferenciado en las mujeres y niñas indígenas, que corren mayor riesgo de ser objeto de trata de personas. El hecho de no consultar a los pueblos indígenas sobre estas actividades constituye una violación de su derecho a la consulta (ACNUDH, 2020). 

La Comisión para los Derechos Humanos en el Zulia, reportó en agosto de 2019 la situación en este estado, donde reside el 61,2% de la población indígena nacional. Un 82,6% de la población indígena en el Zulia reside en áreas urbanas, siendo el Wayuu el mayor pueblo indígena, asentado principalmente en la Península de la Guajira y al igual que otros pueblos como Barí, Yupka y Japreria, atraviesan graves estados de pobreza, desnutrición y precaria prestación de servicios públicos como electricidad, agua potable, gas doméstico y transporte, a los que se suma la escasez de combustible. En los centros de salud de la Guajira venezolana se ha denunciado la escasez de insumos médicos, lo que obliga a la automedicación o al traslado a Colombia (país donde el pueblo Wayuu es también el pueblo indígena predominante) para recibir un servicio médico privado (Comisión para los Derechos Humanos en el Zulia, 2020). 

VIH, hepatitis B, paludismo, déficit de micronutrientes

Las desigualdades sociales y de acceso a la salud aumentan el riesgo de muchos grupos de minorías raciales y étnicas de enfermarse y morir. Se han reportado en una revisión sistemática, focos de alta prevalencia de infección por virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) en comunidades Warao de Delta Amacuro (9,6%) y alta endemicidad de Hepatitis B en comunidades Yanomami de Amazonas (14,3%) y Japreria del Zulia (29,5%) (Russell et al, 2019). Se requiere, un mayor esfuerzo para identificar determinantes de la salud, factores culturales, creencias, conductas y adelantar programas de inmunización contra la Hepatitis B en los servicios de atención materna y neonatal, así como campañas preventivas del VIH y de las infecciones de transmisión sexual. La OMS en su Informe mundial sobre el paludismo, señala que la Región de las Américas registró un aumento de casos de malaria, en gran parte debido a los aumentos en la transmisión de dicha enfermedad en Venezuela (Organización Mundial de la Salud, 2019). 

Pocas investigaciones se han realizado sobre carencias nutricionales de micronutrientes en población indígena. Un estudio efectuado con el objetivo de determinar deficiencia de vitamina A, incluyó niños menores de cinco años provenientes de población indígena, hallándose una prevalencia de déficit marginal o subclínico de 5,77%. Los investigadores recomendaron mantener una vigilancia centinela de los niveles de retinol sérico y de la disponibilidad y consumo de alimentos ricos en vitamina A, particularmente en la población indígena que habita en la cuenca del río Orinoco, por ser minorías étnicas en mayor situación de pobreza (Ministerio de Salud y Desarrollo Social et al, 2003). Otra investigación se llevó a cabo, para conocer la situación del yodo en escolares en nueve etnias indígenas de la cuenca del río Orinoco (Guahiba, Yekuana, Kurripaco, Piaroa, Pumé, Kariña, Eñepa, Pemón, Warao), a través de la determinación de la concentración de yodo en orina. Los resultados señalaron deficiencia leve de este mineral en la etnia Warao, ubicada en el estado Delta Amacuro (72 µg/L) y deficiencia moderada en la etnia Eñepa, ubicada en el estado Bolívar (48 µg/L). Se recomendó intensificar las actividades de información, comunicación y educación, especialmente en las comunidades más afectadas y de mayor riesgo para esta deficiencia (Caballero et al, 2008). 

Amenazas de la actividad minera

Desde mediados de la década de 2000, se aprecia un extraordinario repunte de la explotación de minerales al sur del Orinoco, en la Amazonía venezolana, una zona con altas potencialidades para la extracción de oro, cobre, diamante, coltán, bauxita, hierro. De estos minerales metálicos y no metálicos, ha predominado la producción aurífera promovida por el gobierno nacional a través del decreto emitido hace cinco años para la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Una explotación en la que convergen sectores muy heterogéneos como grupos económicos nacionales y foráneos, una empresa militar, autoridades gubernamentales y actores vinculados al delito, en un territorio donde progresivamente se produce la devastación de los suelos y la destrucción de la biodiversidad.

En abril de 2020, la Coordinación de Pueblos Indígenas del Foro Penal alerta sobre la situación en el estado Bolívar ante la pandemia del COVID-19. Refiere que la falta de combustible mantiene a muchas comunidades en un aislamiento obligatorio, afectando el suministro de alimentos y el traslado de enfermos a los centros de salud. Un sistema de salud precario, con ausencia de una infraestructura adecuada y equipada, o una oferta no funcional del servicio de salud por la ausencia de dotación de insumos médicos y quirúrgicos, que dificulta la atención de emergencia en estas comunidades. El desarrollo de actividades mineras en varios municipios del estado Bolívar, ha contaminado el agua con mercurio en numerosos sectores de los ríos Caura, Cuyuní, Orinoco, Caroní y otros de sus afluentes. Este estado presenta la mayor prevalencia de malaria, siendo esta enfermedad una importante causa de morbilidad y mortalidad en población indígena (Foro Penal, 2020).

En junio de 2020 la Asociación Yanomami Hutukara, con apoyo del Consejo Nacional de Derechos Humanos de Brasil, introdujeron una solicitud de medidas cautelares ante la CIDH para presionar al gobierno brasilero a tomar medidas para el desalojo de miles de garimpeiros de la Tierra Indígena Yanomami. Los solicitantes habían indicado que los indígenas Yanomami y Ye’Kwana tienen comorbilidades importantes, como la alta incidencia de enfermedades respiratorias, con aumento de 6% durante el periodo 2010-2019, en el número de muertes en niños y niñas entre 0 y 14 años, debido a infecciones respiratorias, y de 300% en la población con mayores de 50 años. El 17 de julio, la CIDH otorgó medidas cautelares de protección a favor de los pueblos indígenas Yanomami y Ye’Kwana de Brasil, mediante la resolución 35/2020, en la cual este organismo internacional solicitó al Gobierno brasileño la adopción de medidas para proteger los derechos a la salud, vida e integridad personal de los indígenas, implementando medidas preventivas frente al COVID-19, proporcionando atención médica adecuada conforme a estándares internacionales (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2020).  

Resulta preocupante que tanto gobiernos progresistas como neoliberales han acudido durante los últimos años a la extracción de materias primas como motor de crecimiento económico, y que ahora para enfrentar la crisis económica que se prevé como efecto de la pandemia, se produzca una intensificación del “consenso de los commodities”. Los proyectos de ley para proteger la economía que actualmente están estudiando varios países de la región parecen ser más parte de una agenda extractivista global que de una agenda de protección de la vida y de la salud de la población (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2020).

III. Conclusiones y recomendaciones

  1. Se requiere de una respuesta coordinada por parte del Estado para frenar el avance del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 entre los pueblos indígenas, con la participación de sus líderes tradicionales y de la organización comunitaria.
  2. Estricto control interno de la movilidad de personas hacia y desde los territorios indígenas, incluyendo tanto al personal sanitario, militar, policial, de asistencia humanitaria, para que cumplan con las medidas preventivas establecidas para evitar el contagio.
  3. Estricto control de la movilidad transfronteriza de personas, tomando en consideración la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
  4. Canalizar un mayor esfuerzo logístico, para apoyar con alimentos, insumos médicos y productos e implementos para la higiene personal a comunidades indígenas muy alejadas o en situaciones de confinamiento forzado.
  5. Adoptar la recomendación emitida en 2020 por la OPS, para incluir la variable etnicidad en los registros oficiales con respecto al COVID-19.
  6. Acelerar la vacunación contra el COVID-19 en toda la población del país y particularmente en la indígena como grupo prioritario, porque al prolongarse la pandemia, aumenta la probabilidad de nuevas variantes del virus, que pueden asociarse a mayor contagiosidad y/o letalidad.

IV. Referencias bibliográficas

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Caballero, Luis. Quintero, Moira. Guerra, Ida. Calderón, Yajaira. Carrillo, Aura. Medina, Oneida. Pérez, Antonio (2008). Excreción urinaria de yodo (yoduria) en escolares de comunidades indígenas de la Cuenca del Río Orinoco en Venezuela. Revista Electrónica Portales Médicos, 3(5). Disponible en https://www.portalesmedicos.com/publicaciones/articles/990/4/Yoduria-Excrecion-urinaria-de-yodo-en-escolares-de-comunidades-indigenas-de-la-cuenca-del-rio-Orinoco-en-Venezuela

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Foro Penal (2020). Coordinación de Pueblos Indígenas. Situación Actual de los Pueblos y Comunidades Indígenas ante la Pandemia del COVID-19. Caracas, abril 2020. Disponible en https://foropenal.com/wp-content/uploads/2020/04/REPORTE-ABRIL-INDIGENAS-2020-V.3-1.pdf

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O.E.P. Venezuela

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One response to “Pueblos Indígenas: más vulnerables ante la actual pandemia de COVID-19 en Venezuela

  1. Me preocupa que se aprovechen ahora y que por medio de las vacunitas con el pretésto del CORONA valiéndose de la ocasión por la ignorancia de los pueblos indígenas, su ingenuidad los acaben por completo de la fas de la Tierra

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