El Sistema Público Nacional de Salud y el manejo de la pandemia. Una mirada desde la salud colectiva

Crédito Imagen de portada: Rosalí Hernández agenciaocote.com

Oscar Feo Istúriz

ARTÍCULO del N° 4 de nuestra Revista Territorios Comunes. Descargue aquí el número completo

Este artículo presenta una breve conceptualización de los sistemas de salud; una revisión de los inicios del sistema de salud de Venezuela con comentarios sobre su situación actual; para concluir con una perspectiva crítica sobre el manejo de la pandemia en Venezuela.

I. Introducción

En el mundo coexisten y se confrontan diversas concepciones en relación a la salud, una, dominante, biomédica, centrada en la enfermedad y sus aspectos biológicos e individuales, en lo que Menéndez (1992) llamó “el modelo médico hegemónico”; otra, centrada en la salud de la población, que asume a la salud/enfermedad como un proceso social e históricamente determinado, parte del ciclo vital, indisolublemente vinculado a la vida.

Así mismo, coexisten diversas formas de hacer y entender las políticas y sistemas de salud, una centrada en la atención individual a la enfermedad, concebida como “servicio o bien de mercado” regido por las leyes de la oferta y la demanda, determinada por la capacidad de pago de la persona, interviniendo el Estado sólo para ofrecer servicios mínimos a los pobres y excluidos de la dinámica social.

A esa concepción se opone otra, que la entiende como derecho humano y social fundamental, que debe ser garantizado por el Estado en forma universal e integral a todos los ciudadanos, sin distingos de ningún tipo y con amplia participación ciudadana. Esta perspectiva incorpora y valora las concepciones y prácticas de salud de la medicina tradicional de nuestros pueblos originarios.

II. Los sistemas de salud

El Instituto Suramericano de Gobierno en Salud de UNASUR (ISAGS, 2012) define sistema de salud como el conjunto de acciones, normas y personas que una nación o colectividad construye para satisfacer las necesidades y demandas de salud de su población, y cuyas actividades se relacionan directa o indirectamente con la atención a la salud individual y colectiva. Como se puede ver, este concepto va mucho más allá de los tradicionales servicios de atención médica dirigidos a la enfermedad. Así mismo, se señala que las inequidades de acceso a servicios oportunos y de calidad, se traducen en desigualdades en la situación de salud y en las formas de enfermar y morir de los colectivos humanos.

Los componentes de un sistema de salud son cuatro: i) las políticas sanitarias y sus normas; ii) los profesionales, técnicos y personas que trabajan en el sistema; iii) la red de servicios y sus modelos de atención y gestión; y iv) los insumos necesarios para cumplir sus objetivos. La dinámica e interrelación de esos componentes está dada por la forma en que se concibe la salud en cada país, y por la forma como se financian, gestionan, regulan y se prestan los servicios, expresadas en los modelos de atención y gestión.

Con los avances tecnológicos de la tercera revolución industrial que han transformado radicalmente la vida, se ha ocasionado una entrada de la salud a los circuitos de acumulación y producción de capital (Feo, 2019); surge lo que se llama “complejo médico industrial financiero” (CMI), integrado por grandes corporaciones privadas, que incluyen a las poderosas industrias farmacéutica y tecno médica, que constituyen uno de los sectores más dinámicos de la economía, y se han convertido en un actor fundamental en el diseño de las políticas públicas de salud. Su interés no es salud de la población sino el lucro, e impulsan una tendencia para captar recursos públicos y desviarlos al sector privado. Este proceso ha impactado los sistemas de salud, porque ha ido acompañado de una profunda medicalización de la vida, con marcada mercantilización y deshumanización de la salud. Se convierte el CMI y sus intereses económicos en uno de los determinantes fundamentales de las políticas públicas y sistemas de salud. Difícil comprender lo que sucede en los sistemas de salud, sin comprender los intereses y presiones del CMI.

III. El sistema de salud de Venezuela

Para inicios del siglo XX no existían los sistemas de salud tal y como los conocemos en la actualidad, la atención a la enfermedad era prestada en instituciones u hospitales que no formaban parte de redes de atención, y se financiaban básicamente a partir de la beneficencia o caridad dirigida a los pobres.

En Venezuela, es muy clara la influencia de la industria petrolera a través de la Fundación Rockefeller (FR) en la génesis de nuestro sistema de salud. No podía la industria petrolera expandir su explotación debido a las endemias que afectaban a la población, particularmente la malaria, principal causa de muerte en los primeros cincuenta años del siglo XX. Esta historia es magistralmente narrada por Miguel Otero Silva en su trilogía de novelas Fiebre, Casas Muertas y Oficina Número Uno.

En esos años, bajo la dictadura de Juan Vicente Gómez, no existe Ministerio de Salud, y se asumen las políticas impulsadas por la FR, brazo filantrópico de la Exxon, que como ya señalamos, tenía interés en controlar al paludismo para explotar el petróleo. Esa fue una etapa de cesión total de nuestra soberanía en materia de salud pública, a tal punto que el Ingeniero Jefe de la Misión de Ingeniería Sanitaria de la FR en Venezuela, T. Saville, fue designado en 1926 Jefe del Servicio Nacional de Ingeniería Sanitaria (Castellanos, 1982; Martin-Frechilla, 2008).

Es bajo el gobierno de López Contreras, febrero 1936, que se crea el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, a partir de la escisión del entonces Ministerio de Agricultura y Salubridad, en dos Ministerios: el de Agricultura, y el de Sanidad y Asistencia Social (MSAS). Se designa como primer ministro a Enrique Tejera, científico y parasitólogo, quien renuncia al cargo a sólo cuatro meses de haber sido designado, debido a un conflicto generado por la aprobación por el Congreso de una ley de Lucha contra la malaria, impulsada por la FR, que él consideraba inconveniente (Velázquez, 2004).

Se designa como su sucesor a otro gran científico y político, Aníbal Santos Dominici, quien también dura pocos meses en el cargo y renuncia por contradicciones con la aprobación de una Ley del Trabajo promovida por la OIT, en cuyo articulado se establece la creación del Seguro Social Obligatorio. Señalaba el ministro Santos que la creación de ese seguro fragmentaría el sistema de salud.

Necesario es reconocer el acierto de Tejera y Santos Dominici, el primero al confrontar una visión que priorizaba los programas verticales sobre la integralidad de la salud, y el segundo, por señalar la fragmentación que se generaba a partir de la creación de un seguro sólo para trabajadores asalariados, al margen del Ministerio de Salud.

Efectivamente, la creación del Instituto Venezolano de Seguros Sociales y posteriormente del Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación sembraron la semilla para el desarrollo de servicios públicos de salud selectivos, dirigidos a diversos sectores de la población, y al margen de un sistema público de vocación universal, generando la fragmentación y segmentación que hoy caracteriza a nuestro sistema de salud. En estos hechos, es importante señalar la marcada influencia de organizaciones y agendas internacionales en el diseño de nuestras políticas de salud.

La salud en la Constitución

El artículo 51 de la Constitución de 1947 señalaba: “El Estado velará por el mantenimiento de la salud pública. Todos los habitantes de la República tienen el derecho a la protección de la salud. El Estado establecerá los servicios necesarios para la prevención y tratamiento de las enfermedades”. Por el contrario, marcando un notable retroceso, el Artículo 76 de la Constitución de 1961 dice: “…Las autoridades velarán por el mantenimiento de la salud pública y proveerán los medios de prevención y asistencia a quienes carezcan de ellos” (subrayado nuestro). Clara diferencia entre la salud concebida como un derecho universal para todos (1947), y una concepción focalizada en donde el Estado garantiza salud sólo a los que carecen de recursos (1961).

En la Constitución de 1999, artículos 83 y 84, se rescata el carácter de la salud como derecho universal, que debe ser garantizado por el Estado a través de la construcción de un Sistema Público Nacional de Salud (SPNS). Mandato constitucional que a más de 20 años de haberse promulgado no ha logrado concretarse.

Para cerrar esta breve síntesis histórica, señalamos que la salud pública venezolana ha estado sometida a lo largo de su historia a tres ejes de conflicto: a) La salud como derecho universal, versus la salud como beneficencia y asistencialismo, básicamente para “pobres”; b) La atención de la salud como bien público y responsabilidad del Estado, versus la atención de la salud como bien privado y responsabilidad individual según las capacidades individuales; y c) La Salud Pública integral versus las concepciones reduccionistas restringidas a la prevención y control de algunos problemas sanitarios a través de programas verticales. Los avances y retrocesos en estos tres ejes han determinado las políticas públicas predominantes en diferentes momentos de nuestra historia, han marcado su carácter de clase y la han conectado con los procesos económicos y políticos que los han caracterizado (Castellanos, 1982).

Situación del sistema de salud en el período neoliberal

En Venezuela, desde los años 80 las decisiones sobre políticas de salud pasaron a estar fuertemente determinadas por las políticas neoliberales y la “necesidad” de transferir los costos de la atención médica a la población; se introdujeron mecanismos para desligar al Ministerio de la responsabilidad de gestionar los establecimientos de atención médica, supuestamente para concentrar su interés en la promoción y prevención. Se estimuló la descentralización de los servicios en múltiples organismos nacionales, estadales y municipales, se produjo una notable reducción del gasto público, y se propició el desarrollo de la atención médica privada. Se abandonó el compromiso público con el derecho a la salud, y las poblaciones empobrecidas fueron abandonadas a su propia suerte, consolidándose el predominio del sector privado y la subordinación de lo público a los intereses lucrativos del mercado.

En los años 90 se desarrollaron las reformas marcadas por las orientaciones neoliberales del Consenso de Washington, impulsadas por los organismos financieros internacionales, que continuaron la tendencia a la liquidación de lo público y su subordinación a lo privado (Armada et al, 2001). En 1998 por ley habilitante, y a pocas semanas de las elecciones nacionales, se aprobó una Ley de Salud de claro corte privatizador, que asumía el principio neoliberal de separación de funciones y dejaba al Estado sólo una muy disminuida rectoría.

En síntesis, para 1999 teníamos un sistema de salud muy debilitado por las reformas privatizadoras y la crisis del modelo petrolero, profundamente fragmentado y segmentado en múltiples instituciones y esquemas prestacionales sin ningún tipo de coordinación, donde las principales eran el Ministerio de Salud, el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, los servicios de las Fuerzas Armadas (sanidad militar), para el sector educativo (IPASME), para trabajadores petroleros (PDVSA salud) y muchas otras.

Aún existe más de un centenar de organismos del sector público que tienen su propio mecanismo de proveer servicios y asistencia, siendo la más corriente, la contratación de aseguramiento privado con financiamiento público, a través de los llamados seguros de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM), con los que el Estado termina subsidiando a las clínicas privadas del país. En los últimos tiempos han surgido los llamados “fondos auto administrados” en los cuales la empresa estatal en cuestión, prescinde de las aseguradoras y hace la contratación directa con los establecimientos privados. La Alianza Interinstitucional de la Salud (Melo, 2014) estimó que era mayor la inversión del Estado en esos mecanismos, que la totalidad del presupuesto del Ministerio de Salud, consolidándose una tendencia a la desviación de fondos públicos al sector privado, lo que constituye una velada privatización de la salud.

IV. El intento frustrado de construcción de un SPNS en el proceso bolivariano

Las primeras medidas tomadas por el gobierno del presidente Hugo Chávez estuvieron dirigidas a confrontar las políticas neoliberales y suspender las propuestas privatizadoras, ordenando la eliminación de los cobros en las instituciones públicas, y convocando a una Asamblea Constituyente para redactar una nueva constitución.

Paralelamente a la elaboración de la nueva constitución, que rescató el derecho a la salud, se desarrolló desde el Ministerio de Salud un Modelo de Atención Integral, se propició la participación social en este ámbito, y se elaboró el Plan Estratégico de Salud (Alvarado et al, 2008). Fueron años de avances importantes.

En el año 2003 se crea la Misión “Barrio Adentro”, su objetivo inicial era fortalecer el primer nivel de atención. Para ello se abrieron más de 6.000 consultorios populares, que permitieron la inclusión en el sistema de salud de cerca de 10 millones de personas que carecían de acceso a los servicios públicos de atención médica, lo cual le generó una gran aceptación en la población (OPS, 2006).

Sin embargo, problema importante, Barrio Adentro nace como una estructura paralela al Ministerio de Salud y bajo el comando de la Misión Médica Cubana. Su desarrollo al margen del Ministerio de Salud contribuyó más a la fragmentación existente. Además, tomaba como referencia el modelo de atención de Cuba, que a pesar de sus avances, no respondía a las realidades de la situación de salud de Venezuela, y mantenía el predominio de un pensamiento medicalizado y centrado en la enfermedad. Dos ejemplos de esa situación, que luego se traduciría en serios problemas de salud, fue la decisión de que los consultorios de Barrio Adentro no aplicaban inmunizaciones, ni hacían control prenatal.

Sin embargo, Barrio Adentro fue un éxito como mecanismo de inclusión social en salud, llevando consultas médicas a sitios que nunca habían disfrutado de esos servicios, se desarrolló un modelo que fue creciendo en niveles de complejidad y capacidad resolutiva, para lo cual se crearon más de mil centros de Diagnóstico Integral (CDI) y Salas de Rehabilitación Integral (SRI), que conformaron un nuevo nivel de atención.

Posteriormente, en el año 2006 se crean las Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC) que actualmente se consideran la unidad básica organizativa y operativa de la estrategia de construcción y gestión del SPNS, en el marco de un modelo de Redes Integradas de Salud. Sin embargo, habría que señalar una debilidad de las ASIC, y es que no se ajustan a la configuración geopolítica del país, generando problemas de coordinación con las instancias regionales y locales de gobierno.

A partir del 2007, con la entrada de los militares a la conducción del Ministerio de Salud, se inicia un periodo de parálisis de los avances y comienza un importante retroceso. Se iniciaron una gran cantidad de remodelaciones de infraestructura hospitalaria, que nunca fueron adecuadamente culminadas; los negocios y la improvisación estuvieran fuertemente presentes.

Se planteó la construcción de nuevos hospitales; sin embargo, buena parte de estos se financiaron pero nunca se construyeron; hubo mucha corrupción, que en su momento fue denunciada, pero nunca se tomaron medidas correctivas ni de castigo a los responsables. Allí están como ejemplos el oncológico de Guarenas (Miranda) y el cardiológico de adultos en Montalbán (Caracas). La corrupción y la impunidad han sido uno de los grandes obstáculos para la construcción de un SPNS.

Otro elemento importante en el fracaso en la construcción del SPNS ha estado en la discontinuidad de las políticas de salud y la inestabilidad de los cuadros de dirección; a partir de 1999, en los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, ha habido 17 ministros de salud, algunos de ellos con unos niveles de ignorancia, improvisación y corrupción, que sin duda condujeron a un desmantelamiento de las iniciales y acertadas políticas de salud, y a la extrema debilidad que hoy muestra nuestro sistema de salud.

Además, en todo este tiempo no se ha logrado la aprobación de una Ley de Salud, que norme y organice al sistema de salud, ni un marco jurídico que lo regule.

La fragmentación y deterioro de la situación sanitaria ha generado una importante crisis, que ha tratado de ocultarse prohibiendo la publicación de los Boletines Epidemiológicos; el último, publicado en diciembre 2016 (MPPS, 2016) provocó la salida de altos funcionarios de salud. En ese boletín se evidencia una importante alza de la mortalidad materna e infantil, y el resurgimiento de múltiples enfermedades inmunoprevenibles, tales como difteria y sarampión, una epidemia enorme de malaria; lo que unido al desabastecimiento de insumos y medicamentos esenciales, carencia de reactivos de laboratorio, disfuncionalidad de servicios críticos esenciales, plantean un escenario crítico que no puede negarse. Avergüenza la incapacidad del gobierno para reconocer ese problema, y es insólito escuchar al presidente afirmando que tenemos un excelente sistema de salud.

En síntesis, aunque se ha propuesto la creación de un SPNS, en la práctica ha sido imposible y sigue segmentado y fragmentado. Los micro-poderes de cada institución han impedido su integración. Aun coexisten cientos de organismos e instituciones públicas prestadores de servicios de atención médica en gobernaciones, alcaldías, universidades, fundaciones y corporaciones y empresas del Estado. Al día de hoy, Venezuela no cuenta con un sistema público nacional de salud, eficiente y de calidad.

Ante esa situación, el ideal de buena parte de la población es contar con un seguro (HCM) que le permita recibir atención en las clínicas privadas, lo que como ya señalamos ha ocasionado un desvío importante de fondos públicos hacia el sector privado, que convierte al Estado Venezolano en el financiador fundamental de dicho sector, mientras el sector público permanece desfinanciado.

V. El sistema de salud y el manejo de la pandemia de COVID-19, una mirada crítica

Comprender el manejo de la epidemia por el Sistema de Salud de Venezuela pasa por entender la existencia de un doble problema: por un lado, las sanciones internacionales y el bloqueo que sufre el país como parte de la guerra híbrida; y por otro lado, un gobierno intolerante y autoritario, aferrado al poder y absolutamente incapaz de resolver los problemas fundamentales del pueblo.

En relación a las sanciones y el bloqueo, la situación se hace evidente con la orden ejecutiva 13692 del Gobierno de los EE.UU donde se declara a Venezuela una “inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”. (USA-FR, 2015). Posteriormente, en enero 2019 el gobierno de EE.UU reconoce un “gobierno paralelo” encabezado por Juan Guaidó, a quien entregó el manejo de cuantiosos recursos de Venezuela en el exterior. Esa situación implicó un secuestro e incautación de activos y cuentas del gobierno venezolano en el sistema financiero internacional, que se unió a la prohibición a entes financieros y comerciales de realizar operaciones con Venezuela (Curcio, 2019). Las consecuencias de esas medidas económicas unilaterales del gobierno de los EE.UU han tenido un impacto muy importante en la vida nacional y en el sistema de salud. La más evidente, la dificultad para la adquisición de insumos esenciales, medicamentos y alimentos, que dada nuestra extrema dependencia no son producidos en el país.

Sin embargo, es necesario reconocer, que la situación crítica de la salud no sólo se debe a los efectos del bloqueo, sino también a las inadecuadas políticas para el sector salud. Ya señalamos la alta inestabilidad de las políticas públicas, el altísimo índice de rotación de las autoridades sanitarias, y los elevados niveles de improvisación, corrupción, impunidad y clientelismo.

Antes del inicio de la pandemia en Venezuela, en marzo del 2020, y como ya ha sido señalado, existía un evidente deterioro del sistema de salud, expresado en la incapacidad de la red asistencial para responder a las necesidades de la población, déficit de personal capacitado, desabastecimiento de medicamentos e insumos básicos para la atención. Dada la imposibilidad de conseguir información sanitaria y epidemiológica actualizada, es difícil expresar la magnitud de la crisis, sin embargo, existen estimaciones de diversas fuentes que dan cuenta de esa situación (OPS, 2018).

Otro hecho a considerar, ha sido el éxodo masivo de trabajadores de la salud, particularmente médicos y enfermeras, provocado en parte por los bajos salarios y malas condiciones de trabajo. También, huyendo de un país que se desmorona por la corrupción, inseguridad, ineptitud y negligencia, y que además sufre por la agresión del imperio. A pesar de carecer de cifras oficiales sobre la materia, es evidente que el déficit de personal sanitario constituye un serio problema para los servicios de salud. Se estima que treinta mil médicos han salido del país en los últimos años y probablemente muchas más enfermeras y otros trabajadores de salud (Acción Solidaria, 2019). En una pequeña investigación personal no publicada, realizada en un gran hospital universitario donde había mil enfermeras, se detectó una migración de más de la mitad de ellas, ocasionado severos problemas en la organización del trabajo asistencial.

Manejo de la pandemia y sus limitaciones

Para sintetizar la política del gobierno venezolano frente a la pandemia, enumero las principales medidas tomadas desde su inicio en marzo 2020:

  1. Creación de una Comisión Presidencial dirigida por la vicepresidencia de la República.
  2. Cierre de fronteras y suspensión de vuelos nacionales e internacionales. Prohibición de eventos masivos y aglomeraciones.
  3. Cuarentena, que se viene cumpliendo con un modelo denominado 7 x 7 que sin ninguna base epidemiológica, consiste en una semana de cuarentena rígida, seguida de una semana de flexibilidad.
  4. Encuesta poblacional masiva, a través de una página web oficial (sistema PATRIA[1]), dirigida a identificar sintomáticos respiratorios, quienes deberían ser visitados en sus casas, para la realización de las pruebas que permitan identificar la enfermedad y en caso positivo proceder a su aislamiento.
  5. Aislamiento y tratamiento precoz de casos, para lo cual se habilitaron 46 Hospitales y 52 Centros de Diagnóstico Integral. Además, en junio 2020 el Presidente Maduro anunció la medida de “hospitalizar” también a las personas asintomáticas que resultaran positivas, y que representan alto porcentaje del total de casos. Para ello se creó la figura de “hoteles sanitarios”. En agosto 2020, ante el incremento exponencial de los casos, se anunció la preparación del Poliedro de Caracas –espacio para la realización de espectáculos y eventos masivos– como hospital de emergencia, en capacidad de recibir miles de personas. Esa decisión se tomó como medida de emergencia para evitar el colapso del sistema asistencial tradicional.
  6. Vacunación. Se han establecido convenios con Rusia, China, Cuba y la OMS (COVAX) para la adquisición de vacunas.

En relación a la dinámica de la pandemia, en comparación con el resto de América Latina, el país pareciera tener un panorama menos dramático. Hasta el 29 de abril de 2021, día 410 del inicio de la pandemia, se habían reportado oficialmente 196.386 casos y 2.117 muertes, para una incidencia de 690 casos por cada cien mil habitantes y una letalidad de 1%. Del total de casos, se reporta que el 60% han sido asintomáticos, el 30% casos leves, y el 10% requieren hospitalización. Por cada cien casos reportados hay una muerte.

Sin embargo, consideramos que esas cifras no representan la realidad pandémica, reflejan solamente la capacidad institucional para hacer pruebas diagnósticas, que es bastante limitada. Si tuviésemos mayor capacidad para hacer pruebas, tendríamos muchos más casos[2]. La Academia Nacional de Medicina (2021) estima que hay miles de casos y muertes no reportados, afirmación sustentada popularmente por la “observación compartida por mucha gente” de haber conocido casos y muertes que nunca aparecieron en las cifras oficiales.

Limitaciones

Primero, una observación de tipo general: para el manejo de pandemia, tanto en Venezuela como a nivel mundial ha prevalecido un enfoque clínico individual, centrado en el virus (SARS-Cov-2), en la enfermedad que produce (COVID-19), en los diversos elementos diagnósticos y terapéuticos (pruebas diagnósticas, equipos, medicamentos, vacunas), y en medidas de salud pública tales como cuarentena, aislamiento, distanciamiento físico, y uso de equipos de protección personal. Buena parte de esas medidas son necesarias pero insuficientes.

La salud colectiva, pensamiento crítico en salud, entiende a esta pandemia como una manifestación, un síntoma, de la profunda crisis que sacude al planeta, y que se expresa entre otras cosas en un profundo deterioro ambiental, clave para entender la aparición de la misma. Si no recuperamos la armonía con la naturaleza vendrán nuevas pandemias u otras manifestaciones de la crisis civilizatoria. Por eso decimos, también con la vacuna, es necesaria para abordar la enfermedad, pero absolutamente insuficiente para enfrentar la crisis que la ocasiona. La vacuna resuelve el síntoma, la causa permanece inalterada.

En relación a Venezuela, comentaré algunas de las limitaciones más importantes: el despistaje ampliado y personalizado, básico para el manejo y control de una pandemia, plantea que a toda persona identificada como contacto o sintomático se le debe hacer una prueba diagnóstica, lo cual ha sido imposible de implementar por la escasez de insumos y la dificultad para procesar pruebas, que además, se encuentran centralizadas en Caracas. Sólo en los últimos meses se han habilitado unos pocos laboratorios (5) en algunas regiones; centralización que plantea importantes dificultades logísticas y retrasos en la información, ya que todas las muestras deben ser almacenadas y transportadas para su procesamiento en los pocos laboratorios existentes.

En relación a la hospitalización de los casos asintomáticos, ha traído graves consecuencias, ya que esa “hotelización” compulsiva de asintomáticos se convierte en una situación que hace que mucha gente prefiera mantenerse oculta e ignorada, antes de entrar en aislamiento en sitios donde se carece de las condiciones mínimas para garantizar atención sanitaria, alimentación y servicios higiénicos adecuados. En buena parte del mundo esos casos reciben atención domiciliaria,

El liderazgo político y mediático lo ejerce el alto gobierno, y este ha estado altamente politizado. No hay vocería oficial del MPPS, y la información publicada en la página web del Ministerio es muy escasa y limitada.

Ha habido escasa capacidad para comprender la relación entre las medidas recomendadas para combatir la pandemia, y las condiciones en que la gente vive y trabaja. Existen condiciones objetivas que impiden la adopción de muchas de las medidas que se recomiendan; la cuarentena, imposible para el mayoritario sector de la población que depende de su trabajo diario para subsistir; las condiciones de vivienda y el hacinamiento impiden el aislamiento y distanciamiento social; las precarias condiciones del transporte, obligan a permanecer en espacios confinados con afluencia masiva de personas; la falta de agua, dificultan la puesta en práctica de medidas como el lavado frecuente de manos, etc.

Por otro lado, la pandemia ha ocultado e invisibilizado el resto de los problemas de salud. Pareciera que sólo importa la pandemia, pero hay una gran cantidad de asuntos sanitarios que no se están resolviendo en los centros asistenciales públicos. Basta ver la enorme cantidad de solicitudes de ayuda que pululan por las diversas redes sociales, provenientes de personas enfermas que no logran resolver sus problemas en el sistema público, y que solicitan apoyo para resolverlas en el sector privado.

En relación a la vacunación, no se conoce un Plan Nacional de Vacunación, para la fecha 28 abril 2021 han llegado al país menos de un millón de vacunas y existe un gran retraso y desorden en su aplicación a los sectores prioritarios; según notas informativas del propio gobierno, una parte significativa de esas vacunas se han utilizado para proteger a los altos cuadros de dirección política, militar y sanitaria (PCDC y GPC, 2021).

No puede dejar de mencionarse el severo impacto de la pandemia en los trabajadores de salud. Informaciones no oficiales (Infobae, 2021) reportan que para el 10 de abril habían ocurrido 456 muertes en trabajadores de la salud, lo cual expresaría que más de un 20% de las muertes por COVID-19 serían en médicos y otros trabajadores del área, lo cual luce poco probable, y sería sencillamente expresión del subregistro existente en la mortalidad por esta enfermedad. En cualquier caso, es cierto que existen deficientes condiciones de trabajo y dificultades para acceder regularmente a los equipos de protección personal. Lo evidente, es que ha habido un total e inexcusable silencio oficial ante esa situación.

VI. Conclusiones

En relación a la pandemia, en términos del número de casos reportados y del discurso político oficial, el saldo pareciera positivo, pero en los hechos luce ambiguo y poco coherente con la realidad; es necesario tomar medidas y realizar investigaciones que permitan subsanar el subregistro que pareciera existir. Es urgente sincerar la situación nacional, no podemos seguir engañándonos, pretendiendo un éxito en el manejo de la pandemia que no se compadece con la realidad. Las cifras que se presentan oficialmente son irreales, y están determinadas por las limitadas capacidades institucionales para hacer pruebas diagnósticas. Y cuál es la respuesta: el gobierno persigue y maltrata sistemáticamente a todo aquel que saca a la luz pública estos asuntos.

Urge mejorar la calidad y cantidad de información disponible. Debe exigirse la publicación de los boletines epidemiológicos, que son un instrumento fundamental para la investigación y comprensión de la situación de salud del país. La información epidemiológica debe ser manejada como un bien público, no debe seguir ocultándose. Así mismo, se deben incorporar indicadores que den cuenta de la distribución desigual de la epidemia en la población.

En términos generales, en Venezuela, siendo la salud un derecho constitucional que debe ser garantizado por el Estado, es evidente que esto no está ocurriendo y no se ha logrado crear el SPNS previsto en la Constitución. Por el contrario, en la práctica, se ha producido un deterior del sector público, que ha generado una privatización indirecta del mismo,al favorecer al sector privado.

Para concluir este artículo, planteo la urgencia de construir una nueva forma de ver y entender la salud y la pandemia, que comprenda su determinación social, y no obvie la dimensión de una sociedad que convierte a la naturaleza en mercancía, la depreda, y convierte ese deterioro en determinante fundamental, no sólo de esta epidemia, sino de las muchas que pueden estar por venir. Si bien, este punto no es central para el manejo singular de la pandemia, es fundamental para la comprensión de la dinámica de la misma, y sobre todo para prever y evitar epidemias futuras. La pandemia es sólo una manifestación de la enorme crisis civilizatoria que sacude al mundo y amenaza la vida del planeta. Es necesario luchar por una nueva forma de vivir, producir, consumir y relacionarnos, que recupere la armonía con la naturaleza y la solidaridad entre los seres humanos.

VII. Referencias bibliográficas

Academia Nacional de Medicina (2021). Estado actual de la epidemia de la Covid-19 en Venezuela: Actualización 2/22/02/2021. Disponible en https://academianacionaldemedicina.org/publicaciones/covid-19/cv-estado-actual-de-la-epidemia-de-la-covid-19-en-venezuela-actualizacion-2-22-02-2021/

Acción Solidaria (2019). “FMV: Cerca de 30.000 médicos se han ido de Venezuela”. Disponible en www.accionsolidaria.info/website/fmv-cerca-de-30-000-medicos-se-han-ido-de-venezuela/.

Alvarado, Carlos. Martínez, María E. Vivas-Martínez, Sarai. Gutiérrez, Nuramy. Metzger, Wolfram (2008). Cambio social y política de salud en Venezuela. Medicina Social, 3(2):113-129. Disponible en https://www.socialmedicine.info/index.php/medicinasocial/article/download/202/421

Armada, Francisco. Muntaner, Carles. Navarro, Vicente (2001). Health and Social Security Reforms in Latin America: The Convergence of the World Health Organization, the World Bank, and Transnational Corporations. International Journal of Health Services. 31(4):729-768

Castellanos, Pedro Luis (1982). Notas sobre el Estado y la Salud en Venezuela. Cuadernos Sociedad Venezolana de Planificación, 5:69-158.

Curcio, Pasqualina (2019). Impacto de la guerra económica contra el pueblo de Venezuela. América Latina en movimiento. Disponible en https://www.alainet.org/es/articulo/207768

Feo, Oscar (2019). Ser médico y resistir al modelo hegemónico desde la medicina integral, en: Chapela Mendoza, Ma. Del Consuelo (ed.). Ser Médico: Relatos, historias y reflexiones en búsqueda de su elusiva esencia. México: UAM.

Infobae (2021). La ONG Médicos Unidos denunció que 456 trabajadores sanitarios murieron por coronavirus en Venezuela. Disponible en: https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/04/11/la-ong-medicos-unidos-denuncio-que-456-trabajadores-sanitarios-murieron-por-coronavirus-en-venezuela/

ISAGS (2012). Sistemas de Salud en Suramérica: desafíos para la universalidad, la integralidad y la equidad. Rio de Janeiro: ISAGS. Disponible en https://docs.bvsalud.org/biblioref/2019/10/816019/678763-sistemas-de-salud-en-america-del-sur.pdf

Martin-Frechilla, Juan José (2008). El dispositivo venezolano de sanidad y la incorporación de los médicos exilados de la Guerra Civil española. Historia, Ciencias, Saúde – Manguinhos, 15(2):519-541.

Melo, Luisana (2014). El Sistema Público Nacional de Salud: un camino hacia el socialismo. Caracas: La Rosa Roja Cooperativa Editorial.

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Velázquez, Ramón J. (2004). Memorias del Siglo XX. Caracas: Biblioteca Ultimas Noticias.


[1] Disponible en https://covid19.patria.org.ve/

[2] En Venezuela para incluir un caso en los reportes oficiales requiere una prueba diagnóstica positiva.

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O.E.P. Venezuela

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