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Algunas notas a propósito del reciente Convenio firmado entre el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) y la comunidad indígena Pemon Kamarakoto de Kanaimo

"Amarwai Tüpü desde la sabana de Wadetöy, Valle de Kamarata, Sector II Kamarata - Kanaimö" Crédito foto: @sundayedward1989 (2021) Vía Capitania General Sector II Kamarata - Kanaimö (Facebook)

Algunas notas a propósito del reciente Convenio firmado entre el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) y la comunidad indígena Pemon Kamarakoto de Kanaimo, del Sector II Kamarata-Kanaimo del hábitat Pemon de la Gran Sabana, estado Bolívar, Venezuela

Vladimir Aguilar Castro
Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (GTAI)

Universidad de Los Andes

Introducción: un modelo de acumulación energética global en crisis y en guerra

El modelo económico global de acumulación energética está próximo a arribar a doscientos (200) años de existencia. La actual guerra entre Rusia y Ucrania es una expresión de ello. Las manifestaciones y amenazas de este sistema son, además de globales, nacionales y locales. El punto de inflexión es un hecho cierto y los expertos del cambio climático dan cuenta de su irreversibilidad.

Las Naciones Unidas han aprobado los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) como estrategia de contención del calentamiento global. La implementación de estos objetivos son aún un tema pendiente en el país.

El ámbito nacional de la acumulación energética

De esa historia de doscientos (200) años a Venezuela le corresponde casi ciento cincuenta (150) años. El devenir hidrocarburífero del país, luego de la plataforma deltana, tiene como última expresión de este modelo depredador al Arco Minero del Orinoco (AMO), aprobado como política de Estado desde el año 2016. 

Los impactos ambientales y culturales de este plan de gobierno han sido nefastos. En el caso de los ecosistemas, sus consecuencias muestran ya los efectos de una gran huella de destrucción ecológica. 

En lo concerniente a los pueblos indígenas, el paulatino despojo de sus hábitats adquiere nuevas modalidades. Lamentablemente, la carga sobre la cultura y el ambiente han tenido efectos perniciosos que impactan sus modos de vida. 

Las peligrosas derivas políticas del modelo

Ningún país de América Latina está exento de derivas xenofóbicas. Para muestra, el éxodo de venezolanos a países vecinos y las manifestaciones en contra de muchos connacionales. En la búsqueda de culpables el modelo de acumulación energética, desde el punto de vista político, tiene también expresiones internacionales, regionales, nacionales y locales.

Ver también : La intangibilidad de la biodiversidad y de las culturas indígenas

El contexto del convenio

Siempre es más fácil destacar las cosas negativas que positivas. Más en estos tiempos de turbulencia mundial y nacional. Difícil será resaltar las iniciativas que, aun siendo afirmativas, pueden marcar un camino, aunque no sea todo el camino.

El convenio entre INPARQUES y la comunidad de Kanaimo, ha sido el resultado de un proceso de negociación intercultural desde hace un poco más de un año. Ha tenido sus idas y venidas, y finalmente logró concretarse el pasado 13 de marzo.

Desde el año 2000 no sé firmaba un acuerdo entre la comunidad y la institución administradora del parque. Evidentemente, desde entonces, ha habido una evolución jurídica en materia ambiental y en derechos indígenas. 

Algunos elementos de su contenido

El convenio fija, como parte de su contenido, algunos aspectos necesarios de destacar:

  1. Una figura de coadministración única del parque en Venezuela, en su doble condición de área natural protegida y hábitat indígena asiento de una cultura ancestral milenaria.
  • El reconocimiento de la Jurisdicción Especial Indígena como instancia de toma de decisiones de acuerdo a usos y costumbres, para la consecución de una justicia ambiental y cultural. 
  • La constitución de un fondo ambiental y cultural para la preservación y salvaguarda de las áreas protegidas y sitios sagrados en Canaima.
  • Propone avanzar en la constitucionalización del Decreto de creación del Parque Nacional, armonizándolo con las leyes ambientales e indígenas aprobadas a nivel internacional y nacional y ratificadas por la República, luego de su creación.
  • Una tarifa única de ingreso al parque a los turistas nacionales e internacionales, que se reinvierte en la comunidad y en la naturaleza.
  • El convenio rechaza taxativamente la minería (legal e ilegal) en el parque e invita a promover la actividad ecoturística.

El Convenio se convierte en una oportunidad política, ecológica y intercultural, para avanzar en procesos de fortalecimiento de la gestión territorial que tome en cuenta ese doble propósito (áreas naturales protegidas y hábitats indígenas), coadyuvando al desarrollo de fórmulas legales que lo reconozcan.

Es el reto que en la actualidad se plantea con la propuesta de constitucionalización del Decreto de creación del Parque Nacional Canaima. Constitucionalizar el parque pasa por acompasar, a través de un nuevo desarrollo normativo, derechos de la naturaleza con los derechos culturales indígenas.

¿Hacia dónde va el convenio?

Ciertamente, el convenio firmado propone la coadministración de uno solo de los sectores del hábitat Pemon de la Gran Sabana (Sector II Kamarata-Kanaimo), de los cinco que cubre el Parque Nacional Canaima. No obstante, dicho instrumento jurídico indaga en una ruta que abre un camino para transitar una vez que las condiciones culturales, ecológicas y políticas entre otras así lo permitan, hacia el resto de los territorios. 

El convenio de alguna manera podrá destrabar el reconocimiento de los hábitats y tierras indígenas, tal como lo prevé el artículo 119 de la constitución, mediante la creación de figuras mixtas de protección ambiental y cultural. Pero no solo ello. Puede también desarrollar a través de políticas públicas ambientales y culturales construidas “desde abajo”, y “desde lo local”, mecanismos para concretar y materializar derechos ambientales y culturales acordados a nivel internacional y nacional.

Ya hay otras experiencias de similar naturaleza en el país, sobre todo a nivel local, en el Municipio Miranda y Sucre del estado Mérida; en el Municipio Sucre del estado Apure y en el Municipio Autana en el estado indígena de Amazonas, entre otros.

El convenio abre una esperanza para sustituir los focos de minería ilegal existentes en el parque por un turismo sustentable. Por ello, el convenio debe ser ampliado a los operadores turísticos que apuestan por el parque como un servicio ambiental y cultural.

Al ser el Parque Nacional Canaima una experiencia única en el país de coadministración de áreas protegidas y hábitats indígenas, esta iniciativa puede convertirse en un horizonte para el resto de pueblos indígenas que ocupan de manera ancestral y tradicional sus territorios, antes de la creación de las áreas protegidas. Tan solo pensemos en el Parque Nacional Yapacana, Parque Nacional Sierra de Perijá, Parque Nacional Cueva del Guacharo, Monumento Natural Autana, y muchos otros más, todos ellos espacios de vida de pueblos y comunidades indígenas de Venezuela.

Por supuesto, el éxito de lo antes expuesto dependerá de la fuerza y organización de los indígenas, de la voluntad política del momento, de la comprensión de los aliados que acompañan la causa indígena y ecológica, y de la cooperación internacional que esté dispuesta a facilitar y crear las condiciones de empoderamiento de los actores locales para el fortalecimiento de este tipo de iniciativas.

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Vladimir Aguilar Castro

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