Indígenas yukpa de los ríos Yaza y Tukuko luchan por sus territorios y contra la minería de carbón en la Sierra de Perijá

Última actualización: octubre 2021

I. Datos básicos

Ubicación del conflicto (localidad, municipio y estado del país)

Biorregión Sierra de Perijá, estado Zulia

Área del proyecto (en kms2 o has.)

18 lotes de carbón que comprenden 78.256 hectáreas en Tokuko-Aricuaiza, municipio Machique de Perijá (Sociedad Homo et Natura, 2014).

Tipo de población (urbana, semi-urbana, rural o indígena)

Indígena

Resumen del caso

La Sierra de Perijá es un territorio montañoso ubicado al oeste del estado Zulia, que hace parte de la agitada frontera entre Venezuela y Colombia, y constituye una zona de importancia estratégica no solo por poseer diversos recursos como el uranio, titanio y grandes reservas de carbón, entre otros; sino también por su ubicación como punto de conexión hacia puertos y zonas de tránsito transfronterizo, en el marco de los proyectos COSIPLAN-IIRSA. Varios pueblos indígenas habitan en la región, entre los cuales destacamos a los pueblos yukpa, barí, wayúu y japreria, ubicados en su zona media (municipio Machiques de Perijá).

El principal recurso que ha sido explotado en la sierra es el carbón, lo que colocó a Venezuela como el segundo exportador de América Latina, después de Colombia. Desde fines de los años ochenta comienza la extracción en la zona norte (municipio Mara), que se convertirá en la principal área de explotación del país. En la década de los años noventa se aprobarían nuevas concesiones en otros territorios (Colectivo India, 2008). Estos procesos, junto a nuevos desarrollos turísticos y la actividad ganadera fueron incrementando los impactos socio-ambientales negativos y el despojo de tierras sobre los pueblos indígenas de la zona.

Desde el año 2005 se ha intentado relanzar y expandir la extracción de carbón en estos territorios, en un contexto muy complejo, contradictorio y conflictivo donde confluyeron factores como: la instauración de la Revolución Bolivariana, el rango constitucional que obtiene la demarcación de tierras indígenas desde 1999 y la promulgación de la Ley de pueblos indígenas en 2005, las declaraciones del Presidente Hugo Chávez en contra de la expansión del carbón y de los ganaderos, a favor de los derechos de los indígenas y llamando a ocupar tierras, entre otros factores.

Ante el reimpulso del extractivismo carbonero, indígenas yukpa, principalmente los de la cuenca de los ríos Yaza y Tukuko, y bajo el liderazgo del cacique Sabino Romero, ponen una fuerte resistencia y llevan adelante junto a numerosas organizaciones populares, grupos ambientalistas y movimientos sociales, una lucha para denunciar los progresivos desplazamientos de sus tierras y el estancamiento del proceso de demarcación de las mismas, así como los severos daños a las aguas, aire y los ecosistemas que se podrían provocar en la Sierra de Perijá, tal y como ha ocurrido con el río Guasare a raíz de la actividad de las minas Norte y Paso Diablo.

Importantes campañas fueron impulsadas, visibilizando sus luchas; despliegue de reportes en medios alternativos; denuncias canalizadas por las instituciones oficiales; diversas marchas, sea en el estado Zulia, en la ciudad de Caracas o bien movilizaciones de organizaciones que se dirigen a los territorios yukpa; y la progresiva ocupación de haciendas en la sierra por parte de estos indígenas, con la respectiva fundación de nuevas comunidades, lo que supone para estos un rescate de sus tierras anteriormente arrebatadas (Sociedad Homo et Natura, 2009).

Esto último sería el detonante de una escalada de violencia en la zona, provocando enfrentamientos con la Guardia Nacional y grupos armados contratados, dejando al líder Sabino Romero encarcelado entre 2009 a 2011, y con un saldo de yukpas heridos y muertos. Diversos mecanismos fueron afectando esta lucha: cooptación estatal y división de las comunidades indígenas, dilación en la entrega de tierras, agresiones físicas, al punto que en marzo de 2013 el cacique Sabino Romero era asesinado. Este crimen sigue impune hasta la fecha, no habiéndose puesto en prisión a los autores intelectuales.

La extraordinaria crisis que se va a vivir en Venezuela desde 2014 hasta nuestros días, va a marcar determinantemente este conflicto. Por un lado, desde el año 2013 las cuotas de extracción de carbón sufrieron una caída estrepitosa hasta quedar prácticamente detenidas. El Gobierno nacional ha venido promoviendo estímulos e incentivos a empresas transnacionales para relanzar el proyecto, abrir nuevas minas, así como otros proyectos de infraestructuras –puertos, vías ferroviarias, etc.– que se enmarcan en la lógica de COSIPLAN-IIRSA. En 2015, se promulgaba el decreto 1.606 para ampliar la explotación carbonífera en los municipios Mara y Guajira, lo que llevaría el área minera de siete mil a un total de 24.192 hectáreas. Meses después este decreto sería revertido. Entre mayo y junio de 2017 logra establecer algunos acuerdos y posicionar algunas inversiones –fundamentalmente con corporaciones chinas– reabriendo las minas y reanudando la exportación de carbón. Estos acuerdos se tambalean producto de la crisis y las sanciones internacionales. En 2018 se declara al carbón como mineral estratégico para su exploración y explotación, y en 2019 el gobierno publica el Plan Minero Sectorial donde aparece la importancia de la explotación de carbón. Entre los años 2018 y 2020 surgen acuerdos con empresas turcas y rusas para esta actividad extractiva, y a partir de 2019 logran aumentar levemente los niveles de producción minera. En todo caso, cabe mencionar que sigue latente el peligro de explotación minera en la zona media de la Sierra de Perijá. La gran cantidad de proyectos sobrecargan el territorio de intereses y conflictos.

Por otro lado, los yukpa de Tukuko y Yaza, en especial la familia de Sabino Romero, han venido sufriendo tanto diversos embates en sus territorios como una situación de acoso por parte de diversos actores. Las diversas comunidades de la sierra han venido padeciendo en estos años de crisis un recrudecimiento de la pobreza y el hambre, la dramática propagación de diversas enfermedades, impactos por deslaves e inundaciones, carencia de combustible, así como el ensañamiento por parte de cuerpos de seguridad hacia la familia de Sabino (Amnistía Internacional, 2017). Cabe mencionar también que con la crisis, el territorio está siendo atravesado por corrupción, violencia y grupos armados, intensificándose la actividad de economía ilícitas transfronterizas y el narcotráfico. Todos estos factores han degradado no sólo la lucha de los yukpa, sino también sus propias condiciones de vida. A pesar de ello, las comunidades indígenas de Yaza y Tukuko –así como la de otras cuencas de la sierra– han mantenido movilizaciones de diverso tipo e intensidad, con marchas, corte de carreteras, reuniones con las autoridades, declaraciones en medio y hasta marchas hacia Caracas. Estos demandan atención ante las difíciles condiciones de vida y la entrega de tierras pendientes. Los grupos ecologistas zulianos han mantenido las denuncias tanto la  situación de los indígenas como los potenciales avances de la explotación de carbón en la zona.

El Gobierno nacional en cambio ha venido consolidando un régimen autoritario en el país, con una extendida violación de los derechos humanos y ambientales, y que para inicios de la década de 2020 avanza en una reestructuración neoliberal de la economía nacional que ofrece enormes concesiones y recursos a capitales foráneos y locales, teniendo lo ambiental y el asunto indígena como temas totalmente secundarios. Los intentos por impulsar la minería de carbón permanecen en el Gobierno de Nicolás Maduro, y en el gobierno regional, por lo que este conflicto está lejos de terminar.

Los indígenas yukpa luchan por no desaparecer de uno de los pocos espacios naturales y originarios que conservan (Pantín, 2016). La que ha sido la lucha indígena más emblemática del país se encuentra ahora en un escenario aún más complicado. Pero los yukpa han advertido que están dispuestos a todo por su territorio y su dignidad.

 

II. Fuente del conflicto

Principal actividad económica (u otra) que origina el conflicto

Extracción Minera

Otras actividades económicas involucradas (si existen)

  • Biomasa y conflictos por la tierra
  • Procesamiento de carbón
  • Deforestación
  • Puertos y aeropuertos
  • Centrales eléctricas térmicas

Commodities o ‘recursos naturales’ involucrados (ej. oro, bauxita, madera, agua, petróleo, gas, soja, eucalipto)

  • Carbón
  • Tierra
  • Madera
  • Biodiversidad
  • Uranio

III. Proyecto y actores involucrados

Ubicación del proyecto o actividad económica (localidad, municipio y estado del país)

La propuesta de expansión en territorios yukpa está en el eje Tokuko-Aricuaiza, municipio Machique de Perijá

Resumen y descripción del proyecto (o la actividad económica)

Desde 1987 arranca la explotación de la mina a cielo abierto Paso Diablo en Guasare (Gobierno en línea, S/F), que junto a la mina Norte (misma ubicación), son las dos más importantes del país, con recursos cuantificados en 5.705 millones de toneladas métricas. En la década de los noventa se aprobaban nuevas explotaciones en yacimientos ubicados en otras áreas, como el municipio San Francisco (Colectivo India, 2008).

Paso Diablo y mina Norte fueron administradas por un consorcio de empresas extranjeras hasta que posteriormente su gestión fue nacionalizada (en el Gobierno de Chávez), siendo PDVSA, a través de su filial Carbones del Zulia, S. A. Carbozulia, la que llevaba las riendas del proyecto (Sociedad Homo et Natura, 2013). La producción de ambas en su mejor época, a principios de la década del 2000, llegó a ser de alrededor de 8,5 millones de toneladas métricas de carbón. A partir de 2007 comienza a registrarse una progresiva caída de la producción anual, que para 2013 marcaba 1,3 millones de toneladas/año aprox. (YCharts, 2021). Posteriormente, en los años de crisis, la merma de la producción va a llegar a niveles muy bajos (García, 2012; López, 2016) hasta prácticamente quedar paralizada la actividad para fines de la década de 2010.

El Gobierno nacional recurrentemente ha mostrado su interés en expandir el extractivismo carbonífero en la zona. Los planes de negocio 2006-2012 planteaban alcanzar una meta de extracción de 24 millones de toneladas anuales (Carbozulia, 2005), cifra nunca vista en la historia del carbón en el país. La explotación del carbón no ha podido expandirse y maximizarse debido a varias razones, tales como la falta de la estructura e infraestructura que dinamice la circulación de las mercancías y recursos naturales (puertos, vías ferroviarias, tendidos eléctricos, entre otras); las resistencias de comunidades indígenas y movimientos ambientalistas de la región y el país; la volatilidad de los precios de las materias primas desde 2008, y más recientemente los efectos de la crisis y las sanciones internacionales.

A pesar de que las expectativas más ambiciosas de explotación se ha enfocado en la cuenca del Guasare, con interés también en la del Socuy, las metas de un plan integral de extracción de carbón podrían materializar la expansión minera en proyectos como Tukuko-Aricuaizá (18 lotes de carbón y una superficie de 78.256,80 hectáreas) y Río de Oro (28 lotes y cubren una superficie de 125.956,80 hectáreas), afectando directamente a yukpas, barí y japreria en la zona media de la Sierra de Perijá y el propio parque Nacional, denominado con el mismo nombre.

La extraordinaria crisis que continúa a inicios de la década de 2020, ha presionado al Gobierno venezolano a promover con premura el relanzamiento de los proyectos de Carbozulia, y ha anunciado en 2016 la necesidad de financiamiento por la vía de asociaciones –unos 800 millones US$ en unos 3 o 4 años para recuperar los niveles de inversión– (Terán Mantovani, 2016). El 10 de febrero de 2015 se promulgaba en la Gaceta Oficial Nº 40.599 el decreto 1.606 donde se estipulaba la ampliación de la explotación carbonífera en los municipios Mara y Guajira a un total de 24.192 hectáreas (Gaceta Oficial, 2015). Esta iniciativa fue revertida por el propio gobierno en agosto de ese año (Gaceta Oficial 40.733), luego de múltiples reclamos de ambientalistas y organizaciones indígenas.

Para la activación plena de Carbozulia, como parte del Motor Minería promovido por el presidente Nicolás Maduro (Agenda Económica Bolivariana – 2016), el ministro del Poder Popular para el Desarrollo ‘Minero Ecológico’, Jorge Arreaza, anunciaba a fines de marzo de 2017 una inversión de 11 millones de dólares (AVN, 2017), mientras que en mayo se llevó a cabo la primera voladura del año que garantiza la producción de 45 mil toneladas de carbón (Correo del Orinoco, 2017), la cual embarcó a principios de junio con destino a Europa, específicamente a Irlanda del Norte (Carbozulia, 2017). En junio de 2017, el Gobierno nacional firmaba una alianza estratégica con las corporaciones  chinas  CAMC  Engineering  y Yankuang  Group y con la  empresa colombo-holandesa Inter American Coal por un total de 400 millones US$ para la restauración, operación y mantenimiento de la capacidad productiva de Carbozulia (El Universal, 2017).

Ese mismo año, el Gobierno nacional declaraba que tenía una planificación anual inicial de 1,3 millones de toneladas de carbón para servir de espejo a la industria y llamar inversionistas (Correo del Orinoco, 2017) y el entonces ministro de Desarrollo Minero Ecológico, Víctor Cano, planteaba que la meta era alcanzar las 8 millones de toneladas al año de carbón y generar a largo plazo un ingreso que supere los 840 millones US$ (El Universal, 2017).

Aunque el ministro Arreaza ha planteado que no se tiene previsto abrir nuevas minas para la extracción del carbón (AVN, 2017), el “Plan de Minas 2013-2022” de Carbones del Guasare, S.A. proyecta que la Mina Paso Diablo generará en 10 años 50.266 millones de toneladas métricas de carbón (Sociedad Homo et Natura, 2016c). Por su parte, el activista de Homo et Natura, Lusbi Portillo, afirmaba que a lo interno de Corpozulia se estaba planteando la entrega de la mina Las Carmelitas a la empresa rusa VostokCoal y también se está moviendo en la zona la empresa carbonífera Caño Seco que abriría la mina Casablanca en el Socuy (García, 2017). A esto se le unen los intentos de impulsar una planta carboeléctrica junto con la empresa china Sinohydro (Argus, 2015), y los planes de construcción de un mega puerto multimodal vial carbonífero de aguas profundas (Puerto América) en el golfo de Venezuela (Portillo, 2016). A pesar de los anuncios, para 2017 la cuota anual de producción de carbón fue de apenas 350.000 toneladas/año y 2018 es el año más bajo prácticamente desde que iniciara la explotación en los años 80 (con menos de 100.000 tns/año) (YChart, 2021).

Precisamente en 2018 el Gobierno nacional declara al carbón como mineral estratégico para su exploración y explotación y autoriza la creación de una compañía mixta entre Carbones del Zulia y la turca Glenmore Proje Insaat, llamada Carbones Turquía-Venezuela (OEP, 2018). También se señala a la empresa turca Marilyns Proje Yatirim en las sociedades.

A partir de 2019 las cosas van a cambiar, y comienza a registrarse un repunte de la producción. Ese año se superarían las 310.000 toneladas, de acuerdo con estadísticas de comercio de Naciones Unidas (Cohen, 2020) y para 2020 serían de más de 650.000 tns. El formato de explotación reciente se señala operado por la empresa minera rusa Vostokcoal y la empresa militar CAMIMPEG, esta última creada por el Gobierno de Maduro para gestionar actividades extractivista por parte de militares, con enormes e ilimitadas atribuciones. El propio alcalde del municipio Mara, Luis Caldera, en enero de 2020, afirmaba que un grupo de personas identificadas como miembros de una empresa rusa, acompañados por militares de la empresa Camimpeg, llegaban al asentamiento wayuú Canta Los Gallos de ese municipio. El objetivo sería: la construcción de una vía de acceso que permita la explotación de carbón en los ríos Socuy y Cachirí.

En estas recientes explotaciones de carbón, el nombre de la empresa turca Glenmore también fue apareciendo. A pesar de no contarse con información oficial en Venezuela, los países receptores del carbón venezolano sí han registrado las transacciones. Entre estos países están Reino Unido, España e Italia, así como México (Camhaji y Deniz, 2021).

Es importante señalar que este aumento de la producción carbonera se da justo con el anuncio de nuevas sanciones estadounidenses contra PDVSA (2019), que van a afectar considerablemente la producción petrolera, pero que no impactaron directamente al carbón. Las posibilidades de captación de otros ingresos por fuera del petróleo estimularon este impulso extractivista. El esquema de negocios se revela como uno secreto, en el cual las sociedades creadas para estos emprendimientos, como Glenmore, representan empresas desconocidas registradas por intermediarios como Lorenzo Antonelli, ligado a una investigación contra Alex Saab en Italia (Camhaji y Deniz, 2021). Este esquema se repite para la minería de oro en el Arco Minero del Orinoco. Más allá de particulares y representantes gubernamentales, no queda claro si Carbozulia se ha beneficiado de estas ventas recientes de carbón.

Empresas privadas nacionales e internacionales involucradas

  • Vostokcoal (Rusia)
  • Glenmore Proje Insaat (Turquía)
  • Carbones Turquía-Venezuela (Mixta Turquía-Venezuela)
  • Marilyns Proje Yatirim
  • Compañia Carbonífera Caño Seco (Irlanda)
  • Sinohydro Corporation Limited (Sinohydro) (China)

Actores gubernamentales y compañías nacionales relevantes

  • Presidencia de la República.
  • Hugo Chávez Frías: en mayo de 2006 Chávez afirmaba “Si no me demuestran de verdad, verdad que la explotación del carbón no destruirá ríos y bosques, ese carbón se quedará bajo tierra” (Verdulio, 2006). En 2008, a raíz del recrudecimiento del conflicto entre militares, ganaderos e indígenas, expresó: Entre hacendados y los indios, este gobierno está con los indios. No hay dudas de ningún tipo (…) La Fuerza Armada, los Cuerpos de Inteligencia y el gobierno, todos apoyando a los indios (…) (Proyecto Suri, 2008).
    • Carbozulia – Corporación Venezolana de Minería
    • Petróleos de Venezuela, S.A.
    • Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico.
    • Ministerio del Poder Popular de Petróleo.
    • Ministerio de Pueblos Indígenas
    • Ministerio del Interior y Justicia
    • Gobernación del Zulia
    • Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Comando Estratégico Operacional Occidente.
    • Alcaldía de Machiques de Perijá.
    • Ministerio del Ambiente (actualmente Ministerio de Ecosocialismo y aguas): en 2005, quien fuera ministra del Ambiente Jackelyn Faría declaraba que “no es conveniente explotar carbón en la sierra por el daño ecológico ambiental que causaría” (Colectivo La Voz del Monte, 2006).
    • Partido Socialista Unido de Venezuela
    • Ministerio Público
    • Fiscalía General de la República
    • Defensoría del Pueblo
    • Comisión Nacional de Demarcación de Hábitat y Tierras de Pueblos y Comunidades Indígenas

Instituciones internacionales y de financiamiento (si existen)

Ninguna

Nivel de las inversiones (en US$ en Bs.)

Inversión total planteada para el período 2006-2012 (minas, puertos, ferrovías, entre otras): 1.407.420.000 US$. Cuando se propuso el decreto 1.606 para explotar más de 24.000 hectáreas en el norte del Zulia, la inversión de la empresa china Sinohydro sería de 7 mil millones US$ (Guevara, 2016). En la actualidad se ha planteado la necesidad de una inversión base de relanzamiento del proyecto de unos 800 millones US$ en unos 3 o 4 años (Terán Mantovani, 2016).

Las inversiones iniciales para re-activar las minas Paso Diablo y Norte reflejan una inversión de 11 millones de dólares y de 2 mil millones de bolívares a fines de marzo de 2017 (AVN, 2017). En junio de 2017 el Gobierno nacional firmaba acuerdos con corporaciones chinas y una colombo-holandesa por 400 millones US$ para la restauración, operación y mantenimiento de la capacidad productiva de Carbozulia.

Las inversiones en los últimos años son desconocidas, tanto por el secretismo gubernamental que prevalece en todos los proyectos planteados en el país, como por el hecho de que las sanciones internacionales estimula que el gobierno haga negocios clandestinamente, que puedan esquivar estas restricciones.

Status actual del proyecto (en fase exploratoria, planificado y listo para su ejecución, en ejecución, operando, detenido)

Operando

Población afectada (grupos sociales y estimación numérica)

Entre los grupos originarios que se ubican en la Sierra de Perijá, se encuentran yukpa, barí, wayúu y japreria. Los yukpa se ubican entre el Río Santa Rosa en el Sur, hasta el Río Palmar en el Norte, y abarcan los Municipios Rosario y Machiques de Perijá, e incluso en el Municipio San Francisco (Colectivo India, 2008). La población total yukpa es de 10.640 habitantes, barí 2.841 y japreria 157 (INE, n.d.). La población impactada de manera directa e indirecta en la zona sería de unos 13.000 indígenas. Sin embargo, hay que considerar que la migración también se ha dado entre comunidades indígenas, por lo que este número puede ser menor.

IV. Conflicto y Movilizaciones

Fecha aproximada de inicio de las movilizaciones

2004

Cronología y detalles de las movilizaciones

Las respuestas firmes y sostenidas fueron realizadas principalmente por parte de los yukpa del río Yaza, liderados por el cacique Sabino Romero. Numerosas campañas fueron hechas, con el apoyo de movimientos como la Sociedad Homo et Natura o la Asociación Nacional de Medios Comunitarios, Libres y Alternativos (ANMCLA), lo que permitió darle visibilidad al conflicto, alcanzar simpatías en muchas otras organizaciones sociales y bases de apoyo del gobierno nacional, así como interpelar a los gobernantes para que se hicieran responsables del problema (Barrio Tv, 2012). Los yukpa también contaron con el apoyo de organizaciones como el Frente de Resistencia Ecológica del Zulia (Frez), La Guarura, Provea, Aporrea, El Libertario o la Asamblea de Militantes, sectores de algunas universidades importantes del país, entre otros. Las campañas lograban generar una narrativa que vinculaba la justicia social, la lucha indígena, la lucha por la tierra y el ambiente, y la idea de revolución.

Se produjeron múltiples denuncias canalizadas a través de las instituciones oficiales (Indymedia Venezuela, 2010); se realizaron diversas marchas, algunas en la propia ciudad de Caracas (Murillo, 2008; Cifuentes, 2009) o bien movilizaciones de organizaciones que, en apoyo, se dirigen a los territorios yukpa (Anmcla, 2008); y se fueron ocupando progresivamente haciendas en la sierra, con la respectiva fundación de comunidades yukpa, lo que supone para estos un rescate de sus tierras anteriormente arrebatadas (Sociedad Homo et Natura, 2009).El líder Sabino Romero, en el marco de la entrega de tierras a los indígenas, se pronuncia a favor de que se compren las bienhechurías a los hacendados para evitar conflictos, pero advertía que de no llegar a un acuerdo satisfactorio, seguirían recuperando sus territorios ancestrales (Cfc Noticias, 2009).

Luego del asesinato del cacique Sabino Romero y con la intensificación de la crisis nacional, las movilizaciones se vieron considerablemente impactadas. A esto se le suma los terribles efectos de la crisis, en términos de la precarización de la alimentación, afectaciones a la salud (con el agravamiento y expansión de diversas enfermedades), desastres climáticos, problemas de transporte y vialidad, así como el aumento de la violencia en sus territorios, sea por parte de los cuerpos de seguridad, como de grupos armados y delincuencia organizada, que disputa y controla la zona. A pesar de este contexto, las movilizaciones, en sus diversas expresiones, han persistido. Estas se han centrado, por un lado, en la demanda por la mejora de sus condiciones básicas de vida, y por el otro, en presiones para que se concrete y complete el proceso de entrega de tierras que por Constitución les corresponde.

Desde al menos 2018, los yukpa han realizado varias movilizaciones. Ese año tomaban la carretera Machiques-Colón por demandas de la situación salud (Codhez, 2018). Otros cortes de ruta se han realizado, como la del km18 en julio de 2021 (Montiel, 2021a); se han efectuado marchas en la ciudad de Maracaibo, obligando al Gobernador a que atienda a los indígenas (Antía, 2020); se presentaron en la ciudad de Caracas exigiendo ser atendidos por el Presidente Maduro (Radio Fe y Alegría, 2020), en noviembre de 2020, algo que tuvo amplia cobertura en medios de comunicación; y se han realizado variados reportajes (Medina, 2021) que han cubierto la terrible situación de estas comunidades de la sierra y las demandas que extienden.

En cuanto a sus luchas por tierra, se ha continuado los procesos de autodemarcación, y han seguido las acciones de recuperación de tierras, bajo el mismo accionar que tenía Sabino Romero y sus comunidades. Por ejemplo, en 2021 comunidades yukpa han ocupado varias fincas en las faldas de la sierra de Perijá, en el municipio Machiques, con el fin de hacer presión para que el gobierno de Maduro termine con la demarcación de las tierras en las cuencas Yaza y El Tokuko (Angulo, 2021). Estas peticiones, y específicamente la del pago de las bienhechurías a los productores agropecuarios de manera tal que se efectúe la entrega formal de tierras, las extendieron los yukpa a la Comisión Nacional de Demarcación, en febrero de 2021 (Montiel, 2021b).

En relación a las movilizaciones directamente contra la expansión del carbón, han sido las organizaciones ambientalistas zulianas las que han persistido con las denuncias y las acciones, fundamentalmente la Sociedad Homo et Natura, planteando reuniones con el Gobierno regional, Carbozulia e informando a la opinión pública sobre los posibles avances del avance minero en la sierra.

Algunos reclamos y peticiones de los grupos movilizados (Tales como saneamiento ambiental, suspensión del proyecto, atención médica, demarcación de tierras, compensaciones, etc.)

La principal petición de los yukpa liderados por Sabino Romero ha sido la recuperación de sus tierras ancestrales, que les pertenece por derecho; esta petición sigue siendo primordial en la actualidad. A su vez han expresado claramente su oposición a la explotación de carbón en la Sierra de Perijá. Diversas organizaciones ecologistas aliadas ha señalado que los yukpa también se ven amenazados por la existencia de grupos armados irregulares, de las distintas ideologías, procedencias y métodos de operar (Portillo, 2010).

Con el avance de la crisis, se ha acrecentado la demanda de condiciones mínimas de vida en sus territorios, azotados por el hambre, las enfermedades, las dificultades de transporte, y la violencia que sobre los indígenas ejercen grupos armados, delincuencia organizada y cuerpos de seguridad del Estado.

Los indígenas yukpa han declarado que darán su vida por recuperar sus tierras. Sin la tierra no se es yukpa, no se es indígena, afirman (Catia Tv, 2010). El cacique Sabino Romero catalogaba a los grupos interesados en sus tierras como los capitalistas (Azpúrua, 2015). Las diversas organizaciones populares y ambientalistas que apoyan y acompañan la lucha yukpa, han creado diversas consignas que sintetizan un particular lenguaje de valoración que no es igual a la narrativa oficial hegemónica en la Revolución Bolivariana. Una de estas es “Sabino marca el camino” (Denis, 2010; Sociedad Homo et Natura, 2010).

Intensidad del conflicto (alta, con movilizaciones masivas, amplia difusión mediática, violencia y arrestos; media, con protestas en la calle y movilización visible; baja, con alguna organización local; o latente, no hay organización ni movilización visible al momento)

Alta (con tendencia a la baja). El conflicto tiene fluctuaciones y los impactos que la crisis y la violencia han tenido sobre los indígenas han afectado mucho esta lucha; sin embargo el ímpetu y la movilización no se han perdido, lo que es evidente en las persistentes movilizaciones y acciones.

¿Este conflicto ha terminado?

No

V. Impactos del proyecto

Impactos ambientales

Como referencia de los peligros ambientales que conlleva la expansión del extractivismo de carbón en la Sierra de Perijá, se toman los impactos ya dejados por la Mina Norte en el municipio Mara. El proceso de extracción y procesamiento de carbón supone altos niveles de deforestación (más evidentes en los tajos de las minas a cielo abierto) y utiliza grandes cantidades de agua. La Mina Norte ha afectado las aguas del río Guasare con descargas de aguas contaminadas con concentración de sulfatos (Comisión para el estudio y análisis de la situación energética y ambiental en el Estado Zulia, 2014). Las aguas denotan exceso en los límites establecidos en las normas de “Sulfatos, Plomos, Cadmio, Cianuro y Mercurio”. Esto ha afectado no sólo a la biodiversidad (destacando a los peces) sino también a las familias de los municipios Guajira y Mara (Portillo, 2014).

Se estima que por cada tonelada de carbón extraído se generan unas 6 toneladas de escombros y desechos y se destruyen además 5 toneladas de vegetación primaria. Se calcula que están en riesgo 500.000 hectáreas de bosques naturales, y se prevé una destrucción de 7.220.000 toneladas de vegetación primaria (Grupo de Estudio y Trabajo Pueblo y Conciencia, S/f). La destrucción del ecosistema circundante y biológicamente rico de la Sierra de Perijá tendría severas consecuencias en el Zulia (Nieto, 2004).

La actividad minera de carbón libera partículas nocivas al aire. La operación de una planta carboeléctrica implica afectaciones al agua y al aire semejantes a las descritas más arriba (Linares, 2015). Además contribuye al problema del Cambio Climático.

Impactos en la salud

Los potenciales impactos ambientales al agua, aire y biodiversidad provocada por la actividad minera tendrían importantes repercusiones en la salud de los indígenas de la zona, la cual está ya en una situación bastante preocupante, producto de diversos factores de desigualdades, ambientales (entre las que podemos contar incluso recurrentes deslaves e inundaciones que los afectan considerablemente, como el de 2019) y territoriales que se conjugan, junto al hambre y la desnutrición (González, 2016), todo lo cual se agrava aún más con la dramática situación de crisis que se vive en el país. En este período crítico se han intensificado numerosas enfermedades, entre las cuales se cuentan la leishmaniasis (en sectores como Torumo, Tukuko y Chaktapa) o el paludismo (desde Río Guasare hasta Río de Oro), con más de mil casos, entre otras (Codhez, 2018).

Uno de los elementos más preocupantes es la imposición de una política de violencia contra los yukpa, ejecutada desde diversos grupos de actores de poder en la zona, que van desde agresiones, discriminaciones y criminalización por parte del Ejército y la Guardia Nacional (Sabino Romero sería encarcelado entre 2009 y 2011), hasta el asesinato. Para el año 2016 ya se registraban al menos 10 yukpas asesinados (Sociedad Homo et Natura 2016b; Barrios, 2014). Organizaciones en defensa de los indígenas, como la Sociedad Homo et Natura, han señalado que muchos de estos asesinatos fueron realizados por criminales a sueldo presuntamente vinculados a los sectores poderosos de la zona (Sociedad Homo et Natura, 2015; 2016a). Las comunidades y organizaciones aliadas de los yukpa han señalado que la familia de Sabino Romero se encuentra bajo asedio por parte de militares y policías municipales y estadales, lo que pone en serio riesgo la integridad física de los mismos (Amnistía Internacional, 2017). A esto hay que añadirle los riesgos y violencias que viven por el auge de la delincuencia organizada en la zona, vinculada al comercio ilícito de ganado o gasolina, o bien al tráfico de drogas desde Colombia (se señala marihuana). Cacicas yukpa de la zona han expresado que estos grupos armados han venido captando a la juventud indígena, atrayéndola con dinero y estupefacientes (Villafañe, 2017; La Tabla, 2020). Todos estos factores ponen en peligro la sobrevivencia como pueblo de los yukpa.

Impactos socio-económicos y culturales

La apertura de nuevas minas en la zona media de la Sierra de Perijá podría suponer potenciales despojos o desplazamientos de sus territorios. El conjunto de intereses y proyectos en la zona promueven el incremento de la violencia y de políticas de militarización, lo que además tiene efectos especialmente perjudiciales sobre las mujeres.

Esta expansión extractivista podría también mermar sensiblemente los medios de vida de los indígenas de la zona, profundamente vinculados a la tierra y el agua. A su vez, su cultura puede seguir siendo lesionada gravemente.Una política de cooptación por parte del Estado ha generado la fragmentación y divisiones entre las comunidades yukpa. Tratos preferenciales y diferenciados hacia algunos indígenas de la misma etnia, rompen su unidad ante una eventual exigencia de demarcación de tierras. El abandono del Estado respecto a sus deberes con los indígenas de la zona profundiza el socavamiento de sus condiciones de vida, dejándolos en situación de extrema vulnerabilidad.

VI. Desarrollo del conflicto

Resultados y respuestas ante el conflicto (por parte del gobierno central, gobiernos regionales y locales, empresas involucradas, instituciones supra-nacionales, comunidades, entre otros)

A pesar de que se han entregado tierras a los indígenas, no se ha completado el proceso de entrega de las mismas a los indígenas, ni se han terminado de pagar todas las bienhechurías que les corresponden en los territorios. Esta situación sigue dejando muy vulnerados sus derechos, consagrados en la constitución nacional.

Se mantiene una política de cooptación, asimilación y división de las comunidades indígenas, que ha logrado afiliar varios de sus líderes al Ministerio de Pueblos Indígenas. Esto ha afectado sensiblemente las luchas de los yukpa como pueblo, siendo que los grupos más aguerridos son minoritarios.

Los indígenas siguen también sufriendo gran violencia en sus territorios, y son criminalizados por algunos actores locales de poder a través de la prensa regional. Los asesinatos de yukpas siguen ocurriendo (el último fue en julio de 2016, Sociedad Homo et Natura, 2016b). Sus muertes siguen impunes. Los autores intelectuales del asesinato de Sabino Romero no han sido señalados ni encarcelados.

Ante la severa crisis que vive el país, el Gobierno nacional busca con premura levantar y relanzar la extracción de carbón en el Zulia. La administración de Maduro impulsa cualquier tipo de proyecto extractivo que esté al alcance, ofreciendo condiciones extremadamente favorables al capital, fácticamente aboliendo las capacidades de cualquier contraloría ambiental y reprimiendo drásticamente cualquier oposición a los mismos. A ello hay que subrayar no sólo el Plan Minero Sectorial 2019-2025, que promueve la actividad en todo el país, sino leyes extremadamente lesivas como la Ley AntiBloqueo (que promueve la participación privada y el secretismo en los proyectos) (La Clase, 2020) y la Ley de Zonas Económicas Especiales, que legaliza estas figuras de desregulación territorial radical (Teran-Mantovani, 2021).

Queda sobre la mesa la configuración de un mega-plan, el cual podría buscar activar en el futuro nuevas minas incluso en la zona media de la Sierra de Perijá, lo que afectaría considerablemente la supervivencia de los yukpa, barí, wayuú y japreria de la zona.

Declaraciones oficiales ambiguas se siguen sucediendo: por ejemplo, en febrero de 2021, el Alcalde del municipio Mara Luis Caldera, junto a la Cámara edilicia, declararon los ríos Socuy, Maché y Cachiri zonas de protección ambiental y valor cultural con las comunidades Wayuu que allí habitan (González, 2021). Esto ocurre por la constante vigilancia y presión de las comunidades wayuu y las organizaciones ambientalistas, pero se produce al tiempo que se da la insistencia gubernamental de los avances en la explotación de carbón en el Socuy, algo visto que se intenta hacer en esta cuenca en tiempos recientes. Por otro lado, en 2021, el Gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, criminalizó al conocido ambientalista, y tradicional luchador en el Zulia, Lusbi Portillo, señalando que era un agente de la CIA, lo que evidencia un patrón de criminalización de luchadores desde el Estado (Venezuela Originaria, 2021).

Alternativas propuestas(por parte de los grupos movilizados, pueblos indígenas, actores políticos y gubernamentales, entre otros)

Entre las reivindicaciones de los yukpa, una insistencia fue la entrega de sus tierras ancestrales. Otra muy clara fue: no al carbón en la Sierra de Perijá.
Grupos ambientalistas zulianos han planteado la propuesta de los Territorios Energéticamente sustentables (TES) para superar el modelo de generación eléctrica centralizado (León, 2015). Ha sido resaltada numerosas veces la conveniencia y viabilidad de impulsar la energía eólica en la región. El Parque Eólico de la Guajira, ya existente, tendría la capacidad de generar, según Corpoelec, aproximadamente de 8 a 10 mil megavatios (MW) para el occidente del país (Linares, 2015; Portillo, 2015).

¿Considera Ud. que se ha alcanzado la justicia ambiental en este caso?

No, pero algunas demandas fueron atendidas

Explique por qué

Los pedidos de entrega de tierras por parte de los yukpa, y la exigencia de respeto de su derecho y dignidad como pueblo no han sido atendidos integralmente. Las disputas han terminado mermando sus luchas y privilegiando intereses económicos en el territorio. La expansión de la extracción de carbón en la Sierra de Perijá se mantiene latente, y más aún ahora que la crisis económica se ha agudizado dramáticamente en el país.

VII. Fuentes consultadas y recomendadas

Leyes, decretos, legislaciones y recursos jurídicos relacionados con el caso

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: http://www.minci.gob.ve/wp-content/uploads/2011/04/CONSTITUCION.pdf

Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas: https://www.cbd.int/doc/measures/abs/msr-abs-ve2-es.pdf

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Ley Orgánica del ambiente https://es.scribd.com/doc/47588555/LEY-ORGANICA-DEL-AMBIENTE

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Artículos

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Imágenes y registro fotográfico

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Imagen No.2. Mapa hidrológico principal de la Sierra de Perijá.

 

Imagen No.3. Localización de los territorios yukpa por cuenca. Fuente: Briceño, 2020

 

Imagen No.4. La Sierra de Perijá. Fuente: http://www.venelogia.com/archivos/8419/
Imagen No.5. Mapa de proyectos mineros de Corpozulia en 1996, donde se pueden ver los bloques carboníferos del municipio Machiques de Perijá. Fuente: Corpozulia https://paisportatil.me/2011/10/15/la-invasion-no-ha-concluido/
Imagen No. 6. Indígenas yukpa, barí y wayúu marcharon en Caracas exigiendo al gobierno que detenga la explotación del carbón en el Zulia (2005). Fuente: ABN http://www.aporrea.org/actualidad/n58170.html

 

Imagen No. 7. Movimientos ambientalistas del Zulia protestan contra el decreto 1.606 para expandir la extracción de carbón en este estado y realizan asamblea de calle (2015). Fuente: Clorofila azul http://clorofilazul.blogspot.com.es/2015/03/organizaciones-sociales-y-ecologistas.html
Imagen No. 8. Poster del cacique Sabino Romero, quien se convierte en uno de los símbolos de las luchas revolucionarias en Venezuela. Fuente: https://www.servindi.org/actualidad/84036

 

Imagen No. 9. Indígenas de la Sierra de Perijá cierran la carretera nacional Machiques Colón, exigiendo atención a sus comunidades. Fuente: https://twitter.com/ReporteYa/status/1181269661255639040

 

Imagen No. 10. Indígenas de la Sierra de Perijá se concentran en la av. Baralt de Caracas y exigen hablar con el Presidente Maduro, por sus condiciones de salud. Nov. 2020. Fuente: https://twitter.com/BertilioPerezCH/status/1329211154493829121

 

Autor(es) o contribuidor(es) de esta ficha

Observatorio de Ecología Política de Venezuela

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