COP26 de Glasgow y el rol de Venezuela ante la crisis climática: un balance crítico

I. COP26 DE GLASGOW: INDIGNANTE INACCIÓN ECOCIDA ANTE LA EMERGENCIA CLIMÁTICA

La crisis climática es una problemática real que amenaza la existencia de los seres humanos y otros seres vivientes en este planeta. A pesar de la gravedad del asunto, vemos con indignación cómo concluye la COP26 realizada en Glasgow, sin que los gobiernos terminen de asumir un compromiso real para enfrentar, con acciones concretas y contundentes, el tema del cambio climático y la crisis multidimensional de la que ella forma parte.

Nuevamente, quedan sin fijarse metas vinculantes, precisas y de rápida ejecución, ni tampoco las responsabilidades internacionales que deben ejercer los principales causantes del problema. Los cambios que se requieren deben ser significativos y asumidos con celeridad (“esta misma década”), algo que el propio ‘Pacto Climático de Glasgow’ señala con urgencia. El grueso de la población mundial y las organizaciones sociales en el planeta ven con decepción y enojo la recriminable actitud de indiferencia e inacción tanto de los gobiernos que firmaron el documento final de la COP26, de los grandes ausentes como China y Rusia, como también de otros gobiernos que, escudándose en el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, no se comprometen y optan por la nada, como un pretexto para continuar realizando y promoviendo actividades altamente contaminantes en sus respectivos países.

Lamentablemente, estas cumbres climáticas se han terminado convirtiendo principalmente en cumbres de negocios, en las que prevalecen políticas orientadas a la mercantilización de la vida y el clima, proponiendo el abordaje del problema desde los enfoques y la jerga económica, desde los objetivos de la acumulación de capital. Esto ha sido presentado como “soluciones basadas en la naturaleza”, cuando en realidad se trata de falsas soluciones, que dejan sin cuestionamiento alguno la lógica de crecimiento, e inalteradas las causas del problema, vinculadas al insostenible modelo de desarrollo imperante. Esta COP26 de Glasgow no ha sido la excepción: la insistencia en los mercados de carbono, reemergencia de la energía nuclear, los nuevos negocios con el llamado ‘hidrógeno verde’, el énfasis en la ‘recuperación económica’, la no ejecución de los fondos para mitigación, adaptación y ‘pérdidas y daños’ a los países “en desarrollo”, mientras se dejan intocados los miles de millones de dólares en subsidios a los combustibles fósiles. Son algunos ejemplos de esta lógica imperante que pone en el centro el lucro y la perpetuidad de los grandes centros de acumulación de capital y riquezas, aprovechando la crisis climática. Algo que es sencillamente bochornoso.

Mientras se maquilla de verde la irresponsabilidad de estos líderes mundiales y la colonialidad de la retórica climática oficial comienza a incluir en el discurso a la “justicia climática” y a los pueblos indígenas, las brechas sociales y económicas en el mundo se siguen expandiendo, mientras que los pueblos más pobres y racializados por la colonialidad climática están desapareciendo. Hay un nuevo intento de postergación de las soluciones y acciones que se necesitan en detrimento de las vidas humanas y no humanas.

Con gran preocupación, y a tono con el gran descontento e indignación social que existe en buena parte de la población global ante los resultados de esta COP, el OEP no duda en señalar que esta postura de las élites políticas y económicas mundiales se puede calificar de ecocida.

La definición jurídica de ecocidio, como se establece en el planteamiento de  inclusión del Estatuto de Roma, implica “actos ilícitos o caprichosos cometidos con conocimiento de que existe una probabilidad sustancial de daños graves y generalizados a largo plazo al medio ambiente”. Asimismo, el ecocidio involucra una “despreocupación temeraria” ante daños que serán irreparables y generalizados. Todo ello es una descripción fiel de lo que cometieron los Estados en la COP26 al no escuchar a la comunidad científica, a los jóvenes, indígenas y movimientos sociales. Por el contrario, se da continuidad al empeño en sentenciar al planeta, especialmente a los grupos más vulnerables, a un trágico porvenir. Esto ocurre en violación al derecho universal a un ambiente limpio, sano y sostenible, derecho recientemente declarado por la ONU. ¡Vaya ironía!

II. VENEZUELA Y LA COP26: DEL DISCURSO VERDE AL EXTRACTIVISMO VORAZ

Fuente: cuenta Twitter Minec Oficial

La delegación de Venezuela no suscribió el acuerdo para frenar la deforestación y la degradación de los bosques globales, ni el del impulso para salir del carbón, ni el de reducción de emisiones de metano, así como tampoco fijó la fecha para alcanzar el “cero neto” de emisiones, quedándose así al margen de los pocos acuerdos contraídos en esta COP.

El acuerdo para frenar la deforestación, implica un compromiso de las partes en modificar las prácticas que conducen a la situación de pérdida de bosque primario. La adherencia a este pacto era importante, debido a que la deforestación en Venezuela provocada por la minería es considerable. Según lo expresa RAISG, este es el país amazónico en el que más proporción de territorios indígenas y áreas protegidas se han visto afectadas por la minería ilegal. Lamentablemente, el gobierno nacional ha asumido una política de diversificación rentista que incentiva la práctica de la actividad minera en la Amazonía venezolana. En tal sentido, la no adhesión a este acuerdo supone dar la espalda a la lucha contra el cambio climático y en defensa de los pueblos indígenas, que son víctimas del extractivismo que destruye sus territorios. Es importante resaltar que en el mes de septiembre, organizaciones indígenas de la Cuenca Amazónica elevaron una moción ante el Congreso Mundial de la Naturaleza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), a fin de evitar el punto de no retorno en esta sensible biorregión. Esta moción fue aprobada por unanimidad, y entre los elementos claves para salvar los bosques tropicales supone una moratoria a las actividades industriales y extractivas que están destruyendo la Amazonía, como por ejemplo la minería.

En Venezuela se ha puesto en evidencia una política sistemática de erosión de las zonas protegidas, a través de concesiones de actividades extractivas, o simplemente ignorando y no penalizando la violación a las medidas de protección y otras actividades nocivas para esos ecosistemas.

La representación venezolana consignó en la COP26 el documento titulado “Actualización de la Contribución Nacionalmente Determinada de la República Bolivariana de Venezuela para la lucha contra el Cambio Climático y sus efectos”. Dicho texto describe las diferentes medidas de mitigación y adaptación que supuestamente están asumiendo y que asumirá el país para enfrentar el cambio climático. El documento que actualiza la Contribución Nacionalmente Determinada (CND) de Venezuela, se define en el marco de la una política nacional de “acción para el empoderamiento climático” que en realidad no toma medidas hacia una transición justa para superar el modelo de desarrollo. Las contribuciones presentadas se orientan a la “remediación” de algunos de los impactos del extractivismo depredador, reconocidos en el documento, presentando falsas soluciones como una supuesta “ecologización” de la política minera, o la revitalización o mantenimiento de proyectos prácticamente inexistentes o que no se encuentran activos, como el parque eólico de Paraguaná, mientras persiste la insistencia con la ampliación de la explotación del carbón en el norte del estado Zulia. A continuación destacamos algunos elementos.

Minería

Con respecto a la minería se anuncia que se pondrán en marcha proyectos para la remediación de 1.575 hectáreas afectadas. Esto demuestra un reconocimiento a los graves efectos que está produciendo la actividad minera, pero sin aceptar la responsabilidad y la ineficacia gubernamental. Tampoco abordan los problemas generados por los proyectos mineros impulsados por el propio gobierno, como los del carbón en el estado Zulia y el Arco Minero del Orinoco en el estado Bolívar. Del mismo modo, no se señala la participación de autoridades municipales, estatales, e incluso, responsables de la protección de los espacios naturales, en las actividades mineras. Respecto a la participación de la población, esta se basaría en su formación “minero-ambiental” con una visión técnico económica que ve a las poblaciones como adyacentes a los territorios, en una visión cosificante. No se hace mención al cumplimiento de acuerdos internacionales que aseguren las consultas públicas e informadas o los mecanismos para determinar los impactos socio-ambientales de la actividad minera; peor aún, se plantean actividades agromineras sin explicación del tipo de afectaciones por contaminación por mercurio o el incremento de las violencias eco-territoriales que hacen parte del tratamiento devastador sobre los comunes naturales y sistemas alimentarios en los enclaves mineros, algunos de ellos incluso en zonas ecológicamente vulnerables como el Parque Nacional Canaima.

Agua

Con respecto a la gestión del agua, en este renglón indican que Venezuela aumentó en el 2020 la capacidad de producción de agua potable a 134.400 litros/seg. Sin embargo, esto contrasta con las cifras de organizaciones sociales que señalan que hay una alerta hídrica roja, ya que cerca del 70% de la población venezolana no cuenta con un suministro regular y eficiente de agua potable. Según estudios del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, un 61% de los encuestados de distintas ciudades del país valoran negativamente el servicio de agua potable. Solo un 25% de la población cuenta con el servicio de manera continua. Al deficiente servicio, se le suma que no hay seguridad hídrica porque se presentan problemas de salud pública  vinculados a la calidad del agua proveniente del sistema de distribución nacional. Igualmente se presenta como un logro la aprobación, por parte de la Asamblea Nacional, de la Ley Orgánica de Agua, siendo la misma una estrategia de estatización radical del recurso coartando los mecanismos para la gestión comunitaria del agua y abriendo las posibilidades de privatización y securitización de este común esencial, ya que el Estado y los cuerpos de seguridad, se reservan su gestión casi de forma exclusiva. Igualmente se señalan estrategias de conservación de las fuentes de agua, cuando por ejemplo la realidad de los embalses, cuencas y ríos es de una gravedad sin precedentes, debido a cuestiones como la deforestación y contaminación.

Pueblos Indígenas

En esta materia se anuncia que se fortalecerán 3.200 comunas a través de la organización de consejos comunales y comunas socialistas que refuercen el sistema económico socioproductivo de las comunidades indígenas para garantizar el desarrollo agroalimentario. Esta medida, implica la imposición arbitraria de formas organizativas que no son propias de los pueblos indígenas.También se habla de impulsar la formación y el financiamiento para unidades socioproductivas en las comunidades indígenas, que supuestamente  respetan sus prácticas y formas de organización tradicionales. Debemos decir que, en realidad, la minería ha incentivado el cambio de actividad socioproductiva en parte de los pueblos originarios, en los que muchos se han visto forzados a dedicarse a esta actividad extractiva. Se hace omisión de la principal demanda global de los pueblos indígenas, la cual representa una acción climática directa y contundente: la demarcación de sus territorios y el cumplimiento de los acuerdos internacionales de protección de estos pueblos. Enfatizamos, como lo hemos hecho antes, que la intervención colonial de su hábitats y de sus formas de organización social y política, son expresiones de violencia contra estos pueblos.

Otros elementos que llaman la atención son los señalados acerca de políticas agrícolas o forestales que, según el documento, plantean la utilización de bioinsumos y el supuesto incentivo a prácticas agroecológicas. Esta es una declaración que choca de forma radical con las iniciativas públicas que promueven y apoyan la siembra de semillas genéticamente modificadas, de soja por ejemplo, en violación a las leyes venezolanas y con un grave impacto climático, ante la destrucción de los suelos y el grave impacto ambiental.

III. ANTE EL FRACASO DE LAS COPS Y LA OBSESIÓN EXTRACTIVISTA DE LOS GOBIERNOS, NECESARIAS SON LAS VERDADERAS SOLUCIONES

Ha caído el telón en Glasgow. Una vez más, las élites globales han impuesto unos acuerdos que soslayan los aspectos medulares del caos climático en desarrollo y sus soluciones: nada de qué extrañarse. Hoy más que nunca resulta imprescindible aunar voluntades alternativas para enfrentar y desviar el rumbo de colisión y colapso climático cercano, que orienta la generalidad de la dinámica mundial en la actualidad; y ello debe hacerse sin esperar a que la próxima cumbre se realice.

En este orden de ideas hacemos un llamado a las organizaciones, movimientos, comunidades, equipos y personalidades que convergen en el propósito de comprender y abordar con integralidad y eficacia la tragedia que ya nos afecta significativamente, y que amenaza con consecuencias catastróficas para la vida en la Tierra. Creemos necesario impulsar y fortalecer articulaciones, estrategias y acciones en diferentes escalas, esferas y latitudes. Ello incluye, entre otras cosas, un trabajo más contundente y orgánico de difusión, formación, problematización y denuncia relativas a la importancia del abandono progresivo pero firme del uso masivo de combustibles fósiles y su sustitución por una matriz energética diversificada.

Sin desmedro de los propósitos comunes globales, esta tarea debe llevarse a cabo en correspondencia con las realidades ecológicas y socioculturales particulares, y las iniciativas emprendidas para configurar nuevos, diversos y más conviviales modos de existencia en el planeta y sus territorios. Además de los programas y proyectos para preservar y regenerar, en la medida de lo posible, los bosques y las selvas del mundo, evitando que dichos emprendimientos sean cooptados por la lógica mercantil y tramposa de la llamada “economía verde”, acciones similares orientadas al rescate de los mares y océanos tienen una importancia estratégica.

También es necesaria una estrategia que, con ingenio, perseverancia y efectividad, neutralice los intentos llevados a cabo por los poderes establecidos para diluir y desnaturalizar el significado de los discursos, mensajes y consignas propios de quienes de verdad nos empeñamos en la búsqueda de soluciones reales e integrales a la crisis ecológica global.

En lo que se refiere a Venezuela, proponemos dar impulso de manera mancomunada a un debate nacional que involucre a todos los actores sociales, liderazgos y ciudadanos en torno a la necesidad de avanzar en la construcción de escenarios post-extractivistas que tributen, no sólo al esfuerzo mundial por abordar el cambio climático, sino también a la búsqueda de soluciones democráticas y sostenibles a nuestra propia crisis sistémica interna. Esto involucra, entre otras posibilidades, el decreto de una moratoria a las actividades mineras, la derogatoria del decreto de creación del Arco Minero del Orinoco y la reinserción progresiva del grueso de personas y comunidades dedicadas a esta práctica en actividades alternativas como el cuido y la regeneración de ecosistemas de gran importancia, la artesanía, la silvicultura y el turismo ecológico de gestión comunitaria.

A esto agregamos el inicio de una transición agroecológica que estimule la autonomía y el autoabastecimiento en el campo agroalimentario; un plan nacional de movilidad alternativa con soluciones intermodales y medios de transporte diversos, que operan con una matriz de energía diversificada y una política de reconfiguración eco-socio-territorial basada en criterios ecoregionales; la reactivación del proceso de demarcación de tierras indígenas y la consideración prioritaria del papel desempeñado por los pueblos y comunidades originarios en la protección de las áreas boscosas y selváticas. Conviene además realizar una auditoría de la deuda externa que incluya su entronque con la deuda ecológica.

Nos parece pertinente señalar que, las sanciones económicas unilaterales, que han tenido impacto negativo para el país, no pueden ser argumento para la absoluta inacción climática por parte del Gobierno venezolano, mucho menos cuando lo que está impulsando es la promoción y ejecución de emprendimientos extractivistas y de negocios que favorecen a inversores y desprotegen al ambiente, además de fácticamente dar la espalda a la lucha contra el cambio climático.

Aunque el tiempo conspira en contra de nuestros propósitos, todavía podemos y debemos actuar. Es hora de preservar la trama de la vida y salvar al planeta.

Noviembre de 2021

OBSERVATORIO DE ECOLOGÍA POLÍTICA DE VENEZUELA

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O.E.P. Venezuela

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