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Créditos “sostenibles” para vehículos eléctricos en Venezuela y la farsa del liberalismo “verde”

Foto de Michael Marais en Unsplash

Los vehículos eléctricos están siendo importados a Venezuela desde Italia, Colombia, Estados Unidos y Costa Rica, desde enero de este año 2.022. Básicamente, en el país se están importando 4 modelos que son Nissan Leaf (25.200 €), Fiat 500 (17.600 €), Corolla Hybrid (desde 23.550 € hasta 38.100 €) y Xpeng (48.000 €). El Nissan Leaf, se carga en una hora y tiene un autonomía máxima de 385 kilómetros, lo que permite al “humilde trabajador” propietario de este vehículo viajar de Caracas a Barcelona, o de Maracaibo a Barquisimeto, sin problemas. Las baterías de estos vehículos tienen una duración real de entre 5 y 8 años, luego de lo cual deben ser reemplazadas y consumen unos 105 W/h por kilómetro, es decir, unos 40 kWh para recorrer 385 kilómetros de autonomía máxima. Con dos o tres cargas semanales, para uso en una ciudad como Maracaibo o Caracas, el vehículo eléctrico implica un consumo eléctrico de la red de unos 680 kWh/mes. Para tener un idea, este consumo mensual de un vehículo eléctrico para uso promedio en ciudad es superior al límite que impuso Corpoelec en el marco del programa “Banda Verde” para las regiones 1) Andina (500 kWh/mes máximo por vivienda) y 2) Central y Oriental (600 kWh/mes máximos por vivienda). Para las viviendas en el estado Nueva Esparta y Zulia, los más calurosos del país, la banda de consumo “verde”, establecía límites de 900 kWh/mes y 1300 kWh/mes respectivamente. Y la realidad es que desde aquel momento en que establecieron las “bandas verdes” (año 2.014) hasta ahora (año 2.022) la capacidad de generación eléctrica en el país ha mermado estrepitosamente. Sólo en el Zulia, la capacidad de generación eléctrica disponible cayó en ese período en más de un 80% y a nivel nacional, la capacidad de generación eléctrica pasó de 18.000 MW hasta menos de 10.000 MW, en la actualidad. Es decir, las condiciones de consumo establecidos en la “banda verde” de Corpoelec, para el año 2.014, hoy están absolutamente sobrepasados y para mantener un suministro eléctrico continuado, en todo, el país esos límites tendría que ser mucho menores. Pero lamentablemente, ni en Miraflores ni en la Región Capital, tienen entendimiento para asimilar esta realidad que si vivimos en la Venezuela real y productiva, la Venezuela que componen las ciudades capital de los Estados productivos del país como Zulia, Guayana, Anzoátegui, Lara, Monagas, Sucre y toda la región andina. En todas estas regiones, las ciudades capitales de estado padecen racionamientos diarios de electricidad que oscilan entre las 4 y 6 horas diarias.

Desde 2.012-2.013 prácticamente dejo de existir el ensamblaje nacional de cualquier tipo de vehículos y, por supuesto, tanto el negocio de los vehículos con motores de combustión interna como los eléctricas son ahora negocios de importadores de oportunidad, empresas de maletín e inversores especulativos. Más recientemente, el Banco Provincial anunció que inicia una línea de financiamientos, a través del programa Crédito sostenible, para la adquisición de vehículos híbridos y eléctricos importados, cuyos precios ya he mencionado. En realidad, esto nada tiene que ver con sostenibilidad, ecología, desarrollo sostenible o energías limpias, nada, en lo absoluto. Como he comentado antes, esto provocará un incremento en consumo eléctrico desde la red nacional, que ya está en un crítica situación, provocando una intensificación en la exclusión del servicio entre los sectores más populares y una intensificación del consumo eléctrico entre los más adinerados del país, que con cada vez más ricos y cada vez más pocos. En un artículo que publiqué para la revista inglesa Energy Policy, en el año 2019, estimaba que la cantidad de personas que en Venezuela carecen de acceso a la electricidad en las zonas rurales se ha elevado, en los últimos 23 años, en alrededor de 500 mil personas, unas 80 mil familias, pasaron de tener un servicio eléctrico precario al final de la cuarta república a no tener servicio eléctrico en lo absoluto, para el año 2.019. Esto es lo que he denominado “proceso de des-electrificación de Venezuela”. Si se intensifica el consumo de electricidad “per capita” dentro de las zonas más pudientes de las ciudades capitales del país, esto repercutirá en un incremento directo de la exclusión de aquellos que se encuentran al final del sistema de distribución en las zonas rurales y agrícolamente productivas de nuestro país, que ya padecen penurias innombrables para poder producir, trasladar su producción y mantener a sus familias a partir de sus pingües ingresos, en la actualidad.

Si realmente se quiere “vender” que hay una preocupación ecologista respecto al sector transporte, dentro del país, la primera acción es abordar el problema del transporte público. Ciudades de más de dos millones de habitantes, como Maracaibo, carecen de un sistema de Metro Urbano, lo que reduciría enormemente el consumo de combustibles para transporte dentro de la ciudad. Lo realmente ecológico es la mejoría de los sistemas de transporte público, incluso sin necesidad de utilizar tecnologías eléctricas o hibridas (aunque esto, en este caso, sí que sería un avance enorme). Autobuses de tecnología híbrida o eléctrica, sí que mejorarían la precaria situación del sistema energético venezolano de forma integral, porque se reducirían las emisiones de gases de efecto invernadero, se mejoraría la movilidad urbana sin incrementar el consumo ni de combustibles fósiles ni de electricidad. Es evidente que si existiese un sistema de transporte público de calidad en Venezuela, el uso de los vehículos privados se reduciría, sean eléctricos o no, y en realidad el objetivo es ese, no migrar de una tecnología a otra, y nada más. Al final, cada vehículo eléctrico consumiría mensualmente más que una vivienda urbana promedio en Caracas, Mérida o Barquisimeto y más de la mitad de lo que consume un vivienda urbana en Maracaibo.

Pero si comparamos con el consumo promedio de las viviendas rurales de Venezuela, la desigualdad es aún mucho más escandalosa. De acuerdo a estimaciones que publiqué en el año 2.018 en la revista científica internacional “Renewable and Sustainble Energy Reviews”, en Venezuela, las viviendas rurales típicamente consumen apenas unos 2 kWh/día, lo que representa una media de 60 kWh/mes. Es decir, Una familia venezolana de Caracas, Maracaibo o Barquisimeto, que tenga el enorme privilegio económico de contar con 48 mil dólares para comprarse un vehículo eléctrico, acaparará en un plus de consumo eléctrico mensual, en su vivienda, equivalente al de 12 familias del campo venezolano, solo en lo concerniente a movilidad. Si tomamos un promedio de consumo eléctrico de esas viviendas de unos 900 kWh/mes, entonces veríamos que desigualdad en la distribución y/o acceso a la energía eléctrica entre las clases pudientes de las principales ciudades y las viviendas rurales/campesinas es de 26 a 1, es decir, una vivienda de clase mercantil-importadora-especulativa venezolana llegaría a consumir 26 veces más electricidad que una vivienda rural típica. Esto no es sostenible, ni ecológico ni equitativo. La sostenibilidad no es unidimensional, sino que se enmarca en tres dimensiones entre las cuales la dimensión social es una de ellas, y muy importante. El lujo de los vehículos eléctricos en Venezuela no tiene nada de ecológico, cuando el parque eólico de La Guajira está, literalmente, por el piso y las 100 mil familias que fueron beneficiadas con sistemas solares fotovoltaicos por el programa “Sembrando Luz” entre 2.005 y 2.012 han sido abandonadas y los sistemas sin mantenimiento han caído en la inoperatividad en más de un 80% de los casos.

Por último, quiero destacar que como especialista y Doctor en Sostenibilidad, por la Universidad Politécnica de Catalunya, no soy contrario, en lo absoluto, al desarrollo de tecnologías verdes, pero esto que pretenden vender como ecológico es un absoluto despropósito y un ejercicio de la demagogia y el cinismo más groseros. Lo que propongo es que se financien proyectos de movilidad colectiva urbana en todas las grandes urbes del país, esto es, sistemas de Metro (el metro de Maracaibo avanzó hasta el año 2.007, cuando fue abandonado luego que se pasaron las competencias desde la gobernación del Zulia al gobierno nacional, donde el dinero se esfumó y el proyecto de destruyó). Además, las alternativas de autobuses híbridos o 100% eléctricos, tranvías, bicicletas públicas y/o de alquiler municipal, pero sobre todo, es urgente el transporte público masivo que ha desparecido de las grandes ciudades y el existente se basa en autobuses totalmente ineficientes, de mala calidad y verdaderamente antiecológicos. Propuestas y alternativas hay, y son muchas. Lamentablemente, el gobierno nacional y las empresas privadas siempre se decantan por aquellas soluciones de importación especulativa que proporciona dinero rápido y ganancias fáciles y eso es todo lo que se esconde detrás de todo esto, más del liberalismo “verde” que utiliza el discurso ecologista como mecanismo de exclusión y enriquecimiento grosero y grotescamente desigual de las clases dominantes con respecto a los más pobres y las naciones menos industrializadas, a escala global. Y ese es el modelo que se pretende importar a Venezuela, con la etiqueta de “créditos sostenibles”.

Autor

Alejandro López González

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