Comunidades yanomami afectadas por minería ilegal de oro en Cerro Aracamuni y río Siapa (municipio Río Negro, Amazonas) - Observatorio de Ecología Política de Venezuela

Comunidades yanomami afectadas por minería ilegal de oro en Cerro Aracamuni y río Siapa (municipio Río Negro, Amazonas)

Última actualización: diciembre 2020

I. Datos básicos

Ubicación del conflicto (localidad, municipio y estado del país)

Municipio Río Negro, Cerro Aracamuni y el río Siapa (en la Reserva de Biosfera Alto Orinoco Casiquiare), estado Amazonas.

Área del proyecto (en kms2 o has.)

Se ha estimado que el tamaño aproximado de las minas que se encuentran en el Cerro Aracamuni superan las 100 hectáreas (S.O.S. Orinoco, 2019, https://twitter.com/SOSOrinoco/status/1123424579496620032) mientras que en sus alrededores se calcula que las minas se extienden por unas 50 hectáreas (https://twitter.com/i/status/1146444736963776512). Estas estimaciones podrían haber seguido aumentando.

Tipo de población (urbana, semi-urbana, rural o indígena)

Indígena

Resumen del caso

El pueblo Yanomami habita un territorio que abarca desde las cabeceras del río Orinoco y la Sierra de Parima hasta la cuenca media del río Siapa, región de selva tropical lluviosa. Del lado venezolano, las comunidades de este pueblo abarcan un área de aproximadamente 83.000 kms2, comprendida entre el estado Amazonas por las cabeceras del río Orinoco y sus afluentes, el Mavaca, el Ocamo, el Padamo, el Matacuni; el Alto río Siapa, y la Sierra Parima; y el estado Bolívar, por las cuencas de los ríos Caura y Erebato; y la cuenca del río Paragua (Bello y Tillett, 2015).

En Venezuela, los datos de los últimos censos oficiales de población indígena (1992, 2002 y 2011), hacen referencia a que los yanomami en Venezuela y Brasil son un total aproximado de 25.000 personas, estimando que del lado venezolano habitan entre 12.000 y 14.000 indígenas de este pueblo, distribuidos en unas 250 comunidades, dispersas en un amplio territorio y con diferentes características lingüísticas y de ubicación geográfica.

Tal como lo expresa el informe realizado por Bello y Mirabal (2017), se han ubicado cinco áreas en las cuales hay comunidades yanomami en condiciones de aislamiento relativo y de poco contacto, en términos de relaciones abiertas con instituciones del Estado y otras personas no indígenas. Estas áreas están referidas al río Siapa, en el sureste del estado Amazonas; las comunidades que se encuentran entre la sierra Parima y el cerro Delgado Chalbaud, en el estado Amazonas, en ambos lados de la frontera con Brasil; las comunidades ubicadas entre el Alto río Ocamo y el río Metacuni en el estado Amazonas; las comunidades del alto río Caura, estado Bolívar; y las comunidades del alto río Paragua, estado Bolívar.

Los territorios yanomami se encuentran en la zona más austral de Venezuela, caracterizada por grandes selvas y una rica biodiversidad, así como un paisaje que combina llanuras y sabanas con serranías y montañas. En la zona existen varias áreas de conservación establecidas tales como Monumentos naturales (como el Sierra de Unturán) y parques nacionales como el de Serranía La Neblina (1.410.560 has, Decreto Presidencial No. 2.979 de fecha 07/03/1979), el Parima-Tapirapecó (3.729.166 has, al este de Amazonas), que en su conjunto son abarcadas por la enorme Reserva de Biosfera Alto Orinoco Casiquiare (RBAOC) (Decreto Presidencial No. 1.635 del 05/06/91). Alto Orinoco Casiquiare es una de las reservas de biosfera de mayor extensión de la Amazonía, con un total de 8.232.001 has.

En las últimas décadas la Amazonia venezolana, se ha visto afectada por la presencia de mineros ilegales procedentes de Brasil y Colombia, y otros en menor cantidad de Venezuela. Estas constantes acciones han provocado graves daños socio-ambientales por la explotación del oro, sobre todo en los territorios de los pueblos yanomami, ocasionando enfermedades y arriesgando la integridad física y sociocultural de las comunidades. En este caso, se analiza el crecimiento de la minería ilegal en una parte de la RBAOC, que comprende el Cerro Aracamuni y la cuenca del río Siapa, que a su vez pertenecen al municipio Río Negro y se localizan dentro de los linderos del Parque Nacional Serranía de La Neblina.

La cuenca del río Siapa comprende un gran valle con una altitud promedio de 500 mts, delimitado por el norte con la serranía de Unturán que tiene elevaciones de más de 1.000 mts; conformadas por areniscas de una edad geológica más antigua que la de Roraima (Ascanio y Sherer 1989). Por el sur está delimitado por la serranía de Tapirapecó, constituida por rocas intrusivas del complejo amazónico, con alturas de hasta 2.400 mts (el Pico Tamacuari). Por el este, se encuentra la serranía de Parima de la vertiente de las cabeceras del Orinoco; y por el oeste la serranía de la Neblina y los cerros Avispa y Aracamuni (Royero, 1996). Comunidades yanomami se ubican en el alto Siapa, conocida como el valle del Siapa, la cual es una de las zonas más desconocidas de América del Sur, en razón a lo difícil de su acceso y a lo intrincado de la selva. Además, tiene la particularidad de que se hace casi imposible llegar a este lugar por río, debido a los numerosos saltos y raudales que presenta el Siapa a partir del raudal Gallineta, en el cañón del Aracamuni.

Desde el año 1992, se viene denunciando la presencia de mineros ilegales provenientes de Colombia y Brasil que se internan en las selvas cercanas en la cuenca del río Siapa. Al respecto, el director del Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (GRIAM), Luis Betancourt, plantea que al menos desde los últimos 20 años la cuenca del río Siapa ha sido objeto de extracción de oro, inicialmente por parte de mineros brasileños y actualmente también por colombianos. Entre finales de la década de los 90 del siglo pasado y al menos los primeros 5 años del 2000, se observó un esfuerzo por parte del Estado en combatir el delito de extracción de minerales en el estado Amazonas, en cumplimiento del Decreto 269 del año 1989 que prohíbe toda actividad de minería metálica en esa jurisdicción. Luego de estos años, se ha observado que esta actividad ha aumentado exponencialmente, tanto en el río Siapa y cerro Aracamuni, como en todas las demás zonas donde se ha detectado la presencia de este mineral.

El director del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía «Wataniba», Luis Bello, afirma que la minería en esa zona es cíclica, es decir los mineros entran y salen en temporadas y afectan fundamentalmente a comunidades yanomami que viven a lo largo del río Siapa con diferentes impactos socioculturales y ambientales. Aunque no hay una investigación formal sobre los daños actuales en dicha zona y en el cerro Aracamuni, se habla de que los mismos han ido incrementándose, desde el punto de vista ambiental. El cerro Aracamuni es hoy, señalado, como la principal zona minera de toda la Reserva de Biosfera.

Dentro de las denuncias realizadas recientemente, la ONG ‘SOS Orinoco’ ha publicado varios video 3D donde muestra la existencia de minas ilegales en el Parque Nacional Serranía La Neblina y, en especial, en el Cerro Aracamuni (https://twitter.com/i/status/1129222571705163778 y https://twitter.com/SOSOrinoco/status/1123424579496620032). En dichos vídeos se puede aprecia la existencia de tres sectores mineros (superan las 100 has) y destrucción causada por estos en la depresión ubicada entre este y oeste. Se observa una franja de la selva de color marrón que fue quemada. Como es sabido, esta minería utiliza mercurio, que es un componente que genera tremendos impactos en los ecosistemas, cuerpos de agua y en la salud humana. Por otro lado, con el crecimiento de minas en la zona, queda en evidencia los peligros que corren los ecosistemas de esta parte de la Amazonía.

A su vez, conviene mencionar que la presencia de la minería ilegal en las tierras Yanomami ha supuesto la invasión de sus comunidades, la introducción indiscriminada de armas de fuego y municiones en las mismas y el incremento de la violencia en la zona, habiendo los indígenas sufrido ataques violentos con numerosos heridos y muertes por masacres en ambos lados de la frontera venezolana-brasileña.

La gestión de la minería en la zona ha sido adjudicada a grupos armados irregulares. Es muy controvertido el rol del Estado en esta zona, ante la permanente denuncia de la inacción o negligencia de su parte respecto al avance de estas formas de minería ilegal. La presencia de la guerrilla colombiana en Amazonas es un hecho público y notorio, que ha sido bien documentado desde al menos 2013. Con la extraordinaria crisis que vive Venezuela y la firma de acuerdos de paz en Colombia (2016) –que ha generado el desplazamiento y la división de grupos armados de la guerrilla de ese país–, la presencia de estos grupos en territorio venezolano se ha incrementado, de la mano de una dramática expansión de la corrupción en las instituciones estatales, incluyendo el sector militar.

El eje Aracamuni/Siapa se ha convertido en la actualidad en un eje de minería en la que se articulan garimpeiros organizados con apoyo de la guerrilla colombiana (se habla de las Farc en asociación con el ELN), en cooperación con militares venezolanos (SOS Orinoco, 2019). El oro extraído va en buena medida hacia Colombia y se articula a la dinámica económica y social de San Carlos de Río Negro, a la región del Casiquiare y a los sindicatos garimpeiros de San Gabriel de Cachoeira en Brasil.

Tal como lo expresa Betancourt del Griam (2020), una de las razones que pudo influir para que esta actividad y sus operadores hayan aumentado en estos últimos años, pudiera ser la afinidad política que manifiestamente ha tenido el gobierno nacional con los grupos irregulares armados que controlan estos territorios mineros, en ejercicio de dicha actividad. Este elemento ha determinado la omisión por parte del Estado venezolano en el combate de este flagelo, inclusive, al punto de haber cierta sociedad entre estos grupos irregulares armados y determinados actores políticos y militares en función de la minería y sus actividades conexas.

Por otro lado, la crisis económica del país obliga a muchos particulares (indígenas y no indígenas) a ejercer la minería como única fuente de ingresos en la región. Otra de las determinantes razones que ha influido de manera transversal en el aumento de esta actividad en los últimos años en la zona, ha sido la ausencia de combustible en el estado Amazonas. Esta situación ha reducido considerablemente la movilidad de los indígenas en sus embarcaciones fluviales, por lo cual las actividades económicas tradicionales que han usado ancestralmente como sustento para su familia y su comunidad, ha quedado prácticamente en desuso en muchos sectores. Esta situación ha obligado a la mayoría de las comunidades a ejercer la minería como nueva forma de ingresos económicos. En muchos casos trabajándole a los grupos irregulares armados que controlan las minas, y en otros en minas de la propia comunidad. En este último caso con impactos ambientales menos severos que en el primero.

Desde mediados de los años 90 los nombres de Aracamuni y Siapa se han dado a conocer en los medios de comunicación gracias a denuncias realizadas –la más relevante, la del entonces Gobernador de Amazonas, Bernabé Gutiérrez–, que hicieron que además se comenzaran a tomar medidas en relación al problema. A partir de mediados de la década de 2000 comienzan a sucederse una serie de denuncias, que incluyen comunicados, cartas y movilizaciones de las comunidades yanomami y las organizaciones indígenas unidas del Amazonas; a lo que se le suma progresivos señalamientos en medios de comunicación y de organizaciones sociales y ambientales. También se cuenta con la elaboración de informes de investigación, reportando la situación en la zona, por parte de organizaciones como Wataniba; iniciativas de autoridades estatales locales, como la Defensoría del Pueblo Delegada de Amazonas; o el apoyo de organizaciones internacionales como Survival. Sin embargo, la frecuencia e intensidad de estas manifestaciones han sido más bien baja, tomando además en cuenta la lejanía geográfica y comunicacional de la zona (la necesidad, por ejemplo, de movilizarse o comunicarse primero con Puerto Ayacucho), que tampoco contribuye a una más profunda introducción de la problemática en la arena pública.

Este caso revela el alto nivel de desprotección que afecta a las comunidades yanomami de la zona, así como a los delicados ecosistemas de la Reserva de Biosfera. La crisis está agudizando la expansión y la intensificación minera en la Amazonía venezolana. Por otro lado, estamos en presencia de la configuración de nuevas gobernanzas que articulan grupos irregulares armados con sectores mineros y funcionarios militares corruptos, revelando otras formaciones estatales, y alimentando economías ilícitas transfronterizas que potencian conflictos armados.

 

II. Fuente del conflicto

Principal actividad económica (u otra) que origina el conflicto

Extracción Minera

Otras actividades económicas involucradas (si existen)

Desconocida

Commodities o ‘recursos naturales’ involucrados (ej. oro, bauxita, madera, agua, petróleo, gas, soja, eucalipto)

  • Oro

III. Proyecto y actores involucrados

Ubicación del proyecto o actividad económica (localidad, municipio y estado del país)

En el cerro Aracamuni y cuenca del río Siapa, municipio Río Negro, en el Parque Nacional Serranía La Neblina, comprendido dentro de la Reserva de Biosfera Alto Orinoco Casiquiare.

Resumen y descripción del proyecto (o la actividad económica)

Desde la década de los 90s se han registrado denuncias de minería en esta zona. El año de 1996 fue un año particularmente movido debido a una serie de persistentes señalamientos por parte del entonces Gobernador del estado Amazonas, Bernabé Gutiérrez, quien denunció la presencia en el Cerro Aracamuni de más de 800 garimpeiros armados procedentes de Brasil y Colombia, quienes estarían extrayendo “de 30 a 35 mil kilos anuales de oro”. Ese mismo año, y ante otras evidencias (como la detención de 32 mineros en una alcabala fluvial por parte la Guardia Nacional en la confluencia del río Siapa con el Casiquiare), las Fuerzas Armadas organizaron el denominado Operativo Siapa 01-96, con el fin de enfrentar las actividades ilegales de extracción aurífera en la zona, y detener a los infractores de la ley, basándose en el Decreto 269 del 09/06/89. Tal como lo expresa Luis Bello (2020), en el operativo Siapa 96 se encontraron en el Cerro Aracamuni unos 3.000 mineros extranjeros entre colombianos y brasileños, trabajando en la minería ilegal del oro. Aunque ese plan cumplió sus objetivos, se pudo conocer tiempo después que los mineros volvieron a realizar actividades en la zona.

Los esfuerzos por parte del Estado en combatir el delito de extracción de minerales en Amazonas pudieron notarse hasta mediados de la década del 2000. A partir de 2003, la minería comienza un notable crecimiento de la mano ya no sólo de garimpeiros brasileños sino también de otros grupos que venían desde la frontera occidental con Colombia. Muy probablemente, el boom de los precios internacionales del oro sea un factor determinante de este crecimiento, cosa que se repitió en múltiples puntos de la Amazonía venezolana. El control del oro cobraba mayor importancia como fuente de negocios y enriquecimiento, también para funcionarios militares, que han ejercido control en los territorios.

El director del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía «Wataniba», Luis Bello, afirma que la minería en esa zona es cíclica, es decir los mineros entran y salen en temporadas y afectan fundamentalmente a comunidades yanomami que viven a lo largo del río Siapa, con diferentes impactos socioculturales y ambientales.

Hay tres factores que van a ser determinantes en los rasgos de la minería ilegal en la zona en los últimos años, además del incremento internacional de los precios del oro. Un primero, tiene que ver con la relación de simpatía que existía entre el Gobierno de Chávez y la guerrilla colombiana, lo que permitió a esta una más amplia posibilidad de circulación y presencia en territorio venezolano. Se sabe de la presencia de la guerrilla colombiana en Amazonas desde al menos 2013. Segundo, el desarrollo de la crisis económica en el país, que ha repercutido también en un colapso del Estado y una crisis política e institucional que provocó una explosión de la corrupción y de formas mafiosas de manejo de la política y los recursos (además de promover la minería como una forma de obtener dividendos). Tercero, la firma de acuerdos de paz en Colombia (2016), la cual generó un reposicionamiento de varios grupos armados, así como la división de otros, como las Farc (y sus disidencias). Este reposicionamiento implicó que numerosos de estos grupos se desplazaran a Venezuela, donde las condiciones para control de territorio y recursos eran más favorables. Estos factores conforman el marco y contexto del desarrollo minero ilícito en la zona.

Variados reportes han señalado la expansión minera en territorio yanomami. En lo que se refiere al eje Aracamuni/Siapa, la organización SOS Orinoco ha revelado en los últimos años varias imágenes que muestran con detalle el carácter de la minería en la zona. En 2019, señalaban la existencia en el cerro Aracamuni y sus linderos de tres sectores mineros, siendo que el tamaño aproximado de las minas que allí se encuentran supera las 100 hectáreas (S.O.S. Orinoco, 2019, https://twitter.com/SOSOrinoco/status/1123424579496620032). Estas estimaciones podrían haber seguido aumentando. El cerro Aracamuni es hoy, señalado, como la principal zona minera de toda la Reserva de Biosfera.

El eje Aracamuni/Siapa se ha convertido en la actualidad en un eje de minería en la que se articulan garimpeiros organizados con apoyo de la guerrilla colombiana (se habla de las Farc en asociación con el ELN) en cooperación con militares venezolanos (SOS Orinoco, 2019). Se desconoce la cantidad de mineros en la zona, aunque se ha señalado que, por la crisis y las particulares condiciones que se han generado allí, indígenas están también practicando la minería. Esta situación ha obligado a la mayoría de las comunidades a ejercer esta actividad extractiva como nueva forma de ingresos económicos. En muchos casos trabajándole a los grupos irregulares armados que controlan las minas, y en otros en minas de la propia comunidad. En este último caso con impactos ambientales menos severos que en el primero.

Se señala la utilización de maquinaria, y que la misma estaría siendo traslada hacia estos lugares tan recónditos a través de helicópteros (en satelital se indica la evidencia del helipuerto). El informe SOS Orinoco señala que los helicópteros son del ejército venezolano. El oro extraído va en buena medida hacia Colombia y se articula a la dinámica económica y social de San Carlos de Rio Negro, a la región del Casiquiare y a los sindicatos garimpeiros de San Gabriel de Cachoeira en Brasil.

Empresas privadas nacionales e internacionales involucradas

Desconocido

Actores gubernamentales y compañías nacionales relevantes

  • Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)
  • Gobernación del Estado Amazonas
  • Ministerio Público (Fiscalía General de la República).
  • Defensoría del Pueblo.
  • Alcaldía del Municipio Rio Negro
  • Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.
  • Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo.
  • Dirección Estatal Amazonas.
  • Ministerio del Poder Popular Para Relaciones Interiores, Justicia y Paz.
  • Instituto Nacional de Parques (Inparques) – Región Amazonas.

Instituciones internacionales y de financiamiento (si existen)

Desconocido

Nivel de las inversiones (en US$ en Bs.)

Desconocido

Status actual del proyecto (en fase exploratoria, planificado y listo para su ejecución, en ejecución, operando, detenido)

Operando

Población afectada (grupos sociales y estimación numérica)

La comunidad yanomami presentes en la zona, específicamente la Coromoto aproximadamente 3.234 habs.

 

IV. Conflicto y Movilizaciones

Fecha aproximada de inicio de las movilizaciones

1996. El inicio registrado de las movilizaciones es a partir de las denuncias que se empezaron a realizar en 1996, con el posterior Operativo Siapa 96

Cronología y detalles de las movilizaciones

Las denuncias y movilizaciones en relación a este caso se iniciaron a partir de los años 90s. En 1996, además de las denuncias del entonces gobernador de Amazonas, Bernabé Gutiérrez, se registraron denuncias por parte de organizaciones como la Asociación de Vigilantes Voluntarios del Ambiente en la zona fronteriza de la Gran Sabana. Para aquel entonces también se realizaron campañas publicitarias sobre la cifra de mineros presentes en la zona, que se reseñan en diarios como El Nacional, (28/08/96 en “tres mil garimpeiros devastan la ribera del río Siapa”). Otra de las noticias públicas en el Universal (30/08/96) emitió un derecho que autoriza a la policía estatal a detener a los extranjeros ocupantes ilegales (Decreto N° 33-96). Esto a causa de la “invasión de más de 800 garimpeiros procedentes de Brasil y Colombia frustrando la búsqueda ilegal cerca del río Siapa” (El Universal 30/08/96).

Según información descrita en el informe de SOS Orinoco (2019), la intervención minera se disparó en el 2003. En ese año, representantes de comunidades indígenas de la zona del río Siapa y del Brazo Casiquiare denunciaron ante distintos entes públicos la presencia de mineros colombianos y brasileros usando dragas mineras en dichos ríos, y minería en tierra firme sobre el cerro Aracamuni, quienes ingresan por el Casiquiare, donde no hay el debido control de las autoridades venezolanas.

Asimismo, en el 2003 la Defensoría del Pueblo del estado Amazonas realizó un informe sobre la minería ilegal en la región, y solicitó la intervención del Ministerio de la Defensa, del Ministerio del Ambiente y del Ministerio Público, debido a los graves daños ambientales y a las comunidades indígenas que se estaban produciendo en el río Siapa (Cerro Aracamuni) y en el Parque Nacional Yapacana, en extensos territorios.

Desde este período, se han sucedido una serie de pronunciamientos, denuncias, comunidades y acciones por parte de las comunidades yanomami y organizaciones indígenas amazónicas. En varios comunicados de la organización yanomami Horonami se ha señalado la situación de Siapa y la grave amenaza a la integridad y la vida de este pueblo que supone la situación (Provea, 2016). También la Coordinadora de Organizaciones Indígenas del Amazonas (COIAM), en sus comunicaciones apunta a la misma problemática en la mencionada cuenca. Otras evidencias de denuncia y movilización indígena se pueden ver en los señalamientos de 2010, 2011 y 2012, en los cuales los yanomami se refieren a los conflictos con garimpeiros en otras zonas como Parima y las cabeceras del Ocamo. En marzo de 2016, las organizaciones indígenas de Amazonas le enviaron una comunicación al Presidente de la República donde le manifestaron su profunda preocupación debido a la creciente actividad minera ilegal en varias zonas de sus territorios, incluidos los ríos Ocamo y Siapa (Sos Orinoco, 2019). Solicitaron al Presidente adoptar medidas urgentes (Wataniba, 2016).

El periodismo ambiental también ha sumado denuncias, como se evidencia con el informe realizado por el Ing. Miguel Guape, cronista de Atures, en el que en 2016 señala la corrupción militar presente en el estado Amazonas. El informe hace mención al hecho que en el río Siapa, afluente del Casiquiare, hay otra mina, aún artesanal (no utilizan chupadoras ni mercurio). La GNB y la Armada desde San Carlos de Río Negro vienen cada 15 días a buscar su cuota en oro para dejarlos trabajar tranquilos. La guerrilla colombiana, que tiene su puesto de comando cerca, aún no la administra (Guape, 2016).

A su vez, se registra la elaboración de informes de organizaciones orientadas al trabajo en la Amazonía, como Wataniba (Bello y Díaz, 2017); Ongs de trabajo ambiental como SOS Orinoco; así como denuncias que también se registran desde organizaciones yanomami brasileñas; y de organizaciones internacionales como Survival.

Es importante mencionar que la frecuencia e intensidad de estas denuncias y manifestaciones han sido más bien baja. Ciertamente, la mayoría de estas movilizaciones de las comunidades yanomami no están prácticamente insertas en la arena pública y política, dada su lejanía y las dificultades para poder transmitir sus mensajes (para llegar de una comunidad a otra hay que caminar por días… o llegar en helicóptero). Las noticias llegan apenas a Puerto Ayacucho y es desde ahí es que se difunden al resto del país. Los yanomami han hecho pocas marchas en Puerto Ayacucho, sobre todo por el tema de salud.

Otra cuestión es la relación que se han establecido entre las comunidades indígenas y el Gobierno venezolano. Al respecto, expresa Betancourt (2020), que se ha generado un proceso de cooptación de las organizaciones que supone para éstas una serie de limitaciones para la movilización en torno a denuncias claras sobre la presencia de la minería en Amazonas y los impactos sociales que genera a los pueblos indígenas. El tipo de relación que logra canalizar el Gobierno nacional busca establecer compromisos políticos de las comunidades y organizaciones con este, a cambio de que atenúen sus críticas y canalicen sus peticiones pidiendo directamente al gobierno.

Algunos reclamos y peticiones de los grupos movilizados (Tales como saneamiento ambiental, suspensión del proyecto, atención médica, demarcación de tierras, compensaciones, etc.)

Los diferentes actores movilizados han solicitado básicamente el desalojo de estas zonas protegidas, así como la protección de las comunidades indígenas expuestas. Desde el 2003 la Defensoría del Pueblo del estado Amazonas pidió la intervención de las autoridades nacionales a los efectos de coordinar esfuerzos para un plan de vigilancia y control permanente que permitiera erradicar la minería ilegal en el Estado Amazonas.

En la última década, organizaciones como el Grupo de Trabajo Socioambiental del Amazonas, Wataniba, o la Red Jurídica para la Defensa de la Amazonia, coinciden en el urgente resguardo de las áreas protegidas bajo las figuras de Parque Nacional y Monumento Natural, asimismo en aquellos territorios donde habitan comunidades indígenas.

Desde el pronunciamiento realizado por la Organización Yanomami HORONAMI en el 2012, se solicitó el patrullaje permanente y sostenido para el desalojo definitivo de los campamentos de minería ilegal en la zona del Alto Ocamo y otras zonas del Alto Orinoco, como Hashimú, Cerro Delgado Chalbaud y el río Siapa, entre otros. Este esfuerzo debe ser conjunto entre las Fuerzas Armadas Bolivarianas y los Yanomami de nuestra organización Horonami, que conocemos a nuestro pueblo y nuestro territorio.

Además, se solicitó un plan de atención en salud que sea continuo y eficiente para la zona del Alto Ocamo. La atención sanitaria con formación de Agentes de Salud Yanomami de las propias comunidades y la instalación de radios de comunicación, son fundamentales para mejorar la salud y evitar la reincidencia de mineros ilegales en la zona.

Intensidad del conflicto (alta, con movilizaciones masivas, amplia difusión mediática, violencia y arrestos; media, con protestas en la calle y movilización visible; baja, con alguna organización local; o latente, no hay organización ni movilización visible al momento)

Baja, aunque los grupos irregulares que operan en la zona pueden ejercer violencia en los territorios.

¿Este conflicto ha terminado?

No

 

V. Impactos del proyecto

Impactos ambientales

Los miles de garimpeiros o buscadores de oro contaminan los ríos, los peces y los bosques con mercurio. Así como lo expresa, el informe realizado por Bello y Tillet (2015), la minería ilegal en estas zonas está generando un impacto negativo en los ecosistemas selváticos de alta fragilidad ecológica, ocasionando destrucción de los cursos de agua intermitentes y/o permanentes, desviación de los cauces naturales del río Siapa, alteración de la topografía del Cerro Aracamuni, deforestación de las zonas.

Tal como lo expresa Bello (2020), los impactos ambientales son normalmente los mismos en todo el estado con relación a las aguas. No sólo la contaminación de las mismas con sustancias tóxicas como el mercurio, lo cual puede producir intoxicación aguda en los humanos, poniendo en peligro a las comunidades de la zona, sino también de la cadena trófica, como ocurre por ejemplo con los peces, que hacen parte de la dieta de las comunidades locales. Pero a nivel ambiental también se produce el dragado de pequeños caños y el río principal de la zona afectando su fauna y flora.

Hay destrucción de selva alta produciendo deforestación, remoción de la capa vegetal, procesos de sedimentación, etc, lo cual afecta totalmente esos ecosistemas en su conjunto. Lo más dramático es el avance de estas tendencia en estos ecosistemas.

Impactos en la salud

La minería ilegal realizada en la tierra yanomami transmite enfermedades mortales como la malaria y el sarampión. Algunos yanomamis de comunidades cercanas a los enclaves mineros registran altos y peligrosos niveles de mercurio en sus cuerpos. Cabe destacar que desde los años ochenta se registró cómo la presencia de 20.000 buscadores de oro en las proximidades aumentaron la incidencia de malaria, tuberculosis, neumonía y enfermedades de transmisión sexual: solo entre 1987 y 1990. Sin embargo, no solo las enfermedades suponen una amenaza para su supervivencia: la invasión de la selva por parte de quienes extraen intensivamente sus preciados recursos naturales representan un peligro igual de grave.

Las organizaciones Survival International y Wataniba, defensoras de los derechos de pueblos indígenas, en junio de 2018 denunciaron el brote de sarampión que afecta a varias comunidades amazónicas de yanomamis residentes en Brasil y Venezuela. Al respecto, La Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó en junio el brote de sarampión, señalando en su informe epidemiológico​ 995 casos notificados en Brasil: 611 en Amazonas y 384 en Roraima, los dos estados con mayor presencia de indígenas yanomami.

Betancourt (2020) resalta como la situación social de los Yanomami es muy crítica, en especial en el tema sanitario. Por tratarse de un pueblo indígena que habita en los bosques tropicales de la selva amazónica (zonas de difícil acceso), el sistema de salud público y la asistencia son muy precarias. Históricamente este pueblo indígena ha estado azotado por diferentes enfermedades endemoepidémicas, situación que poco ha sido abordada en los años de la actual administración política nacional.

Las enfermedades más prevalentes que padece este pueblo indígena son las siguientes: malaria, enfermedades gastrointestinales, enfermedades respiratorias, enfermedades conjuntivales, oncocercosis (en determinadas zonas), entre otras.

Impactos socio-económicos y culturales

El pueblo Yanomami ha sido uno de los grupos indígenas más afectados por el problema minero ya que no sólo se ha visto invadido su hábitat por mineros ilegales brasileños, con graves consecuencias ambientales, sino que han sufrido ataques violentos con números heridos y muertes por masacres en ambos lados de la frontera venezolana-brasileña. Por otro lado, el crecimiento de la minería también genera impactos culturales en las tradiciones de las comunidades indígenas. La crisis ha promovido que muchos integrantes de estas comunidades originarias se integren a la actividad minera como modo de sobrevivencia, dejando parcialmente de lado otras prácticas económicas tradicionales.

 

VI. Desarrollo del conflicto

Resultados y respuestas ante el conflicto (por parte del gobierno central, gobiernos regionales y locales, empresas involucradas, instituciones supra-nacionales, comunidades, entre otros)

Luego de las denuncias realizadas a mediados de los noventa, se tomaron medidas para enfrentar el asunto (el operativo Siapa 96 es ejemplo de ello). En enero de 2001, el Estado informó un acuerdo suscrito entre el Gobierno venezolano y el Gobierno de Brasil para promover un Plan de Vigilancia y Control conjunto y permanente que permitiera monitorear y controlar la entrada de mineros ilegales en territorio Yanomami. Además, el gobierno informó que a partir del 2005, el Plan Estratégico Nacional para la Defensa tenía por objetivo intensificar la presencia de la Fuerzas Armadas en la región sur del país y los límites fronterizos con Brasil, mejorando la protección de las poblaciones yanomami que habitan esa región.

Otras medidas han sido tomadas por diferentes instancias del Estado, como la Dirección de Salud Indígena del Ministerio del Poder Popular para la Salud y el Centro Amazónico de Investigación y Control de Enfermedades Tropicales (CAICET) con sede en Puerto Ayacucho, quienes han reconocido la presencia de grupos indígenas en aislamiento relativo al sur del país, y han adoptado medidas y programas a nivel de atención en salud (como los programas de control de la malaria, control de la oncocercosis, y el Plan de Salud Yanomami (ejecutado desde 2005), para atender poblaciones en áreas de difícil acceso en comunidades de los pueblos Yanomami, Hoti y Uwottüja).

Sin embargo, los planes de seguridad en la zona han sido criticados por no mantenerse en el tiempo, volviendo así los mineros a la zona. Por otro lado, por lo remoto de la región en relación a la capital y los centros poblados más importantes, la presencia estatal ha sido irregular. También, lo que ocurre allí suele tener menor relevancia política para el Estado, por lo que este le otorga menos importancia y peso a lo que ocurra allí. El director del Griam, Luis Betancourt (2020), resalta cómo el Estado venezolano no ha mostrado interés, planes ni políticas en favor de combatir este delito. Ningún ente y a ninguna escala del gobierno (nacional, regional y municipal), al menos en el estado Amazonas, ha presentado algún proyecto o plan para combatir y mitigar la minería.

Un elemento fundamental que analizar en esta situación, es el incremento del interés en el oro por parte del sector militar (y posteriormente del propio sector gubernamental), así como una extraordinaria expansión de la corrupción en dichos sectores, creándose en numerosos casos, grupos de interés de carácter mafioso que se enriquecen con la extracción de oro. La presencia de la guerrilla en la zona es notoria y parece muy evidente que estos grupos actúan en asociación con los poderes militares del territorio.

La situación sanitaria en la región es delicada y alcanza niveles de crisis humanitaria. Los planes de salud no sólo se quedan cortos ante la situación, sino que existen diversas iniciativas para la introducción de ayuda humanitaria para comunidades indígenas que son requeridas.

El Gobierno de Nicolás Maduro ha evidenciado sus claras intenciones de expandir la minería sin mayores controles ambientales ni respeto por los pueblos y comunidades indígenas. Aunque el estado Amazonas no está dentro de las poligonales del enorme y polémico proyecto Arco Minero del Orinoco, sí que está dentro de sus áreas de influencia, además de estar atravesada por la lógica minera ilegal y mafiosa que está impactando dramáticamente toda la Amazonía venezolana. También, organizaciones ambientalistas han denunciado los peligros de que se termine de ejecutar la desregulación de las normativas que impiden la minería en el estado Amazonas. Todos estos factores reflejan la encrucijada para una solución institucional del conflicto, dejando además los territorios yanomami desprotegidos ante las economías ilícitas que se enriquecen con el oro.

Las críticas y movilizaciones en respuesta se han mantenido, pero también de manera irregular. En territorio, las comunidades siguen resistiendo a estos embates, aunque otras están siendo desplazadas. La información que proviene desde Amazonas sigue siendo esporádica y muy irregular. Sin embargo, las denuncias, reportes e informes sobre la situación amazónica están siendo más sistemáticos y alcanzando más difusión en la opinión pública nacional e internacional, gracias al crecimiento de grupos que trabajan estos temas y del uso de redes sociales. Las denuncias de organizaciones se han mantenido y en julio de 2020 la Comisionada de la ONU para los derechos humanos publicó un informe en el que se hacía referencia a la situación en el Arco Minero del Orinoco, corroborando la conformación de grupos criminales en torno a la minería en la zona, y la corrupción militar. Esto le dio más fuerza y relevancia internacional a la temática y las denuncias que estos grupos han realizado.

Alternativas propuestas(por parte de los grupos movilizados, pueblos indígenas, actores políticos y gubernamentales, entre otros)

Una cuestión que ha sido central para los pueblos indígenas amazónicos movilizados ha sido el de la demarcación y autodemarcación de tierras indígenas, lo cual se considera como un factor crucial de solución a muchas de las problemáticas aquí descritas. En el caso de la organización yanomami “Horonami” viene trabajando en compilar estudios, mapas digitales y un censo que forman la base de su demanda de derechos sobre la tierra yanomami. Destacan que es fundamental la participación de los propios Yanomami en el diseño e implementación de los planes y vigilancia de la minería ilegal, los planes de salud y cualquier otra política pública dirigida al pueblo Yanomami, así como la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005), que en su artículo 5, expresa que “los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho a decidir y asumir de modo autónomo el control de sus propias instituciones y formas de vida, sus prácticas económicas, su identidad, cultura, derecho, usos y costumbres, educación, salud, cosmovisión, protección de sus conocimientos tradicionales, uso, protección y defensa de su hábitat y tierras y, en general, de la gestión cotidiana de su vida comunitaria dentro de sus tierras para mantener y fortalecer su identidad cultural”.

Wataniba y Orpia (2017) proponen la ampliación de los servicios de salud específicos de carácter intercultural, para evitar la expansión de enfermedades endémicas y epidémicas como la malaria, y las infecciones gastrointestinaless. También se propone el seguimiento epidemiológico permanente en las áreas ocupadas por estos tres grupos de pueblos indígenas. El Plan de Salud Yanomami en ejecución en el Alto Orinoco, ha sido una experiencia bastante positiva para la atención en salud en áreas de difícil acceso.

Además, es fundamental la dotación de radios a las comunidades de sectores de difícil acceso para garantizar el flujo y el acceso de la información. Puede ampliarse la red de radiofonía hacia los sectores que no existe presencia del Estado venezolano, por ejemplo, en toda la cuenca del río Siapa, donde habita un elevado aunque desconocido número de comunidades Yanomami.

Betancourt (2020) comenta que el Grupo de Investigaciones sobre la Amazonía (GRIAM), ha conversado frecuentemente con las comunidades indígenas, y la principal alternativa planteada por ellos ha sido la retoma de sus actividades económicas tradicionales, lo cual significa garantizarle una serie de derechos y condiciones que hoy están limitadas. Estas comunidades continúan produciendo sus tierras, pero debido a muchas limitaciones, no pueden transportarlos a los centros poblados y demás comunidades para su intercambio económico. También, es fundamental la reactivación del turismo en Amazonas. Se trataría de un turismo no invasivo y que sea armónico con las realidades socioculturales y ambientales de la región Amazónica.

Otra alternativa, esta última promovida por GRIAM, es la inversión por parte del Estado en la investigación de la ciencia y la tecnología, que representa el gran patrimonio biológico de la Amazonía venezolana.

En el caso particular de la Defensoría del Pueblo, esta institución no sólo ha reconoció la implementación de políticas de salud dirigidas a estos grupos aislados, sino que también propuso usar la amplia legislación existente para implementar medidas y políticas de protección a los grupos aislados. Esto podría incluir el derecho a la demarcación de sus territorios, las salvaguardas ambientales del hábitat y la atención efectiva de la salud en áreas de difícil acceso.

Desde el informe realizado por SOS Orinoco en el que recoge el sentir de los entrevistados en las poblaciones indígenas cercanas, se plantea que las minas de Aracamuni deben ser desalojadas y sometidas a un proceso de restauración ecológica. Esto es posible lograrlo parcialmente en un solo gran operativo, pero requerirá que se implante un mecanismo permanente de control territorial estricto que impida el reingreso de los mineros, lo cual necesariamente requiere de todo un dispositivo de inteligencia y de capacidades operativas que a la vez integren a las comunidades indígenas y que hagan sentir a estas, significativa y positivamente, el beneficio de participar en dicho mecanismo.

Por otro lado, el cese de las actividades mineras en el río Siapa, en toda la región del Casiquiare, y en el resto del parque nacional, deberá acometerse con mecanismos parecidos a los que se apliquen en el Alto Orinoco, aunque con bases de operaciones autónomas y distintas. San Carlos de Río Negro posiblemente deba ser el centro operativo de toda la contención de la presión minera brasileña del Casiquiare, así como La Esmeralda lo sea para el Alto Orinoco.

¿Considera Ud. que se ha alcanzado la justicia ambiental en este caso?

No

Explique por qué

La ocupación en los territorios yanomami ha causado numerosas muertes por ataques violentos y enfermedades. Esta realidad se ha mantenido hasta nuestros días poniendo en serio riesgo la reproducción de la vida de las comunidades yanomami. En la actualidad presenciamos un muy alto nivel de corrupción en las esferas estatales y militares, la desprotección de los territorios de la reserva de biosfera, así como el dominio de economías ilícitas y grupos irregulares, que son los que están dando la pauta en la región. Es fundamental la presencia sistemática de vigilancia por parte del Gobierno en las zonas afectadas por las actividades mineras, integrando a las comunidades indígenas y organizaciones comprometidas en la defensa de los territorios.

 

VII. Fuentes consultadas y recomendadas

Leyes, decretos, legislaciones y recursos jurídicos relacionados con el caso

República Bolivariana de Venezuela (1979). Decreto N° 2.979, de creación del Parque Nacional Serranía de la Neblina. Gaceta Oficial Extraordinaria No. 2417 (07/03/1979).

República de Venezuela. (1989b). Decreto Nº 269 del 7 de Junio de 1989, mediante el cual se prohíbe la explotación minera dentro del Territorio Federal Amazonas y se ordena la suspensión inmediata de cualquier actividad minera en ejecución. Gaceta Oficial Nº 4.106. Caracas, 9 de Junio

República Bolivariana de Venezuela (1991). Ley Orgánica de Reserva de Biosfera del Alto Orinoco-Casiquiare (Decreto Presidencial No. 1.635 del 05/06/91)

República Bolivariana de Venezuela. (1999). Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Nº 36.860. Caracas. 30 de Diciembre

República Bolivariana de Venezuela. (2005). Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas. Gaceta Oficial Nº 38.344. Caracas. 27 de Diciembre

República Bolivariana de Venezuela (2006). Ley Orgánica del Ambiente. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela,  No. 5.833  Extraordinario, 22 de diciembre de 2006

República Bolivariana de Venezuela (2006). Ley Penal del Ambiente. Gaceta Oficial N° 39.913, 02 de mayo de 2012

República Bolivariana de Venezuela (2016). Decreto presidencial n° 2248 de Creación la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO). Gaceta Oficial n. ° 40855, 24 de febrero de 2016.

República Bolivariana de Venezuela (2016). Decreto N° 2.412 mediante el cual se prohíbe el uso, tenencia, almacenamiento y transporte del mercurio (Hg) como método de obtención o tratamiento del oro y cualquier otro mineral metálico o no metálico. Asamblea Nacional Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 40.960. Caracas, 05-08-2016.

Artículos

Acción Solidaria (2019). Venezuela es el segundo país en el mundo con peor desempeño epidemiológico contra la malaria. Recuperado de: http://www.accionsolidaria.info/website/venezuela-es-el-segundo-pais-en-el-mundo-con-peor-desempeno-epidemiologico-contra-la-malaria/

Asociación de Vigilantes Voluntarios dei Ambiente en la zona fronteriza de la Gran Sabana (1996). Venezuela el operativo Siapa 96 y la problemática minera en el sur del estado Amazonas. Informe de viaje realizado a Puerto Ayacucho, San Carlos de Rio Negro y cerro Aracamuni a solicitud de la Dirección de Fronteras de la Guardia Nacional, entre 30/08/96 al 06/09/96). Recuperado de: https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/documents/23D00008.pdf

Bello, L y Díaz M, J.G. (2017). Informe sobre la Situación Actual de los Grupos de Pueblos Indígenas en Aislamiento Relativo y Poco Contacto en Venezuela (Jödi, Uwottüja, y Yanomami). Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía “WATANIBA” y Organización Regional de Pueblos Indígenas de Amazonas “ORPIA”. Recuperado de: https://boletimisolados.trabalhoindigenista.org.br/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/informe-situacion-grupos-aislados-venezuela.pdf

Defensoría del Pueblo (2013). Informe Anual 2013. Recuperado de: https://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2016/07/defensoria-del-pueblo.pdf

El País (2018). El sarampión ataca a los yanomamis de la Amazonia. Recuperado de: https://elpais.com/elpais/2018/07/02/planeta_futuro/1530530020_416245.html

Guape, M. (2016). Informe: Alarmante ecocidio en el Estado Amazonas. Recuperado de: http://guayanaecologica.blogspot.com/2016/07/alarmante-ecocidio-en-el-estado-amazonas.html

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ORPIA – COIAM (2016).Organizaciones indígenas de Amazonas solicitan al Presidente Nicolás Maduro tomar medidas contra la Minería Ilegal en la Región Abril de 2016. Recuperado de: https://issuu.com/wataniba3/docs/nota_prensa_solicitud_orpia__coiam_

Provea (2016). Pronunciamiento de Horonami organización yanomami sobre la presencia de minería ilegal en el Alto Ocamo. Recuperado de: http://archivo.derechos.org.ve/derecho-de-los-pueblos-indigenas/pronunciamiento-de-horonami-organizacion-yanomami-sobre-la-presencia-de-mineria-ilegal-en-el-alto-ocamo

Royero, R (1996). Algunos aspectos de la etnoictiología y la historia natural de los Yanomami del alto río Siapa y río Mavaca, Estado Amazonas, Venezuela. Recuperado de: http://www.fundacionlasalle.org.ve/userfiles/Ant%201994-1996%20No%2084%20p%2073-96.pdf

SOS. Orinoco (2019). Minería, guerrilla y enfermedades: el legado de la revolución a los indígenas de la Reserva de Biosfera Alto Orinoco Casiquiare, Amazonas Venezolano. Recuperado de: https://sosorinoco.org/wp-content/uploads/2020/07/RBAOC_-Esp20191002.pdf

Survival (2013). Los yanomamis. Recuperado de: https://survival.es/indigenas/yanomami

Libros, documentos académicos y científicos

Bello, L y Tillet, A (2015). Minería en la Amazonía Venezolana: Derechos Indígenas y Ambientales El caso del pueblo Yanomami. Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonia-Wataniba y Red Juridica para la Defensa

Bevilacqua, M., L. Cárdenas y D. Medina. (2006). Las áreas protegidas en Venezuela: Diagnóstico de su condición. Asociación Venezolana para la Conservación de Áreas Naturales (ACOANA) – Comité Venezolano UICN –

Huber, O. 1995a. Geographical and Physical Features. En: P. Berry, B. Holst, y K. Yatskievych (eds.). Flora of the Venezuelan Guayana. Volume I. Introduction. Portland, Oregon: The Missouri Botanical Garden. Pp. 1-62.

Lizot, Jacques 1974b El río de los Periquitos: breve relato de un viaje entre los Yanomami de alto Siapa. Antropológica 37:3-23

Videos y media de la campaña

1.S.O.S. Orinoco (2019). Campamentos de FARC/ELN.

Recuperado en: https://twitter.com/i/status/1146444736963776512

2.S.O.S. Orinoco (2019). Minas de oro ilegales dentro del Parque Nacional Serranía La Neblina.

Recuperado de: https://twitter.com/i/status/1129222571705163778

Imágenes y registro fotográfico

Imagen N° 1: Pueblos indígenas y principales focos de minería ilegal en el estado Amazonas. Fuente: Bello, L y Tillet, A (2015). Minería en la Amazonía Venezolana: Derechos Indígenas y Ambientales El caso del pueblo Yanomami.
Imagen N° 1: Pueblos indígenas y principales focos de minería ilegal en el estado Amazonas. Fuente: Bello, L y Tillet, A (2015). Minería en la Amazonía Venezolana: Derechos Indígenas y Ambientales El caso del pueblo Yanomami.
Imagen N° 2: Pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Fuente: Bello, L y Díaz M, J.G. (2017). Informe sobre la Situación Actual de los Grupos de Pueblos Indígenas en Aislamiento Relativo y Poco Contacto en Venezuela (Jödi, Uwottüja, y Yanomami).
Imagen N° 3: Pueblos indígenas en aislamiento voluntario. Focos de minería y puntos de minería ilegal en el estado Amazonas. Fuente: Bello, L y Díaz M, J.G. (2017). Informe sobre la Situación Actual de los Grupos de Pueblos Indígenas en Aislamiento Relativo y Poco Contacto en Venezuela (Jödi, Uwottüja, y Yanomami).
Imagen No. 4. Área de la Reserva de Biosfera Alto Orinoco Casiquiare, estado Amazonas. Incluye en sus linderos las poligonales de parques nacionales y monumentos naturales. Fuente: SOS Orinoco (2019)

 

Imagen Nº 5. Los pueblos indígenas localizados ancestralmente en la actual RBAOC son los Yanomami, Ye’kwana y Sanema. Fuente: SOS Orinoco (2019).
Imagen Nº 6: Nombre de algunas minas de oro en la Reserva de Biosfera Alto Orinoco – Casiquiare. Fuente: SOS Orinoco (2019)
Imagen Nº 7: Superficies de cada sector minero en Aracamuni. Fuente: SOS Orinoco (2019)
Imagen N 8: Minas en el Cerro Aracamuni. Campamentos de FARC/ELN. Fuente: S.O.S. Orinoco (2019).
Imagen N 9: El cauce y la franja próxima al río Siapa se ven intervenidos con deforestación. Campamentos de FARC/ELN. Fuente: S.O.S. Orinoco (2019).
Imagen N 10: Una franja del tope de Cerro Aracamuni quemado con ayuda de un agente inflamable. Minas de oro ilegales dentro del Parque Nacional Serranía La Neblina. Fuente: S.O.S. Orinoco (2019).
Imagen N 11: Explotación minera en Cerro Aracamuni. Fuente: S.O.S. Orinoco (2019).
Imagen N 12: Fotoplano de la actividad minera en el sector 2 del Cerro Aracamuni. Fuente: S.O.S. Orinoco (2019).

 

Imagen N 13: Sector 2 del Plano vector Aracamuni. Fuente: S.O.S. Orinoco (2019).

 

Imagen Nº 14: Balsa minera. La Reserva de Biosfera Alto Orinoco Casiquiare Fuente: S.O.S. Orinoco (2019).

 

Imagen N° 15: Imágenes del actual brote de sarampión. WATANIBA/SURVIVAL INTERNATIONAL. Fuente: El Pais, 2018

Autor(es) o contribuidor(es) de esta ficha

María Alejandra Vega Molina, Universidad de Carabobo

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Actividades económicas

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