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La expansión de la minería en Las Claritas y su relación con la epidemia de malaria en Venezuela

Última actualización: agosto 2022

I. Datos básicos

Ubicación del conflicto (localidad, municipio y estado del país)

Las Claritas, Parroquia San Isidro del municipio Sifontes, estado Bolívar

Área del proyecto (en kms2 o has.)

La estimación de la zona afectada es de 74.700 ha aproximadamente (Imagen No. 1).

Tipo de población (urbana, semi-urbana, rural o indígena)

  • Semi-urbana e indígena

Resumen del caso

El municipio Sifontes forma parte de la provincia geológica Imataca, ubicada en el piedemonte nororiental del estado Bolívar, donde se encuentran las cuencas de los ríos Caroní y Cuyuní. Tradicionalmente es zona de ocupación de pueblos indígenas de afiliación lingüística y cultural Caribe, principalmente kariñas, akawayos y pemones, pero a raíz del desarrollo de la minería, desde mediados del siglo XIX se han asentado habitantes de otras regiones del país y de países vecinos, produciendo desplazamientos de indígenas en algunos casos, así como alianzas matrimoniales, en otros (Martens, 2011).

El municipio ocupa una buena parte de la Reserva Forestal de Imataca, un área boscosa de ‘uso especial’ creada en 1961 y con una superficie de 38.219 kilómetros cuadrados. Sifontes posee también altas potencialidades de minerales metálicos y no metálicos, rocas ornamentales y piedras preciosas: hierro, bauxita, arena, grava, gneis granítico, dolomita, oro y diamantes. De acuerdo con criterios económicos y de concentración de población, Las Claritas, que se ubica en el mencionado municipio, forma parte de la subregión Upata-El Dorado-Las Claritas, cuya base económica está formada por las actividades agropecuarias y mineras del sector primario. Las principales poblaciones mineras de esta subregión están en El Callao, Tumeremo, El Dorado y Las Claritas. Hasta la primera década del siglo XXI se estimaba que allí se producía la mayor cantidad de oro del país generada por la pequeña, mediana y gran minería (Fundación Empresas Polar, 2008). En particular, Las Claritas tiene una ubicación geográfica estratégica, al estar en el límite entre las zonas “tradicionalmente” mineras y el Parque Nacional Canaima, una zona donde la minería está legalmente prohibida (Rodríguez, 2003).

La pequeña minería comenzó en Las Claritas a principios del siglo XX, aproximadamente en 1905, como consecuencia del descubrimiento de yacimientos de oro en la cuenca del río Cuyuní (Milano, 1997), y se consolidó como zona minera a partir de 1930, cuando fueron otorgadas las concesiones “Las Cristinas”. A partir de esa fecha distintas personas y empresas explotaron los yacimientos bajo la figura de contratos de arrendamiento. En 1963, la región pasó a formar parte de la Reserva Forestal de Imataca, acción que favoreció ciertos controles ambientales a las empresas mineras. En los años 80, el aumento del precio internacional del oro provocó una importante migración y flujo de personas provenientes de países vecinos, como también de indígenas de Brasil, territorio Esequibo y Guyana.

En 1991, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) concede a la empresa Placer Dome, C.A. derechos para formar una corporación para la exploración y explotación de la mina Las Cristinas. En 1992 se creó MINCA (Minera Las Cristinas), siendo  su participación accionaria de Placer Dome (70%) y la CVG (30%) (Lozada, 2018). El mismo año la empresa canadiense Gold Reserve obtuvo una concesión para realizar actividades de exploración y extracción de oro y diamantes en la mina “Las Brisas” ubicada en el sector Las Cristinas. En 1997 aparece la empresa Crystallex, la cual adquiere Inversora Mael, aunque en medio de disputas jurídicas con la misma (Crystallex International Corporation, 2007). A partir de los estudios realizados, Gold Reserve y Cristallex estimaron las reservas potenciales de oro en la zona en 7 mil toneladas. Esto la convertiría en la segunda reserva más importante del mundo después de las ubicadas en Sudáfrica (Olivares, 2019; Romero, 2018).

Entre 1980 y 2000 el aporte a la producción nacional de oro de esta zona estuvo entre el 20% y 40% de la producción nacional, y desde su descubrimiento hasta principios del siglo XXI se estimó una producción cercana a las 50 toneladas de oro (Rodríguez, 2003). Sin embargo, durante todo el siglo XX las concesiones mineras tuvieron un desarrollo inestable y la minería ilegal fue la actividad predominante. El alza en los precios internacionales del oro generó una migración de pequeños mineros a la zona y dio lugar al surgimiento de Las Claritas, un asentamiento de población criolla proveniente de distintos estados del país y de países vecinos (Rodríguez, 2003). Por las condiciones de su formación, el poblado se ha caracterizado por la presencia de un conglomerado social heterogéneo y más o menos itinerante, sin arraigo territorial y falta de planificación urbana. Esta se relaciona con ambientes insalubres que favorecen el vector de la malaria (Imagen No. 2).

El inicio del siglo XXI coincidió con una nueva alza en los precios internacionales del oro, y con su llegada a la Presidencia de la República, Hugo Chávez promovió una agresiva profundización en las políticas extractivistas mineras. En septiembre de 2002 el Ministerio de Energía y Minas dejó sin efecto las concesiones y cedió el derecho de explotación a la CVG. Esta, a su vez, otorgó un contrato de operación a la empresa Crystallex (Rodríguez, 2003). En 2004, el Ejecutivo Nacional firmó el decreto No. 3.110 legalizando la minería en la Reserva Forestal de Imataca (EjAtlas, 2018). Esta acción había sido intentada anteriormente por el Gobierno de Rafael Caldera en 1997, y quedó sin efecto por las movilizaciones y denuncias de la sociedad civil (ver este caso en este mismo sitio web). En 2009, fue revocada definitivamente la concesión a la Gold Reserve lo cual llevó a la empresa a realizar una demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) (Romero, 2018).

En 2011, el Gobierno Nacional emitió el decreto No. 8.413, formulando la Ley Orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro, así como las conexas y auxiliares a éstas, mediante la cual se nacionalizó la minería y comercialización del oro. Esta acción obligó el retiro de empresas extranjeras que controlaban la actividad. El propósito anunciado por el Estado venezolano era que las Fuerzas Armadas tomarían el control de cada mina y éstas serían explotadas por empresas nacionales o mixtas. Pero lo que terminó ocurriendo fue la aparición de una industria improvisada, y la toma de control de la actividad minera por parte de grupos armados criminales llamados “Sindicatos” (Chang, 2015). Estos son grupos delincuenciales que se formaron por la descomposición de las organizaciones sindicales del sector construcción del estado Bolívar, y su vinculación con el “pranato” carcelario (liderazgos criminales en las prisiones del país).

El nuevo boom de los precios del oro que se produce desde la primera década del siglo XXI va a hacer que la minería ilegal experimente un extraordinario crecimiento, sin precedentes, que va a impactar notablemente la zona. A esto se suma la migración de grupos delincuenciales de las zonas urbanas del norte del estado hacia el sur. Estos grupos tomaron control de las minas y formaron una simbiosis mafiosa con los funcionarios municipales, estatales y nacionales, de corte civil y militar (Boon, 2016). La consecuencia fue el establecimiento de un sistema de dominio ejercido por bandas armadas, en connivencia con actores políticos, sectores de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Servicio Nacional de Inteligencia y Ejército Nacional. Entre 2012 y 2013 se produjeron múltiples denuncias de violencia sindical, masacres por el control minero, enfrentamientos entre bandas y participación del ejército (Romero y Ruiz, 2018; Boon, 2016). Sin embargo, de acuerdo con el criminólogo Fermín Mármol García (en Boon, 2016), la instalación de estas estructuras delincuenciales se habría iniciado aproximadamente en el año 2006, fecha que coincide con un aumento en los precios del oro.

En el año 2016 existían alrededor de 30.000 mineros ilegales en la zona (Nava, 2016). Dos años después, el periodista holandés Bram Ebus (2018) calculaba que la cantidad de mineros podía exceder por diez la población de Las Claritas. La población de la parroquia San Isidro, al cual pertenece Las Claritas, es de 8.987 personas (INE, 2011). Gracias a los sistemas de georreferenciación sabemos que la zona afectada corresponde a una superficie de 74,7 km2 aproximadamente, mientras que en el año 2000 la extensión era de unos 26,8 Km2 y en 1984 de 6,1km2 aproximadamente (Imagen 2).

En medio de este escenario de violencia y extracción ilegal, en el año 2012 el Gobierno Nacional anunció un acuerdo con empresas chinas para la preparación del mapa minero y para la explotación de la mina Las Cristinas (Lozada, 2018). Pero un año después, en el marco de la extraordinaria crisis que va a experimentar el país desde 2013/2014, sin precedentes en su historia, se va a intensificar dramáticamente la problemática de la minería ilegal en toda la región.

En febrero de 2016, el Gobierno emitió el decreto No. 2.248 creando la Zona de  Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco” (A.M.O), asignando la región del municipio Sifontes al Área 4. Se constituyó la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A (Siembra Minera), en alianza con la Gold Reserve, con el objetivo de retomar la exploración y explotación en 18.951 hectáreas de dicho municipio, en las que se estiman más de 10 millones de onzas de oro, además de bauxita, cobre, caolín y dolomita, entre otros (Transparencia Venezuela, 2019; Romero, 2018; López, 2017). En febrero del mismo año se firmaron los convenios para cuantificación y certificación del oro con la empresa china Yankuang Group. Sin embargo, desde la emisión del decreto No. 2.248 hasta ahora, no existe información sobre actividades de las mencionadas empresas en las minas de Las Claritas.

En los últimos años, se mantienen los señalamientos de estructuras delincuenciales que controlan la actividad minera en la zona, los cuales operan en alianza o connivencia con miembros del Ejército, Guardia Nacional y miembros del Servicio de Inteligencia Nacional, operando bajo la anuencia de las autoridades del Estado, que a través de la empresa estatal Minerven compran el oro extraído bajo el control de estos grupos (Transparencia Venezuela, 2022). El tipo de minería practicada es de pequeña y mediana escala, y minería de cielo abierto, siendo la forma principal de extracción la de monitores hidráulicos con uso de mercurio para recuperación. No se tienen estimaciones de los volúmenes de oro extraídos de la zona, aunque estimaciones a nivel nacional hablan de una extracción que ronda entre las 25 a 35 toneladas por año (OECD, 2021; World Gold Council, 2022; Transparencia Venezuela, 2022). La minería a cielo abierto estaría a cargo principalmente de militares (Transparencia Venezuela, 2019). Hasta 2018, entre el 70 y el 90% del oro salía por contrabando a países vecinos y de allí se traslada hacia el mercado internacional (Ebus, 2018; T13, 2017; Lozada, 2016; Chang, 2015). En los reportes se mencionan diversos ‘sindicatos’ y megabandas que operan en la zona. Desde septiembre de 2019 existen denuncias sobre la presencia de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que estarían operando en Las Claritas, El Dorado, El Callao y Tumeremo, aunque no hay consenso sobre el hecho del control de minas por parte de esta guerrilla (Transparencia Venezuela, 2022). En el caso de este grupo armado colombiano, el dinero y oro de contrabando pasaría a territorio brasileño, principalmente a través de empresas que exportan alimentos hacia Venezuela. El oro se estaría usando como medio de pago, en forma ilegal, ya que no hay declaración de oro en territorio brasileño (GDA, 2019).

La actividad minera en la zona, y en especial con el auge que ha tenido desde mediados de 2000, ha dejado altos niveles de deforestación, siendo uno de los más dramáticos en todo el país (Ver Imagen No. 1). Así mismo, ha provocado contaminación de las aguas por mercurio; además de dejar severos niveles de violencia relacionada a las disputas por el control de las minas. Uno de los impactos más notorios que ha provocado la minería en la zona está vinculado con la expansión de la malaria.

Las Claritas, como el resto de Sifontes, constituye una zona endémica de malaria, una enfermedad que en 1961 había logrado ser erradicada de la mayor parte de Venezuela, quedando reducida a pequeñas regiones del estado Bolívar (Casey, 2016). Casi una década después, en 1970, un brote en Guaniamo advirtió por primera vez la relación entre la minería ilegal y la malaria (Oropeza, 2019a). Ya en el siglo XXI, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desarrollado un plan de control y erradicación de la enfermedad para 2030. Entre 2000 y 2015 se logró una disminución del 62% de casos en Latinoamérica, pero en 2016 se produjo un incremento sustancial en la incidencia (875.000 casos), siendo Venezuela y Brasil los países que sumaron más del 50% de casos reportados.

Además del boom minero, como un factor causal relacionado con este fenómeno, la crisis humanitaria compleja que se ha desarrollado en el país generó un colapso en el sistema de salud, y afectó el sistema de prevención y tratamiento de la enfermedad, generando escasez de insumos (insecticidas, medicamentos, kits de diagnóstico, mosquiteros, etc). También afectó los registros epidemiológicos, los controles del vector, entre otros factores.

La relación que existe entre minería y malaria tiene que ver con las técnicas utilizadas en la minería a cielo abierto, en las cuales los mineros deforestan una extensión de terreno, cavan fosas y bombean agua en la superficie de la tierra, generando lagunas artificiales (Imagen No. 3, 4 y 5). Una vez que los mineros extraen el oro, se desplazan hacia otras zonas para repetir el ciclo. Al crearse las lagunas artificiales, éstas se convierten en criaderos ideales para los mosquitos, vectores del parásito.

Se ha determinado que la mayoría de las localidades que producen más malaria son las que tienen menos vegetación alrededor y son las que están más asociadas con la minería. Adicionalmente, la pequeña y mediana minería se relaciona con poblaciones humanas altamente móviles, que migran en busca de trabajo y duermen en exteriores, exponiéndose continuamente al mosquito durante largos periodos de tiempo. Algunos de esos migrantes retornan a regiones no endémicas, por ejemplo las zonas aledañas a la región capital, y como ha ocurrido en los últimos años, se ha producido un aumento sin precedentes de la migración hacia las minas (Jan et. al, 2018). La dinámica descrita ha reintroducido la enfermedad en áreas donde ésta había sido eliminada previamente. Una vez allí, la carencia de medicinas y de planes de fumigación han provocado una nueva dispersión de la enfermedad, lo cual se agrava aún más por el hecho de que el principal parásito difundido es el Plasmodium Falsiparum, que transmite la forma más fatal de la enfermedad (Grillet, 2018; Casey, 2016).

Desde el año 2001 se ha detectado una tendencia al aumento de la malaria en el estado Bolívar, siendo el municipio Sifontes el de mayor incidencia en el 2010, aportando el mayor número de casos la parroquia San Isidro, donde se encuentra Las Claritas (Cáceres, 2011). Entre el 2000 y el 2015, se registró un incremento sin precedentes de casos que alcanzó el 365% (Imagen No. 6). En 2016, el Boletín Epidemiológico No. 52 registró 240.613 casos y para 2017, el número de casos reportados en Venezuela según la Sociedad Venezolana de Salud Pública (SVPSP) fue de  319.765, el más alto de los 29 años anteriores (1988-2016). Para ese mismo año, un estimado del 80% de la malaria en Venezuela se asociaba con las áreas de minería de oro ubicadas en el ecosistema de bosques del sur del Orinoco (Grillet, en Jan et al, 2018).

Hasta el año 2014, la malaria se mantuvo focalizada al sur del río Orinoco, sin embargo, en 2017 se registraron casos diseminados en 14 estados del país, los cuales alcanzaron la condición de epidemia o alerta, generando una tasa creciente de mortalidad desde 2013 (Imagen No. 7 y 8). Pero la diseminación de la enfermedad no se limita al territorio nacional, ya que la misma condición de emergencia humanitaria compleja ha producido un éxodo sin precedentes hacia países vecinos, lo cual ha generado también la exportación de la malaria (Grillet, 2018) (Imagen No. 8). En 2017, se registraron en Colombia 356 casos de malaria provenientes de Venezuela (Civilis, 2017) y desde el año anterior hay registros en la frontera con Brasil y Colombia de casos importados del territorio nacional (Recht et al, 2017). El año 2018 representa un pico, siendo que se registrarían 404.927 casos nuevos, con el 70% de los infectados provenientes del municipio Sifontes (Souquett, 2022; El Nacional, 2019).

Ante esta compleja situación, desde 2016 se han producido movilizaciones de distintos sectores académicos, activistas y periodistas contra el Arco Minero del Orinoco y el problema de la minería en general; y a partir de 2017, miembros del sector salud de Venezuela han emitido pronunciamientos públicos y recomendaciones en torno a la epidemia de malaria, relacionándola con la fiebre del oro. Por ejemplo, en noviembre de 2017 ex ministros de salud venezolanos y distintas organizaciones de este ámbito entregaron una carta titulada “Carta Abierta: Preocupación por la epidemia de malaria en Venezuela” a los asistentes al foro Malaria en las Américas 2017. Un año después, representantes de diversas instituciones nacionales científicas y de salud emitieron una carta abierta hacia el Ministerio del Poder Popular del área, denunciando la grave situación de malaria en Venezuela e indicando recomendaciones y medidas a ser implementadas con urgencia.

Ante la problemática, el Gobierno nacional no ha podido contener la enfermedad, aunque desde 2020 se registra una baja en los casos: para ese año la OMS contabilizó 231.743 casos de malaria y en 2021 147.113 a nivel nacional, con casi el 60% de estos se produjeron en el estado Bolívar (Souquett, 2022). En todo caso, para 2021 Venezuela seguía registrando la mayor cantidad de infecciones en las Américas, estimándose en más de 30% del total regional (Clisánchez, 2022).

Por un lado, la dispersión de la malaria se ha convertido en secreto de Estado. Desde 2015, el Gobierno Nacional no ha publicado reportes epidemiológicos y niega la crisis (Casey, 2016). Por otro lado, el ingreso de ayuda humanitaria se ha visto afectado por polémicas relacionadas a disputas geopolíticas, lo cual ha generado poca disposición del Gobierno a recibirla. La precaria situación de derechos humanos que enmarca la situación venezolana, las sanciones estadounidenses y la profunda crisis económica que vive el país, contribuyen al mantenimiento de la crítica situación.

A su vez, ante las dificultades para la instalación de proyectos formales en el Arco Minero del Orinoco, el Gobierno de Nicolás Maduro ha buscado captar el oro extraído de la minería informal/ilegal, lo que potencia la actividad y el propio fenómeno de la malaria. El conflicto se agrava por la presencia de grupos irregulares que controlan dichos procesos de extracción y comercialización, en aparente alianza con miembros del Ejército y Guardia Nacional Bolivariana, quienes se encargarían de mantener el control de los recursos basado en la violencia, a la vez que desvían la mayor parte del oro hacia el mercado negro internacional. Hasta el momento la escasa articulación entre los sectores críticos de la salud y quienes se han movilizado contra la minería y sus impactos, ha debilitado las acciones en torno a un problema multifactorial cuyo centro se encuentra en el impulso oficial de la minería en cualquiera de sus expresiones en la Región Guayana.

 

I. Fuente del conflicto

Principal actividad económica (u otra) que origina el conflicto

  • Extracción Minera

Otras actividades económicas involucradas (si existen)

  • No se destacan en este expediente

Commodities o ‘recursos naturales’ involucrados (ej. oro, bauxita, madera, agua, petróleo, gas, soja, eucalipto)

  • Oro
  • Bauxita
  • Cobre
  • Caolín
  • Dolomita

III. Proyecto y actores involucrados

Ubicación del proyecto o actividad económica (localidad, municipio y estado del país)

Las Claritas (entre el km 85 y 88 de la Troncal 10), municipio Sifontes, estado Bolívar

Resumen y descripción del proyecto (o la actividad económica)

El inicio de la pequeña minería en Las Claritas ocurrió alrededor de 1905, tras el descubrimiento de los yacimientos de oro en la cuenca del río Cuyuní (Milano, 1997). En 1930 fueron otorgadas las primeras concesiones en “Las Cristinas” y hasta 1990 los derechos de explotación pasaron a diferentes personas y empresas, a través de contratos de arrendamiento (Rodríguez, 2003). En 1960, la región se integró a la Reserva Forestal Selva El Dorado, cuyos límites y nombre fueron modificados en 1963, con la creación de la Reserva Forestal de Imataca (RFI). La mencionada figura protectora convirtió la Sierra de Imataca en Reserva Forestal, cuya administración se gestiona como Área Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE), que en sus inicios tuvo el propósito de desarrollar un proyecto de desarrollo forestal (EjAtlas, 2018).

En esta área del país, donde se encuentran las principales concentraciones de oro de toda Venezuela, la actividad extractiva principal ha sido la pequeña y mediana minería que, en buena parte del siglo XX ha sido realizada durante una primera etapa de manera individual. En este proceso, se fue produciendo una creciente actividad de minería ilegal, y ante la imposibilidad de erradicarla, a partir de los años 80 distintas instituciones públicas y privadas promovieron la formación de cooperativas o asociaciones de pequeños mineros, con el objetivo de brindarles formación y asesoría técnica para promover una minería de menor impacto ambiental. Una década después habían alcanzado distintos grados de organización.

En 1991, se concedían los derechos de exploración y explotación de oro a escala industrial (minería a cielo abierto) en Las Claritas, en la mina Las Cristinas (concesiones 4, 5, 6 y 7), a la empresa con sede en Canadá Placer Dome, C.A., y el derecho de fundar una Corporación para ello. En 1992 se creó la empresa Minera Las Cristinas (Minca) y sus accionistas eran Placer Dome (70%) y la Corporación Venezolana de Guayana (30%) (Lozada, 2018). El mismo año la empresa canadiense Gold Reserve obtuvo una concesión para realizar actividades de exploración y extracción de oro y diamantes en la importante mina “Las Brisas” ubicada en el sector Las Cristinas (Romero, 2018).

Entre 1980 y 2000 el aporte a la producción nacional de oro de esta zona estuvo entre el 20% y 40% de la producción nacional, y desde su descubrimiento hasta principios del siglo XXI se estimó una producción cercana a las 50 toneladas de oro. Sin embargo, durante el siglo XX las concesiones mineras tuvieron un desarrollo inestable y a partir de 1994 no contaron con la aprobación ambiental necesaria para su ejercicio, por lo que la pequeña minería fue, desde el principio, la principal actividad extractiva (Rodríguez, 2003).

En marzo de 1997, Crystallex, empresa basada en Canadá adquiere a la ‘Inversora Mael’ –que había recibido concesión de Las Cristinas desde 1986– por 30 millones de US$, en medio de litigios que sobre la propiedad de la mina se han tenido desde años atrás. Ese mismo año, se emitió el decreto No. 1.850, estableciendo el Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso de la RFI, donde se estableció un mecanismo con la finalidad de legalizar y promover el crecimiento de concesiones mineras adjudicadas de manera no cónsonas con la ABRAE. Esto provocó movilizaciones en rechazo a la medida, en distintos sectores de la sociedad civil venezolana, y una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, instancia que dictó medidas cautelares contra el mencionado decreto (EjAtlas, 2018).

En 1998 la Gold Reserve concluyó la evaluación del yacimiento con la ejecución de 2.000 perforaciones, según el presidente de la empresa. Sin embargo, en los dos años siguientes el proyecto estuvo paralizado y varios analistas afirman que nunca rindió frutos dado su bajo nivel de producción. Según datos de la empresa, entre 1992 y 2009 la misma invirtió 300 millones de dólares para el proyecto (Romero, 2018).  En 2001, Placer Dome vendió sus acciones de Minca a Vannessa Ventures (Lozada, 2018). En septiembre de 2002 el Ministerio de Energía y Minas dejó sin efecto las concesiones y cedió el derecho de explotación a la CVG. Esta, a su vez, otorgó un contrato de operación a Crystallex (Rodríguez, 2003). En 2004 el Ejecutivo Nacional firmó el decreto No. 3.110 ratificando la decisión tomada por el anterior gobierno de Rafael Caldera y legalizando la minería en la Reserva (EjAtlas, 2018). El mismo año, el entonces Ministerio del Ambiente retiró los permisos ambientales otorgados a la Gold Reserve, argumentando grave daño al ecosistema y en 2009 fue revocada definitivamente la concesión minera, lo cual llevó a la empresa a realizar una demanda ante el CIADI, instancia de arbitraje internacional del Banco Mundial (Romero, 2018). Las evaluaciones realizadas por Gold Reserve y Crystallex estiman las reservas potenciales de oro en la zona en 7 mil toneladas, con un valor de 280 mil millones de dólares. Si estas cifras fuesen ciertas (no han sido certificadas) esto la convertiría en la segunda reserva más importante del mundo después de la South Deep gold mine, en  Sudáfrica (Minning, Technology, 2020). En diamantes se estiman en 8 millones de quilates, ubicándose Venezuela en el puesto 16 en reservas (Olivares, 2019). Sin embargo, hasta el momento estas cifras tampoco han sido certificadas.

En 2011, el Gobierno Nacional emitió el decreto No. 8.413, formulando la Ley Orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro, así como las conexas y auxiliares a éstas, nacionalizando así la minería y comercialización del oro, anulando todas las concesiones, autorizaciones y contratos mineros existentes, y regulándose la participación de empresas privadas de extracción de oro, sólo como socios minoritarios del Estado. En consecuencia, ese mismo año la CVG terminó el contrato con Crystallex y esta empresa también demandó a Venezuela en el CIADI (Lozada, 2018). En 2014, Gold Reserve ganó la demanda contra el Estado venezolano y el CIADI sancionó a Venezuela con un pago de 740 millones de dólares. A pesar de lo establecido en el decreto No. 8.413, en 2012 se anunció un acuerdo con empresas chinas para la preparación del mapa minero y para la explotación de la mina Las Cristinas (Lozada, 2018).

En 2016, el CIADI emitió una decisión a favor de Crystallex por 1.400 millones de dólares. El mismo año, el Gobierno emitió el decreto No. 2.248 creando la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco” (A.M.O), asignando la región en cuestión al área 4 del proyecto. Se constituyó la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A (Siembra Minera) en alianza con la Gold Reserve, con el objetivo de retomar la exploración y explotación minera en 18.951 hectáreas del municipio Sifontes, en las que se encuentran más de 10 millones de onzas de oro, además de bauxita, cobre, caolín y dolomita, entre otros (Transparencia Venezuela, 2019; Romero, 2018; López, 2017). La participación accionaria de la empresa mixta es de 55% para la estatal Corporación Venezolana de Minería y 45% para GR Mining (Barbados) Inc. y se orienta a desarrollar el proyecto de oro Brisas-Cristinas. Posee derecho de explotación otorgado en Decreto 2.788, G.O. No. 41.122 del 27-04-2017. El acuerdo estipula un capital para el proyecto que asciende a US$ 2.1 millardos, a ser financiados en conjunto. La duración del proyecto es de 40 años (20 años con dos extensiones de 10) (Romero, 2018). No obstante, de acuerdo con las publicaciones de la empresa, hasta el momento no se encuentra en fase de producción, sino que se habían iniciado estudios del área, toma de muestras, e instalación de infraestructura (Martiz y Sánchez, 2018).

En febrero del 2017, se firmaron los convenios para cuantificación y certificación del oro con la empresa china Yankuang Group, entregándosele también el área 4. A finales de 2017, se informó de un acuerdo para que Venezuela pagara la deuda a Crystallex. En agosto de 2018, el gobierno no había cumplido el acuerdo para el pago de esa deuda y Crystallex obtuvo una polémica medida de embargo sobre Citgo (Lozada, 2018), lo cual hasta la fecha no se ha ejecutado por diversas y complejas circunstancias. Las posibilidades de materialización de la explotación industrial y formal de estas minas se complicó aún más con la nueva tanda de sanciones internacionales (primordialmente impuestas por el Gobierno de Donald Trump) que, desde 2019, se le aplican a la economía venezolana, y que también afecta a la producción de oro y en específico a la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven).

En cambio, la minería en la zona está controlada por actores armados de las economías ilícitas, lo cual ha ido evolucionando aceleradamente en los últimos lustros. A mediados de la década de 2000, al calor del boom de los precios del oro (y en general de las materias primas), se registra una explosión de la actividad minera ilegal en toda la región Guayana, que va a impactar el municipio y en especial a Las Claritas. Dicha explosión convirtió a esta localidad en epicentro de la actividad extractiva y territorio de disputas por el control de la actividad y el territorio. Ante el fenómeno, el gobierno de Hugo Chávez asumió diversas políticas. Por ejemplo, en el año 2004 inauguró la Misión Piar y otorgó créditos, motobombas, maquinarias, tuberías y todos los implementos necesarios para la mediana minería. Sin embargo, esta acción gubernamental echó por tierra los esfuerzos anteriores, al promover la minería de motores hidráulicos (Imagen No. 10) sin ningún tipo de regulación, planificación ni asesoría ambiental (Lozada, 2016).

El incremento de la corrupción y la impunidad, y el aumento de la presencia de actores armados irregulares en la zona, fue generando un crecimiento de formas de minería criminal organizada. Aproximadamente en 2010, se formaron los llamados “Sindicatos”, agrupaciones delictivas con armas de gran calibre, que someten a los mineros para cobrarles cuotas por sus ganancias, a cambio de una supuesta “protección”. En 2011, el Gobierno Nacional revocó las concesiones pero en lugar de explotarlas, abandonó las minas, dando lugar a la llegada de miles de mineros ilegales. De esta manera las minas de Las Claritas, junto con otras minas de la Región Guayana, se convirtieron en zonas de continuos enfrentamientos entre sindicatos y otros grupos armados para ganar el control de las mismas, evidenciando la incapacidad del Estado para controlar la violencia y la minería ilegal, que se convirtió en el escenario de mafias que tomaron el control de la actividad extractiva.

La extraordinaria crisis que ha vivido el país desde 2013/2014, va a potenciar la actividad minera ilegal y criminal, ante un proceso de colapso de las instituciones del Estado, una depresión económica que va a acentuar la migración de venezolanos a las minas en busca de sustento económico y los efectos de los acuerdos de paz en Colombia (desde 2016), que va a generar una mayor movilización de grupos armados irregulares a diversas zonas de Venezuela. El yacimiento Las Brisas – Las Cristinas sigue siendo un enclave fundamental: en su momento consistía en 18 minas legales, y de 3 a 7 minas ilegales por cada una de ellas, lo cual daría un aproximado entre 56 y 127 minas, entre las que se incluyen Bizkaitarra, Brisas del Cuyuni, Oro 1, Guarimba, Bocly, Albino, Carabobo, Libertad, Tapaya, entre otras. Sin embargo, es importante señalar que en la actualidad todas son ilegales, no sólo porque no cumplen con la Ley de Minas, normas ambientales ni regulaciones de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT), sino también por la extraordinaria presencia de estructuras criminales en ellas.

La región de Las Claritas tiene la capacidad de soportar entre 15 a 20 mil mineros en épocas de altos precios. Cada minero necesita tres trabajadores que prestan servicios asociados (transporte de insumos, cocina, etc). Esto daría un estimado de entre 75 mil y 140 mil personas involucradas con el negocio minero. Ante la incapacidad de materializar y/o consolidar emprendimientos industriales con corporaciones, y sobre todo, ante la necesidad de captar la mayor cantidad de oro posible –a raíz del empeoramiento de la crisis económica y el derrumbe de la industria petrolera– el Gobierno de Maduro ha buscado un mayor control de la actividad minera en la zona, al tiempo que ha planteado formas de organización de la pequeña minería en la figura de ‘brigadas mineras socialistas’. Por ejemplo, en diciembre de 2018, el Gobierno anunció 200 acuerdos con pequeños mineros de El Callao, Bizkaitarra, Las Claritas, Tumeremo y El Triunfo. No obstante, como ya se ha mencionado, el entorno de la minería está demasiado determinado por prácticas ilegales, economías ilícitas y grupos criminales (Transparencia Venezuela, 2022).

En la zona se practica la minería en todas sus expresiones: desde “bateros” (Imagen No. 11), monitores hidráulicos en aluviones (Imagen No. 10), pequeña molienda en vetas y cerillas con túneles o pozos artesanales (Imagen No. 12), hasta gran minería con plantas de cianuración. La forma principal de extracción es la de monitores hidráulicos con uso de mercurio para recuperación.

En la zona los testimonios apuntan a que el control de las minas de Las Claritas y el Km 88 está bajo un “sistema” –una estructura de poder amplia– controlado por una banda en articulación con otros grupos y megabandas de mayor alcance (nacional e internacional), señalándose también su operación en connivencia o articulación con sectores y funcionarios del Estado y la gobernación del estado Bolívar (Transparencia Venezuela, 2022). Adicionalmente, al menos desde 2015 se denuncia la presencia de actores colombianos y grupos irregulares de ese país (T13, 2017; Lozada, 2016). En específico ha habido señalamientos de la presencia de miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN); sin embargo, no hay acuerdo ni consenso de que realmente los grupos que controlan las minas sean ellos, que tendrían mayor presencia en el occidente del estado Bolívar y en Amazonas. La minería con plantas de cianuración estaría a cargo principalmente de militares (Transparencia Venezuela, 2019) mientras que los miembros del Ejército serían los encargados de la supervisión de las minas y el contrabando del oro a otros países (Ebus, 2018; T13, 2017; Chang, 2015). Todo esto da como resultado un negocio donde lo legal y lo ilegal no tienen fronteras, con participación de distintos sectores, convirtiendo la región en una zona de alto tránsito de mineros ilegales.

En cuanto a los niveles de extracción, del yacimiento Las Brisas – Las Cristinas se ha estimado que se obtienen seis gramos de oro por tonelada de tierra, doscientas veces más que en las minas de Perú (Benezra, 2014; T13, 2017). Sólo una parte de este oro termina en las arcas del BCV. Se estima que entre el 70 y el 90% sale del territorio de manera ilegal por el ejército y el crimen organizado. El oro sale hacia Curazao y Aruba en aviones de contrabando, pero también por mar y tierra, llega a países cercanos, como Guyana, Colombia y Brasil, para luego ser transportado hacia países como Emiratos Árabes Unidos. No existen informes sobre la producción específica de Las Claritas, pero en general se estima que solo en 2018 el contrabando de oro alcanzó los 2.711 millones de dólares (GDA, 2019; Transparencia Venezuela, 2019; Ebus, 2018). Tampoco el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico ha publicado una memoria y cuenta, y las cifras de producción de oro se han dado a conocer a través de declaraciones vagas a medios de prensa y varias estimaciones internacionales e independientes. Al cierre de 2017, el exministro Víctor Cano afirmó que ese año entraron 8,4 toneladas de oro al BCV, provenientes del Arco Minero. Al año siguiente la Oficina Estratégica de Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas del Despacho del Viceministerio de Exploración e Inversión Ecominera publicó a través de la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) que durante 2018 se habían entregado 10,5 toneladas de oro, señalando al mismo tiempo que la cifra representaba el 30% de la producción, ya que el resto se pierde vía contrabando (Transparencia Venezuela, 2019). En cierta forma, esto coincide con diferentes estimaciones que señalan que a nivel nacional se ha llegado a una extracción que ronda entre las 25 a 35 toneladas por año (OECD, 2021; World Gold Council, 2022; Transparencia Venezuela, 2022). En todo caso, el volumen de oro extraído, así como la cantidad de mineros que operan, hacen que, en su conjunto, se terminen extrayendo niveles similares a un emprendimiento industrial.

Todo este complejo proceso extractivista descrito genera como resultado un orden social y económico mafioso y una minería criminal, transnacionalizada y articulada con sectores del Estado (o incluso, como parte de la propia política del Estado).

Empresas privadas nacionales e internacionales involucradas

  • GR Mining Inc. (entre las últimas empresas anunciadas), en representación de la canadiense Gold Reserve. (Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera en alianza con la Corporación Venezolana de Minería (CVM))
  • Yankuang Group (China)

Actores gubernamentales y compañías nacionales relevantes

  • Presidente de la República
  • Ministerio para Desarrollo Minero Ecológico
  • Vicepresidente de la Republica
  • Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas Ministro
  • Ministerio del Poder Popular para la Defensa
  • Corporación Venezolana de Minería
  • Corporación Venezolana de Guayana
  • Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas
  • Banco Central de Venezuela
  • Instituto Nacional de Geología y Minería (INGEOMIN)
  • Ministerio del Poder Popular para la Salud
  • Empresa Nacional Forestal S.A (ENAFOR). Participación directa debido a su responsabilidad en la gestión de la Reserva Forestal

Instituciones internacionales y de financiamiento (si existen)

  • Se desconoce, aunque el Banco Mundial aparece a través del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), en relación a los arbitrajes por expropiaciones con Crystallex y Gold Reserve.

Nivel de las inversiones (en US$ en Bs.)

  • El capital anunciado para el proyecto de la empresa Siembra Minera ascendía a US $ 2.1 millardos, a ser financiados en conjunto.

Status actual del proyecto (en fase exploratoria, planificado y listo para su ejecución, en ejecución, operando, detenido)

  • Operando

Población afectada (grupos sociales y estimación numérica)

La población afectada por la actividad minera y la expansión de la malaria trasciende notablemente la escala de los territorios donde se desarrolla este fenómeno. De acuerdo con el último Censo Nacional, en 2011 la población del municipio Sifontes era de 50.082 habitantes no indígenas (INE, 2014) y un total de 8.746 indígenas, principalmente de los pueblos Pemón (60%), Kariña (22%) y Akawayo (11%). Por su condición de moradores permanentes, se considera que son afectados con mayor frecuencia por los brotes de malaria. No obstante, existe un número mucho mayor de personas afectadas, tanto en el territorio nacional como en los países vecinos, por la migración hacia las zonas mineras y éxodo. El acceso a los datos e informes epidemiológicos ha sido en general dificultoso en el período de crisis. En 2016, el Boletín Epidemiológico No. 52 registró 240.613 casos, lo cual representa un 76,4% en relación a los casos del año 2015 (MPPS, 2016). En data oficial no divulgada, hasta el 1ero de julio de 2017 se indicó una incidencia de 184.225 casos (Academia Nacional de Medicina y otros, 2018). En diciembre del mismo año la Sociedad Venezolana de Salud Pública (SVPSP) y la Red Defendamos la Epidemiología Nacional (RDEN), presentaron información parcial en un informe, exponiendo la cifra de 319.765 casos, mostrando un aumento de 68,48% en un año. Durante los primeros cuatro meses de 2018, la Sociedad Venezolana de Endocrinología denunciaba la existencia de 175.000 personas infectadas en el estado Bolívar, y estimaba que para el resto del año unas 400.000 personas podrían resultar contagiadas en la entidad. Esta cifra de 2018 oficialmente se confirmaría: 404.927 casos nuevos. Para 2020, el Informe Mundial de Malaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que en Venezuela se registraron 231.743 casos de malaria (con 203 muertes), lo que mostraría una baja; en 2021 expertos de la salud tuvieron acceso a estadísticas del Ministerio de Salud en las que se registró una baja mayor en los casos nuevos: 147.113 a nivel nacional. Casi el 60% de estos se produjeron en el estado Bolívar (86.933 en total), siendo que en el municipio Sifontes hubo 25.205 casos (en comparación con los más de 150.000 casos en 2018 (Souquett, 2022).

 

IV. Conflicto y Movilizaciones

Fecha aproximada de inicio de las movilizaciones

2016

Cronología y detalles de las movilizaciones

Desde el año 2016, cuando se emitiera el decreto de creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco”, han emergido distintas expresiones de protesta y denuncia contra este mega-proyecto, las cuales han sido impulsadas principalmente por movimientos sociales, organizaciones indígenas, investigadores e intelectuales, junto a periodistas de varias entidades del país, como Caracas, Ciudad Bolívar y Puerto Ordaz. Es posible encontrar en sus denuncias y campañas, menciones y señalamiento al grave problema que se está suscitando respecto a la malaria. Diversos artículos y reportajes por medios digitales nacionales e internacionales han circulado denunciando la problemática y logrando posicionar el tema en la opinión pública.

Simultáneamente, desde 2017 se han producido diversos pronunciamientos públicos de representantes del sector salud en torno a la epidemia de malaria y su relación con la extracción minera. En noviembre de ese año, ex ministros de salud venezolanos y distintas organizaciones de este ámbito entregaron una carta titulada “Carta Abierta: Preocupación por la epidemia de malaria en Venezuela” a los asistentes al foro Malaria en las Américas 2017, que se realizó en la ciudad de Washington, D.C, Estados Unidos. En el documento presentaron datos sobre la expansión de la malaria en el país y la relacionaron con la crisis humanitaria compleja y la fiebre del oro.

En enero de 2018 representantes de diversas instituciones nacionales científicas y de salud emitieron una carta abierta hacia el Ministerio del Poder Popular para la Salud, denunciando la grave situación de malaria en Venezuela e indicando recomendaciones y medidas a ser implementadas con urgencia. En el comunicado expresaron la inhabilidad de luchar contra la epidemia que se agrava con el desarrollo del Arco Minero del Orinoco, proyecto que relacionan con el flujo migratorio masivo y desordenado hacia el foco más importante de transmisión (ANM y otros, 2018). En abril y noviembre de 2018, representantes de la Sociedad Venezolana de Salud Pública (SVSP) y la Red Defendamos la Epidemiología Nacional (RDEN) publicaron documentos analizando y denunciando la situación y emitiendo recomendaciones al respecto.

Algunos reclamos y peticiones de los grupos movilizados (Tales como saneamiento ambiental, suspensión del proyecto, atención médica, demarcación de tierras, compensaciones, etc.)

Investigadores, activistas ambientales y grupos indígenas han denunciado el potencial destructivo del proyecto Arco Minero sobre el río Orinoco y sus tributarios, así como el grave daño que ocasiona la deforestación de la región amazónica relacionada con la minería y su efecto destructivo sobre culturas y pueblos originarios. Al respecto se ha exigido la anulación del decreto, la implementación de estudios de impacto ambiental y la aplicación de protocolos de consulta previa, libre e informada, acordes con los procedimientos establecidos en el marco legal nacional e internacional. Se han solicitado políticas de remediación ambiental y alternativas económicas para la Amazonía venezolana, diferentes a la minería.

En relación directa con el problema sanitario, en la carta entregada al foro de Malaria en las Américas 2017, los firmantes solicitaron a la OMS e instancias de salud internacionales apoyar y tomar decisiones urgentes destinadas a controlar la epidemia, calificada como la peor epidemia de malaria en las Américas en el siglo XXI (Oletta et al, 2017). Asimismo, en el comunicado emitido por representantes del sector salud en 2018, exigieron al Ejecutivo entre otras cosas: 1) reconocer el problema de salud pública como una emergencia compleja de importancia nacional e internacional, aplicando con urgencia respuestas de control de vigilancia; 2) garantizar el diagnóstico y suministro de medicamentos adecuados para el tratamiento de malaria aprobados por la Organización Mundial de la Salud/Organización Panamericana de la Salud (OMS/OPS) y por el Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela (MPPS), y que se administren en las dosis y tiempo adecuados con demostrada eficacia y seguridad; 3) publicar el boletín epidemiológico semanal; 4) no hacer ofertas de vacunas que no existen en el momento actual; y 5) solicitar ayuda y cooperación internacional, entre otras (ANM y otros, 2018).

Intensidad del conflicto (alta, con movilizaciones masivas, amplia difusión mediática, violencia y arrestos; media, con protestas en la calle y movilización visible; baja, con alguna organización local; o latente, no hay organización ni movilización visible al momento)

  • Media. Aunque las movilizaciones en relación al problema de la malaria en el país han sido principalmente a través de denuncias escritas, o en campañas, el conflicto minero en la zona es de muy alta intensidad.

¿Este conflicto ha terminado?

  • No

V. Impactos del proyecto

Impactos ambientales

Altos índices de deforestación, desertificación, contaminación y sedimentación de los cuerpos de agua (Ver Imágenes 1 y 4), pérdida de especies de animales por caza furtiva y con fines comerciales.

Severa contaminación con mercurio, cianuro, arsénico y otras sustancias tóxicas en los ríos de la cuenca del Cuyuní. Envenenamiento y contaminación por mercurio y otros metales pesados de los peces y animales de las cuencas.

Merma de la disponibilidad y calidad del agua fresca y potable. Afectación de los cauces de estos ríos y peligro de su secamiento. Contribución al agravamiento del problema del cambio climático.

Impactos en la salud

Además de los impactos que genera el mercurio en la salud humana (hidrargiria, acrodinia, enfermedad de Minamata, por mencionar ejemplos), las muertes causadas por la violencia, las enfermedades de transmisión sexual y trastornos reproductivos, se resalta la extraordinaria expansión de la malaria en la zona, y otras partes del país. En 2016 se reportaron casos autóctonos en 209 parroquias, distribuidas en 89 municipios pertenecientes a 17 estados del país, siendo el municipio Sifontes el principal foco de infección, con un 43% de todos los casos (MPPS, 2016) (Ver Imágenes No. 6 y 7). Según datos divulgados por Oletta et al en el año 2016 se registraron 150 muertes por malaria y la OMS estimó 280 muertes (World Health Organization, 2017). En el año 2017 la malaria se tornó incontrolable en el país. En 2018, la cifra de muertes aumentó a 450, según los cálculos de la Sociedad Venezolana de Salud Pública (Acción Solidaria, 2019) (Imagen No. 8). Por tratarse de una enfermedad no habitual, en algunos estados no existía la preparación en el personal de salud para diagnosticarla con rapidez, prestar tratamiento a tiempo ni para tomar medidas de control vectorial, lo cual implicaba un alto riesgo para la vida de los pacientes (Civilis, 2017).

En 2018 se reportaron casos de malaria inducida por transfusión y el incremento en mujeres embarazadas, con presentación severa en algunas de ellas, y probables casos de malaria congénita en los estados Bolívar y Miranda (ANM y otros, 2018). Al respecto, las mujeres embarazadas se encuentran entre las poblaciones con mayor riesgo de salud debido a que uno de los principales efectos durante la gestación es la anemia. Asimismo, aumenta la probabilidad de aborto, mortinato y parto pretérmino, así como bajo peso al nacer (Gómez, López y Ache, 2009). Simultáneamente se reporta un aumento progresivo de la población infantil afectada, con 24.171 niños menores de 9 años y 44.841 escolares y adolescentes entre 10 y 19 años en 2016 (MPPS, 2016). Hasta octubre de 2017 los menores de 19 años representaban el 30% de todos los casos. Estas cifras reflejan cambios en el patrón migratorio interno de grupos familiares completos hacia áreas mineras o circundantes, así como transmisión autóctona de la enfermedad en áreas urbanas y semi-urbanas del país, que conlleva implicaciones importantes para el control de la transmisión. Esta reflexión se ve reforzada al considerar el aumento de los casos en personas mayores de 70 años, un total de 4.181 casos para octubre de 2017 (SVSP y RDEN, 2017), con un aumento de 115% y de 1000% para los períodos homólogos del año 2016 y del año 2017 respectivamente (MPPS, 2017).

Desde 2016 se produjo una diseminación de casos al resto del país y al exterior (Imagen No. 9). En 2017, Colombia reportó que para el 2 de diciembre un 93,1% de sus casos importados procedían de Venezuela (INS, 2017), lo cual amenaza los logros del Programa Continental de eliminación de la Malaria. Esto implica que en Venezuela, la malaria ya no es una enfermedad restringida a áreas remotas, distantes; es evidente el aumento exponencial de casos autóctonos por transmisión urbana y peri-urbana en zonas de alta densidad de población como los Valles del Tuy (Miranda) y San Félix (Bolívar), lo que ha ameritado acción urgente para control y abordaje de lo que ha sido considerado como un grave problema de salud pública (ANM y otros, 2018).

Impactos socio-económicos y culturales

Desde sus inicios el desarrollo de la pequeña minería en la cuenca del Cuyuní provocó la migración y flujo de personas provenientes de distintas regiones de Venezuela y de países vecinos, principalmente República Dominicana, Guyana, Trinidad, Colombia y Brasil. Hasta mediados del siglo XX los mineros llegaban de manera individual, lo cual se asoció con la aparición de la prostitución. Pero luego comenzaron a llegar en grupos familiares, inclusive se han visto menores de edad en las actividades mineras (Lozada, 2016) (Imágenes No. 12 y 13). En consecuencia surgieron poblaciones criollas que formaron asentamientos vecinos a las comunidades indígenas. En los años 80 del siglo XX la región alcanzó su mayor crecimiento, asociado con un alza en los precios del oro. Esto produjo un aumento en la producción de las concesiones Las Cristinas, Biskairra y Oro I, y fue cuando surgió el poblado Las Claritas, el cual se convirtió en una importante área de intersección entre los flujos comerciales provenientes del sur del país. Esta influencia disminuyó en los 90, con la caída del precio internacional del oro.

Un rasgo característico de estas poblaciones criollas ha sido la condición subjetiva de permanencia temporal en la región. El desarraigo de las poblaciones criollas provoca la repatriación de ganancias hacia las comunidades de origen y se relaciona con la poca inversión en viviendas e infraestructura. Esto se evidencia en los tipos de viviendas, fabricadas con materiales de poca resistencia y bajo costo (láminas de zinc y madera principalmente) y un porcentaje menor al 20% de viviendas de ladrillos y cemento. Pero la migración no solo se refiere a las poblaciones criollas, ya que durante el siglo XX también llegaron a la zona indígenas tanto de Brasil como del territorio Esequibo y Guyana (Rodríguez, 2003). Todo ello produjo durante el siglo XX la formación de un conglomerado social heterogéneo, multilingüe, sin arraigo territorial y de alta movilidad, que generó impactos profundos en las comunidades indígenas locales. Además, esta dinámica social ha tenido consecuencias directas en la falta de inversión y planificación urbana y el desarrollo de condiciones insalubres en los propios poblados, que favorecen el vector de la malaria.

Este panorama se ha intensificado en el siglo XXI, con la explosión de la minería, y esta actividad económica, así como las actividades que giran en torno a ella, se ha convertido prácticamente en la única fuente de ingresos para los habitantes de Las Claritas. A su vez, la crisis humanitaria compleja que vive Venezuela desde el año 2014, y la caída de los precios del petróleo empujaron a gran parte de la población venezolana hacia las minas del sur del Orinoco, siendo Las Claritas uno de los principales focos de atracción. Este cuadro se hace más complejo con el desarrollo de los “sindicatos” y la instalación de grupos armados irregulares, que en alianza con sectores del Estado han desarrollado un sistema de control económico y social basado en la violencia y el terror. De acuerdo con Transparencia Venezuela (2019), la región se ha convertido en una zona de tráfico de drogas, por lo que el narcotráfico y actividades ilícitas asociadas, como la prostitución, también se han posicionado. Todo ello resulta en una dinámica social cargada de violencia, con un elevado potencial etnocida contra las poblaciones indígenas y locales del municipio Sifontes.

 

VI. Desarrollo del conflicto

Resultados y respuestas ante el conflicto (por parte del gobierno central, gobiernos regionales y locales, empresas involucradas, instituciones supra-nacionales, comunidades, entre otros)

Desde la emisión del decreto 2.248, el Gobierno nacional ha estado en la búsqueda de expandir la actividad minera no sólo en la zona del llamado Arco Minero del Orinoco, sino también en toda la geografía del país. Aunque no ha logrado que se instalen plenamente empresas y emprendimientos, si ha establecido una relación con la minería informal e ilegal que se desarrolla en la zona, primordialmente en Sifontes, una de las principales áreas desde donde se extrae oro en el país. De vez en cuando el Gobierno nacional, por medio del sector militar, anuncia algunos operativos contra la minería ilegal, como el de noviembre de 2020 en el que la Guardia Nacional anunció una incautación en Las Claritas de 51 gramos de oro “transportados de manera ilegal” (https://twitter.com/GNB_CZBolivar/status/1325153011564376069). No obstante esto contrasta con los enormes volúmenes de oro ilegal que son extraídos y trasladados por toda la Amazonía venezolana.

La raíz del problema ambiental, territorial y sanitario, no sólo no ha podido ser abordada sino que lo que se propone desde el Gobierno es ampliar las dimensiones de la minería. Adicionalmente, en los últimos años el Gobierno de Maduro ha venido promoviendo una serie de políticas y leyes que otorgan amplias concesiones al capital extranjero, desregulan controles y protecciones estatales y dejan en secreto los proyectos económicos propuestos, lo que se evidencia en leyes como la Antibloqueo de 2018 o la de Zonas Económicas Especiales de 2022 (Terán-Mantovani, 2022).

Los grupos criminales en la zona se han fortalecido, generando también el empeoramiento de los impactos de la minería. Toda la zona que circunda Las Claritas – Kilómetro 88, donde se ubican las principales minas de oro de Venezuela, es una zona altamente disputada, con grupos criminales que poseen robustas estructuras, alta capacidad de fuego y mecanismos de violencia de muy alta intensidad. El fortalecimiento de estas estructuras delincuenciales ha favorecido la búsqueda de expansión territorial de las mismas, ocupando nuevas áreas y generando impacto en las poblaciones locales. Como ejemplos más recientes, debe mencionarse la invasión a principios de 2021 por parte de mineros ilegales y grupos irregulares a la zona de El Chivao, en el río Chicanán, la cual se encuentra a menos de un kilómetro de la comunidad indígena pemón San Luis de Morichal (relativamente cerca de Las Claritas). Esta acción generó tensiones entre indígenas y mineros y produjo denuncias y comunicados de los pueblos originarios solicitando que se atienda el caso y se ofrezca protección por parte de las autoridades (PROVEA, 2021). En enero de 2022 se generó un enfrentamiento entre integrantes de comunidades indígenas de Sororopan, Inaway, San Miguel, Araima Tepui y Hoboshirima, y por otro lado grupos criminales e integrantes de consejos comunales, por el control de un galpón en territorio indígena en el Km 86 de la troncal 10, justo en la entrada de la vía de acceso a un yacimiento minero controlado por el principal grupo criminal de la región (Ramírez-Cabello, 2022). La racionalidad económica y de poder está sobreponiéndose a las urgencias ambientales, sociales y sanitarias de la zona.

Investigadores y activistas ambientales han exigido la anulación del decreto No. 2.248 que oficializó el AMO. Entre 2017 y 2019 se evidenció una disminución en los reclamos y pronunciamientos públicos de las organizaciones indígenas en comparación con años anteriores, lo cual podría estar relacionado con el control que los grupos irregulares mantienen en la región y con acciones de cooptación y terrorismo de Estado. Hasta el momento existe una débil articulación entre los distintos sectores que se han pronunciado en torno al problema, y poca vinculación en el discurso y demandas frente a un fenómeno multifactorial que está fuertemente influenciado por el impulso oficial de la pequeña y mediana minería en la región guayanesa. Esto se traduce en demandas y recomendaciones parceladas en torno a los temas ambientales, de salud y sociales que debilitan los reclamos provenientes de los distintos sectores de la población venezolana que se han movilizado en torno al problema. A pesar de ello, la denuncia al Arco Minero del Orinoco se ha logrado difundir a un importante nivel, ha tomado cierta presencia en la opinión pública y ha podido adquirir mayor relevancia internacional.

En relación con la epidemia de malaria, la dispersión de la enfermedad se convirtió en secreto de Estado. Desde 2015, el Gobierno Nacional no publicaba reportes epidemiológicos y ha negado la crisis (Casey, 2016). De acuerdo con el médico e investigador en enfermedades tropicales y Asesor Internacional de Salud, Leopoldo Villegas, debido a la negativa del Gobierno a publicar informes epidemiológicos sobre nuevos casos o muertes, el sistema internacional de prevención y atención a la malaria ha tenido problemas para definir qué tantos medicamentos requiere el país cada año, así como también para ayudar a prevenir su expansión. Por otro lado, la epidemia de malaria ha tenido impacto en países vecinos y la situación amplía las posibilidades de expansión de la enfermedad, especialmente en Brasil, que también tiene minas ilegales de oro. Asimismo, la carencia de datos estadísticos ha hecho que la magnitud del problema sea difícil de evaluar (Casey. 2016).

En el año 2015 el Gobierno Nacional creó la Micromisión Malaria, con el objetivo de disminuir y controlar los casos existentes en el estado Bolívar y en el resto del país (Gobernación del Estado Bolívar, 2015). Un año después fue sustituida por el Plan Zamora 200. En marzo de 2018, el Presidente Nicolás Maduro informó sobre la llegada al país de medicamentos provenientes de India para combatir la enfermedad, reconociendo que el problema se relacionaba con la explotación minera en el estado Bolívar. Un mes después, anunció el inicio de un plan de salud, argumentando que el origen estaba en Brasil. De acuerdo con las declaraciones del para entonces Ministro de Salud, Luis López, estaban disponibles un total de 11.571.945 unidades de medicamentos para ser aplicadas como parte del Plan de Control Vectorial de Lucha contra la Malaria, que comenzaría en seis regiones priorizadas del país y contará con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (Últimas Noticias, 2018).

De acuerdo con información publicada en la página oficial de la Organización Panamericana de la Salud Venezuela (2019), desde febrero de 2019 se inició una intervención en Las Claritas, que incluye diagnóstico, tratamiento y distribución de mosquiteros, para cubrir a todos los habitantes, estimados en 30.000 personas.

Por otro lado, en 2018 médicos e investigadores denunciaron que los centros autorizados para tratamiento de malaria en algunos casos no entregaban el tratamiento, otros entregaban tratamientos incompletos o alternativas carentes de evidencia científica de eficacia o seguridad. Hay también información adicional de pacientes a quienes se les ha indicado substancias tóxicas con supuesto efecto antimalárico. Aun cuando el tratamiento para malaria es gratuito en Venezuela, la OMS reconoce que la disponibilidad de drogas ha disminuido. Ha habido fallas y retraso también en el suministro de reactivos e insumos para diagnóstico (ANM y otros, 2018). En 2018, fuentes del hospital Raúl Leoni de Puerto Ordaz, informaron que existía escasez de medicamentos relacionada con la comercialización irregular de las medicinas en el área del Arco Minero. Además, la distribución de los fármacos está a cargo de efectivos militares, por lo que no es efectiva, ya que no manejan los canales farmacéuticos y médicos de distribución de medicamentos, a la vez que se han realizado denuncias de contrabando de medicinas en la región (El Nacional, 2019).

La SVSP y REDEN (2018) han planteado el desarrollo de un marco político, estratégico y operativo para abordar los problemas urgentes de salud pública relacionados con la explotación minera, en los estados Bolívar y Amazonas, así como asignar recursos suficientes para el desarrollo del punto anterior. De igual forma plantean la urgencia de atender y mitigar el daño que está causando la implementación del Arco Minero del Orinoco en 112.000 Kms2 del territorio, así como las actividades mineras en el estado Amazonas.

Desde 2020 el número de casos ha venido en bajada lo cual se debe a variados factores. Según el médico parasitólogo, experto en malaria y profesor e investigador del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela (IMT-UCV), Oscar Noya, el descenso de la movilidad de la población que se desplaza hacia las zonas mineras y sale de ellas que se generó en la pandemia de la Covid19, y las dificultades de acceso a combustible, se cuentan como factores. También está el desarrollo de ciertos niveles de resistencia de población previamente infectada; y la cooperación de Médicos Sin Fronteras, la Organización Panamericana de la Salud y la Cruz Roja Internacional, que han puesto recursos principalmente en el estado Bolívar (Souquett, 2022).

Sin embargo, la epidemia no ha desaparecido, Venezuela sigue siendo el país con las peores cifras en América Latina, y la minería, principal causa de la enfermedad, persiste. Han sido años de retroceso en relación a la erradicación de la enfermedad que se había alcanzado en Venezuela. Además, la enfermedad ya ha migrado y se ha instalado en otros estados del país, más allá de los municipios mineros. La incierta y crítica situación general del país plantea serios obstáculos para poder enfrentar tanto el problema de la malaria, la situación humanitaria en general, como el flagelo de la expansión minera, que ha generado múltiples y sensibles impactos en la sociedad venezolana. Quedan interrogantes dado que el enfoque gubernamental pone el énfasis y los privilegios en los inversores extranjeros y nacionales, olvidándose de los derechos humanos y ambientales.

Alternativas propuestas (por parte de los grupos movilizados, pueblos indígenas, actores políticos y gubernamentales, entre otros)

Los investigadores y especialistas en salud pública recomiendan planes y programas para el diagnóstico y tratamiento temprano, repartir mosquiteros en las zonas endémicas, publicar las estadísticas de contagio y mortalidad e incluir a los científicos en el diseño de políticas públicas de control de la enfermedad. De acuerdo a la  epidemióloga y ecóloga, con más de 25 años de experiencia investigando cómo prevenir la malaria, María Eugenia Grillet, también es crucial involucrar a los sectores y comunidades afectadas por la enfermedad y educar en materia de prevención y uso de tratamiento; así como la inversión en investigación científica para diseñar estrategias más eficaces (Clisánchez, 2022). En los “focos calientes” (Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro y Sucre), hay que distribuir masivamente tratamientos. Como los mineros duermen a la intemperie, es más efectivo usar mosquiteros impregnados con insecticidas. Estas medidas sólo pueden tomarse después de que el Gobierno reconozca el problema y exprese voluntad política para controlar la epidemia (Oropeza, 2019b).

¿Considera Ud. que se ha alcanzado la justicia ambiental en este caso?

No, pero con algunas demandas atendidas.

Explique por qué

No sólo poco se ha hecho para frenar la expansión de la minería en la zona, sino que el Gobierno nacional está impulsando una reforma económica de altos costos sociales y ambientales, basado en muy buena medida en la actividad minera (de diverso tipo). En relación a la malaria, no se han tomado las medidas necesarias para el control de la enfermedad y los factores de disminución de los casos han venido primordialmente de ámbitos más bien externos al Gobierno nacional. Además, el incentivo a la minería promueve la migración hacia los centros de contagio.

 

VII. Fuentes consultadas y recomendadas

Leyes, decretos, legislaciones y recursos jurídicos relacionados con el caso

Artículos

Libros, documentos académicos y científicos

Videos y media de la campaña

1. BBC Mundo (2015). Venezuela: la malaria golpea el municipio minero de Sifontes – BBC Mundo. Archivo de Video de Youtube.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=_R1_YHj5EVw

2. T13 (2017). La mafia del oro. Archivo de Video de Youtube.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=uIXYFUvLZEY

3. El Pitazo (2017). «En las minas, los dueños de todo son las bandas de motorizados». Archivo de Video de Youtube.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=sTXQzh_ijIM&t=94s

4. Grillet, María (2018). Hay Malaria en toda Venezuela, María Eugenia Grillet del IZET UCV, aporrea tvi, julio 2018. Archivo de Video de Youtube.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=OUsba3R39Uo

5. SOS Orinoco (2020).Video Las Claritas I. Archivo de Video de Youtube.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=Wa2JlFWs3_I

6. France 24 (2020). La malaria está sin control en Venezuela. Archivo de Video de Youtube.

Disponible en https://www.youtube.com/watch?v=M0zQB3BYvqw

 

Imágenes y registro fotográfico

Imagen No. 1. Zona de Extracción minera Las Claritas, Municipio Sifontes, Estado Bolívar

Fuente: Google Earth (Agosto 2020)

Imagen No. 2 Extensión deforestada por la minería en Las Claritas 1984-2020

Primera imagen 1984, segunda 2000, tercera 2020. Fuente: Google Earth

Imagen No. 3 Pueblo de Las Claritas

Fuente: López, Edgar (2017). Arco Minero del Orinoco. Crimen, corrupción y cianuro (Capítulo 1). Disponible en https://www.arcominerodelorinoco.com/capitulo-01/

Imagen No. 4 Mina de oro “Cuatro Muertos” cerca de Las Claritas

Fuente: Casey, 2016.

Imagen No. 5   Lagunas artificiales en minas de Las Claritas

Las superficies de color marrón corresponden a las zonas deforestadas, las de color verde corresponden a las lagunas artificiales producidas por las bombas hidráulicas. Fuente: Google Earth

Imagen No. 6 Evolución de casos nuevos de malaria en Venezuela 2010-2021

Fuente: Correo del Caroni, 2022

Imagen No. 7  Entidades Federales con Transmisión Local de Malaria. Venezuela (2017)

Fuente: Oletta (2019)

Imagen No. 8 Datos de Mortalidad de la Malaria

Fuente: Acción Solidaria (2019)

Imagen No. 9 Dispersión de la Malaria en Países Vecinos

Fuente: Acción Solidaria (2019)

Imagen No. 10 Minería con motores hidráulicos

Fuente: Benezra, Jorge (2014).

Imagen No. 11 Minería con Batea

Fuente: Actualidad RT

Imagen No. 12 Minería en vetas

Fuente: Benezra, Jorge (2014).

Imagen No. 13 Rancho familiar en mina de Las Claritas (2006)

Fuente: Lozada (2016).

Imagen No. 14. Niño trabajando en una mina de Las Claritas (2008)

Fuente: Lozada (2016)

Autor(es) o contribuidor(es) de esta ficha

Observatorio de Ecología Política de Venezuela

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Etiquetas

Actividades económicas

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