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CASO: Impactos socio-ambientales de las plantaciones de palma aceitera en el Sur del Lago de Maracaibo (Zulia)

EXPEDIENTE PARTE DEL MAPA DE CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES DEL OBSERVATORIO DE ECOLOGÍA POLÍTICA DE VENEZUELA

El Sur del Lago de Maracaibo se ha caracterizado por poseer una de las más importantes selvas húmedas existentes en el país. Dado que sus suelos tienen  gran fertilidad y por tanto gran potencial agrícola, a lo largo de la historia esta zona ha tenido un importante atractivo económico para diversos actores. Desde el siglo XVII esta región ha sido insertada a la economía agrícola colonial, con cultivos como el cacao y la caña de azúcar y el uso de mano de obra esclava, lo que se dio no sin altibajos y resistencia por parte de los pueblos indígenas que allí han habitado. Para el siglo XX se va a producir un nuevo crecimiento de los emprendimientos agroindustriales, destacando el despegue que se genera a partir de la década de 1950, con la expansión de la figura de la finca, con procesos de alta concentración de tierras y donde resaltaba la ganadería, la industria láctea y el plátano (Zambrano, 2011). Esto convirtió al Sur del Lago en una de las principales ‘despensas’ del país.

Además del despojo de tierras a los grupos indígenas que allí habitan, el proceso descrito ha generado muy altos niveles de deforestación y degradación de los cuerpos de agua.

Desde los años 80 y 90, uno de los cultivos que comenzaría su expansión en la zona es el de la palma aceitera. La introducción de la palma aceitera o palma africana en América Latina es relativamente reciente. Esta es una especie oleaginosa originaria de África, de gran importancia para el comercio mundial gracias a que con su fruto, denominado corozo, se produce el segundo aceite más comercializado globalmente, después del de soya. En Venezuela para el año 2012 era el cultivo oleaginoso que aportaba mayor cantidad de unidades grasas al circuito oleaginoso nacional (González y Salas, 2012).

Desde finales de los 80 comienzan a producirse inversiones importantes para el desarrollo de la palma aceitera en todo el país con la participación de varias empresas de alimentos nacionales, lográndose el progresivo fortalecimiento de la capacidad instalada y mejoras en la creciente industria. En 1998, el estado Zulia era la entidad con mayor cantidad de superficie dedicada a este cultivo (producirá el 70% nacional), seguido de los estados Monagas y Yaracuy. Entre 1992 y 1999 se lograría un aumento de la producción del cultivo en todos los lugares donde se desarrolló. Aunque inicialmente esta producción la realizaban de manera exclusiva empresas privadas, a partir del año 1999 la palma aceitera fue decretada como cultivo bandera, lo que promovió inversiones gubernamentales, el otorgamiento de créditos y el acompañamiento a los productores por parte de entes especializados.

Los estímulos del Gobierno bolivariano buscaban ampliar la superficie de producción agrícola del cultivo en el Zulia, específicamente en los municipios Jesús María Semprúm, Colón y Catatumbo con el fin de abastecer la demanda de aceite comestible a nivel regional, nacional y alcanzar niveles suficientes para su exportación. Para 2001 la palma aparecía como el rubro de mayor auge e importancia regional y nacional. Santa Bárbara del Zulia era el centro de producción más importante con 20.000 ha de las 30.000 ha dedicadas al rubro en toda Venezuela. La producción se mantuvo con un promedio de 300 mil toneladas de racimos del fruto, hasta 2008 cuando se dio un repunte que llevó los niveles a más de 400 mil toneladas, subiendo estos hasta el año 2010 (González y Salas, 2019).

Durante el Gobierno de Chávez varias empresas del ramo fueron nacionalizadas. En 2007 el Gobierno publicaba una resolución que prohibía la siembra de palma aceitera en suelos de tipo III, IV, V y VI en los municipios Colón, Francisco Javier Pulgar y Sucre del estado Zulia, basado en criterios de proliferación de plagas en áreas residenciales y el desplazamiento de rubros estratégicos (como el plátano) (Molina y otros, 2019). La producción de los frutos de palma comienza a registrar descensos a partir de 2011.

Los cultivos de palma aceitera han estado cubiertos de polémica y señalados por la crítica de sectores ambientales y de defensa de los derechos humanos. Se han reportado en numerosas fuentes sus impactos, antes, durante y después del establecimiento de las plantaciones. Se ha desarrollado un patrón de despojo, deforestación, desplazamientos, degradación de los suelos y contaminación en cualquiera de las latitudes en las que se ha implantado el cultivo. En Colombia al menos en 5 departamentos existe una relación estrecha entre los desplazamientos, el abandono de tierras y los cultivos de palma de aceite, y ello ha significado a su vez “transformación de humedales y restricciones a las comunidades para el acceso a las fuentes de agua” (Pacifista, 2016).

En Venezuela la situación no ha sido diferente: desde los años 80 y 90, los desarrollos de la palma en el municipio Colón del estado Zulia implicaron la deforestación de extensas áreas del territorio en el que habitan los barí, una etnia indígena seminómada quienes no solo se han visto afectados por las plantaciones sino también por el desarrollo de actividades petroleras. Esta etnia mantiene una estrecha relación con su entorno: “En su cosmogonía el territorio es sagrado y se entiende a partir de una relación directa con el medio ambiente” (Crudotransparente, 2018). El avance de la frontera agrícola debido a la expansión de la palma ha supuesto la pérdida de bosque y la amenaza a la biodiversidad, incluyendo especies protegidas como el jaguar (véase el caso “La defensa de especies animales en riesgo en el Sur del Lago de Maracaibo”).

El corozo, fruto de la palma es aprovechado en Venezuela de manera directa para la producción de aceite comestible, pero como su calidad disminuye pasadas las 24 horas después de su cosecha, las industrias procesadoras deben instalarse en las cercanías de los predios cultivados lo que, aunque reporta mayores ingresos económicos para algunas personas vinculadas a la actividad (Bonomie y Reyes, 2012), ha generado problemas de contaminación y de salud para palmicultores, trabajadores de la industria y habitantes de las comunidades cercanas en varios municipios rurales y urbanos (Bayón, 2012).

Los cultivos de palma han generado gran conflictividad, la cual podría ser comprendida en al menos 6 niveles: un primero, de tipo histórico, que se corresponde con la época de despojo de tierras a los campesinos tradicionales de la región; un segundo nivel que agrupa a científicos y ecologistas que defienden la zona de los impactos ambientales generados por el crecimiento de los cultivos y la industria asociada; el tercer nivel lo conforman los productores agrícolas, descontentos por la gestión estatal y que buscan mejoras en las condiciones para la producción de la palma; el cuarto nivel involucra a los trabajadores de la industria, que luchan por salarios y una mejora de la gestión de las empresas; un quinto nivel comprende el de los grupos armados y las actividades ilícitas que rodean el fruto de la palma y su comercialización, que utilizan la fuerza y controlan territorio; y finalmente un sexto nivel conformado por las comunidades locales que se ven afectadas por la violencia generada por los grupos irregulares que hacen vida en el territorio.

Con el desarrollo de la extraordinaria crisis que vive Venezuela desde 2013-2014, la producción y distribución del corozo de la palma africana ha descendido, y mucho más la producción nacional de este aceite. Entre las razones que adjudican los actores involucrados se cuentan: dificultades para conseguir insumos agrícolas, crisis eléctrica, escasez de combustible, inundaciones, mala gestión de las empresas estatales, dificultades para colocar la producción en las plantas procesadoras, devaluación acelerada del bolívar que afecta costos de producción, entre otros. Sin embargo, se señalaba en 2019 que se mantenía una producción superior a las 200 mil toneladas (Urdaneta, 2019c), pero que el grueso de lo producido está siendo trasladado ilícitamente hacia Colombia, donde pagan mucho más por el fruto –dado el minúsculo valor del Bolívar en relación al peso colombiano. Esto último ha sido señalado no sólo por productores y trabajadores de la industria, sino incluso por representantes del partido de gobierno PSUV en el Zulia (Urdaneta, 2019d).

La extracción ilícita del corozo ha implicado un importante crecimiento de su contrabando, el enriquecimiento de sectores corruptos del Estado, la articulación de este comercio con otras redes de contrabando transfronterizo y el involucramiento de grupos armados irregulares. Algunos trabajadores de las empresas estatales de palma han denunciado estos hechos e indican ser amenazados por sus señalamientos. En los últimos años se registran disputas por el control de territorios, plantaciones y vías de paso que se encuentran en los municipios Colón, Catatumbo y Jesús María Semprúm; estas disputas involucran a palmicultores y grupos irregulares que hacen vida en la zona, como la guerrilla colombiana, paramilitares o bandas criminales (Urdaneta, 2019d). El presidente de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite de Colombia (Fedepalma), Jens Mesa, ha indicado que aunque no se tiene la certeza de que el corozo esté entrando desde Venezuela a ese país por vía ilegal, la gran cantidad de producto que existe en el mercado así lo sugiere, y que es posible que la actividad se esté empleando para el lavado de dinero (Lizcano, 2014).

Es importante resaltar que la expansión de los cultivos de palma han estado en estrecha relación con grupos armados irregulares. Este ha sido el caso de Colombia desde inicios del siglo XXI, la cual tiene una relación directa con violentos desplazamientos forzados de campesinos por parte de actores armados. Entre las zonas donde estos procesos se desarrollaron con más intensidad están precisamente las zonas fronterizas con Venezuela como el Catatumbo, Norte de Santander o el Cesar (Rey, 2013), áreas contiguas al Sur del Lago de Maracaibo. Las economías ilícitas transfronterizas se alimentan de este contrabando, siendo que en Colombia el fruto de la palma es usado en muy buena medida para la producción de “bio-combustibles” (TeleSurTV, 2013) que desde hace al menos un par de lustros ha tenido un importante crecimiento en ese país.

En el caso del Sur del Lago de Maracaibo, existen numerosas denuncias de productores que estarían siendo abordados por estos grupos, quienes les cobran vacunas o los desplazan, en un conflicto por el control de territorios, plantaciones y rutas comerciales que se encuentran no sólo en el municipio Catatumbo, sino también por los predios cultivados en los municipios Colón y Jesús María Semprúm. El contrabando primero se realizaba por la vía del municipio Semprúm, pero desde 2018 se realiza a través del municipio Catatumbo. Esta zona sirve como ruta de paso para la extracción de productos de diversa índole, al mismo tiempo que se ha denunciado que los grupos irregulares han comenzado a cultivar la palma aceitera, desplazando a los palmicultores. Agricultores indígenas se han visto obligados a abandonar sus tierras, mientras que la guerrilla y grupos paramilitares han encontrado una fuente de empleo lucrativa ofreciéndole a los empresarios protección e intimidando a los pobladores (Crisis Group, 2020).

Las medidas formales del gobierno venezolano han estado dirigidas hacia el control de la producción, la priorización de la comercialización con las empresas que han sido estatizadas, el establecimiento de tasas a la circulación del cargamento y el cese del contrabando, pero no a atender los impactos y el conflicto ambiental generado por la contaminación, ni el despojo de las tierras a indígenas. Como ya se ha mencionado, los trabajadores más bien señalan complicidad de grupos en las empresas estatales en relación a la extracción ilegal del fruto.

La expansión de estas plantaciones en el país, no sólo reflejan tendencias en el mercado global capitalista y son otra expresión del extractivismo, sino también nos muestran procesos de disputa territorial y comercio transfronterizo vinculados a diversos actores que también están relacionados con el conflicto armado colombiano y el amplio desarrollo de las economías de contrabando y la criminalidad que se ha venido produciendo en Venezuela.

Para acceder al expediente completo del caso, haga click aquí

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OEP Venezuela

Perfil oficial del Observatorio de Ecología Política de Venezuela

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