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Seis años después del Decreto 2.248: el laberinto del Arco Minero del Orinoco

IMAGEN DE ENCABEZADO: Movilización hasta el TSJ (Caracas) exigiendo respuesta ante el Recurso de Nulidad introducido contra el A.M.O. – 2019. Fuente: Crónica Uno

Hoy 24 de febrero se cumplen seis años de la promulgación del Decreto 2.248 que legalizó el mega-proyecto Arco Minero del Orinoco (A.M.O.), llevando la minería a una escala nunca antes vista en Venezuela, con devastadoras consecuencias ambientales, sociales, culturales y para las economías amazónicas.

En ese año 2016, mientras se promulgaba este nefasto decreto, proponíamos para el debate nacional que el surgimiento oficial del A.M.O. tenía un enorme significado para el país. En pocas palabras, planteábamos entonces que éste, más que un simple proyecto, representaba un punto de inflexión histórico para Venezuela. Y así ha sido: expresaba con mucha claridad el agotamiento de un período histórico marcado por el modelo petrolero y el Petro-Estado; planteaba una nueva configuración territorial y una reorganización geográfica del extractivismo; creaba un nuevo escenario para la Amazonía venezolana, las últimas fronteras de vida no agredidas por la modernización; evidenciaba una capitulación del progresismo que aún quedaba en el Gobierno bolivariano y, sobre todo, conformaba el punto de partida de una nueva estructura de poder.

Así como para Guzmán Blanco fue crucial la economía que se expandía en torno al comercio del café en las últimas décadas del siglo XIX; o para Juan Vicente Gómez, el Puntofijismo y el Gobierno de Chávez fue clave el petróleo y sus respectivas petro-políticas; el nuevo régimen político actual consigue en la minería de oro amazónica uno de sus sostenes materiales fundamentales. Aunque se suela deslindar en los análisis o se hable poco de ello en el debate nacional, extractivismo, poder y dominación de la naturaleza han sido y son elementos constitutivos de los regímenes políticos que se han instaurado en Venezuela (y América Latina). Cada uno con sus propias particularidades.

Hoy sabemos que, al menos entre oro y remesas, se ha superado en cifras a lo que entra por ingresos petroleros –algo que siempre puede ser cambiante. El propio Gobierno nacional ha hecho referencia a unas 23 toneladas de oro producidas al año (2019, Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico), suma similar a la ofrecida por el Informe OCDE 2021 sobre flujos de oro desde Venezuela. Se trataría de una cifra de producción de oro anual nunca vista en la historia del país.

Todo ha cambiado, nada será igual, por más nostalgia que nos pueda invadir. Antes que sólo un plan minero, el A.M.O. marcaba desde sus inicios la orientación del modelo de sociedad propuesto para los próximos años, y por tanto, del régimen político que determina al país. El problema del territorio sí que es importante, por más que los ojos de los medios y lo que queda de la opinión pública nacional centre su atención fundamentalmente en los discursos de los líderes y partidos políticos, y en los desenlaces electorales. Con el colapso de la renta petrolera y los efectos que ha dejado la hiperinflación (hoy inflación), la base del poder se reafirma, como nunca, en la naturaleza, y en el control del territorio. Militares en alianza con capitales foráneos (de todo tipo y procedencia), combinados con economías ilícitas, van reorganizando la nueva arquitectura del extractivismo, conformando un nuevo esquema de dominación que está determinado primordialmente por las geografías del oro, lejanas a la capital, al Palacio de Miraflores, y a los principales puertos y pozos petroleros.

Toda esta compleja articulación de grupos de poder, revela que hace tiempo dejó de tener sentido el considerar al A.M.O. como un simple proyecto formal de minería. Este en cambio se ha constituido hoy como un dispositivo de legitimación y mediación de una diversa gama de operaciones de extracción, legales e ilegales, institucionales y criminales, que además supera de lejos las poligonales establecidas por dicho proyecto –como mínimo, realmente abarca toda la Amazonía venezolana.

La forma de extractivismo que representa el A.M.O. es precisamente un reflejo del régimen político que este constituye: una especie de nuevos sistemas feudalizados, de nuevos gamonales, de economías de enclave del siglo XXI, poderes sostenidos en su relación con la tierra, los recursos y el territorio, que recurren fundamentalmente a la violencia para imponerse, y se vinculan de una u otra forma con los poderes del Gobierno central. De ahí que, con suma preocupación señaláramos en ese debatido 2016 la posible formación de una especie de fase superior del gomecismo, algo que a nuestro juicio hoy se ha venido consolidando, agregando los rasgos de descomposición política que caracterizan el actual régimen. Un neo-gomecismo que en este caso, como el anterior, no se impulsará a partir de la centralidad del petróleo.

Los que nos está tocando enfrentar como país, como venezolanos y venezolanas, no es poca cosa. Prevalece la corrupción a niveles insospechados, junto a nuevos señores feudales, warlords, pranes, gamonales y forajidos. Está en juego no sólo la posibilidad de eso que hemos llamado ‘democracia’; o incluso la sostenibilidad del propio proyecto histórico republicano; sino también el mantenimiento de las condiciones básicas de la vida socio-ecológica. Agua, aire, alimentos. El extravío y descomposición de la clase política y dirigente, como otro síntoma de la crisis que estamos viviendo, sigue empujando hacia la debacle. La implementación gubernamental del A.M.O. es la expresión de ello, pero como respuesta, la mayoría de sectores de la oposición han señalado que el problema es sólo la minería que practica el Gobierno de Maduro y que lo que se necesita es una “minería amigable y sostenible”, algo que simple y llanamente no existe.

Ningún cuestionamiento al modelo de desarrollo, al extractivismo; ausencia de ideas, de audacia e imaginación política; la clase política vive en un desierto intelectual, además de una evidente carencia de sentidos de ser y estar con la Tierra, que nos da la vida.

Así que el desafío nos involucra a todos y cada uno de los habitantes de este país, para intentar, nuevamente, recuperar un proyecto colectivo que retome el camino de la política y ponga en el centro la vida. Un camino que como país, e incluso como planeta, necesitamos que sea más allá del extractivismo.

Seis años después la creación del A.M.O., ¿qué podemos hacer?

El país aún vive los terribles efectos de la peor crisis en su historia; pero son millones de venezolanos quienes rechazan los liderazgos políticos actuales –gobierno u oposición– y quieren un cambio profundo en Venezuela. Del mismo modo, la sensibilización sobre el tema ambiental ha crecido y la conciencia sobre los desmanes ambientales y sociales que ha representado el A.M.O. es mayor que años anteriores. En este contexto, pensamos que es crucial insistir al menos sobre estos 7 puntos:

  • Continuar y profundizar la campaña sobre las devastadoras consecuencias que ha generado este proyecto en la Amazonía venezolana, y sus impactos para todo el país y la biorregión, procurando informar a la mayor cantidad de venezolanos;
  • Promover debates y posicionar el asunto entre los actores y sectores políticos alternativos (nuevos partidos, movimientos sociales, sindicatos, gremios, estudiantes, feministas, etc), procurando colocar en agenda la imperiosa necesidad de otra propuesta para la Amazonía venezolana, y la lucha por la derogatoria del A.M.O.;
  • Exigir con urgencia el respeto a todas las áreas protegidas de Venezuela, de las cuales dependemos en buena medida para vivir;
  • Promover la formación de plataformas amplias que articulen a las organizaciones ya existentes que se movilizan contra el A.M.O.;
  • Impulsar la reactivación del Recurso de nulidad del Decreto 2.248;
  • Continuar presentando el caso ante organismos internacionales que puedan mediar ante la recurrente violación de los derechos humanos y ambientales que allí se producen;
  • Exigir el reconocimiento, demarcación y titulación del conjunto de las tierras indígenas del país, de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la República.

Autor

Emiliano Terán Mantovani

Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela, investigador/ activista y ecologista político, orientado a las luchas contra el extractivismo y por la justicia socioambiental en América Latina. Miembro del Observatorio de Ecología Política de Venezuela. Master en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona y candidato a Phd en Ciencia y Tecnología ambientales por la misma universidad.

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